LEY DE INGRESOS

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Hoy se cumple el plazo límite que la fracción IV del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en los términos siguientes: "La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre". Siendo loable, la citada norma carece de fuerza imperativa al no tener aparejada sanción alguna para el caso de incumplimiento, así como por el hecho de que nuestra legislación en la materia no contempla la hipótesis de "reconducción presupuestal", como existe en varias naciones.La iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso mantiene la situación prevaleciente desde hace varios lustros, que ha conducido a la agudización de la debilidad estructural que caracteriza a las finanzas públicas. Conforme a las estimaciones de la Secretaría de Hacienda, en este año los ingresos totales serán equivalentes al 21.6% del PIB, y para el 2011 tendrán una ligera reducción, al representar el 21.4%, que es el porcentaje más bajo no solo entre los países de la OCDE, sino entre muchos otros de similar o menor desarrollo económico que el nuestro. Lo más grave de la situación mexicana, es que los ingresos tributarios representarán, el año que entra, un magro 10.3% del PIB, mientras que los derivados del petróleo se ubicarán en el 7%.Pese a la evidencia, más que probada, sobre la declinación de las reservas y los ingresos petroleros, ni el Ejecutivo ni el Congreso se deciden a adoptar medidas que permitan atender el deterioro de los ingresos públicos. El debate, y el desacuerdo, se prolongan por más de una década. Todos saben que la reforma tributaria es necesaria, pero nadie quiere asumir los costos políticos y electorales de ponerla en práctica. Los diagnósticos sobran, el menú de opciones está sobre la mesa, pero legisladores y gobernantes siguen actuando bajo el influjo de la roqueseñal. (En 1995 el IVA fue aumentado del 10 al 15 por ciento, con el voto del PRI; su coordinador en San Lázaro festejó la aprobación con lo que fue visto como un gesto procaz. En 1997, el PRI perdió la mayoría absoluta en San Lázaro).Mañana el tema del IVA volverá a ser la manzana de la discordia en San Lázaro. Hace un año la tasa fue incrementada del 15 al 16 por ciento, lo que provocó el voto dividido de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN. Al iniciar el actual periodo ordinario de sesiones, un grupo de diputados del PRI propuso promover y votar por la reducción del IVA al 15% para 2011; lo que fue aceptado por abrumadora mayoría.Pero los promotores de la medida no contaban con la resistencia de los gobernadores de su propio partido, alarmados porque la reducción de la tasa del IVA provocará una caída en las participaciones de impuestos federales que reciben los estados y el DF. Funcionarios y especialistas también coinciden en rechazarla, por la misma razón, y además debido a que la única forma de compensar la caída de ingresos sería aumentar el precio de referencia del barril de petróleo. Es decir, recurriendo a un truco contable.Reducir el IVA tendría un efecto positivo en el consumo, pero provocaría un boquete en los ingresos públicos, que no hay manera de cerrar en el corto plazo. No hacerlo evita ese riesgo, sin avanzar un ápice en la solución del problema estructural.Hace años que dos medidas están más que estudiadas: reducir el IVA a una tasa de entre el 10 al 12%, generalizando su cobro en alimentos y medicinas (con una canasta básica exenta) y eliminar, en el ISR, los regímenes especiales, así como las consolidaciones, deducciones y exenciones injustificadas, con una tasa general menor a la vigente.Es previsible que en la votación de mañana ocurra una división dentro de los grupos parlamentarios. Los diputados de los estados en que habrá elecciones en 2011 podrían votar por la reducción, como lo harán los del PRD, PT y Convergencia. Salvar la tasa actual del IVA tendrá que ser logrado por una mayoría conformada por diputados del PAN, PRI, PVEM y quizá PNA; pero si la rebelión cunde, el resultado será la reducción al 15%, lo que dejaría el asunto en manos del Senado y abrirá una ruda negociación entre ambas Cámaras y entre éstas, los gobernadores y el Presidente.