EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA…le espetó el agente federal cuando la detuvo y agregó colérico “nunca antes se han atrevido a contradecirme… y menos, que una pinche india como tú me levante la voz”. Ya en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), le dijeron a las tres indígenas detenidas, en tono de amenaza, “no descansaremos hasta verlas en la cárcel… con 50 años de condena, así van a aprender y seguro no lo volverán a hacer ustedes ni ningún otro indio”.
Tanto a Alberta como a Teresa, indígenas otomíes, recluidas en el Centro Preventivo de Ejecución de Sanciones Penales Femenil en San José el Alto Querétaro, y condenadas a 21 años de prisión, no les queda duda, es una venganza por haberse atrevido a defender sus derechos, por pedirle a los agentes de la extinta AFI que se identificaran, por exigir que enseñaran un documento oficial que acreditara su labor, toda vez que ni uniforme portaban el día del operativo.
Me entrevisté con ellas, junto con otros profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro, el pasado sábado 24 de abril en el reclusorio, ahí las conocí personalmente. No se sale del asombro al constar su estatura física ¡1.55 y 1.48 metros! Ante lo increíble de la denuncia y luego de la condena judicial cabe abrir la puerta a la más cruda propuesta: si estos hechos fueran ciertos habría que proponer al secretario García Luna la integración de, al menos, tres comandos integrados exclusivamente por mujeres otomíes: sí tres de ellas, sin mostrar fiereza alguna, “secuestraron a seis afis”, ¡lo que no harán 150!
Como ha quedado demostrado en el caso de Jacinta Francisco Marcial y en el propio seguimiento jurídico realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en los casos de Alberta y Teresa las irregularidades, inconsistencias e ilegalidades del proceso son más que evidentes y alarmantes. La pregunta sobre la seriedad y responsabilidad con la que el juez Rodolfo Pedraza desempeñó su función es cada vez más difícil de responder. Igualmente resulta difícil entender la labor del magistrado Eduardo López.
Nadie regresará a estas mujeres los casi cuatro años vividos en reclusión, así como los muchos daños a sus familiares durante todo este tiempo. Lo que sí puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es regresarles a ellas, y de paso a toda la sociedad, algo de confianza y esperanza en las instituciones de justicia de este país.
Este caso no sólo es emblemático por ellas, sino porque puede sentar un poderoso precedente de no repetición para evitar que las mujeres indígenas vivan éstas y otras arbitrariedades. El padre de Alberta sintetizó, en una sola pregunta dirigida al agente que detuvo a su hija lo que muchos nos interrogamos con respecto al Estado mexicano: “¿por qué si te tratamos bien, tú nos tratas así?”
En este caso, también, la SCJN tiene la oportunidad de mandar un poderoso mensaje de que la administración de venganza no puede substituir a la justicia, no, al menos, en un Estado democrático de derecho.
Tanto a Alberta como a Teresa, indígenas otomíes, recluidas en el Centro Preventivo de Ejecución de Sanciones Penales Femenil en San José el Alto Querétaro, y condenadas a 21 años de prisión, no les queda duda, es una venganza por haberse atrevido a defender sus derechos, por pedirle a los agentes de la extinta AFI que se identificaran, por exigir que enseñaran un documento oficial que acreditara su labor, toda vez que ni uniforme portaban el día del operativo.
Me entrevisté con ellas, junto con otros profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro, el pasado sábado 24 de abril en el reclusorio, ahí las conocí personalmente. No se sale del asombro al constar su estatura física ¡1.55 y 1.48 metros! Ante lo increíble de la denuncia y luego de la condena judicial cabe abrir la puerta a la más cruda propuesta: si estos hechos fueran ciertos habría que proponer al secretario García Luna la integración de, al menos, tres comandos integrados exclusivamente por mujeres otomíes: sí tres de ellas, sin mostrar fiereza alguna, “secuestraron a seis afis”, ¡lo que no harán 150!
Como ha quedado demostrado en el caso de Jacinta Francisco Marcial y en el propio seguimiento jurídico realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en los casos de Alberta y Teresa las irregularidades, inconsistencias e ilegalidades del proceso son más que evidentes y alarmantes. La pregunta sobre la seriedad y responsabilidad con la que el juez Rodolfo Pedraza desempeñó su función es cada vez más difícil de responder. Igualmente resulta difícil entender la labor del magistrado Eduardo López.
Nadie regresará a estas mujeres los casi cuatro años vividos en reclusión, así como los muchos daños a sus familiares durante todo este tiempo. Lo que sí puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es regresarles a ellas, y de paso a toda la sociedad, algo de confianza y esperanza en las instituciones de justicia de este país.
Este caso no sólo es emblemático por ellas, sino porque puede sentar un poderoso precedente de no repetición para evitar que las mujeres indígenas vivan éstas y otras arbitrariedades. El padre de Alberta sintetizó, en una sola pregunta dirigida al agente que detuvo a su hija lo que muchos nos interrogamos con respecto al Estado mexicano: “¿por qué si te tratamos bien, tú nos tratas así?”
En este caso, también, la SCJN tiene la oportunidad de mandar un poderoso mensaje de que la administración de venganza no puede substituir a la justicia, no, al menos, en un Estado democrático de derecho.
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