MARÍA MARVÁN LABORDE“…los ojos que siempre os contemplaban y la voz que os envolvía. Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo” (Orwell, 1984).
Cuando en 1949 George Orwell escribió su novela 1984 pareció a su público que el autor, además de pesimista, tenía una imaginación desbordada. Su novela dibuja un Estado capaz de invadir a tal grado la privacidad de una persona, que la destruye. Winston, su personaje, queda hecho añicos después de que el “Partido” alcanza hasta el último resquicio de su ser.
Orwell acertó y erró al mismo tiempo. Acertó al descubrir que en el futuro cercano la privacidad estaría amenazada. Erró al imaginar al victimario. Nunca sospechó que el Estado socialista fracasaría y que las amenazas vendrían del Estado liberal asociado con los intereses privados del mercado. Menos pudo imaginar un individuo que voluntariamente expusiera sus aspectos más íntimos a través de redes sociales, dejando a merced de internet sus datos personales.
A partir de la segunda mitad del siglo XX y con mayor énfasis en las tres últimas décadas, el desarrollo tecnológico ha transformado la realidad social y el concepto mismo de vida personal. Las nuevas tecnologías de la información permiten hacer un inimaginable acopio de datos sobre las personas y cruces de estas bases de datos para descubrir desde los patrones de consumo hasta las conductas y formas de vida. La descripción de las preferencias personales llega a ser tan exacta que nos deja prácticamente desnudos frente a los grandes armadores de bases de datos, ya bien sean éstos organismos del Estado, organismos financieros o grandes empresas.
En Europa, a partir de los años 70, empezaron a aprobarse leyes de protección de datos personales. Tanto Alemania como España, después del nazismo y el franquismo, sabían el daño que podría hacer un Estado que todo lo sabe de la vida personal de un individuo. Sabían que una democracia no podía dejar al garete el acopio y uso de los datos personales.
Francia inició en 1976 el llamado Proyecto Safari, cuando a algún burócrata con iniciativa, maravillado por la tecnología, se le ocurrió que el gobierno debería compartir y cruzar todas sus bases de datos para conocer a cabalidad a su gobernado. Un grupo de estudiosos fue encargado de desarrollar esta idea que lejos de realizarse desembocó, paradójicamente, en la ley de datos personales que prohibía expresamente hacer lo que el burócrata había propuesto. Legistas y sociólogos aseveraron que hacer esto significaba romper con la libertad misma del individuo, fundamento de cualquier democracia.
La necesidad de proteger al individuo de los abusos del mercado y del gobierno obliga a que éste sea un espacio regulado por leyes que busquen asegurar a cualquier persona que se haga buen uso de sus datos personales y permitan al individuo tener un cierto control sobre éstos.
Actualmente avanza en el Congreso de la Unión la Ley de Protección de Datos Personales en manos de privados. Es necesario recordar que las leyes de transparencia se han hecho cargo de proteger los datos personales en manos de los gobiernos.
A lo largo de los años, los proyectos han variado. Algunos fueron extremadamente restrictivos y conservadores; otros, tan liberales que en realidad poco o nada protegían. No han faltado voces que presionen por la autorregulación y que consideren que cualquier legislación al respecto acabará con espacios de oportunidad para el crecimiento económico. Después del quiebre financiero mundial del mercado hipotecario en el 2008 hemos de reconocer que los abogados de la autorregulación se han quedado con pocos argumentos convincentes sobre la ética del mercado que siempre acaba subyugada por la avaricia del mercader.
El actual proyecto busca el equilibrio entre la necesaria y sana organización de bases datos, así como la circulación de los mismos, con el respeto a la persona, de tal manera que su privacidad, consagrada en el artículo 16 de la Constitución como una garantía individual, pueda ser respetada. Proteger al individuo y asegurarle espacios de privacidad no es una aspiración inalcanzable. Las buenas leyes de protección de datos personales logran, como en Canadá, regular la circulación de los datos de tal manera que se asegure, al mismo tiempo, el crecimiento económico y el respeto a las libertades de los individuos que forman una sociedad global y local.
