PRESUPUESTO PARA TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

CIRO MURAYAMA RENDÓN

A Cuauhtémoc Cedillo y a Queta, con un sentido abrazo.

En 2002 se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a partir de la cual se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), se establecieron obligaciones expresas para que las dependencias y los funcionarios gubernamentales llevaran un registro documental de sus actos y, sobre todo, se crearan mecanismos expresos y claros para que los ciudadanos pudieran acceder a información pública de su interés. Quizá se trata de de la reforma más importante que se ha aprobado en la era de la alternancia en nuestro país hacia la consolidación de la democracia y para el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía frente al poder público. Gracias a las solicitudes de información generadas por los ciudadanos y a las resoluciones del IFAI, hoy es información accesible mucho de lo que antes era vedado. Doy tres ejemplos puntuales: en la actualidad podemos saber a quién y por cuánto tiempo se otorgan los títulos de concesión para la explotación del espacio radioeléctrico del país, que era información guardada bajo llave y siete candados por las autoridades del ramo; las “tomas de nota” con que la Secretaría del Trabajo reconoce (o desconoce) sindicatos ahora son públicas, cuando hasta hace unos años se consideraban información de particulares –eso sí, en manos del gobierno-; o, en otro terreno, los mexicanos tienen derecho a hacerse de su expediente médico en las instituciones públicas de salud que, en el pasado, llegaron a considerar que dichos documentos eran propiedad de los hospitales antes que de los propios pacientes. Los ejemplos de apertura y transparencia, literalmente, pueden sumar millares de casos… y todavía queda mucho trecho por andar.
Después de la Ley de Transparencia, y a iniciativa del IFAI, se aprobó en 2007 una reforma constitucional clave. El artículo sexto de la Carta Magna se modificó para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues la situación era muy desigual entre entidades federativas. En dicha reforma constitucional, se estableció, entre otras cosas, que debe prevalecer el principio de máxima publicidad de la información en manos de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo público federal, de los estados y a nivel municipal, además de que se introdujo la protección a la vida privada y a los datos personales.
De tal cambio constitucional debió desprenderse, en 2008, una nueva ley federal de transparencia, que aún no ha sido aprobada, a la vez que se debió reglamentar la protección a los datos personales. En este segundo tema sí se ha dado un avance, y el 5 de julio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares. Esa ley cambió el nombre del instituto encargado de la transparencia, que ahora es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos –aunque seguirá siendo llamado el IFAI– y, más relevante aún, le dio nuevas atribuciones, precisamente para velar por la protección de datos de las personas. El diseño resulta correcto: el mismo instituto que insta por la transparencia, a la vez vigila que los datos de las personas no sean usados de manera arbitraria por los particulares, buscando así un equilibrio entre lo que debe ser público –la información en posesión de las entidades públicas- y lo que debe ser protegido –los datos de las personas-.
A pesar de estas nuevas atribuciones que el Legislativo le ha dado al IFAI, el Legislativo envió en su proyecto de presupuesto un monto de recursos para el IFAI que no corresponde con sus nuevas obligaciones, sino que le otorga el mismo trato de cuando era una institución encargada sólo de la transparencia. Hay así una disonancia, incluso un contrasentido, entre lo que dispone el legislador y lo que el Ejecutivo contempla.
De acuerdo con datos generados por el propio IFAI, los recursos presupuestales de esa institución apenas han crecido un uno por ciento desde 2004. En ese lapso, en términos nominales, los recursos para instituciones plenamente autónomas como el IFE han crecido un 90 por ciento o hasta casi un 100 por ciento en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La solicitud de recursos del IFAI para 2011, atendiendo la ampliación de sus obligaciones institucionales que se desprenden de la nueva ley, implicó un aumento de 230 millones adicionales frente a 2010. Pero la iniciativa de presupuesto contempló sólo una ampliación de 15 millones de pesos (el 6.5% de lo solicitado de forma adicional). Con esos recursos nuevos, se espera que el IFAI ejerza su papel de autoridad en materia de protección de datos personales sobre tres millones y medio de personas físicas y morales del sector público y privado que tienen a su disposición datos personales de los mexicanos. Con su presupuesto anterior, el IFAI era autoridad ante 240 dependencias públicas, lo que evidencia la magnitud de la ampliación de sus tareas que no se respalda con recursos financieros mínimamente suficientes.
El IFAI, así, está en una situación límite: el legislador le encomienda nuevas tareas, que son pertinentes y relevantes, mientras que el Ejecutivo le niega los recursos indispensables para cubrir con las labores institucionales en materia de transparencia y protección de datos. Ahora bien, como la última palabra en materia de aprobación presupuestal está en el Congreso, sería deseable que los legisladores doten al IFAI de los recursos necesarios para cumplir con la tarea que el propio Poder Legislativo le encomendó apenas este año.