HACIA UNA IDENTIDAD CONFIABLE Y SEGURA

RODRIGO MORALES MANZANARES

Las inconsistencias del Renaut, junto con las recientemente documentadas posibilidades de comercialización ilegal de todo tipo de bases de datos, subrayan la urgencia de emprender un debate integral en torno a la clase de registros que debemos tener. La conveniencia de contar con un registro confiable de personas está fuera de duda. Son evidentes los beneficios que habría en términos de un mejor diseño de las políticas públicas, si tuviéramos un sistema registral que nos reportara con oportunidad y solvencia cuántos somos y dónde estamos los mexicanos. Acaso no es tan evidente o tangible la conveniencia que para el ciudadano sería poseer una identidad segura e intransferible.
En ese sentido, insisto, parece urgente enderezar un debate en torno a cuáles debieran ser los nuevos contornos jurídicos e institucionales de un registro que garantice el derecho a la identidad. Legislativamente hay que hacerse cargo de un marco que precise los alcances y las garantías de los datos personales que el ciudadano aporta a las instituciones. Escándalos como el de la venta de múltiples bases de datos son inadmisibles y reiteran la necesidad de tener una regulación adecuada. Más allá de que se puedan fincar responsabilidades a los servidores públicos que incurrieron en actos ilícitos, es necesaria una revisión integral del marco legal en que se actúa, así como de la operatividad de los sistemas de seguridad de las muchas bases de datos que hoy se pueden adquirir en el mercado negro. Tampoco debiera estar a debate la actualización o confiabilidad de las bases disponibles; lo inaceptable es la existencia misma de las fugas de información. Algo tenemos que hacer.
Pero una vez garantizada en la norma la inviolabilidad de los datos personales que cada uno de nosotros aporta cotidianamente en diversos momentos, parece necesario reflexionar sobre qué tipo de institución debería encargarse de velar por la integralidad y la confiabilidad del registro de datos personales. Nuestra historia institucional parece señalarnos que las agencias que dependen directamente del Poder Ejecutivo no gozan de la misma confianza que aquellas instituciones que disfrutan de algún grado de autonomía. Por ejemplo, para dotar de mayor credibilidad a las mediciones que sobre el desarrollo de la economía se realizan, el Legislativo impulsó la autonomía del INEGI (2006); con el fin de legitimar las evaluaciones de las políticas sociales, se avanzó con la creación del Coneval (2004); en fin, parece que la fórmula de generar espacios institucionales con algún grado de autonomía en su integración y funcionamiento es una buena manera para garantizar credibilidad también en sus resultados.
En el tema registral, sin embargo, parecemos empeñados en recorrer el camino inverso. Ya se ha escrito que la pretensión de crear una cédula de identidad ciudadana independiente del padrón electoral repercutirá en un detrimento en la calidad del instrumento para los comicios, sin garantías a la vista de que la nueva cédula contará con mecanismos de verificación y actualización que la hagan confiable.
Son evidentes los riesgos de seguir operando los diversos registros mediante una regulación que ha dejado de incorporar las necesarias garantías de protección de los datos personales.
Ojalá tomemos las lecciones pertinentes para aprender cómo no se deben hacer las cosas y pronto pasemos al debate de cómo recomponer la ruta para llegar al deseado registro que nos garantice nuestro acceso al derecho a la identidad, al tiempo que nos proteja de cualquier abuso.