Cuando en 1949 George Orwell escribió su novela 1984 pareció a su público que el autor, además de pesimista, tenía una imaginación desbordada. Su novela dibuja un Estado capaz de invadir a tal grado la privacidad de una persona, que la destruye. Winston, su personaje, queda hecho añicos después de que el “Partido” alcanza hasta el último resquicio de su ser.
Orwell acertó y erró al mismo tiempo. Acertó al descubrir que en el futuro cercano la privacidad estaría amenazada. Erró al imaginar al victimario. Nunca sospechó que el Estado socialista fracasaría y que las amenazas vendrían del Estado liberal asociado con los intereses privados del mercado. Menos pudo imaginar un individuo que voluntariamente expusiera sus aspectos más íntimos a través de redes sociales, dejando a merced de internet sus datos personales.
A partir de la segunda mitad del siglo XX y con mayor énfasis en las tres últimas décadas, el desarrollo tecnológico ha transformado la realidad social y el concepto mismo de vida personal. Las nuevas tecnologías de la información permiten hacer un inimaginable acopio de datos sobre las personas y cruces de estas bases de datos para descubrir desde los patrones de consumo hasta las conductas y formas de vida. La descripción de las preferencias personales llega a ser tan exacta que nos deja prácticamente desnudos frente a los grandes armadores de bases de datos, ya bien sean éstos organismos del Estado, organismos financieros o grandes empresas.
En Europa, a partir de los años 70, empezaron a aprobarse leyes de protección de datos personales. Tanto Alemania como España, después del nazismo y el franquismo, sabían el daño que podría hacer un Estado que todo lo sabe de la vida personal de un individuo. Sabían que una democracia no podía dejar al garete el acopio y uso de los datos personales.
Francia inició en 1976 el llamado Proyecto Safari, cuando a algún burócrata con iniciativa, maravillado por la tecnología, se le ocurrió que el gobierno debería compartir y cruzar todas sus bases de datos para conocer a cabalidad a su gobernado. Un grupo de estudiosos fue encargado de desarrollar esta idea que lejos de realizarse desembocó, paradójicamente, en la ley de datos personales que prohibía expresamente hacer lo que el burócrata había propuesto. Legistas y sociólogos aseveraron que hacer esto significaba romper con la libertad misma del individuo, fundamento de cualquier democracia.
La necesidad de proteger al individuo de los abusos del mercado y del gobierno obliga a que éste sea un espacio regulado por leyes que busquen asegurar a cualquier persona que se haga buen uso de sus datos personales y permitan al individuo tener un cierto control sobre éstos.
Actualmente avanza en el Congreso de la Unión la Ley de Protección de Datos Personales en manos de privados. Es necesario recordar que las leyes de transparencia se han hecho cargo de proteger los datos personales en manos de los gobiernos.
A lo largo de los años, los proyectos han variado. Algunos fueron extremadamente restrictivos y conservadores; otros, tan liberales que en realidad poco o nada protegían. No han faltado voces que presionen por la autorregulación y que consideren que cualquier legislación al respecto acabará con espacios de oportunidad para el crecimiento económico. Después del quiebre financiero mundial del mercado hipotecario en el 2008 hemos de reconocer que los abogados de la autorregulación se han quedado con pocos argumentos convincentes sobre la ética del mercado que siempre acaba subyugada por la avaricia del mercader.
El actual proyecto busca el equilibrio entre la necesaria y sana organización de bases datos, así como la circulación de los mismos, con el respeto a la persona, de tal manera que su privacidad, consagrada en el artículo 16 de la Constitución como una garantía individual, pueda ser respetada. Proteger al individuo y asegurarle espacios de privacidad no es una aspiración inalcanzable. Las buenas leyes de protección de datos personales logran, como en Canadá, regular la circulación de los datos de tal manera que se asegure, al mismo tiempo, el crecimiento económico y el respeto a las libertades de los individuos que forman una sociedad global y local.
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