EMBOSCADA EN OAXACA

RODRIGO GUTIÉRREZ RIVAS

El pasado 27 de abril fue emboscada una caravana civil, solidaria, conformada por organizaciones sociales, de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales que se dirigían hacia el municipio autónomo de San Juan Copala. Su propósito era llevar víveres y observar la situación que prevalecía en la comunidad triqui, donde desde hace meses un grupo paramilitar estableció un cerco que rodea al municipio y amenaza a sus habitantes. Como resultado del ataque perdieron la vida Beatriz Alberta Cariño Trujillo (directora de CACTUS) y Tyri Antero Jaakkola (observador internacional de nacionalidad finlandesa). Varias personas sufrieron heridas por armas de alto poder y algunos de los sobrevivientes tuvieron que internarse en la montaña durante tres días para escapar de la agresión. El pueblo triqui está asentado al sur de Oaxaca en un territorio de 517 kilómetros cuadrados, que semeja una isla en medio del territorio mixteco. San Juan Copala es la cabecera cultural de la región baja triqui y uno de sus centros políticos y ceremoniales más importantes. Su historia está marcada por todos los rostros de la opresión: imperialismo cultural, marginación y violencia. Los intereses partidistas y estatales han interferido permanentemente en su desarrollo, haciendo que las condiciones de exclusión y pobreza sean una constante histórica. En su lucha por librarse de la dominación política y poder decidir con autonomía sobre su vida comunitaria, las autoridades indígenas junto con un amplio sector de la población —basándose en el derecho a la autonomía de los Pueblos establecidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU— decidieron hace tres años impulsar un proyecto de autonomía con la esperanza de sentar las bases de su libertad y mejorar sus condiciones de vida. Desde el origen del mismo, los triquis estaban conscientes de lo que ello implicaba. Así lo explica uno de sus impulsores en el estupendo libro de Francisco López Bárcenas donde se narra con detalle este esfuerzo titánico de construcción autonómica: “Sabemos que el gobierno no lo va a reconocer pero nosotros lo vamos a reconocer como nuestro propio gobierno y lo vamos a impulsar. Ya nos vamos a gobernar nosotros porque ellos (los gobiernos municipales) no son indígenas, no son triquis y no saben cómo gobernar. Sabemos que va a haber represión y que va a haber paramilitares tarde o temprano. Lo estamos esperando, no nos queda de otra.” El cerco que se ha impuesto sobre el municipio es la representación más dura de los límites que hoy existen en México para que los pueblos indígenas puedan ejercer los derechos a la libre determinación y la autonomía reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. El ataque a una caravana civil de paz —circunstancia que no ocurrió ni en el contexto zapatista de 1994— es la demostración más dolorosa del terrible giro que están dando los acontecimientos políticos en nuestro país. Muchas preguntas quedan ahora en el aire: ¿Quiénes son los responsables de estos graves acontecimientos? ¿Qué van a hacer las autoridades para reparar los graves daños ocasionados? ¿Qué va a ocurrir con el cerco? ¿Qué futuro tienen las comunidades indígenas en México que luchan por su autonomía y libertad? ¿Qué margen de movilización y denuncia les queda a las organizaciones de la sociedad civil? En estos últimos cuatro años el gobierno ha pretendido que la ciudadanía acepte como normal que el Ejército ronde las calles, que exista una guerra en la que han muerto 22 mil personas. No permitamos que se normalicen ataques a ciudadanos que defienden los derechos humanos en nuestro país.