NUEVA LEY DE MEDIOS

CARMEN ARISTEGUI

Muchos nombres se han sumado, desde la sociedad, para impulsar la aprobación de la iniciativa conocida como Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, principalmente la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y otras organizaciones en un Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios. Se creó, incluso, un sitio con los correos electrónicos de senadores y diputados para que los ciudadanos les envíen mensajes sobre el tema. Se ha desatado, vía twitter y facebook, un intenso y saludable debate sobre el asunto (nuevaleydemedios.amedi.org.mx). La iniciativa se presentó, en ambas Cámaras, el 8 de abril, en respuesta a la que fue aprobada en la Comisión de Radio y Televisión que preside el senador Carlos Sotelo. Reforma publicó que esta última había salido de un programa Word con la huella de la empresa Televisa. Sotelo dio una explicación que convenció a unos pero no a otros. No era difícil que el fantasma de la Ley Televisa apareciera en San Lázaro, máxime cuando hoy opera, desde ahí, incluso una llamada telebancada. Como haya sido, las dos iniciativas colocan de nuevo a la sociedad mexicana frente a un debate en donde van de por medio poderosos intereses por un lado y, por otro, la posibilidad de establecer un marco legal moderno que desate, en serio, la fuerza transformadora de la competencia, la diversidad y la convergencia en un sector dominado por los grandes corporativos que se han instalado en el país como los verdaderos factores de decisión. Es una moneda en el aire. Para algunos -como diría Sabina-, una ingenuidad. Para otros, un momento crucial en donde podría verse una expresión luminosa del Congreso mexicano que podría dar un paso trascendente a favor de una nueva realidad para los medios y las telecomunicaciones, que se tradujera en una real apuesta por la viabilidad democrática. Falta poco para saberlo. Sólo un tramo de días, quizás de horas, para saber a qué altura quiere quedar la actual legislatura.
La historia ya la conocemos: un desplegado barato de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión en donde se intenta -una vez más- espantar con el petate del muerto por supuestos ataques a la libertad de expresión. ¿Quién, por cierto, redacta esos desplegados que contra lo que sí atentan es contra la propia inteligencia de los miembros de esa organización? Desde hace tiempo ha quedado claro que dentro de esa cámara hay intereses diferenciados y que la dominancia de la televisión se ha llevado al baile -en expresiones como ésta- a los radiodifusores. No debería de extrañar que, un día de éstos, se reagruparan para defender cada quien y a su modo sus respectivos intereses. Ya en otras ocasiones, los industriales de la radio han acompañado a los de la televisión, sin obtener nada a cambio pero, compartiendo desgaste y descrédito como en el lamentable capítulo de la Ley Televisa o, incluso, el "decretazo" de Vicente Fox. ¿No es suficiente saber que en aquel sexenio se refrendaron, con premios incluidos, las concesiones de la televisión por 20 años y a la radio se le dejó, nuevamente, en la indefensión? ¿Cuántos desplegados más estarán dispuestos a firmar? El debate de hoy incluye la posibilidad de establecer criterios legales que permitan refrendar el conjunto de concesiones que siguen operando en la radio en un lamentable limbo jurídico y las que están próximas a vencer. Se ha incorporado a la discusión la idea de un transitorio constitucional que, por única ocasión, refrende esas concesiones y, a partir de ello, establecer las nuevas reglas del juego que vayan en consonancia con lo que la Suprema Corte ya determinó.
La iniciativa de ley integral que ha concitado apoyos múltiples refleja, sin duda, las principales definiciones en las que, desde hace años, coinciden los principales especialistas y estudiosos del país. Es una iniciativa casi impecable. Adolece, sin embargo, de una grave falla con tintes de regresión que debe ser replanteada: la desaparición de la actual Cofetel -que por otras razones no estaría mal que así fuera- para dejar en el área de competencia de la SCT y el Ejecutivo la regulación y otorgamiento de concesiones. No plantea, como tanto se había insistido, la creación de un órgano con autonomía constitucional que garantice la eliminación de la discrecionalidad y el uso político de premio y castigo desde la propia autoridad. El garrote y la zanahoria, pues. Por cierto, el senador Beltrones ha detectado esa falla y la critica. Buen tiempo para tomarle la palabra.