ANA LAURA MAGALONI KERPELEl lunes y martes de la semana que viene, una amplia red de organizaciones civiles, encabezadas por Alejandro Martí y Ernesto Canales, convoca al segundo foro sobre la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia en México. Con el slogan de "seguridad con justicia", los principales tomadores de decisión y expertos en el tema debatirán los avances, retrocesos, retos y resistencias de implementación de la reforma penal.
Aunque varias entidades federativas ya han iniciado sus respectivos procesos de reforma, me parece que, en el contexto de alta criminalidad que estamos viviendo, tales procesos son aún débiles y enfrentan enormes resistencias. En general, en los tomadores de decisión prevalece el conflicto sobre si, en este contexto criminal, vale la pena o no emparejar la cancha del juego entre el MP y el acusado y hacer efectivos los controles judiciales propios de los derechos del debido proceso del acusado y de la víctima. Hoy el MP, con un mal trabajo de investigación y recabando pruebas sin la supervisión del juez, gana, en promedio, 85% de los juicios. ¿Por qué complicar el trabajo del MP y reducir sus probabilidades de éxito?
La relevancia de la calidad de la justicia para construir la autoridad del Estado y, por tanto, para aumentar su capacidad para gestionar la conflictividad social está subestimada. Aquí, como en cualquier parte del mundo, la probabilidad de que la denuncia de un delito termine con una sentencia condenatoria es baja. En Chile es de 14%, mientras que en el Distrito Federal es de 10%. En este sentido, la discusión sobre para qué debe servir el aparato de procuración e impartición de justicia debe moverse a un paradigma distinto del de la famosa tasa de impunidad. Si esta tasa es invariablemente alta, a quién procesa el sistema y cómo lo hace se vuelven las dos preguntas más relevantes. Mientras que en Chile 90% de los homicidios son sancionados, en el Distrito Federal la cifra es de 40%. Además, en Chile el proceso de un presunto responsable del delito de homicidio tiene un nivel de calidad y contundencia que, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, cuando el juez dicta una sentencia condenatoria existe un alto nivel de confianza en la ciudadanía de que no se trata de un chivo expiatorio o de una equivocación más del sistema de justicia.
Los juicios y los jueces resultan ser piezas clave para que los ciudadanos modifiquen conductas producto de sus percepciones negativas respecto de la autoridad de la ley y la confianza hacia las instituciones del Estado. Una de las principales diferencias entre los procesos judiciales escritos y los procesos orales es que estos últimos centran la dinámica del juicio en el relato de historias humanas concretas. El MP, a diferencia de lo que hace hoy que es anexar un conjunto de diligencias a un expediente, en el sistema de juicios orales debe construir una historia, proponer una tesis del caso que haga sentido. La defensa, por su parte, debe proponer una historia alternativa o resaltar las inconsistencias de la historia propuesta por el MP. La trama de estas historias se va urdiendo con las pruebas que aportan cada una de las partes y que desahogan de cara al juez, a la víctima, al acusado, a sus abogados, a la opinión pública y a la ciudadanía. Los jueces en este contexto tienen una enorme responsabilidad, pues la forma en que conducen el juicio y su decisión final van a impactar en la construcción de los referentes sociales básicos sobre lo que significa la justicia y cómo ésta se teje de la mano con el derecho.
Andrés Baytelman y Mauricio Duce, expertos chilenos en el tema, sostienen: "la apertura de los tribunales a la ciudadanía y a la prensa suele producir un fenómeno que supera la mera publicidad. Los procesos judiciales capturan la atención de la opinión pública, catalizan la discusión social, moral y política de la colectividad, se convierten en una vía de comunicación entre el Estado y los ciudadanos a través de la cual se afirman valores, se instalan simbologías y se envían y reciben mensajes mutuos".
Mi argumento central es el siguiente: una parte muy importante de la capacidad del Estado para gestionar la conflictividad social pasa por la justicia y no por el uso de la fuerza. Ello no significa que ésta última no esté justificada en determinados contextos. Lo que quiero decir es que no basta y que a veces puede resultar contraproducente. La construcción de la autoridad del Estado frente a la conflictividad social en un contexto democrático sólo se puede cimentar en forma duradera a través de la fuerza y legitimidad de las instituciones encargadas de aplicar la ley. La calidad de los procesos judiciales constituye uno de los asideros más importantes que tiene el Estado para demostrar a la colectividad que su principal fuente de autoridad proviene de la razón, la justicia y la ley, no de la fuerza. Estoy convencida de que un México menos conflictivo y violento sólo es posible en un México con mejores instituciones de justicia, aunque ello signifique, en el corto plazo, una mayor dificultad para que el MP pueda tener éxito en el juicio.
