AUTONOMÍA DEL MP

ANA LAURA MAGALONI KERPEL

Hace unos meses estuve la Fiscalía Central de Santiago, en Chile. Mi visita tenía por objeto aprender cómo se administraba en el día a día una agencia que tiene a su cargo la persecución criminal de aproximadamente una cuarta parte de los delitos que se denuncian en Santiago. Entre las cosas que me impresionaron, dada mi experiencia entrevistando MP en México, fue constatar que los fiscales -en su mayoría jóvenes entre los 30 y 35 años- expresaban una enorme convicción y entusiasmo por lo que hacían. Todos ellos sabían que ser Fiscal en Chile es una cuestión prestigiosa. Además, tener un desempeño sobresaliente como Fiscal trae consigo ascensos -dado el servicio civil de carrera- y un amplio reconocimiento profesional en el mundo de la abogacía. Me enteré que los fiscales compiten entre ellos por llevar los asuntos más relevantes y complejos. A propósito de esto, lancé la pregunta de si alguien les podía pedir que dejen de perseguir un asunto por ser delicado en términos políticos. La respuesta fue un tajante no. La autonomía de la Fiscalía -decían- está fuera de toda discusión. De hecho uno de ellos comentó que hacía algunos meses la hija de la ex presidenta Bachelet había chocado en estado de ebriedad y que nadie había llamado para pedirles que le dieran un trato VIP.Mi visita a Chile me sirvió para entender mejor cómo la autonomía del MP está estrechamente vinculada con la calidad del capital humano que tiene la institución, con la mística interna y con la posibilidad de construir la autoridad del MP. Sin duda, esta autonomía es un elemento clave para lograr transformar nuestra precaria procuración de justicia. Las procuradurías no pueden seguir estando al servicio de los intereses políticos de los ejecutivos locales y federal en turno y, a la vez, pretender ser instrumentos eficaces para la persecución de los delitos. La pregunta clave es ¿cómo se construye la autonomía del MP?La iniciativa de reforma política presentada por el PRI propone tres cosas para este fin: 1) que el nombramiento del procurador sea un asunto exclusivo del Senado, quien tendrá que aprobarlo por dos terceras partes de sus miembros; 2) que el cargo de procurador sea de cuatro años con posibilidad de reelegirse por cuatro años más, es decir, que esté desfasado de la elección presidencial y 3) que se cree el Consejo del Ministerio Público, el cual se encargará de la administración, vigilancia, carrera ministerial y disciplina de los miembros de esa institución. Es decir, se propone un órgano equivalente al Consejo de la Judicatura pero para ministerios públicos.No me parece que la propuesta del PRI sea la ruta correcta para construir la autonomía del MP en México. En primer término, es un contrasentido pretender dotar de autonomía política al MP aumentando la politización del nombramiento del procurador. El hecho de que este nombramiento dependa exclusivamente de la composición del Senado hará que los candidatos a ocupar ese puesto tengan que hacer mucha "grilla" para llegar a él, y que aquel procurador que aspire a reelegirse deba tener cuidado con no tocar los intereses de quienes toman esa decisión. Lo que está haciendo la propuesta del PRI es sacar al Ejecutivo de la ecuación y con ello ampliar la agenda de intereses políticos que debe tomar en cuenta quien aspire a ser procurador o quien quiera reelegirse en el cargo.El segundo problema que me inquieta de la propuesta del PRI es que no toma en cuenta el proceso que exige la construcción de autonomía. Hoy, con el estado de nuestra procuración de justicia, eliminar de la ecuación al Ejecutivo puede ser demoledor. Todos sabemos que la Procuraduría requiere una reforma de gran calado y de enorme complejidad. Hay que reinventar la institución de pies a cabeza. Se necesita una nueva administración de casos que permita descongestionar la maquinaria, hay que profesionalizar los servicios periciales, construir prácticamente desde cero la policía de investigación, hacer una profunda depuración de MP y policías judiciales y después establecer un verdadero servicio civil de carrera, hay que generar nuevos métodos de trabajo, atraer a un nuevo perfil de abogados a la institución, hay que mejorar las instalaciones, la atención al público y un largo etcétera. Para llevar a cabo una reforma de este calado se necesita del liderazgo del Ejecutivo, pues es quien tiene la fuerza política y la autoridad para ejecutarla y vencer las resistencias. Un procurador designado por el Senado tiene mucho menos margen de maniobra para poner en marcha la reforma que necesita la PGR. Por ello creo que, de aprobarse la propuesta del PRI, la reforma a la Procuraduría va a ser cada vez menos probable.En el trasfondo de la propuesta del PRI hay un elemento un tanto ingenuo: pensar que la autonomía del MP es una cuestión que depende de la cabeza de la institución y no de la institución misma. Yo creo que el proceso es inverso y el caso chileno me lo dejó más claro: la autonomía presupone una institución que funciona correctamente, que tenga una organización y gestión internas inteligentes y que cuente con el personal adecuado y motivado para desempeñar sus funciones. La cabeza de la institución sólo es una pieza más del conjunto de elementos institucionales que permiten al MP funcionar con autonomía. Seguir postergando la reforma de la PGR y confundir la autonomía del MP con la designación del procurador es tan absurdo como irresponsable.