¿CÓMO TRATAR LA DESAPARICIÓN DE DIEGO?

JESÚS CANTÚ

Hace poco más de tres décadas y media que México no enfrentaba el secuestro de una figura política de la relevancia de Diego Fernández de Cevallos, quizá por ello su desaparición y la solicitud de la familia de solicitarles "encarecidamente que se mantengan al margen de este proceso, para así favorecer la negociación, anteponiendo la vida e integridad de nuestro padre" coloca a algunos medios masivos de comunicación y a las mismas autoridades en una encrucijada. La decisión de Televisa, y las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, muestran que ambos accedieron a la solicitud de la familia. La primera de manera explícita, cuando decidió autocensurarse y volver a informar sobre dicho acontecimiento hasta que se conozca su desenlace; el segundo, de manera implícita, al afirmar -tras conocerse la solicitud de la familia- que "el Gobierno será muy respetuoso de las decisiones de la familia en ese sentido y buscará siempre ser un espacio útil para lograr" localizar con vida al político panista. En el semestre enero-mayo de 2006 dirigí una tesis de maestría realizada por un militar norteamericano, que hoy es profesor en la Academia Militar de West Point, Andrew F. MacLean, sobre este tema y su conclusión fue contundente: "el tratamiento del secuestro como un asunto público está en el interés de los medios de comunicación, porque difundir los secuestros no únicamente sirve a la sociedad al reducir los índices delictivos, sino también beneficia a los medios económicamente, dado que las audiencias muestran mayor interés por las tragedias humanas que por los asuntos políticos". El mismo trabajo muestra cómo los medios mexicanos optaron por "tratar los secuestros como un asunto privado entre los familiares de la víctima y los secuestradores". El tesista refiere que la definición del tratamiento de los secuestros en los medios de comunicación, a nivel mundial, proviene de cuando los secuestros eran por motivos políticos, es decir, realizados por guerrillas y grupos minoritarios que básicamente buscaban ganar espacios para comunicar su ideología y, en ocasiones, intercambiar al secuestrado por la liberación de los denominados presos políticos; hoy la gran mayoría de los secuestros encuadra en lo que MacLean denomina secuestros económicos, es decir, su objetivo es el beneficio económico, al margen de posiciones políticas o ideológicas. Paradójicamente cuando el secuestro tenía principalmente motivaciones políticas y, por lo tanto, era más comprensible que no se difundiera en los medios masivos de comunicación, pues eso contribuía directamente al objetivo de los secuestradores, en México conocimos múltiples secuestros (o intentos de secuestros) de políticos y empresarios, entre 1971 y 1974. Estos secuestros desaparecieron en México; pero unos lustros después reaparecieron los secuestros económicos. Y, por lo mismo, los principales blancos son los empresarios o sus familiares; y medios de comunicación y autoridades decidieron respetar la decisión de las familias, salvo en el caso de figuras públicas, por ello se conoce un porcentaje mínimo de los secuestros que realmente ocurren y las autoridades actúan únicamente cuando la familia lo denuncia. El caso de Diego es especial, pues es un connotado político y una persona acaudalada. En general los medios difunden normalmente la información sobre el mismo, pero Televisa optó por callar, y eso ya generó una discusión. En un artículo publicado el viernes 21 de mayo en el periódico Reforma, Carmen Aristegui, señala: "Es entendible, y hasta loable, que un medio que tenga información sobre un secuestro o desaparición en curso restrinja a su auditorio información que nadie conoce, porque al ser revelada pondría en riesgo la vida de quien fue privado de su libertad, pero otra cosa muy distinta es declarar autocensura cuando ya se trata de una noticia universal." Implícitamente establece que un secuestro puede tratarse como un asunto público o privado, dependiendo de su grado de conocimiento. Por su parte, el periódico Noroeste de Sinaloa, el único medio que incluye en su código de ética un apartado específico para el tratamiento de los secuestros, señala: "En principio, las noticias sobre secuestros de personas serán publicadas en todos los casos, siempre y cuando se tenga la certeza del hecho... Creemos que al hacerse de interés público un secuestro, se genera presión hacia la autoridad a fin de que cumpla con sus obligaciones. De otro modo, el silencio fomenta la impunidad de los delincuentes y la pasividad de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana. Además, sostenemos que el publicar la noticia de un secuestro no pone en riesgo al secuestrado, pues éste ya está en riesgo desde que ha caído en manos de delincuentes." En este caso cualquier secuestro es un asunto público y debe difundirse en el momento en que se tenga la certeza sobre el mismo. Comparto esta segunda posición: todos los asuntos de seguridad pública son de interés general y difundirlos ampliamente (sin divulgar detalles innecesarios) eleva el nivel de exigencia hacia las autoridades y contribuye a que la sociedad participe en la solución del hecho mismo y en el combate de la inseguridad, la criminalidad y la impunidad. El secuestro de Diego es uno más de los miles de secuestros que ha padecido y padece la sociedad mexicana, que cobró especial relevancia porque se denunció oportunamente (hay que recordar que hace algunos años se rumoró, nunca se confirmó fehacientemente, el secuestro de Fernando Gutiérrez Barrios) y es una figura pública de especial relevancia. Los medios de difusión al mantener su atención en el mismo contribuyen a su solución, pero también a que los secuestros se traten como lo que son: asuntos de interés público y, eventualmente, se reduzcan o desaparezcan.