JORGE ALCOCER VILLANUEVALos debates televisados entre candidatos cobraron carta de naturalidad desde que Richard Nixon y John F. Kennedy realizaron los primeros en el año 1960. La presencia e influencia de la televisión en las campañas electorales quedó entonces de manifiesto. Hay quien afirma que si Franklin D. Roosevelt, víctima de la polio, hubiese tenido que acudir a uno transmitido por TV, quizá hubiera perdido su primera elección.
En México, fue hasta 1994 cuando se produjo el primer debate entre candidatos presidenciales, del que todavía hoy se sigue especulando sobre sus efectos posteriores. Seis años más tarde tuvieron lugar dos, y en 2006 la no asistencia del candidato, entonces puntero en las encuestas, al primero de ellos se atribuye una parte de su fracaso. Desde entonces los debates se extendieron, propiciados por instituciones universitarias, centros patronales, organismos no gubernamen- tales y por los propios candidatos. Según su interés y criterio, radio y TV empezaron a difundirlos en vivo, en ocasiones con la intervención de la CIRT.
Hay quienes opinan que los debates deben ser obligatorios y que la autoridad electoral debe organizarlos y hacerse responsable de su difusión. Difiero radicalmente. Creo que los debates son un instrumento de campaña; que cada candidato debe tener el libre derecho de admitirlos o rechazarlos. No veo razón para obligar, a quien tiene una considerable ventaja sobre sus competidores, a ir a un debate en el que tiene todo que perder. Tampoco considero que la autoridad electoral deba tener la responsabilidad de convocarlos y organizarlos, ya que, por imparcialidad, debe invitar a todos los competidores, y la verdad es que eso arruina el interés de buena parte del público.
Un falso debate ha sido planteado en los doce estados con elección de gobernador en este año: si los institutos electorales locales deben organizar ese tipo de encuentros entre los candidatos a ese cargo y cómo garantizar su difusión en radio y TV, dado que la compra de tiempo en esos medios, con fines electorales, está prohibida. Por lo menos tres institutos locales (Aguascalientes, Puebla y Veracruz) han dirigido consultas al IFE, obteniendo respuestas que vale la pena analizar.
Les ha dicho el IFE, con razón, que no existe disposición legal que permita utilizar, para tal propósito, el tiempo de que dispone por mandato constitucional. Aunque en los estados con proceso local el IFE cuenta con todo el tiempo oficial en esos medios, y solamente asigna a los partidos, de los 48 disponibles, 18 minutos diarios, ese tiempo no es acumulable, sino que debe distribuirse a razón de un máximo de tres minutos por hora de transmisión. No hay manera de difundir, con cargo a ese tiempo, debates que requieren, al menos, una hora de transmisión.
Si los institutos asumen la ingrata tarea de organizar debates, tendrán que invitar a todos los candidatos, otorgando igual tiempo a cada uno. En los estados en donde sólo compiten dos candidatos a gobernador, que son los menos, santo y bueno. Pero en los otros, creo que a la mayoría del público poco o nada le interesa ver y escuchar a quienes no tienen la menor posibilidad de ganar. Hagan lo que hagan los institutos, lo que no pueden es disponer de tiempo oficial para difundirlos.
Cabe sugerir que los partidos y candidatos que estén interesados en debatir se pongan de acuerdo, pacten las reglas, den a conocer el lugar, día y hora del debate, para que si la radio y TV locales están interesados en difundir el evento, lo hagan, como parte de su cobertura de noticias. Y si los candidatos marginales no son invitados y se quejan, que el TEPJF diga la última palabra, como es usual. Hay un antecedente inmediato: el debate, realizado en junio de 2009, entre los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD (Beatriz Paredes era candidata) en un programa del canal 2 de Televisa, con uso de tiempo normal.
El Cofipe regula (artículo 70) la eventual celebración de dos debates entre los candidatos presidenciales, sin hacer obligatoria la presencia de todos. El IFE coordina, pero no impone.
Posdata. El domingo próximo es la jornada electoral en Yucatán. ¿Laboratorio de lo que vendrá?
En México, fue hasta 1994 cuando se produjo el primer debate entre candidatos presidenciales, del que todavía hoy se sigue especulando sobre sus efectos posteriores. Seis años más tarde tuvieron lugar dos, y en 2006 la no asistencia del candidato, entonces puntero en las encuestas, al primero de ellos se atribuye una parte de su fracaso. Desde entonces los debates se extendieron, propiciados por instituciones universitarias, centros patronales, organismos no gubernamen- tales y por los propios candidatos. Según su interés y criterio, radio y TV empezaron a difundirlos en vivo, en ocasiones con la intervención de la CIRT.
Hay quienes opinan que los debates deben ser obligatorios y que la autoridad electoral debe organizarlos y hacerse responsable de su difusión. Difiero radicalmente. Creo que los debates son un instrumento de campaña; que cada candidato debe tener el libre derecho de admitirlos o rechazarlos. No veo razón para obligar, a quien tiene una considerable ventaja sobre sus competidores, a ir a un debate en el que tiene todo que perder. Tampoco considero que la autoridad electoral deba tener la responsabilidad de convocarlos y organizarlos, ya que, por imparcialidad, debe invitar a todos los competidores, y la verdad es que eso arruina el interés de buena parte del público.
Un falso debate ha sido planteado en los doce estados con elección de gobernador en este año: si los institutos electorales locales deben organizar ese tipo de encuentros entre los candidatos a ese cargo y cómo garantizar su difusión en radio y TV, dado que la compra de tiempo en esos medios, con fines electorales, está prohibida. Por lo menos tres institutos locales (Aguascalientes, Puebla y Veracruz) han dirigido consultas al IFE, obteniendo respuestas que vale la pena analizar.
Les ha dicho el IFE, con razón, que no existe disposición legal que permita utilizar, para tal propósito, el tiempo de que dispone por mandato constitucional. Aunque en los estados con proceso local el IFE cuenta con todo el tiempo oficial en esos medios, y solamente asigna a los partidos, de los 48 disponibles, 18 minutos diarios, ese tiempo no es acumulable, sino que debe distribuirse a razón de un máximo de tres minutos por hora de transmisión. No hay manera de difundir, con cargo a ese tiempo, debates que requieren, al menos, una hora de transmisión.
Si los institutos asumen la ingrata tarea de organizar debates, tendrán que invitar a todos los candidatos, otorgando igual tiempo a cada uno. En los estados en donde sólo compiten dos candidatos a gobernador, que son los menos, santo y bueno. Pero en los otros, creo que a la mayoría del público poco o nada le interesa ver y escuchar a quienes no tienen la menor posibilidad de ganar. Hagan lo que hagan los institutos, lo que no pueden es disponer de tiempo oficial para difundirlos.
Cabe sugerir que los partidos y candidatos que estén interesados en debatir se pongan de acuerdo, pacten las reglas, den a conocer el lugar, día y hora del debate, para que si la radio y TV locales están interesados en difundir el evento, lo hagan, como parte de su cobertura de noticias. Y si los candidatos marginales no son invitados y se quejan, que el TEPJF diga la última palabra, como es usual. Hay un antecedente inmediato: el debate, realizado en junio de 2009, entre los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD (Beatriz Paredes era candidata) en un programa del canal 2 de Televisa, con uso de tiempo normal.
El Cofipe regula (artículo 70) la eventual celebración de dos debates entre los candidatos presidenciales, sin hacer obligatoria la presencia de todos. El IFE coordina, pero no impone.
Posdata. El domingo próximo es la jornada electoral en Yucatán. ¿Laboratorio de lo que vendrá?
No hay comentarios:
Publicar un comentario