JOHN MILL ACKERMAN ROSEA juzgar por sus declaraciones del pasado 3 de mayo, a Felipe Calderón no le interesan ni la libertad de expresión ni el periodismo independiente. Distraído con su metáfora de los “cinco jinetes del Apocalipsis” en su visita oficial a Alemania, al presidente simplemente se le olvidó que en esa fecha se celebraba el Día Internacional de la Libertad de Prensa. La Presidencia de la República ni siquiera se dignó a emitir un comunicado burocrático para fingir preocupación sobre tan relevante tema en el mundo.
Pero aún más grave es la total falta de compromiso de Calderón en los hechos. Todas las evaluaciones en la materia de las organizaciones internacionales más importantes, incluyendo la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, coinciden en que México es uno de los países más peligrosos del planeta para ejercer el periodismo independiente.
De acuerdo con el más reciente informe sobre México de las organizaciones Cencos y Artículo 19, en el periodo 2006-2009 fueron asesinados 32 periodistas. Este estudio documenta 244 agresiones, incluyendo asesinatos, amenazas, ataques físicos, juicios penales y detenciones, sólo en 2009. A estos datos habría que sumar los cuatro asesinados del año en curso (José Luis Romero, Valentín Valdés, Jorge Ochoa y Evaristo Pacheco), así como el ataque a los dos reporteros de la revista Contralínea, camino a San Juan Copala, la semana pasada, entre muchos otros incidentes.
La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra Periodistas, creada en febrero de 2006, se ha negado a cumplir con su mandato legal. El mismo subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal, ha confesado que los esfuerzos del gobierno federal en la materia han sido “fallidos”, ya que “si nos atenemos a los resultados, no tenemos claridad de que haya resultados en el trabajo de la Fiscalía”.
El abierto boicot del gobierno federal a una reforma integral de la Ley Federal de Radio y Televisión que diversifique el mercado también demuestra su desdén por la libertad de expresión. Las políticas discrecionales de compra de anuncios en los medios escritos, y su retiro de publicidad a algunas revistas del país, reflejan su mayor interés por manipular a los periodistas que por fomentar los medios independientes y críticos.
Calderón se equivoca cuando afirma, como lo hizo hace un par de meses, que “la principal amenaza al pleno ejercicio de la libertad de expresión proviene precisamente del crimen organizado. Quienes someten, secuestran, levantan y finalmente asesinan, por desgracia, a periodistas, son criminales sin escrúpulos que se sienten dueños de la sociedad y no toleran ningún señalamiento ni crítica”.
El estudio de Cencos/Artículo 19 es contundente al respecto. Dentro del universo de las 244 agresiones registradas el año pasado, únicamente 6.15% de los presuntos responsables pertenecen al crimen organizado, mientras 65.5% son funcionarios públicos. Queda claro una vez más que el gobierno –y no la delincuencia organizada– es el principal responsable del clima de violencia y de violación sistemática de los derechos fundamentales de los periodistas que prevalece en el país.
El gobierno federal no es el único generador de ese ambiente. Actualmente, 17 de las 32 entidades federativas todavía clasifican como delitos penales figuras como la difamación, la injuria o la calumnia. Asimismo, otras entidades incluyen en sus Códigos Penales artículos diversos que abren la puerta para la encarcelación de cualquier periodista simplemente por ejercer su profesión. Tal es el caso, por ejemplo, del Distrito Federal con el artículo 342 del Código Penal, que impone una pena de uno a tres años de prisión a la persona que “para obtener un beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces total o parcialmente falsos o verdaderos”. Este artículo pone en riesgo a cualquier periodista que labora en la capital del país ya que los delitos de prensa se persiguen en el ámbito local.
Con respecto al Poder Legislativo Federal, la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados ha tenido un pobre desempeño durante la actual legislatura. Además, las loables reformas al Código Penal Federal aprobadas el 6 de abril de 2009 por los diputados para tipificar los delitos contra la libertad de expresión a nivel federal, actualmente duermen el sueño de los justos en el Senado.
El Poder Judicial tampoco está libre de culpa. Las aberrantes sentencias en los casos de Alfredo Rivera, autor de La Sosa Nostra: porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, y de Eduardo Huchim y Rubén Lara, denunciantes de irregularidades en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo, ponen en riesgo el ejercicio libre del periodismo, de acuerdo con los artículos sexto y séptimo de la Constitución.
Más allá de la necesaria tarea de proteger a los comunicadores, urge una verdadera política de Estado que también fomente y financie al periodismo independiente. Esto es importante no solamente por cuestiones de salud democrática, sino también por otras, como la seguridad pública. Llama la atención, por ejemplo, que las nuevas estrategias de fortalecimiento de la “sociedad civil” en Ciudad Juárez, impulsadas por Calderón junto con el gobierno estadunidense, no incluyan programas de respaldo a los periodistas.
