Una precondición para un debate racional en cualquier terreno consiste en un uso común, compartido, de los términos empleados en la discusión. Si, por el contrario, los interlocutores usan los conceptos como les venga en gana, interpretando las categorías a su antojo, el diálogo es prácticamente imposible, pues lo que afloran ya no son las opiniones diferentes, cosa normal en una discusión, sino puros malentendidos. La impresión de que el lenguaje no se usa con claridad y que, en el extremo, se afirma una cosa cuando en realidad se está diciendo la otra, me surge al acercarme al paquete económico del gobierno. Veamos.
En el comunicado del 8 de septiembre pasado, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice: “Se mantiene un estímulo contracíclico con objeto de promover la recuperación económica al mismo tiempo que se preserva la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Y, unas líneas después, se afirma: “En el programa para 2011 se propone un déficit presupuestario de 42.2 miles de millones de pesos, equivalente a 0.3% del PIB, sin considerar la inversión de Petróleos Mexicanos. Ello implica que se mantiene un estímulo contracíclico, si bien con una trayectoria descendente consistente con la recuperación observada en la economía y con la necesidad de que el déficit público regrese a un nivel sostenible”.
Lo primero que debe aclararse es qué se entiende por un presupuesto “contracíclico”. Al hablar de ciclos en la economía se hace referencia al momento en que se encuentra la actividad económica general: cuando crece el PIB, se está en la fase alcista del ciclo y cuando decrece el ritmo de generación de riqueza o se contrae la economía se está en la fase descendente del ciclo. Ir en contra del ciclo implica, entonces, ampliar el gasto público, aumentar la demanda para activar o acelerar a la economía durante la fase descendente o, cuando se está en la fase alcista, reducir el gasto para enfriar la economía cuando ésta crece rápidamente y puede incurrir en desequilibrios como, por ejemplo, procesos inflacionarios.
Por tanto, la presencia de un presupuesto contracíclico implica no un dato (la existencia o no de déficit) sino la orientación de la política, la dirección que se le da al comportamiento del gasto para usarlo como herramienta para acelerar o desacelerar la economía. En este sentido, en época de bajo crecimiento o recesión, que se siga una estrategia contracíclica necesariamente implica que se esté ampliando el gasto. Por el contrario, reducir el gasto, en un momento de bajo crecimiento o desaceleración económica significa, simplemente, tener una política procíclica, a favor del ciclo de negocios.
Aclarado lo anterior, ¿qué propone el gobierno? Reducir el gasto (pues el déficit aprobado para 2010 por el Congreso fue de 0.7% del PIB y se quiere bajarlo al 0.3% para 2011), lo que implica, en una situación en que se viene de una caída del 6.5% del PIB el año previo, tener una política procíclica. No hace sentido, pues, decir que se tiene “un estímulo contracíclico con objeto de promover la recuperación económica” cuando lo que se propone, en números —que es donde se esconde el diablo de los detalles en materia económica— es disminuir el gasto, esto es, reducir los estímulos a la actividad desde la política fiscal.
¿Por qué dice Hacienda que propone una política anticíclica si en realidad receta medidas procíclicas? Eso lo deberían aclarar las propias autoridades económicas, pero lo cierto es que en el mejor de los casos se trata de una licencia literaria extralimitada. Insisto, para tener una discusión racional, ordenada, no se le puede dar a la ligera la vuelta a los conceptos para terminarlos usando de manera diametralmente opuesta a lo que significan. Otra posibilidad es que Hacienda considere que la mera existencia de cualquier déficit público —tener más gastos que ingresos— quiere decir que se tiene una política procíclica, pero se trata de un error de compresión fehaciente: lo que importa es si el gasto se amplía o se reduce, no si hay déficit o superávit.
Es más, Hacienda prevé que en 2011 la economía mexicana crezca 3.8%, es decir, menos que en 2010 para el que se tiene una estimación oficial de 4.5%. O sea, Hacienda está diseñando, abierta y explícitamente, una política para desacelerar, para crecer más lento y no para “promover la recuperación económica” como afirma. Además, el gasto que propone el Ejecutivo federal para 2011 es del “2.1% real con respecto a lo aprobado en 2011” de acuerdo a su documento. Más claro ni el agua: la expansión del gasto (2.1%) irá rezagada frente a la previsión del crecimiento (3.8%), lo cual evidencia, otra vez, una política restrictiva, no expansiva, procíclica en vez de anticíclica.
Otro ejemplo de uso ligero o equívoco de términos lo da la afirmación de que con la propuesta del gobierno “se preserva la sostenibilidad de las finanzas públicas”. La propia Secretaría dice que la recaudación tributaria no petrolera será de 10.3% del PIB, lo que quiere decir el más bajo nivel de recaudación de la OCDE y uno de los más bajos de América Latina (andamos en una recaudación similar a la de Haití). ¿Cómo es que ante esa anemia fiscal, ante esa pobre cifra de recaudación, se pueda afirmar que preservaremos una sostenibilidad de las finanzas públicas que, por supuesto, ni tenemos ni hemos tenido?
