JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKYEn el año 2007 recibimos dos buenas noticias en relación con el ordenamiento de los medios de comunicación. El 7 de junio, la Suprema Corte declaró inconstitucionales varios artículos de las leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones que habían sido aprobadas por el Congreso el 1o. de diciembre de 2005 (diputados) y el 30 de marzo de 2006 (senadores). La resolución se leyó como un primer eslabón para evitar la concentración en la tenencia de los medios, diseñando un nuevo régimen de concesiones. Ese mismo año, el Congreso realizó una reforma electoral que prohíbe la compra-venta de espacios en radio y televisión a los partidos y candidatos en cualquier tiempo, y a "terceros" en época de elecciones. Se buscaba reforzar la equidad en las condiciones de la contienda y frenar las crecientes transferencias de recursos públicos a las empresas privadas.
Eran dos pasos en una dirección correcta: la forja de una legislación moderna y capaz de establecer la preeminencia de los poderes constitucionales sobre uno de los poderes fácticos más renuentes a ser regulados.
Suscitaron un cierto entusiasmo porque con anterioridad habíamos contemplado dos operaciones legislativas diseñadas sólo para atender los reclamos de los concesionarios y no las necesidades de los públicos. La modificación del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en octubre de 2002 que reducía al 10 por ciento el tiempo del cual dispone el Estado en las estaciones concesionadas a cambio de nada; y las ya citadas reformas a las leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones diseñadas al gusto de los concesionarios.
No obstante, el tiempo ha pasado y lo que parecía una ruta venturosa se encuentra congelada. Las leyes -como quesos gruyere- siguen ahí y el Legislativo no ha querido, no ha sabido o no ha podido cumplir con su misión.
Ahora, más de 30 especialistas coordinados por Javier Esteinou y Alma Rosa Alva de la Selva nos entregan un volumen La "Ley Televisa" y la lucha por el poder en México (UAM, México, 2009, 687 págs.), en donde se reconstruye uno de esos episodios -la aprobación de las reformas a las leyes mencionadas en 2005 y 2006-, sus derivaciones, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 47 senadores, la actuación de la Corte, hasta esbozar un marco regulador alternativo.
No estamos hablando de un asunto menor. El impacto de los medios -sobre todo de la radio y la televisión- es fundamental en la forja de eso que llamamos humores públicos. A través de los medios corren y se modulan las noticias, se asientan conocimientos y prejuicios, se inducen comportamientos, se exaltan determinados valores, y en buena medida la "calidad" de la convivencia depende de la "calidad" de los productos que hacen circular los medios.
He colocado la noción de calidad entre comillas porque resulta evanescente su definición, pero si en materia política -por ejemplo- los medios asumen y reproducen los valores y principios democráticos coadyuvarán a su consolidación, y si por el contrario, no son capaces de asimilarlos, no sólo no podrán colaborar en su expansión, sino que erosionarán las posibilidades de una convivencia asentada en la pluralidad.
Se hace necesaria entonces una reforma capaz de poner en el centro el interés público, que ayude a generar una constelación de medios donde se aclimate la diversidad, se informe con objetividad y se recreen la diversidad de sensibilidades y visiones que conviven en nuestro país. Y para ello retomo el documento que la AMEDI y otras organizaciones, que integran el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios, dieron a conocer el 18 de marzo y donde resumen lo que podría ser una reforma modernizadora y democratizadora de los medios.
Se trataría de entender a los medios como un servicio público que no debe estar concentrado; como un sector estratégico cuyo espectro radioeléctrico debe seguir siendo propiedad de la nación y su explotación normada; en donde las concesiones "deben partir del servicio prestado a las audiencias y la calidad de las emisiones, así como (de) la pluralidad y diversidad existentes en los contenidos"; regulados por un órgano autónomo consagrado constitucionalmente; asegurando que en su carácter de bien público pueda tener una cobertura universal; garantizando dos derechos fundamentales: el de información y el de réplica -única fórmula conocida para cortar la espiral perversa que construye medios impunes y ciudadanos indefensos-; fortaleciendo los medios públicos y comunitarios y fomentando la producción independiente.
