JAVIER CORRAL JURADOCuando el 28 enero se publicó el dictamen por el cual la Corte declaró que sí hubo violaciones graves a diversas garantías individuales por parte del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ya se había conseguido uno de los operativos de control informativo más impresionantes. El esperado engrose de la resolución dejó de ser importante para muchos medios y, de hecho, los pocos que dieron cuenta de los resultados de la investigación no descendieron al fondo del informe que hace referencia a la represión que costó la vida de 26 personas; no pudieron o no quisieron.
La falta del carácter de sentencia de esa resolución, una facultad de investigación contenida en el artículo 97 constitucional, sin vínculo coercitivo —aunado al repentino silencio mediático— terminaron por ahondar el ejercicio ilegal del gobernador, quien ha hecho de la impunidad estilo de vida y principio de gobierno.
La Corte aumentó la expectativa ciudadana y el prestigio en su desempeño, pero al no tener consecuencias su resolución, ya no digamos jurídicas, sino ni siquiera políticas o comunicacionales, entra en un injusto deterioro de su credibilidad y merma su fuerza constitucional.
Mientras el dictamen queda en el silenciamiento y el olvido, y la Corte se atrapa en el ejercicio de una facultad que de entrada no tiene esperanza de justicia, el violador grave de garantías sigue haciendo de las suyas. Tal y como lo relata la Corte en el informe de los hechos de mayo del 2006 a enero de 2007. Vuelve a aparecer la represión y la violencia como método para disuadir y aterrar la posibilidad del cambio político que ha de venir a Oaxaca en las próximas elecciones del 4 de julio.
La emboscada perpetrada por un grupo de encapuchados en las inmediaciones de la comunidad Triqui de San Juan Copala, la tarde del 27 de abril pasado en la que murió Beatriz Alberta Cariño, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandés, y en la que también resultaron heridos Erika Ramírez y David Cilia periodistas de la revista Contralínea, es el hecho más reciente y a la vez el más anticipado del clima de intimidación e impunidad que ha desarrollado Ulises Ruiz en la entidad y en particular, en esa región del municipio.
San Juan Copala, se encuentra sitiado desde hace meses por grupos paramilitares que según denuncian autoridades autónomas y organizaciones sociales, “actúan con la complacencia del gobierno de Oaxaca”. A esta comunidad pertenecían las locutoras triquis de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, asesinadas el 7 de abril del 2008. Al mes de diciembre del 2009 sumaban 18 crímenes de indígenas del municipio.
La insolencia del violador no tiene límites, tampoco su cinismo. Acusó al candidato de la Coalición, Gabino Cué, de haber enviado a la caravana de maestros y apistas para provocar más violencia en Copala. Dijo que las organizaciones afiliadas a la APPO, obedecen a los intereses de Cué: “Hay gente que se ha caracterizado por apoyar a un candidato, son gente que trabaja con el candidato de oposición, el candidato de oposición ha manifestado que está con la APPO, que está con la violencia, que está con este tipo de situaciones que lejos de hacer una propuesta de transformación para el Estado, hace una propuesta de violencia para ganar en su favor unos votos ante la falta de propuesta”.
La declaración mide el ambiente político y define la estrategia que buscan poner en marcha para generar angustia, temor y luego desánimo que se convierta en abstención. Lo más importante es que se ve lejos que esto suceda con Oaxaca, va a estar muy difícil que venzan su ánimo, su empeño y su decisión de recuperar para esta entidad la democracia, el imperio de la ley, la paz y el progreso. La elección dará además de la alternancia, una lección moral y cívica a los órganos del Estado que no han sido capaces de poner atención al dictamen de la Corte: el establecimiento del respeto irrestricto de los derechos humanos, por virtud de la acción ciudadana. Se cumplirá así, la gran sentencia de que sólo pueblo salva al pueblo, y en ello, la justificación mayor del porqué había que ir en coalición entre el PAN y los partidos de la izquierda.
La falta del carácter de sentencia de esa resolución, una facultad de investigación contenida en el artículo 97 constitucional, sin vínculo coercitivo —aunado al repentino silencio mediático— terminaron por ahondar el ejercicio ilegal del gobernador, quien ha hecho de la impunidad estilo de vida y principio de gobierno.
La Corte aumentó la expectativa ciudadana y el prestigio en su desempeño, pero al no tener consecuencias su resolución, ya no digamos jurídicas, sino ni siquiera políticas o comunicacionales, entra en un injusto deterioro de su credibilidad y merma su fuerza constitucional.
Mientras el dictamen queda en el silenciamiento y el olvido, y la Corte se atrapa en el ejercicio de una facultad que de entrada no tiene esperanza de justicia, el violador grave de garantías sigue haciendo de las suyas. Tal y como lo relata la Corte en el informe de los hechos de mayo del 2006 a enero de 2007. Vuelve a aparecer la represión y la violencia como método para disuadir y aterrar la posibilidad del cambio político que ha de venir a Oaxaca en las próximas elecciones del 4 de julio.
La emboscada perpetrada por un grupo de encapuchados en las inmediaciones de la comunidad Triqui de San Juan Copala, la tarde del 27 de abril pasado en la que murió Beatriz Alberta Cariño, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandés, y en la que también resultaron heridos Erika Ramírez y David Cilia periodistas de la revista Contralínea, es el hecho más reciente y a la vez el más anticipado del clima de intimidación e impunidad que ha desarrollado Ulises Ruiz en la entidad y en particular, en esa región del municipio.
San Juan Copala, se encuentra sitiado desde hace meses por grupos paramilitares que según denuncian autoridades autónomas y organizaciones sociales, “actúan con la complacencia del gobierno de Oaxaca”. A esta comunidad pertenecían las locutoras triquis de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, asesinadas el 7 de abril del 2008. Al mes de diciembre del 2009 sumaban 18 crímenes de indígenas del municipio.
La insolencia del violador no tiene límites, tampoco su cinismo. Acusó al candidato de la Coalición, Gabino Cué, de haber enviado a la caravana de maestros y apistas para provocar más violencia en Copala. Dijo que las organizaciones afiliadas a la APPO, obedecen a los intereses de Cué: “Hay gente que se ha caracterizado por apoyar a un candidato, son gente que trabaja con el candidato de oposición, el candidato de oposición ha manifestado que está con la APPO, que está con la violencia, que está con este tipo de situaciones que lejos de hacer una propuesta de transformación para el Estado, hace una propuesta de violencia para ganar en su favor unos votos ante la falta de propuesta”.
La declaración mide el ambiente político y define la estrategia que buscan poner en marcha para generar angustia, temor y luego desánimo que se convierta en abstención. Lo más importante es que se ve lejos que esto suceda con Oaxaca, va a estar muy difícil que venzan su ánimo, su empeño y su decisión de recuperar para esta entidad la democracia, el imperio de la ley, la paz y el progreso. La elección dará además de la alternancia, una lección moral y cívica a los órganos del Estado que no han sido capaces de poner atención al dictamen de la Corte: el establecimiento del respeto irrestricto de los derechos humanos, por virtud de la acción ciudadana. Se cumplirá así, la gran sentencia de que sólo pueblo salva al pueblo, y en ello, la justificación mayor del porqué había que ir en coalición entre el PAN y los partidos de la izquierda.
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