JAVIER CORRAL JURADOEl procesamiento para la legislación de medios electrónicos ha estado atrapado en una dinámica de rentabilidad político-electoral. Cuando se han sofocado los esfuerzos de legislar el tema se han dado bajo una toma y daca de carácter electoral, acompañado de una buena dosis de temor, en algunos de sus protagonistas. El tema de la legislación de los medios ha estado entre la oferta de la zanahoria, o la amenaza del garrote. Por eso hay quienes plantean que este tipo de reformas deben plantearse en el tiempo inaugural de cualquier legislatura y preferentemente al inicio del sexenio.
El problema es que México no descansa electoralmente y casi todos los años tenemos contienda política. Esa dinámica ha paralizado la actualización de las leyes en materia de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión. Por esa vía la propia clase política ha sufrido un deterioro general, y el chantaje resulta cada vez más costoso para la nación, pues el acrecentamiento de los monopolios ha derivado en tarifas caras, servicios de mala calidad y un permanente ejercicio de expoliación al sistema de partidos de parte de las principales empresas de radiodifusión.
Quienes participan en esos distintos momentos, han ganado en el plazo inmediato favores de cobertura mediática. Ganan, pero poco, porque sobre todo el duopolio de la televisión no tiene lealtades absolutas. No pueden cumplir más allá de un sexenio porque su modus operandi reside en que su reciclamiento de lealtades, depende del Presidente en turno, y en función de la nueva lealtad incrementarán sus privilegios. Pero el país pierde, y mucho, cada que se desvanecen los esfuerzos legislativos en la materia. Pierde el Estado en el mediano y largo plazos.
Desde hace muchos años he tratado de convencer y persuadir a mis colegas legisladores que debemos de salirnos de la dinámica de chantaje e intimidación en la que se ha colocado la relación de la política con los medios. En esa interacción permanente que me ha llevado a tener una interlocución en los más altos niveles de la política, detecto transversal a los partidos la misma preocupación, las mismas quejas por los excesos y abusos que, según la entidad federativa, le duelen lo mismo al PAN, que al PRI, que al PRD. Puedo asegurar que no es falta de conocimiento o ignorancia supina entre los actores políticos, encontrar las soluciones para devolverle al Estado su rectoría en la materia, simplemente es negligencia política que se convierte en indolencia ética.
El chantaje de la zanahoria o el garrote en la relación medios-Estado, ha envenenado la vida social. Al interior de los partidos también se han generado hondas fracturas por la indefinición y la vacilación con que se actúa frente a la necesaria legislación. Se desatan juegos internos para ver cómo aprovechan unos el tema y congraciarse y pactar favores, y cómo dejan a otros la responsabilidad de salir al paso de los linchamientos, los vetos y los boicots televisivos.
Hoy de nueva cuenta, se discute en el Senado de la República un proyecto de legislación integral, moderna, procompetitiva y proconvergente, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que vendría a resolver una de las aspiraciones sociales más debatidas en las últimas décadas, y que sin quitarle nada a nadie, sí le abriría la puerta a nuevas opciones comunicacionales y nuevos jugadores en telecomunicaciones, e incluso mejoraría entre ellos las actuales condiciones de competencia.
Sin razones para oponerse a la entrada de nuevos competidores, revive Televisa en un desplegado firmado por la CIRT, la anticuada estrategia: el fantoche del atentado a la libertad de expresión, sin aportar un solo argumento, dato o artículo del anteproyecto que localice el intento de censura. Piden tiempo y exigen discusión, están dispuestos al debate que siempre han rechazado, lo quieren de cara a la nación, y se duelen de las leyes al vapor. Casualmente todas las características de la Ley Televisa, que hicieron votar de manera unánime a una de las cámaras del Congreso. Nuevamente se asoman las zanahorias y los garrotes. Antes, esta conducta la realizaba el Estado bajo el régimen de partido único, hoy la realizan un par de televisoras sobre el conjunto de las instituciones del Estado.
El problema es que México no descansa electoralmente y casi todos los años tenemos contienda política. Esa dinámica ha paralizado la actualización de las leyes en materia de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión. Por esa vía la propia clase política ha sufrido un deterioro general, y el chantaje resulta cada vez más costoso para la nación, pues el acrecentamiento de los monopolios ha derivado en tarifas caras, servicios de mala calidad y un permanente ejercicio de expoliación al sistema de partidos de parte de las principales empresas de radiodifusión.
Quienes participan en esos distintos momentos, han ganado en el plazo inmediato favores de cobertura mediática. Ganan, pero poco, porque sobre todo el duopolio de la televisión no tiene lealtades absolutas. No pueden cumplir más allá de un sexenio porque su modus operandi reside en que su reciclamiento de lealtades, depende del Presidente en turno, y en función de la nueva lealtad incrementarán sus privilegios. Pero el país pierde, y mucho, cada que se desvanecen los esfuerzos legislativos en la materia. Pierde el Estado en el mediano y largo plazos.
Desde hace muchos años he tratado de convencer y persuadir a mis colegas legisladores que debemos de salirnos de la dinámica de chantaje e intimidación en la que se ha colocado la relación de la política con los medios. En esa interacción permanente que me ha llevado a tener una interlocución en los más altos niveles de la política, detecto transversal a los partidos la misma preocupación, las mismas quejas por los excesos y abusos que, según la entidad federativa, le duelen lo mismo al PAN, que al PRI, que al PRD. Puedo asegurar que no es falta de conocimiento o ignorancia supina entre los actores políticos, encontrar las soluciones para devolverle al Estado su rectoría en la materia, simplemente es negligencia política que se convierte en indolencia ética.
El chantaje de la zanahoria o el garrote en la relación medios-Estado, ha envenenado la vida social. Al interior de los partidos también se han generado hondas fracturas por la indefinición y la vacilación con que se actúa frente a la necesaria legislación. Se desatan juegos internos para ver cómo aprovechan unos el tema y congraciarse y pactar favores, y cómo dejan a otros la responsabilidad de salir al paso de los linchamientos, los vetos y los boicots televisivos.
Hoy de nueva cuenta, se discute en el Senado de la República un proyecto de legislación integral, moderna, procompetitiva y proconvergente, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que vendría a resolver una de las aspiraciones sociales más debatidas en las últimas décadas, y que sin quitarle nada a nadie, sí le abriría la puerta a nuevas opciones comunicacionales y nuevos jugadores en telecomunicaciones, e incluso mejoraría entre ellos las actuales condiciones de competencia.
Sin razones para oponerse a la entrada de nuevos competidores, revive Televisa en un desplegado firmado por la CIRT, la anticuada estrategia: el fantoche del atentado a la libertad de expresión, sin aportar un solo argumento, dato o artículo del anteproyecto que localice el intento de censura. Piden tiempo y exigen discusión, están dispuestos al debate que siempre han rechazado, lo quieren de cara a la nación, y se duelen de las leyes al vapor. Casualmente todas las características de la Ley Televisa, que hicieron votar de manera unánime a una de las cámaras del Congreso. Nuevamente se asoman las zanahorias y los garrotes. Antes, esta conducta la realizaba el Estado bajo el régimen de partido único, hoy la realizan un par de televisoras sobre el conjunto de las instituciones del Estado.
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