ESTAMPITAS ELECTORALES

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

El candidato del PRI para alcalde de Ahucatlán, Puebla, Juan Luis Pérez Pastrana, aparece en su propaganda con sombrero, nada tendría de raro para quien aspira a encabezar un ayuntamiento predominantemente rural, sólo que el frente de su sombrero ostenta una llamativa "Z" y una placa que dice "EL CARTEL". La secretaria general del PRI poblano justifica el hecho diciendo que la "Z" es una muestra de apoyo al candidato a gobernador, de apellido materno "Zavala" y que "la placa es la marca del sombrero". Mientras las autoridades electorales discuten qué hacer, los niños se ríen del chiste. El año pasado los partidos se comprometieron a blindar sus campañas electorales para protegerse de la influencia de los cárteles de la droga; hoy, un candidato del PRI decide vincular su imagen al cártel de los Z.En Quintana Roo la ley electoral local impide a los precandidatos únicos realizar actos de precampaña; para burlarla, tanto el PRI como el PRD registraron sendos precandidatos de paja a fin de permitir que Roberto Borge y Gregorio Sánchez, candidatos a gobernador por sus respectivos partidos, realizaran actos anticipados de campaña. Sólo que al PRD se le cayó el teatrito pues el patiño decidió declinar y dejó colgado de la brocha a Greg, al que la Sala Superior del TEPJF ordenó, el pasado viernes, retirar la costosa propaganda con la que saturó camiones de pasajeros y espectaculares en todo el estado. Habrá que ver la nueva argucia del extraño candidato perredista, principal sospechoso de ser el autor intelectual de los centros de espionaje localizados por el Ejército en Cancún, y además condenado por un juzgado federal a pagar la deuda que por varios millones de dólares contrajo con un empresario privado para financiar la parte final de su anterior campaña, cuando ganó la alcaldía de Benito Juárez, violando el tope de gasto y ocultando a la autoridad electoral ese ingreso.A pedido de Andrés Manuel López Obrador, la dirección ejecutiva nacional del PT decidió retirarse de las coaliciones electorales en las que formen parte el PRI o el PAN, por considerar "que ambos partidos integran el bloque conservador y representan los mismos intereses de la oligarquía en el poder", dijo el coordinador de los diputados petistas en San Lázaro. La excepción es Oaxaca, en donde mantendrán su participación en la coalición, de la que forman parte el PRD y el PAN, que postula al senador Gabino Cué como candidato a gobernador. La decisión petista abre un compás de incertidumbre en Hidalgo, Sinaloa y Quintana Roo, no tanto por la fuerza electoral de ese partido, sino por la posibilidad de que decida postular candidatos propios que, en condiciones de cerrada competencia, pueden inclinar la balanza a favor del PRI al arrebatar pocos pero valiosos votos a las coaliciones opositoras.En Hidalgo la candidata aliancista, Xóchitl Gálvez, tiene como principales adversarios las divisiones al interior del PRD y las imprudentes declaraciones de Vicente Fox, pretexto para la fuga petista y para una ingeniosa campaña ("Ahí viene Fox, Martita y sus hijitos") cuyo defecto legal es ser anónima.En Puebla, Rafael Moreno Valle, candidato a gobernador de la coalición integrada por PAN, PRD, PNA y Convergencia, denuncia que el candidato del PT, marginal en todas las encuestas, despliega una capacidad propagandística que supera con mucho los recursos de que públicamente dispone. La pregunta inevitable es ¿quién paga esa propaganda?El diario El Universal consignó en su primera plana (19/04/10, nota de la reportera María de la Luz González) que en Tepito están a la venta bases de datos personales protegidas por ley, entre ellas la del padrón electoral. En el IFE, su presidente y el director ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) reaccionaron casi de inmediato afirmando que los datos que los ciudadanos les aportan están debidamente protegidos y salvaguardados. Días después, sin informar de los resultados de sus investigaciones, el IFE presentó una demanda ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR, "contra quien resulte responsable", por uso ilegal del padrón electoral. ¿Cuál versión es la buena?