Todo ello conviene y conviene a los mismos medios. No obstante, acostumbrados en las últimas fechas a hacer su voluntad, a presionar y condicionar a los propios poderes constitucionales, son incapaces -al parecer- de ver por el conjunto y aferrados a sus intereses más inmediatos, intentan apretar al Legislativo para alcanzar una regulación a modo. Ojalá los legisladores estén a la altura de su misión (no sumisión).
Eran dos pasos en una dirección correcta: la forja de una legislación moderna y capaz de establecer la preeminencia de los poderes constitucionales sobre uno de los poderes fácticos más renuentes a ser regulados.
Suscitaron un cierto entusiasmo porque con anterioridad habíamos contemplado dos operaciones legislativas diseñadas sólo para atender los reclamos de los concesionarios y no las necesidades de los públicos. La modificación del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en octubre de 2002 que reducía al 10 por ciento el tiempo del cual dispone el Estado en las estaciones concesionadas a cambio de nada; y las ya citadas reformas a las leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones diseñadas al gusto de los concesionarios.
No obstante, el tiempo ha pasado y lo que parecía una ruta venturosa se encuentra congelada. Las leyes -como quesos gruyere- siguen ahí y el Legislativo no ha querido, no ha sabido o no ha podido cumplir con su misión.
Ahora, más de 30 especialistas coordinados por Javier Esteinou y Alma Rosa Alva de la Selva nos entregan un volumen La "Ley Televisa" y la lucha por el poder en México (UAM, México, 2009, 687 págs.), en donde se reconstruye uno de esos episodios -la aprobación de las reformas a las leyes mencionadas en 2005 y 2006-, sus derivaciones, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 47 senadores, la actuación de la Corte, hasta esbozar un marco regulador alternativo.
No estamos hablando de un asunto menor. El impacto de los medios -sobre todo de la radio y la televisión- es fundamental en la forja de eso que llamamos humores públicos. A través de los medios corren y se modulan las noticias, se asientan conocimientos y prejuicios, se inducen comportamientos, se exaltan determinados valores, y en buena medida la "calidad" de la convivencia depende de la "calidad" de los productos que hacen circular los medios.
He colocado la noción de calidad entre comillas porque resulta evanescente su definición, pero si en materia política -por ejemplo- los medios asumen y reproducen los valores y principios democráticos coadyuvarán a su consolidación, y si por el contrario, no son capaces de asimilarlos, no sólo no podrán colaborar en su expansión, sino que erosionarán las posibilidades de una convivencia asentada en la pluralidad.
Se hace necesaria entonces una reforma capaz de poner en el centro el interés público, que ayude a generar una constelación de medios donde se aclimate la diversidad, se informe con objetividad y se recreen la diversidad de sensibilidades y visiones que conviven en nuestro país. Y para ello retomo el documento que la AMEDI y otras organizaciones, que integran el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios, dieron a conocer el 18 de marzo y donde resumen lo que podría ser una reforma modernizadora y democratizadora de los medios.
Se trataría de entender a los medios como un servicio público que no debe estar concentrado; como un sector estratégico cuyo espectro radioeléctrico debe seguir siendo propiedad de la nación y su explotación normada; en donde las concesiones "deben partir del servicio prestado a las audiencias y la calidad de las emisiones, así como (de) la pluralidad y diversidad existentes en los contenidos"; regulados por un órgano autónomo consagrado constitucionalmente; asegurando que en su carácter de bien público pueda tener una cobertura universal; garantizando dos derechos fundamentales: el de información y el de réplica -única fórmula conocida para cortar la espiral perversa que construye medios impunes y ciudadanos indefensos-; fortaleciendo los medios públicos y comunitarios y fomentando la producción independiente.
Todo ello conviene y conviene a los mismos medios. No obstante, acostumbrados en las últimas fechas a hacer su voluntad, a presionar y condicionar a los propios poderes constitucionales, son incapaces -al parecer- de ver por el conjunto y aferrados a sus intereses más inmediatos, intentan apretar al Legislativo para alcanzar una regulación a modo. Ojalá los legisladores estén a la altura de su misión (no sumisión).
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