ERNESTO VILLANUEVA VILLANUEVAProfesores, estudiantes de comunicación y la comunidad periodística no son ajenos a la Fundación Manuel Buendía (FMB), creada en 1984 con el concurso de Dolores Ávalos viuda de Buendía, Francisco Martínez de la Vega, Miguel Ángel Sánchez de Armas, Miguel Ángel Granados Chapa, Alejandro Gómez Arias, Alfonso Zárate Flores y José Luis Becerra López. Uno de sus aportes más significativos ha sido la ya clásica Revista Mexicana de Comunicación, nacida en 1988 con la intención de vincular la teoría con la práctica del ejercicio periodístico, dirigida en sus inicios por Sánchez de Armas y a partir de 1992 por Omar Raúl Martínez. Hoy, sin embargo, la Fundación corre el riesgo de cerrar sus puertas. Es una víctima más del ejercicio discrecional del erario y de la ausencia de normas jurídicas que regulen con criterios puntuales cómo debe gastarse el dinero público en los medios. Se trata, por supuesto, de una práctica recurrente en el país desde el siglo pasado. Ahora, empero, con el gobierno de Felipe Calderón, las expresiones de la ausencia de juicio han llegado a extremos lamentables. Veamos por qué.
Primero. He señalado (Proceso 1627) que el marco legal en materia de publicidad y donaciones, tanto en el ámbito federal como local, es genérico y otorga posibilidades para que el presupuesto público se ejerza de acuerdo a la buena o mala voluntad de la autoridad, a pesar de las tibias referencias que año con año incluye el Presupuesto de Egresos de la Federación desde el 2000. En un país con una grave adicción a la corrupción y a la simulación como México, cualquier rendija legal es aprovechada, salvo excepciones, para privilegiar todo tipo de intereses, menos el interés de la sociedad. En efecto, es común la disposición de recursos públicos para el pago de entrevistas, notas informativas, elaboración de discursos, etcétera, que generan incentivos para que la ética periodística sea más testimonial que efectiva y desnaturalizan las reglas mínimas de la democracia sobre cómo y para qué debe utilizarse el dinero de los gobernados. (Ver mi libro Publicidad oficial: transparencia y equidad, IIJ UNAM, 2010.) De la misma manera, se han documentado aquí (Proceso 1680) ejemplos sobre donativos del gobierno federal destinados a proyectos “patrocinados” por los hombres más ricos de México, donde ellos se llevan los créditos de las buenas obras y el pueblo es el que paga varios millones año con año.
Segundo. ¿Cómo explicar que mientras existen recursos del erario para desinformar a la sociedad con publicidad gubernamental disfrazada de información neutral, así como para financiar la filantropía de la cúpula empresarial, no los hay para proyectos sin fines de lucro, de interés público, como el de la Fundación Manuel Buendía? No existen recursos para una iniciativa que busca crear masas críticas sobre la recepción de medios, que promueve la ética informativa y coadyuva a socializar el conocimiento sobre el valor de la información pública. Ahí están 119 números de la Revista Mexicana de Comunicación, que es referente en las universidades del país, así como más de 100 títulos sobre comunicación, periodismo, ética y libertad de expresión que ha coeditado la FMB con diversos centros universitarios. Es el proyecto más antiguo en su tipo. Y me atrevo a afirmar que ninguna escuela o facultad de comunicación compite con el número de títulos en la materia. Ello da cuenta del tamaño del compromiso de Omar Raúl Martínez, Esperanza y Clara Narváez y su equipo de trabajo, quienes hacen mucho con casi nada.
En días pasados, Omar Raúl y Esperanza hicieron público su diagnóstico de la FMB. En suma, los esfuerzos habituales que han venido desarrollando durante las últimas dos décadas enfrentan hoy el mayor de los obstáculos. Este caso es un testimonio más de la urgente necesidad de transitar de las reglas de la buena voluntad del gobierno, en materia de asignación gubernamental de pautas publicitarias y de todo tipo de recursos del erario a particulares, a un sistema que atienda las mejores prácticas internacionales, que corren por senderos sustancialmente distintos a los nuestros. La iniciativa de ley sobre publicidad oficial presentada por Carlos Sotelo y Valentina Batres es un buen punto de partida que espera ser discutido en el Congreso de la Unión.
Primero. He señalado (Proceso 1627) que el marco legal en materia de publicidad y donaciones, tanto en el ámbito federal como local, es genérico y otorga posibilidades para que el presupuesto público se ejerza de acuerdo a la buena o mala voluntad de la autoridad, a pesar de las tibias referencias que año con año incluye el Presupuesto de Egresos de la Federación desde el 2000. En un país con una grave adicción a la corrupción y a la simulación como México, cualquier rendija legal es aprovechada, salvo excepciones, para privilegiar todo tipo de intereses, menos el interés de la sociedad. En efecto, es común la disposición de recursos públicos para el pago de entrevistas, notas informativas, elaboración de discursos, etcétera, que generan incentivos para que la ética periodística sea más testimonial que efectiva y desnaturalizan las reglas mínimas de la democracia sobre cómo y para qué debe utilizarse el dinero de los gobernados. (Ver mi libro Publicidad oficial: transparencia y equidad, IIJ UNAM, 2010.) De la misma manera, se han documentado aquí (Proceso 1680) ejemplos sobre donativos del gobierno federal destinados a proyectos “patrocinados” por los hombres más ricos de México, donde ellos se llevan los créditos de las buenas obras y el pueblo es el que paga varios millones año con año.
Segundo. ¿Cómo explicar que mientras existen recursos del erario para desinformar a la sociedad con publicidad gubernamental disfrazada de información neutral, así como para financiar la filantropía de la cúpula empresarial, no los hay para proyectos sin fines de lucro, de interés público, como el de la Fundación Manuel Buendía? No existen recursos para una iniciativa que busca crear masas críticas sobre la recepción de medios, que promueve la ética informativa y coadyuva a socializar el conocimiento sobre el valor de la información pública. Ahí están 119 números de la Revista Mexicana de Comunicación, que es referente en las universidades del país, así como más de 100 títulos sobre comunicación, periodismo, ética y libertad de expresión que ha coeditado la FMB con diversos centros universitarios. Es el proyecto más antiguo en su tipo. Y me atrevo a afirmar que ninguna escuela o facultad de comunicación compite con el número de títulos en la materia. Ello da cuenta del tamaño del compromiso de Omar Raúl Martínez, Esperanza y Clara Narváez y su equipo de trabajo, quienes hacen mucho con casi nada.
En días pasados, Omar Raúl y Esperanza hicieron público su diagnóstico de la FMB. En suma, los esfuerzos habituales que han venido desarrollando durante las últimas dos décadas enfrentan hoy el mayor de los obstáculos. Este caso es un testimonio más de la urgente necesidad de transitar de las reglas de la buena voluntad del gobierno, en materia de asignación gubernamental de pautas publicitarias y de todo tipo de recursos del erario a particulares, a un sistema que atienda las mejores prácticas internacionales, que corren por senderos sustancialmente distintos a los nuestros. La iniciativa de ley sobre publicidad oficial presentada por Carlos Sotelo y Valentina Batres es un buen punto de partida que espera ser discutido en el Congreso de la Unión.
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