MANLIO FABIO BELTRONESLos resultados legislativos impulsados por el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado ratifican nuestro compromiso con el país. Conforme a nuestra propuesta de reforma política, el Senado aprobó el fortalecimiento de los derechos humanos, al trasladar a la CNDH la facultad de investigación de la SCJN en caso de violación grave de garantías, y al regular constitucionalmente el supuesto del estado de excepción, estableciendo un piso de derechos básicos que no pueden ser suspendidos en ningún caso, como son la identidad, la prohibición de tortura, la desaparición forzada, etc. La exigencia de liberación de Alberta y Teresa, como la firme protesta por la discriminatoria ley SB 1070 del estado de Arizona, subrayan nuestra determinación por la justicia y los derechos humanos.
Fortalecimos las atribuciones del Senado en política exterior al aprobarse la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo para aprovechar mejor las aportaciones que México hace y recibe en esta materia, así como la Minuta de Ley General de Tratados Internacionales que consolida en la práctica la facultad senatorial de ratificar estos instrumentos. Aprobamos también reformas a la Ley de Seguridad Nacional y el paquete conocido como Ley Antisecuestro, objetivos claros de nuestra agenda legislativa. Ello permitirá a las Fuerzas Armadas tener un marco legal apropiado para su actuación en apoyo a las autoridades civiles, en tanto que, respecto del secuestro, establecimos los tipos y penas más severas para este delito, un fondo para apoyo y rehabilitación de las víctimas, precisión de las competencias local y federal y un sistema de coordinación obligatorio.
En materia de transparencia, legislamos la protección de los datos personales así como el acceso a la información, sin excepción, de los fondos y fideicomisos que involucren recursos públicos. Recibimos de la Cámara de Diputados con leves modificaciones nuestra minuta de Ayuda Alimentaria a los Trabajadores, y aprobamos el nuevo Reglamento del Senado, que además de actualizar procedimientos y fortalecer el trabajo en comisiones, establece los mecanismos propios de un moderno régimen de rendición de cuentas a partir del análisis del informe por escrito del Ejecutivo, la pregunta parlamentaria y la comparecencia bajo protesta de decir la verdad.
Ahora, seguiremos trabajando en el receso constitucional en los otros temas de la reforma política con mayores cercanías, inherentes a las cartas ciudadanas (iniciativa popular, candidaturas independientes, referéndum), reconducción presupuestal, sustitución del Presidente en caso de ausencia total y ratificación de integrantes del gabinete presidencial, todos propios de la modernización del sistema presidencial mexicano; en tanto que los puntos relativos a las reglas de convivencia podrán ser revisados por el Ejecutivo Federal y los partidos políticos, para actualizar los principios de integración de las Cámaras, su dimensión y la regla de mayoría, el umbral de registro y la reelección legislativa.
Los asuntos con menor grado de consenso serán objeto de un análisis más profundo, como la propuesta de reformas a la Ley de Competencia Económica, donde estamos por órganos reguladores del Estado más que del gobierno en turno, similar situación que se da con la insólita propuesta del Ejecutivo para fusionar las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, en una nueva Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, cuyo planteamiento más que atender las recomendaciones de la SCJN al respecto, pareciera tornar a una época ya superada del garrote y control de los medios.
Habrá quienes fustiguen al Congreso por evitar legislar al vapor iniciativas incompletas, muchas mal hechas o peor, planteadas al ser enviadas por sus autores de manera inopinada, como queriendo sorprender con una urgencia mal entendida.
Con elecciones a la vista, el enfoque de las coaliciones catch-it-all ha hecho a un lado el análisis de fondo. Sin duda, el respaldo electoral al PRI no es un artificio, sino que proviene de 3 cuestiones apreciadas por los ciudadanos: primero, que es un partido congruente, al lado de las prioridades del país y de las causas de la gente. Segundo, ofrece resultados susceptibles de ser evaluados en términos legislativos y en donde somos gobierno. Tercero, que la gestión pública se mide por la distancia entre lo propuesto y lo hecho al momento del juicio de los electores, esencial premio y castigo en la democracia.
Fortalecimos las atribuciones del Senado en política exterior al aprobarse la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo para aprovechar mejor las aportaciones que México hace y recibe en esta materia, así como la Minuta de Ley General de Tratados Internacionales que consolida en la práctica la facultad senatorial de ratificar estos instrumentos. Aprobamos también reformas a la Ley de Seguridad Nacional y el paquete conocido como Ley Antisecuestro, objetivos claros de nuestra agenda legislativa. Ello permitirá a las Fuerzas Armadas tener un marco legal apropiado para su actuación en apoyo a las autoridades civiles, en tanto que, respecto del secuestro, establecimos los tipos y penas más severas para este delito, un fondo para apoyo y rehabilitación de las víctimas, precisión de las competencias local y federal y un sistema de coordinación obligatorio.
En materia de transparencia, legislamos la protección de los datos personales así como el acceso a la información, sin excepción, de los fondos y fideicomisos que involucren recursos públicos. Recibimos de la Cámara de Diputados con leves modificaciones nuestra minuta de Ayuda Alimentaria a los Trabajadores, y aprobamos el nuevo Reglamento del Senado, que además de actualizar procedimientos y fortalecer el trabajo en comisiones, establece los mecanismos propios de un moderno régimen de rendición de cuentas a partir del análisis del informe por escrito del Ejecutivo, la pregunta parlamentaria y la comparecencia bajo protesta de decir la verdad.
Ahora, seguiremos trabajando en el receso constitucional en los otros temas de la reforma política con mayores cercanías, inherentes a las cartas ciudadanas (iniciativa popular, candidaturas independientes, referéndum), reconducción presupuestal, sustitución del Presidente en caso de ausencia total y ratificación de integrantes del gabinete presidencial, todos propios de la modernización del sistema presidencial mexicano; en tanto que los puntos relativos a las reglas de convivencia podrán ser revisados por el Ejecutivo Federal y los partidos políticos, para actualizar los principios de integración de las Cámaras, su dimensión y la regla de mayoría, el umbral de registro y la reelección legislativa.
Los asuntos con menor grado de consenso serán objeto de un análisis más profundo, como la propuesta de reformas a la Ley de Competencia Económica, donde estamos por órganos reguladores del Estado más que del gobierno en turno, similar situación que se da con la insólita propuesta del Ejecutivo para fusionar las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, en una nueva Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, cuyo planteamiento más que atender las recomendaciones de la SCJN al respecto, pareciera tornar a una época ya superada del garrote y control de los medios.
Habrá quienes fustiguen al Congreso por evitar legislar al vapor iniciativas incompletas, muchas mal hechas o peor, planteadas al ser enviadas por sus autores de manera inopinada, como queriendo sorprender con una urgencia mal entendida.
Con elecciones a la vista, el enfoque de las coaliciones catch-it-all ha hecho a un lado el análisis de fondo. Sin duda, el respaldo electoral al PRI no es un artificio, sino que proviene de 3 cuestiones apreciadas por los ciudadanos: primero, que es un partido congruente, al lado de las prioridades del país y de las causas de la gente. Segundo, ofrece resultados susceptibles de ser evaluados en términos legislativos y en donde somos gobierno. Tercero, que la gestión pública se mide por la distancia entre lo propuesto y lo hecho al momento del juicio de los electores, esencial premio y castigo en la democracia.
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