JORGE ALCOCER VILLANUEVAPor lo general las elecciones pro- vocan tensión en la sociedad y enconos entre los partidos, éstos acrecientan la búsqueda de la diferencia; los de oposición machacan sobre los errores o incapacidades del que gobierna, y éste culpa a sus adversarios por no colaborar para hacer posibles los cambios. En las democracias consolidadas la autoridad electoral es un árbitro discreto que rara vez aparece en los medios de comunicación. La noche de la elección las encuestas dan a conocer al ganador, quien recibe la llamada de su adversario para aceptar su derrota y desearle buena suerte; la mañana siguiente la normalidad retorna y cada quien a lo suyo.
Ésa es la normalidad que en México seguimos sin alcanzar después de múltiples reformas electorales y políticas. Pese a que contamos con un sistema electoral sobrerregulado, autoridades autónomas, tribunales especializados e instrumentos cada día más costosos, el conflicto más primitivo es la característica ineludible en cada elección. Comienza con la integración de los órganos electorales, se prolonga en precampañas y campañas, marca la jornada electoral y estalla en cuanto se conocen los resultados. Todos saben que el resultado definitivo no surgirá de las urnas, sino de la sentencia que dicten los magistrados electorales.
Antes las oposiciones eran la parte denunciante y el gobierno y su partido la denunciada; hoy, como en un mundo bizarro, el partido en el gobierno denuncia a su principal opositor y a los gobiernos locales surgidos de sus filas. Las autoridades electorales son parte del conflicto, ocupando, en no pocos casos, el centro del debate. La designación de los consejeros electorales con criterio de cuota partidista ha derruido la confianza ciudadana; lo que el árbitro hace, o deja de hacer, ocupa más espacio que los candidatos y sus promesas.
Lo ocurrido en Yucatán es una muestra más de la situación en que se encuentra el sistema electoral; más que campañas lo que vimos y leímos fue el rosario cotidiano de denuncias en contra de la gobernadora (PRI) y del Instituto Electoral local (IPEPAC). Como en los viejos tiempos, el dirigente nacional del PAN se apersonó en la casona de Bucareli para exigir al secretario de Gobernación su intervención para garantizar la limpieza del proceso y sus resultados. El PRI se defendió calificando las denuncias como prueba de desesperación. Las encuestas le daban una amplia ventaja.
El resultado confirmó los pronósticos, pero con una diferencia mucho menor. La candidata Beatriz Zavala (PAN) primero se declaró triunfadora, para luego denunciar el "fraude"; César Nava anunció que acudirán al TEPJF con la demanda de "limpiar" la elección. Cuando más necesaria era la información de la autoridad electoral, ésta desapareció: el IPEPAC cerró su página de internet desde el jueves previo al día de la jornada electoral y así la mantuvo la semana siguiente, mientras se realizaban los cómputos.
En los 14 estados que tendrán jornada electoral el 4 de julio, el tono de las campañas es igual a lo observado en Yucatán. Las denuncias van y vienen. Intimidación; compra y coacción del voto; uso ilegal de recursos y programas públicos; parcialidad de las autoridades electorales locales; despliegue propagandístico de los gobernadores; candidatos y candidatas que se hacen acompañar de las estrellas nacionales (Ebrard, Peña Nieto, Lujambio) sin atender las normas que los obligan a la imparcialidad. Las trampas para aparecer en radio y televisión se generalizan; la ley es objeto de fraudes a diestra, siniestra y centro.
Para demoler al adversario, partidos y candidatos pasan sobre la ley; la violencia afecta a las campañas de manera directa, como en Tamaulipas, y en todos los casos como telón de fondo que atemoriza a los ciudadanos y los aleja de las urnas. Cuando más necesarias son la civilidad y la moderación en el discurso de campañas, la violencia declarativa se exacerba. Los ganadores quedarán parados en un islote, sin credibilidad, rodeados por un mar de temores y agravios.
Ante la debilidad de las autoridades electorales locales, cabe explorar que el IFE, el TEPJF y el Ejecutivo Federal intervengan para evitar que el retorno a los viejos tiempos sea un hecho irreversible.
Ésa es la normalidad que en México seguimos sin alcanzar después de múltiples reformas electorales y políticas. Pese a que contamos con un sistema electoral sobrerregulado, autoridades autónomas, tribunales especializados e instrumentos cada día más costosos, el conflicto más primitivo es la característica ineludible en cada elección. Comienza con la integración de los órganos electorales, se prolonga en precampañas y campañas, marca la jornada electoral y estalla en cuanto se conocen los resultados. Todos saben que el resultado definitivo no surgirá de las urnas, sino de la sentencia que dicten los magistrados electorales.
Antes las oposiciones eran la parte denunciante y el gobierno y su partido la denunciada; hoy, como en un mundo bizarro, el partido en el gobierno denuncia a su principal opositor y a los gobiernos locales surgidos de sus filas. Las autoridades electorales son parte del conflicto, ocupando, en no pocos casos, el centro del debate. La designación de los consejeros electorales con criterio de cuota partidista ha derruido la confianza ciudadana; lo que el árbitro hace, o deja de hacer, ocupa más espacio que los candidatos y sus promesas.
Lo ocurrido en Yucatán es una muestra más de la situación en que se encuentra el sistema electoral; más que campañas lo que vimos y leímos fue el rosario cotidiano de denuncias en contra de la gobernadora (PRI) y del Instituto Electoral local (IPEPAC). Como en los viejos tiempos, el dirigente nacional del PAN se apersonó en la casona de Bucareli para exigir al secretario de Gobernación su intervención para garantizar la limpieza del proceso y sus resultados. El PRI se defendió calificando las denuncias como prueba de desesperación. Las encuestas le daban una amplia ventaja.
El resultado confirmó los pronósticos, pero con una diferencia mucho menor. La candidata Beatriz Zavala (PAN) primero se declaró triunfadora, para luego denunciar el "fraude"; César Nava anunció que acudirán al TEPJF con la demanda de "limpiar" la elección. Cuando más necesaria era la información de la autoridad electoral, ésta desapareció: el IPEPAC cerró su página de internet desde el jueves previo al día de la jornada electoral y así la mantuvo la semana siguiente, mientras se realizaban los cómputos.
En los 14 estados que tendrán jornada electoral el 4 de julio, el tono de las campañas es igual a lo observado en Yucatán. Las denuncias van y vienen. Intimidación; compra y coacción del voto; uso ilegal de recursos y programas públicos; parcialidad de las autoridades electorales locales; despliegue propagandístico de los gobernadores; candidatos y candidatas que se hacen acompañar de las estrellas nacionales (Ebrard, Peña Nieto, Lujambio) sin atender las normas que los obligan a la imparcialidad. Las trampas para aparecer en radio y televisión se generalizan; la ley es objeto de fraudes a diestra, siniestra y centro.
Para demoler al adversario, partidos y candidatos pasan sobre la ley; la violencia afecta a las campañas de manera directa, como en Tamaulipas, y en todos los casos como telón de fondo que atemoriza a los ciudadanos y los aleja de las urnas. Cuando más necesarias son la civilidad y la moderación en el discurso de campañas, la violencia declarativa se exacerba. Los ganadores quedarán parados en un islote, sin credibilidad, rodeados por un mar de temores y agravios.
Ante la debilidad de las autoridades electorales locales, cabe explorar que el IFE, el TEPJF y el Ejecutivo Federal intervengan para evitar que el retorno a los viejos tiempos sea un hecho irreversible.
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