EL PRESIDENTE Y LOS JUECES

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Yo recuerdo cuando el Presidente Zedillo calificó con una serie de improperios a los jueces, llamándolos entre otras cosas y si la memoria no me falla corruptos e ignorantes. Fue una falta de respeto al Poder Judicial y una violación al principio de división de poderes. Ahora y sin necesidad alguna el Presidente Calderón hace exactamente lo mismo. Para qué y por qué. Bien pudo quedarse callado. Ya se sabe que la Procuraduría General de la República no es autónoma y que depende absolutamente de él, por lo que habría bastado y sobrado con que discretamente avalara aunque no por escrito la función de esa dependencia en el caso de Michoacán. Pero no, dijo que los jueces -o el juez primero de Distrito en Michoacán- "desvirtuaron las pruebas". Y agregó que de no haber existido "la presunta responsabilidad vinculada a personas no se hubiera actuado de esa manera". ¿Se habrá fijado exactamente en lo que sostuvo? Así que con la sola presunta responsabilidad se privó de su la libertad a treinta y cinco personas. ¿Y qué pasó con el párrafo segundo del artículo 14 constitucional y la prescripción de que "nadie podrá ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales"? Por otra parte una cosa es que el Procurador Chávez Chávez sostuviera que la exoneración de algunos servidores públicos se llevó a cabo con "base en argumentos infundados", y otra muy distinta que lo sostenga el Presidente de la República. El Procurador está en su papel, en su función de argumentar en defensa de los intereses que representa. El Presidente en cambio se sale de sus atribuciones. Aquél manifestó que el juez se excedió en sus facultades porque desechó las pruebas aportadas por dos testigos "protegidos" y miembros de "La Familia", los cuales ofrecieron información relevante sobre los nexos de los servidores públicos con ésta. Lo extraño es que en la Procuraduría se dice que tales testigos depusieron voluntariamente por temor a ser asesinados por la organización criminal. ¿Y no tuvieron igual miedo al comparecer ante el Ministerio Público Federal? El Presidente se equivoca al suponer que los recursos de apelación interpuestos por la Procuraduría ante el juez se presentaron "conforme a los principios de presunción de inocencia que rigen en la Constitución", ya que la fracción I del Apartado B de su artículo 20, que coincide con el párrafo segundo del artículo 14, determina que toda persona imputada tiene derecho "a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa". ¿Cómo es posible entonces que fueran privados de su libertad treinta y cinco servidores públicos aún no declarados responsables o culpables de ningún delito? Las pruebas que el Ministerio Público ha ofrecido en su contra y aunque a primera vista le puedan parecer abrumadoras deben ser calificadas por un juez. Y no es quién el Representante Social para juzgarlas. Su tarea es nada más presentarlas.
Ahora bien, es lamentable que el Poder Judicial Federal no haya protestado, si se quiere con el mayor respeto, por la intromisión del Presidente. Lo que sucede es que el Estado de Derecho es vulnerado por quienes menos deberían hacerlo. El Presidente habla como Ministerio Público y éste, representado por el Procurador General de la República, no habla con la independencia requerida en una democracia. No podría por su vínculo institucional con el Ejecutivo. En tal virtud lo aconsejable es dejar que el juez se maneje solo. Las partes, o sea, el Ministerio Público y los agraviados o sus defensores cuentan con varios recursos para interponer, incluida por supuesto la revisión del caso en un tribunal de mayor jerarquía. Y allí, en ese espacio, es donde se han de dirimir las dudas y dificultades. En consecuencia hay que respetar esos espacios procesales, utilizarlos, en vez de prejuzgar el trabajo del juez quien salvo la posible comisión de un delito cometido en la impartición de justicia goza de amplias facultades en el ejercicio del mismo. En última instancia es cuestión de criterio, de aplicación e interpretación de la ley. No obstante el Procurador optó por seguir un camino de inconformidad absoluta. Al no coincidir con el criterio del juez, afirmando que en algunos casos del asunto de Michoacán se ha excedido, interpuso una queja en el Consejo de la Judicatura Federal. Ya decidirá el Consejo. Sin embargo queda en pie la duda de que el Presidente y el Procurador hubieran querido un juez a su modo habida cuenta de la intromisión inoportuna del primero y de la inconformidad absoluta del segundo, porque recurrir al Consejo es prácticamente acusar en vez de recusar.
En conclusión, se habla mucho de la democracia. Lo hacen el Presidente, los hombres del gobierno, los políticos. Y en medio de la perorata insistente se pasa por alto que la democracia es siempre endeble sin el sostén del Derecho. Dichos y hechos confirman a diario que la mayoría de los gobernantes lo confunden con un instrumento a su servicio. Las presiones sobre los tribunales, las consignas, las designaciones que enlazan compromisos, órdenes y obediencias, los subterfugios que se alejan del litigio honesto ignorando los recursos y caminos de la ley, demuestran qué lejos estamos aún de la auténtica democracia, del que Kelsen llamaba con justa razón Derecho democrático.