LA VULNERABILIDAD DEL ESTADO... Y LA NUESTRA

MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ

Un relevante trabajo periodístico de María de la Luz González (EL UNIVERSAL, 19 de abril de 2010) acaba de hacer evidentes los enormes agujeros de seguridad que ponen en riesgo nuestros datos personales. La nota de González advierte de la venta de bases de datos por parte de comerciantes en Tepito, a un precio de 12 mil dólares. Se trata de las bases de datos del padrón electoral, pero también las que contienen el registro vehicular, los números de todas las casetas de teléfono, los registros de los integrantes de la policía (incluyendo foto, número de placa y lugar de adscripción), los datos del transporte público concesionado (taxis, camiones), la lista de las órdenes de aprehensión libradas por los jueces y cuya ejecución corre a cargo de la policía, etcétera. La periodista escribe que se trata de tres memorias externas de 160 gigabytes cada una. Es decir, se trata de una mina de oro que muy bien puede ser explotada con diversas finalidades por grupos de la criminalidad organizada. Las preguntas que saltan de inmediato son muchas. Apunto algunas de las más evidentes. ¿Qué autoridades son las encargadas de resguardar esos datos? ¿Qué protocolos de seguridad se siguen para su efectiva custodia? ¿Cómo es posible que se haya sacado una copia sin que nadie se haya enterado? ¿Quiénes, dentro de cada dependencia encargada, son los responsables directos de su almacenamiento y quiénes deberían enfrentar consecuencias jurídicas por su descuido? ¿Cómo es que la información no solamente se puede reproducir una vez, sino muchas? ¿No hay candados informáticos que lo eviten? ¿Por qué los órganos de inteligencia del Estado mexicano no pudieron prever un punto de tan alta vulnerabilidad y anticiparse a su posible infiltración por funcionarios corruptos o grupos de la delincuencia organizada? ¿Cómo es que una periodista puede encontrar los contactos para llegar hasta los poseedores de esa importantísima información y el Estado mexicano no? ¿Por qué no se legisla antes de integrar bases de datos tan sensibles, sino una vez que ya se han filtrado a no sabemos cuántas personas, muchas de ellas involucradas seguramente en actividades ilícitas? ¿No se tendrían que haber tomado medidas con anticipación? ¿Qué funcionarios deberían presentar de inmediato su renuncia por no haber supervisado adecuadamente a sus empleados, encargados de custodiar en forma directa la información de millones de ciudadanos y cuya ineptitud nos pone en un riesgo grave a todos los que vivimos en México? El magnífico reportaje de María de la Luz González cita un ejemplo patético de un grupo de policías que “se cooperan” para juntar los 12 mil dólares y comprar una base de datos, a fin de poder hacer mejor (sic) su trabajo, ya que con ella no tienen que solicitarle nada al IFE y pueden encontrar con velocidad a las personas que deben detener. Esto significa que el cometer ilegalidades se ha convertido en una manera de “mejorar” el desempeño policiaco. Ahora bien, dado el constante “trasvase” que existe entre los cuerpos policiacos y el crimen organizado, la posesión de las bases de datos en manos de la policía puede resultar la vía más corta para que se hagan con ellas grupos mafiosos de todo tipo. Costaría creerlo, si no estuviéramos en México. La noticia, para colmo, aparece unos días después del levantamiento de una nueva base de datos (el registro de usuarios de telefonía celular, conocido como Renaut), que generó una enorme polémica y no poco rechazo por parte de la población, al grado de que miles de ciudadanos se tomaron la molestia de investigar la CURP del presidente Calderón o de Carlos Slim para registrar sus teléfonos a sus nombres. No estamos ante un escándalo menor, de esos que se olvidan en una semana. Estamos ante una amenaza grave de nuestra intimidad personal, de nuestra integridad física y de la seguridad de millones de personas. No podemos dejarlo pasar así como así.