JOSÉ ANTONIO CABALLERO JUÁREZLa carta del ministro Cossío en la que comunica su decisión de no participar en el proceso de sucesión a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre el hasta ahora inexistente debate sobre el quehacer de esa función. Convine entonces ventilar: ¿cuáles son las responsabilidades que implica asumir dicho cargo?
Una primera mirada revela lo que podría denominarse la “imposible tarea” del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se trata de la larga lista de ocupaciones inherentes al cargo. Tiene la responsabilidad de conducir los debates del pleno. Esta no es una tarea fácil. Implica ordenar la discusión, generar consensos, dar cauce a los disensos y desde luego expresar su posición mediante la emisión del último voto de los 11 posibles. Ello implica que debe estudiar cuidadosamente todos los asuntos que se discuten en el pleno.
Adicionalmente, el presidente es responsable de la administración de la Suprema Corte de Justicia. En dicho tribunal laboran más de dos mil personas, de las cuales la mayor parte realizan tareas que nada tienen que ver con la función jurisdiccional. Urge una revisión profunda de la estructura administrativa de la Corte, que corresponde al ámbito de acción de su presidente. Por si esto fuera poco, una responsabilidad adicional del presidente es encabezar el Consejo de la Judicatura Federal. Ello lo coloca al frente de más de mil jueces y magistrados federales y de un aparato administrativo que supera las cinco mil personas. Aquí también se presentan importantes problemas de gestión. Finalmente, el presidente de la Corte debe encargarse de representar al Poder Judicial Federal.
Pero el presidente de la Corte no sólo se encarga de las labores del día a día. También es responsable de la conducción del Poder Judicial Federal. Ello implica la generación y puesta en marcha de proyectos para resolver los problemas y retos de la institución y para visualizar el futuro de la justicia en nuestro país. El presidente es el líder natural de todo el Poder Judicial Federal y, más ampliamente, de todos los poderes judiciales del país. Entre las tareas que se pueden identificar para los próximos cuatro años destacan las siguientes:
La implementación del nuevo proceso penal acusatorio sigue siendo una incógnita desde el punto de vista federal. Si bien el Poder Judicial Federal ha mostrado interés en iniciar trabajos relacionados con la ejecución de la reforma penal, es necesario reconocer que el tema se encuentra todavía en una fase muy primaria. El siguiente presidente de la Suprema Corte tendrá la grave responsabilidad de preparar y conducir al Poder Judicial Federal para asegurar que el proceso resulte exitoso en todo el país. Ello también implica contribuir a garantizar que los jueces sean independientes y no se sometan a las presiones de las procuradurías.
El gobierno del Poder Judicial Federal es otro tema fundamental para la agenda del nuevo presidente. El rápido crecimiento experimentado por el Poder Judicial a partir de la reforma de 1994 nos tiene que llevar a hacer un alto en el camino para repensar lo que queremos y lo que esperamos de la institución. El aumento en el número de jueces y magistrados y la extensión de los circuitos hasta prácticamente la totalidad de las entidades federativas tiene que llevar a una reflexión sobre el tipo de servicio que desea dar el Poder Judicial. En ese sentido, las preguntas siguen siendo las mismas: ¿quiénes hacen uso de la justicia?, ¿quiénes no? ¿A dónde debe llegar la cobertura judicial? ¿Cuál es la calidad del servicio que presta el Poder Judicial? Por otro lado, el tema de la carrera judicial suscita muchos cuestionamientos. Será un reto dar el paso definitivo para consolidarla.
El futuro del amparo es otra cuestión que no se puede dejar a un lado. Esta institución muestra signos de agotamiento desde hace mucho tiempo. El proceso de reforma se encuentra en marcha. Es necesario contribuir a su conclusión y asegurar el rediseño de una institución fundamental para la tutela de los derechos y las libertades de las personas en México. Esta debe ser una de las tareas centrales del nuevo presidente de la Corte.
Las razones de Cossío atienden a la complejidad e importancia de las labores jurisdiccionales que realiza un ministro y es de celebrarse que decida concentrar se en ellas. En particular, su compromiso con la definición y ampliación de los derechos fundamentales. Sin embargo, su renuncia pone también de relieve la enorme tarea que deberá enfrentar el próximo presidente de la Corte, y la seriedad con la que los ministros deberán tratar dicha elección. Ojalá las y los aspirantes hagan públicos sus proyectos y expresen con claridad tanto los problemas como las alternativas de solución que proponen.
