PORFIRIO MUÑOZ LEDOLa angustia compartida ante el despeñadero nacional y la exigencia pública por la fijación de un rumbo de salvación han estallado en una multitud de propuestas de reforma procedentes de todas las esquinas del espectro político. Se entremezclan proyectos legislativos dispares con las presiones acrecentadas de los poderes fácticos, a contraluz de la insólita pequeñez de las iniciativas del gobierno.
Una revisión de las 186 propuestas de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado en 2010 revela que más de una tercera parte está siendo retomada, de modo tardío y desarticulado. Confirma la inmensa irresponsabilidad de quienes abandonaron la oportunidad de realizar una tarea coherente, tanto como la consistencia de las reflexiones que acompañaron los inicios de la transición.
Aparecen por pedazos en el Congreso proyectos que entonces presentamos. Sus ámbitos privilegiados son hoy: el sistema representativo, la democracia directa, la descentralización política, los derechos humanos, la justicia y la seguridad pública, los recursos naturales, la educación, el medio ambiente, la reforma laboral y el debate sobre los medios de comunicación, que concentra todos los demás porque determina la soberanía efectiva del Estado.
En este torbellino surge el replanteamiento de la política exterior desde sus fundamentos, la redefinición de sus orientaciones y los cauces de su autonomía. El espectáculo de un Ejecutivo ambulante y despistado, que asiste a todo género de cumbres y convites en busca de apoyos para un proyecto suicida de militarización al margen de cualquier control democrático, afrenta a la ciudadanía y enciende la imaginación de los legisladores.
A ello contribuye la intensa reinmersión del Congreso en la diplomacia parlamentaria: la revisión de agendas, prácticas y objetivos de sus encuentros internacionales, así como su talante de innovación e independencia. Baste citar que en la Cámara de Diputados se han formado 84 grupos de amistad con otros países —previstos por la ley— que involucran ya a 437 legisladores en actividades políticas con el exterior.
No es casual que la primera ley sustantiva aprobada por esta Legislatura sea la de cooperación internacional para el desarrollo. Proveniente del Senado provee un marco de certidumbre jurídica tanto como capacidades de promoción, evaluación y coordinación para que las acciones en este campo tengan el mayor provecho para el país. Reglamenta un principio constitucional de política exterior y obedece a uno de los tres objetivos centrales de Naciones Unidas.
Articula los Poderes de la Unión, dependencias y agencias federales, los estados, municipios, universidades, centros de investigación, organismos culturales y sectores sociales y privados en la planeación y ejecución de esos esfuerzos. Un avance del Consejo Nacional de Política Exterior, propuesto hace tiempo para evitar la dispersión y frecuente contradicción de los actores nacionales en su acción exterior, que se multiplican por efecto de la mundialización.
Proponemos la inclusión de un apartado en la Constitución que defina la política exterior del Estado mexicano, complemente sus principios y no los atribuya exclusivamente al Ejecutivo —como lo hace en el artículo 89— sino a la totalidad de los agentes legalmente involucrados. Debiera armonizarlos también con otras disposiciones de orden público que han de reflejarse en el exterior y hacerlos compatibles con la “defensa de los intereses nacionales” enunciados por la ley, que serían determinados y revisados mediante procedimientos consensuales.
Proponemos precisar el carácter extraterritorial de la nación mexicana y sus consecuencias legales, establecer los parámetros constitucionales de los procesos de integración, involucrar al Congreso en la negociación y ratificación de tratados, prever su conversión en derecho interno, regular la cooperación fronteriza y la protección de los mexicanos en el exterior, garantizar su participación universal en los comicios y su derecho ser elegidos para cargos representativos y estipular nuestra pertenencia a la Comunidad latinoamericana de naciones. Abolir en fin el reino de lo arbitrario e ingresar al universo de la racionalidad democrática.
Una revisión de las 186 propuestas de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado en 2010 revela que más de una tercera parte está siendo retomada, de modo tardío y desarticulado. Confirma la inmensa irresponsabilidad de quienes abandonaron la oportunidad de realizar una tarea coherente, tanto como la consistencia de las reflexiones que acompañaron los inicios de la transición.
Aparecen por pedazos en el Congreso proyectos que entonces presentamos. Sus ámbitos privilegiados son hoy: el sistema representativo, la democracia directa, la descentralización política, los derechos humanos, la justicia y la seguridad pública, los recursos naturales, la educación, el medio ambiente, la reforma laboral y el debate sobre los medios de comunicación, que concentra todos los demás porque determina la soberanía efectiva del Estado.
En este torbellino surge el replanteamiento de la política exterior desde sus fundamentos, la redefinición de sus orientaciones y los cauces de su autonomía. El espectáculo de un Ejecutivo ambulante y despistado, que asiste a todo género de cumbres y convites en busca de apoyos para un proyecto suicida de militarización al margen de cualquier control democrático, afrenta a la ciudadanía y enciende la imaginación de los legisladores.
A ello contribuye la intensa reinmersión del Congreso en la diplomacia parlamentaria: la revisión de agendas, prácticas y objetivos de sus encuentros internacionales, así como su talante de innovación e independencia. Baste citar que en la Cámara de Diputados se han formado 84 grupos de amistad con otros países —previstos por la ley— que involucran ya a 437 legisladores en actividades políticas con el exterior.
No es casual que la primera ley sustantiva aprobada por esta Legislatura sea la de cooperación internacional para el desarrollo. Proveniente del Senado provee un marco de certidumbre jurídica tanto como capacidades de promoción, evaluación y coordinación para que las acciones en este campo tengan el mayor provecho para el país. Reglamenta un principio constitucional de política exterior y obedece a uno de los tres objetivos centrales de Naciones Unidas.
Articula los Poderes de la Unión, dependencias y agencias federales, los estados, municipios, universidades, centros de investigación, organismos culturales y sectores sociales y privados en la planeación y ejecución de esos esfuerzos. Un avance del Consejo Nacional de Política Exterior, propuesto hace tiempo para evitar la dispersión y frecuente contradicción de los actores nacionales en su acción exterior, que se multiplican por efecto de la mundialización.
Proponemos la inclusión de un apartado en la Constitución que defina la política exterior del Estado mexicano, complemente sus principios y no los atribuya exclusivamente al Ejecutivo —como lo hace en el artículo 89— sino a la totalidad de los agentes legalmente involucrados. Debiera armonizarlos también con otras disposiciones de orden público que han de reflejarse en el exterior y hacerlos compatibles con la “defensa de los intereses nacionales” enunciados por la ley, que serían determinados y revisados mediante procedimientos consensuales.
Proponemos precisar el carácter extraterritorial de la nación mexicana y sus consecuencias legales, establecer los parámetros constitucionales de los procesos de integración, involucrar al Congreso en la negociación y ratificación de tratados, prever su conversión en derecho interno, regular la cooperación fronteriza y la protección de los mexicanos en el exterior, garantizar su participación universal en los comicios y su derecho ser elegidos para cargos representativos y estipular nuestra pertenencia a la Comunidad latinoamericana de naciones. Abolir en fin el reino de lo arbitrario e ingresar al universo de la racionalidad democrática.
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