La máxima autoridad económica en materia fiscal está usando un lenguaje confuso, enviando mensajes contradictorios. No es una actitud seria ni que permita una deliberación democrática, informada y rigurosa de la política económica.
En el comunicado del 8 de septiembre pasado, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice: “Se mantiene un estímulo contracíclico con objeto de promover la recuperación económica al mismo tiempo que se preserva la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Y, unas líneas después, se afirma: “En el programa para 2011 se propone un déficit presupuestario de 42.2 miles de millones de pesos, equivalente a 0.3% del PIB, sin considerar la inversión de Petróleos Mexicanos. Ello implica que se mantiene un estímulo contracíclico, si bien con una trayectoria descendente consistente con la recuperación observada en la economía y con la necesidad de que el déficit público regrese a un nivel sostenible”.
Lo primero que debe aclararse es qué se entiende por un presupuesto “contracíclico”. Al hablar de ciclos en la economía se hace referencia al momento en que se encuentra la actividad económica general: cuando crece el PIB, se está en la fase alcista del ciclo y cuando decrece el ritmo de generación de riqueza o se contrae la economía se está en la fase descendente del ciclo. Ir en contra del ciclo implica, entonces, ampliar el gasto público, aumentar la demanda para activar o acelerar a la economía durante la fase descendente o, cuando se está en la fase alcista, reducir el gasto para enfriar la economía cuando ésta crece rápidamente y puede incurrir en desequilibrios como, por ejemplo, procesos inflacionarios.
Por tanto, la presencia de un presupuesto contracíclico implica no un dato (la existencia o no de déficit) sino la orientación de la política, la dirección que se le da al comportamiento del gasto para usarlo como herramienta para acelerar o desacelerar la economía. En este sentido, en época de bajo crecimiento o recesión, que se siga una estrategia contracíclica necesariamente implica que se esté ampliando el gasto. Por el contrario, reducir el gasto, en un momento de bajo crecimiento o desaceleración económica significa, simplemente, tener una política procíclica, a favor del ciclo de negocios.
Aclarado lo anterior, ¿qué propone el gobierno? Reducir el gasto (pues el déficit aprobado para 2010 por el Congreso fue de 0.7% del PIB y se quiere bajarlo al 0.3% para 2011), lo que implica, en una situación en que se viene de una caída del 6.5% del PIB el año previo, tener una política procíclica. No hace sentido, pues, decir que se tiene “un estímulo contracíclico con objeto de promover la recuperación económica” cuando lo que se propone, en números —que es donde se esconde el diablo de los detalles en materia económica— es disminuir el gasto, esto es, reducir los estímulos a la actividad desde la política fiscal.
¿Por qué dice Hacienda que propone una política anticíclica si en realidad receta medidas procíclicas? Eso lo deberían aclarar las propias autoridades económicas, pero lo cierto es que en el mejor de los casos se trata de una licencia literaria extralimitada. Insisto, para tener una discusión racional, ordenada, no se le puede dar a la ligera la vuelta a los conceptos para terminarlos usando de manera diametralmente opuesta a lo que significan. Otra posibilidad es que Hacienda considere que la mera existencia de cualquier déficit público —tener más gastos que ingresos— quiere decir que se tiene una política procíclica, pero se trata de un error de compresión fehaciente: lo que importa es si el gasto se amplía o se reduce, no si hay déficit o superávit.
Es más, Hacienda prevé que en 2011 la economía mexicana crezca 3.8%, es decir, menos que en 2010 para el que se tiene una estimación oficial de 4.5%. O sea, Hacienda está diseñando, abierta y explícitamente, una política para desacelerar, para crecer más lento y no para “promover la recuperación económica” como afirma. Además, el gasto que propone el Ejecutivo federal para 2011 es del “2.1% real con respecto a lo aprobado en 2011” de acuerdo a su documento. Más claro ni el agua: la expansión del gasto (2.1%) irá rezagada frente a la previsión del crecimiento (3.8%), lo cual evidencia, otra vez, una política restrictiva, no expansiva, procíclica en vez de anticíclica.
Otro ejemplo de uso ligero o equívoco de términos lo da la afirmación de que con la propuesta del gobierno “se preserva la sostenibilidad de las finanzas públicas”. La propia Secretaría dice que la recaudación tributaria no petrolera será de 10.3% del PIB, lo que quiere decir el más bajo nivel de recaudación de la OCDE y uno de los más bajos de América Latina (andamos en una recaudación similar a la de Haití). ¿Cómo es que ante esa anemia fiscal, ante esa pobre cifra de recaudación, se pueda afirmar que preservaremos una sostenibilidad de las finanzas públicas que, por supuesto, ni tenemos ni hemos tenido?
La máxima autoridad económica en materia fiscal está usando un lenguaje confuso, enviando mensajes contradictorios. No es una actitud seria ni que permita una deliberación democrática, informada y rigurosa de la política económica.
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