Una primera mirada revela lo que podría denominarse la “imposible tarea” del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se trata de la larga lista de ocupaciones inherentes al cargo. Tiene la responsabilidad de conducir los debates del pleno. Esta no es una tarea fácil. Implica ordenar la discusión, generar consensos, dar cauce a los disensos y desde luego expresar su posición mediante la emisión del último voto de los 11 posibles. Ello implica que debe estudiar cuidadosamente todos los asuntos que se discuten en el pleno.
Adicionalmente, el presidente es responsable de la administración de la Suprema Corte de Justicia. En dicho tribunal laboran más de dos mil personas, de las cuales la mayor parte realizan tareas que nada tienen que ver con la función jurisdiccional. Urge una revisión profunda de la estructura administrativa de la Corte, que corresponde al ámbito de acción de su presidente. Por si esto fuera poco, una responsabilidad adicional del presidente es encabezar el Consejo de la Judicatura Federal. Ello lo coloca al frente de más de mil jueces y magistrados federales y de un aparato administrativo que supera las cinco mil personas. Aquí también se presentan importantes problemas de gestión. Finalmente, el presidente de la Corte debe encargarse de representar al Poder Judicial Federal.
Pero el presidente de la Corte no sólo se encarga de las labores del día a día. También es responsable de la conducción del Poder Judicial Federal. Ello implica la generación y puesta en marcha de proyectos para resolver los problemas y retos de la institución y para visualizar el futuro de la justicia en nuestro país. El presidente es el líder natural de todo el Poder Judicial Federal y, más ampliamente, de todos los poderes judiciales del país. Entre las tareas que se pueden identificar para los próximos cuatro años destacan las siguientes:
La implementación del nuevo proceso penal acusatorio sigue siendo una incógnita desde el punto de vista federal. Si bien el Poder Judicial Federal ha mostrado interés en iniciar trabajos relacionados con la ejecución de la reforma penal, es necesario reconocer que el tema se encuentra todavía en una fase muy primaria. El siguiente presidente de la Suprema Corte tendrá la grave responsabilidad de preparar y conducir al Poder Judicial Federal para asegurar que el proceso resulte exitoso en todo el país. Ello también implica contribuir a garantizar que los jueces sean independientes y no se sometan a las presiones de las procuradurías.
El gobierno del Poder Judicial Federal es otro tema fundamental para la agenda del nuevo presidente. El rápido crecimiento experimentado por el Poder Judicial a partir de la reforma de 1994 nos tiene que llevar a hacer un alto en el camino para repensar lo que queremos y lo que esperamos de la institución. El aumento en el número de jueces y magistrados y la extensión de los circuitos hasta prácticamente la totalidad de las entidades federativas tiene que llevar a una reflexión sobre el tipo de servicio que desea dar el Poder Judicial. En ese sentido, las preguntas siguen siendo las mismas: ¿quiénes hacen uso de la justicia?, ¿quiénes no? ¿A dónde debe llegar la cobertura judicial? ¿Cuál es la calidad del servicio que presta el Poder Judicial? Por otro lado, el tema de la carrera judicial suscita muchos cuestionamientos. Será un reto dar el paso definitivo para consolidarla.
El futuro del amparo es otra cuestión que no se puede dejar a un lado. Esta institución muestra signos de agotamiento desde hace mucho tiempo. El proceso de reforma se encuentra en marcha. Es necesario contribuir a su conclusión y asegurar el rediseño de una institución fundamental para la tutela de los derechos y las libertades de las personas en México. Esta debe ser una de las tareas centrales del nuevo presidente de la Corte.
Las razones de Cossío atienden a la complejidad e importancia de las labores jurisdiccionales que realiza un ministro y es de celebrarse que decida concentrar se en ellas. En particular, su compromiso con la definición y ampliación de los derechos fundamentales. Sin embargo, su renuncia pone también de relieve la enorme tarea que deberá enfrentar el próximo presidente de la Corte, y la seriedad con la que los ministros deberán tratar dicha elección. Ojalá las y los aspirantes hagan públicos sus proyectos y expresen con claridad tanto los problemas como las alternativas de solución que proponen.
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