SANTIAGO CREEL MIRANDAEl Senado de la República aprobó por unanimidad, el jueves pasado, una reforma que modifica varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.
La reforma parte de la premisa de que no hay materia más importante en una democracia moderna, que los derechos humanos. Abarca su reconocimiento, protección y promoción por parte del Estado mexicano, tanto en la política interna como en la política exterior. Se reconocen como derechos inherentes a la persona, por el simple hecho de serlo y, en consecuencia, el Estado no los podrá suspender o revocar. En esto radica su trascendencia.
Mediante estas adiciones, se protege a toda persona sin distinguir su condición social, jurídica o política. Incluye todos aquellos derechos que hoy están contenidos en nuestra Constitución, independientemente de donde se ubiquen —sean como garantías individuales, como garantías sociales, o en cualquier otro título o capítulo— y se extiende también a los comprendidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Con la reforma, estos derechos gozarán con plena protección jurisdiccional, puesto que los tribunales estarán obligados a resolver conforme a este nuevo arreglo constitucional. Así, por ejemplo, ante violaciones por derechos políticos, laborales, de ecología y medio ambiente, cualquier persona en territorio mexicano contará con medios de defensa para hacerlos exigibles.
Actualmente, por increíble que parezca, los tribunales federales se han declarado, invariablemente, incompetentes para resolver las controversias suscitadas por violaciones a los derechos humanos, contenidos en tratados internacionales.
También, la reforma prevé que bajo ninguna circunstancia podrán suspenderse o restringirse el ejercicio de los derechos, tales como el derecho a la vida, a la no discriminación, a la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la libertad de conciencia o la libertad de religión, entre otros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la facultad para investigar hechos que constituyan graves violaciones a las garantías individuales. Cuando se han suscitado este tipo de violaciones, inclusive comprobadas por la Corte, sencillamente no ha habido manera de fincar responsabilidad. Esto, sin duda, aparte de generar una enorme injusticia, provoca una gran frustración social y debilita institucionalmente al máximo tribunal del país.
Con lo que aprobó el Senado, esta facultad pasa a la CNDH que, además de investigar, podrá presentar las denuncias que permitan llegar hasta las últimas consecuencias en cada caso, es decir, al fincamiento de responsabilidades concretas, a la aplicación de sanciones y algo muy importante: también deberá reparar el daño a las víctimas.
Asimismo, establece que las autoridades que rechacen las recomendaciones de la CNDH deberán fundar, motivar y publicar las razones de su decisión y, además, podrán ser citadas a comparecer ante el Senado de la República para dar cuenta de su negativa.
Igualmente, se aprobó que se unifiquen los criterios para que las comisiones estatales gocen de plena autonomía y sus presidentes sean electos mediante un procedimiento de consulta pública, para evitar que estos organismos queden subordinados a los gobernadores.
Los cambios realizados no solamente incluyen cuestiones de política interior. También obligan al Estado mexicano para que los derechos humanos sean el referente obligado de la política exterior, independientemente de las relaciones políticas o comerciales que pueda mantener con países que no garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.
La reforma es tan amplia, que incluye modificaciones al artículo tercero constitucional, a fin de que en todo el sistema educativo nacional se promueva una cultura de los derechos humanos, para que desde la infancia se inculquen los valores del respeto a los derechos.
Pocas veces hemos estado ante una reforma constitucional de esta magnitud, que ha sido precedida de un amplio debate, rico en su pluralidad, profundo en su reflexión y eficaz en sus resultados. Una reforma que pone a México en el camino de convertirse en una democracia moderna.
Con esta reforma los senadores del Partido Acción Nacional regresamos a nuestros orígenes, defendemos nuestros principios y hacemos avanzar el ideario político, fundado en una visión humanista, cuyo eje fundamental es el respeto a la dignidad de la persona.
La reforma parte de la premisa de que no hay materia más importante en una democracia moderna, que los derechos humanos. Abarca su reconocimiento, protección y promoción por parte del Estado mexicano, tanto en la política interna como en la política exterior. Se reconocen como derechos inherentes a la persona, por el simple hecho de serlo y, en consecuencia, el Estado no los podrá suspender o revocar. En esto radica su trascendencia.
Mediante estas adiciones, se protege a toda persona sin distinguir su condición social, jurídica o política. Incluye todos aquellos derechos que hoy están contenidos en nuestra Constitución, independientemente de donde se ubiquen —sean como garantías individuales, como garantías sociales, o en cualquier otro título o capítulo— y se extiende también a los comprendidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Con la reforma, estos derechos gozarán con plena protección jurisdiccional, puesto que los tribunales estarán obligados a resolver conforme a este nuevo arreglo constitucional. Así, por ejemplo, ante violaciones por derechos políticos, laborales, de ecología y medio ambiente, cualquier persona en territorio mexicano contará con medios de defensa para hacerlos exigibles.
Actualmente, por increíble que parezca, los tribunales federales se han declarado, invariablemente, incompetentes para resolver las controversias suscitadas por violaciones a los derechos humanos, contenidos en tratados internacionales.
También, la reforma prevé que bajo ninguna circunstancia podrán suspenderse o restringirse el ejercicio de los derechos, tales como el derecho a la vida, a la no discriminación, a la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la libertad de conciencia o la libertad de religión, entre otros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la facultad para investigar hechos que constituyan graves violaciones a las garantías individuales. Cuando se han suscitado este tipo de violaciones, inclusive comprobadas por la Corte, sencillamente no ha habido manera de fincar responsabilidad. Esto, sin duda, aparte de generar una enorme injusticia, provoca una gran frustración social y debilita institucionalmente al máximo tribunal del país.
Con lo que aprobó el Senado, esta facultad pasa a la CNDH que, además de investigar, podrá presentar las denuncias que permitan llegar hasta las últimas consecuencias en cada caso, es decir, al fincamiento de responsabilidades concretas, a la aplicación de sanciones y algo muy importante: también deberá reparar el daño a las víctimas.
Asimismo, establece que las autoridades que rechacen las recomendaciones de la CNDH deberán fundar, motivar y publicar las razones de su decisión y, además, podrán ser citadas a comparecer ante el Senado de la República para dar cuenta de su negativa.
Igualmente, se aprobó que se unifiquen los criterios para que las comisiones estatales gocen de plena autonomía y sus presidentes sean electos mediante un procedimiento de consulta pública, para evitar que estos organismos queden subordinados a los gobernadores.
Los cambios realizados no solamente incluyen cuestiones de política interior. También obligan al Estado mexicano para que los derechos humanos sean el referente obligado de la política exterior, independientemente de las relaciones políticas o comerciales que pueda mantener con países que no garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.
La reforma es tan amplia, que incluye modificaciones al artículo tercero constitucional, a fin de que en todo el sistema educativo nacional se promueva una cultura de los derechos humanos, para que desde la infancia se inculquen los valores del respeto a los derechos.
Pocas veces hemos estado ante una reforma constitucional de esta magnitud, que ha sido precedida de un amplio debate, rico en su pluralidad, profundo en su reflexión y eficaz en sus resultados. Una reforma que pone a México en el camino de convertirse en una democracia moderna.
Con esta reforma los senadores del Partido Acción Nacional regresamos a nuestros orígenes, defendemos nuestros principios y hacemos avanzar el ideario político, fundado en una visión humanista, cuyo eje fundamental es el respeto a la dignidad de la persona.
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