En su reciente viaje el Presidente Calderón dijo de los delincuentes ante la televisión española: "Nosotros los estamos enfrentando y sacando y repeliendo y arrinconando. Evidentemente eso implica un costo y eso lo hacemos con la ley en la mano, es decir, respetuosos de la ley". Nada más le recuerdo al lector que la ley que se maneja, incluidas las reformas constitucionales de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública, presume la inocencia en los individuos imputados "mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa", pero conserva el arraigo y la prisión preventiva que se aplican antes de dicha sentencia; nada más le recuerdo al lector que en el caso de la extinción de dominio, clarísima especie de la confiscación prohibida por la Constitución, procederá respecto de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito "aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió". O sea, que aquí no se ha declarado la responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez. ¿Por qué entonces no prevalece la presunción de inocencia? No importa que existan aquellos elementos ya que lo imprescindible es que haya sentencia. Aparte de la evidente contradicción yo me pregunto si esta es la ley, a la que por cierto el gobierno le ha dado la mayor importancia, que respeta y tiene el Presidente en la mano. Y me pregunto así mismo si la conoce, porque es posible que no y que sólo tenga una referencia de ella. Y si la conoce qué piensa de ella. ¿Es la ley de la que habla? ¿Con una ley de tal naturaleza se puede y debe enfrentar, sacar, repeler y arrinconar a los delincuentes? Ya sabemos que los criminales no se van a convertir en santos varones por arte de magia. Sin embargo es magia, y de la peor, alquimismo jurídico si vale el término, que el legislador haya caído en esa clase de contradicciones y absurdos, los que al final de cuentas son el instrumento legal, "constitucional", con el que el Presidente de la República hace frente a la delincuencia organizada y al narcotráfico.Ahora bien, yo no entiendo lo de que el gobierno ha arrinconado al crimen. Sí entiendo en cambio que un jefe de Estado y de gobierno no debe comentar en el extranjero y a los cuatro vientos las deficiencias de su país o de su gobierno. No obstante la retórica diplomática ha de tener un límite: el de la coherencia, la franqueza y la honestidad. Lo contrario genera incertidumbre, falta de confianza e incredulidad. Tanto en México como en el extranjero no hay más que leer los periódicos, escuchar la radio, ver la televisión, entrar en internet, para constatar lo que pasa. Vivimos una guerra cotidiana contra la violencia, una guerra que la autoridad va perdiendo. Negarlo es querer tapar el sol con un dedo. Y la va perdiendo por la estrategia equivocada que utiliza, por creer que la ley, incluso la mala, la pésima, es un medio adecuado para vencer. No se discute que sería suicida permitir otro poder de facto aparte del poder del Estado. Lo que se discute es la viabilidad de una política claramente equivocada, habida cuenta de que ese poder de hecho tiene armas de potencia superior a las del Ejército y la Armada. En suma, pregonar lo que no es lleva a males mayores que los que se quieren evitar, disminuye la solidez del discurso oficial, empaña la imagen de México y produce en el pueblo un enorme desencanto. Muchos ciudadanos pedimos más realismo en ese discurso y sobre todo un cambio radical en la estrategia que hasta hoy es un fracaso. En ciertas ocasiones las estadísticas son más elocuentes que las palabras y la realidad se impone siendo imposible silenciarla o vedarla. Por último, el Estado de Derecho pierde consistencia si el Derecho traducido en ley se vuelve un cúmulo de inconsistencias y absurdos legales.
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