Aunque varias entidades federativas ya han iniciado sus respectivos procesos de reforma, me parece que, en el contexto de alta criminalidad que estamos viviendo, tales procesos son aún débiles y enfrentan enormes resistencias. En general, en los tomadores de decisión prevalece el conflicto sobre si, en este contexto criminal, vale la pena o no emparejar la cancha del juego entre el MP y el acusado y hacer efectivos los controles judiciales propios de los derechos del debido proceso del acusado y de la víctima. Hoy el MP, con un mal trabajo de investigación y recabando pruebas sin la supervisión del juez, gana, en promedio, 85% de los juicios. ¿Por qué complicar el trabajo del MP y reducir sus probabilidades de éxito?
La relevancia de la calidad de la justicia para construir la autoridad del Estado y, por tanto, para aumentar su capacidad para gestionar la conflictividad social está subestimada. Aquí, como en cualquier parte del mundo, la probabilidad de que la denuncia de un delito termine con una sentencia condenatoria es baja. En Chile es de 14%, mientras que en el Distrito Federal es de 10%. En este sentido, la discusión sobre para qué debe servir el aparato de procuración e impartición de justicia debe moverse a un paradigma distinto del de la famosa tasa de impunidad. Si esta tasa es invariablemente alta, a quién procesa el sistema y cómo lo hace se vuelven las dos preguntas más relevantes. Mientras que en Chile 90% de los homicidios son sancionados, en el Distrito Federal la cifra es de 40%. Además, en Chile el proceso de un presunto responsable del delito de homicidio tiene un nivel de calidad y contundencia que, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, cuando el juez dicta una sentencia condenatoria existe un alto nivel de confianza en la ciudadanía de que no se trata de un chivo expiatorio o de una equivocación más del sistema de justicia.
Los juicios y los jueces resultan ser piezas clave para que los ciudadanos modifiquen conductas producto de sus percepciones negativas respecto de la autoridad de la ley y la confianza hacia las instituciones del Estado. Una de las principales diferencias entre los procesos judiciales escritos y los procesos orales es que estos últimos centran la dinámica del juicio en el relato de historias humanas concretas. El MP, a diferencia de lo que hace hoy que es anexar un conjunto de diligencias a un expediente, en el sistema de juicios orales debe construir una historia, proponer una tesis del caso que haga sentido. La defensa, por su parte, debe proponer una historia alternativa o resaltar las inconsistencias de la historia propuesta por el MP. La trama de estas historias se va urdiendo con las pruebas que aportan cada una de las partes y que desahogan de cara al juez, a la víctima, al acusado, a sus abogados, a la opinión pública y a la ciudadanía. Los jueces en este contexto tienen una enorme responsabilidad, pues la forma en que conducen el juicio y su decisión final van a impactar en la construcción de los referentes sociales básicos sobre lo que significa la justicia y cómo ésta se teje de la mano con el derecho.
Andrés Baytelman y Mauricio Duce, expertos chilenos en el tema, sostienen: "la apertura de los tribunales a la ciudadanía y a la prensa suele producir un fenómeno que supera la mera publicidad. Los procesos judiciales capturan la atención de la opinión pública, catalizan la discusión social, moral y política de la colectividad, se convierten en una vía de comunicación entre el Estado y los ciudadanos a través de la cual se afirman valores, se instalan simbologías y se envían y reciben mensajes mutuos".
Mi argumento central es el siguiente: una parte muy importante de la capacidad del Estado para gestionar la conflictividad social pasa por la justicia y no por el uso de la fuerza. Ello no significa que ésta última no esté justificada en determinados contextos. Lo que quiero decir es que no basta y que a veces puede resultar contraproducente. La construcción de la autoridad del Estado frente a la conflictividad social en un contexto democrático sólo se puede cimentar en forma duradera a través de la fuerza y legitimidad de las instituciones encargadas de aplicar la ley. La calidad de los procesos judiciales constituye uno de los asideros más importantes que tiene el Estado para demostrar a la colectividad que su principal fuente de autoridad proviene de la razón, la justicia y la ley, no de la fuerza. Estoy convencida de que un México menos conflictivo y violento sólo es posible en un México con mejores instituciones de justicia, aunque ello signifique, en el corto plazo, una mayor dificultad para que el MP pueda tener éxito en el juicio.
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