La prensa escrita se encuentra inmersa en una grave crisis financiera en el mundo entero. Si el Estado mexicano no actúa rápido, pronto podríamos encontrarnos ahogados en un mar de banalidades televisas y escritos auto-censurados que poco o nada servirán para construir una verdadera ciudadanía democrática.
Pero aún más grave es la total falta de compromiso de Calderón en los hechos. Todas las evaluaciones en la materia de las organizaciones internacionales más importantes, incluyendo la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, coinciden en que México es uno de los países más peligrosos del planeta para ejercer el periodismo independiente.
De acuerdo con el más reciente informe sobre México de las organizaciones Cencos y Artículo 19, en el periodo 2006-2009 fueron asesinados 32 periodistas. Este estudio documenta 244 agresiones, incluyendo asesinatos, amenazas, ataques físicos, juicios penales y detenciones, sólo en 2009. A estos datos habría que sumar los cuatro asesinados del año en curso (José Luis Romero, Valentín Valdés, Jorge Ochoa y Evaristo Pacheco), así como el ataque a los dos reporteros de la revista Contralínea, camino a San Juan Copala, la semana pasada, entre muchos otros incidentes.
La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra Periodistas, creada en febrero de 2006, se ha negado a cumplir con su mandato legal. El mismo subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal, ha confesado que los esfuerzos del gobierno federal en la materia han sido “fallidos”, ya que “si nos atenemos a los resultados, no tenemos claridad de que haya resultados en el trabajo de la Fiscalía”.
El abierto boicot del gobierno federal a una reforma integral de la Ley Federal de Radio y Televisión que diversifique el mercado también demuestra su desdén por la libertad de expresión. Las políticas discrecionales de compra de anuncios en los medios escritos, y su retiro de publicidad a algunas revistas del país, reflejan su mayor interés por manipular a los periodistas que por fomentar los medios independientes y críticos.
Calderón se equivoca cuando afirma, como lo hizo hace un par de meses, que “la principal amenaza al pleno ejercicio de la libertad de expresión proviene precisamente del crimen organizado. Quienes someten, secuestran, levantan y finalmente asesinan, por desgracia, a periodistas, son criminales sin escrúpulos que se sienten dueños de la sociedad y no toleran ningún señalamiento ni crítica”.
El estudio de Cencos/Artículo 19 es contundente al respecto. Dentro del universo de las 244 agresiones registradas el año pasado, únicamente 6.15% de los presuntos responsables pertenecen al crimen organizado, mientras 65.5% son funcionarios públicos. Queda claro una vez más que el gobierno –y no la delincuencia organizada– es el principal responsable del clima de violencia y de violación sistemática de los derechos fundamentales de los periodistas que prevalece en el país.
El gobierno federal no es el único generador de ese ambiente. Actualmente, 17 de las 32 entidades federativas todavía clasifican como delitos penales figuras como la difamación, la injuria o la calumnia. Asimismo, otras entidades incluyen en sus Códigos Penales artículos diversos que abren la puerta para la encarcelación de cualquier periodista simplemente por ejercer su profesión. Tal es el caso, por ejemplo, del Distrito Federal con el artículo 342 del Código Penal, que impone una pena de uno a tres años de prisión a la persona que “para obtener un beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces total o parcialmente falsos o verdaderos”. Este artículo pone en riesgo a cualquier periodista que labora en la capital del país ya que los delitos de prensa se persiguen en el ámbito local.
Con respecto al Poder Legislativo Federal, la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados ha tenido un pobre desempeño durante la actual legislatura. Además, las loables reformas al Código Penal Federal aprobadas el 6 de abril de 2009 por los diputados para tipificar los delitos contra la libertad de expresión a nivel federal, actualmente duermen el sueño de los justos en el Senado.
El Poder Judicial tampoco está libre de culpa. Las aberrantes sentencias en los casos de Alfredo Rivera, autor de La Sosa Nostra: porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, y de Eduardo Huchim y Rubén Lara, denunciantes de irregularidades en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo, ponen en riesgo el ejercicio libre del periodismo, de acuerdo con los artículos sexto y séptimo de la Constitución.
Más allá de la necesaria tarea de proteger a los comunicadores, urge una verdadera política de Estado que también fomente y financie al periodismo independiente. Esto es importante no solamente por cuestiones de salud democrática, sino también por otras, como la seguridad pública. Llama la atención, por ejemplo, que las nuevas estrategias de fortalecimiento de la “sociedad civil” en Ciudad Juárez, impulsadas por Calderón junto con el gobierno estadunidense, no incluyan programas de respaldo a los periodistas.
La prensa escrita se encuentra inmersa en una grave crisis financiera en el mundo entero. Si el Estado mexicano no actúa rápido, pronto podríamos encontrarnos ahogados en un mar de banalidades televisas y escritos auto-censurados que poco o nada servirán para construir una verdadera ciudadanía democrática.
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