FUERO MILITAR E IMPUNIDAD

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Pese a los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Felipe Calderón persiste en su intento de impedir que los militares sean juzgados por tribunales civiles. En este sentido, la iniciativa de ley que recién envió al Senado es incompleta e insuficiente, pues sólo excluye tres delitos de la jurisdicción de los tribunales castrenses, aunque faculta al Ministerio Público Militar para que envíe a la justicia civil los casos que considere pertinentes. Entre los altos mandos del Ejército y los mismos soldados existe preocupación porque en la “guerra contra el narcotráfico” han aumentado los crímenes contra civiles inocentes perpetrados por militares, y éstos temen ser condenados en los tribunales civiles. Como muestra de lo antedicho, en Nuevo León cayeron abatidos en sólo seis meses –entre el 19 de marzo y el 5 de septiembre de este año– cinco civiles, presuntamente a manos de militares, pero éstos sólo han reconocido su responsabilidad en un caso que implicó la muerte de dos personas. La reforma al Código de Justicia Militar no incluye el homicidio entre los delitos que serían sometidos a la jurisdicción civil y, por lo tanto, ninguno de estos ilícitos –ni siquiera aquellos en los que el Ejército reconoce su responsabilidad– sería juzgado por tribunales civiles. Durante la noche del jueves 18 y la madrugada del viernes 19 de marzo de este año ocurrió un enfrentamiento entre sicarios y el Ejército en el campus del Tecnológico de Monterrey. En la balacera quedaron muertos los estudiantes de posgrado Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes inicialmente fueron identificados como sicarios. La recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documenta que los militares participantes en el enfrentamiento cometieron los siguientes delitos: “alterar la escena del crimen –todo indica que para encubrir su responsabilidad en los hechos–; sembrar evidencias para involucrar a las víctimas como miembros de las organizaciones criminales o, al menos, modificar el rumbo de las investigaciones y entorpecer las investigaciones del ómbudsman nacional”. (Proceso 1764.) La CNDH no pudo determinar el calibre de las balas que hirieron de muerte a los estudiantes y, por lo mismo, tampoco le fue posible establecer con precisión si éstas fueron disparadas por los militares o por los sicarios; sin embargo, todas las evidencias recabadas indican que el personal castrense que intervino en la balacera no puede ser declarado inocente, tal y como en un principio pretendieron hacerlo las autoridades. Esa misma noche y en otro rumbo de la ciudad, Colinas de San Jerónimo, efectivos militares abatieron a Sandra de la Garza en lo que el Ejército pretendió hacer pasar como otro enfrentamiento. En realidad se trató de la persecución de una camioneta en la que viajaban la ahora occisa y su esposo, quienes de manera inadvertida invadieron una zona en donde las Fuerzas Armadas realizaban un operativo para catear una casa de seguridad de presuntos secuestradores. La pareja era ajena a los hechos, y el asesinato de Sandra no tuvo gran resonancia en los medios debido al escándalo que se produjo por la muerte de los universitarios. En este caso fue evidente que las balas disparadas por los integrantes del Ejército fueron las que privaron de la vida a De la Garza; a pesar de ello, hasta la fecha las Fuerzas Armadas no han emitido un comunicado en el que reconozcan su culpabilidad. El pasado 5 de septiembre, Vicente León Ramírez y su hijo Alejandro Gabriel León Castellanos, de 15 años, fueron baleados por efectivos militares, quienes alegaron que no se detuvieron en un retén. Familiares de las víctimas señalaron que no había ningún retén, y que su único delito fue haber rebasado a un convoy militar. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Escobedo, sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Al día siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de los León, reconoció que fueron abatidos por los militares y anunció el inicio de una investigación. Así, aunque en Nuevo León se atribuyen cinco muertes a las fuerzas castrenses en el último medio año, éstas sólo han reconocido oficialmente dos –la de los León–, no han hecho otro tanto con la de Sandra, y por el caso de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, existen evidencias suficientes para iniciarles una averiguación previa. Estos son precisamente los riesgos de involucrar al Ejército en el combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Al iniciarse esa lucha, el presidente de la República y las Fuerzas Armadas contaban con que los militares serían juzgados por tribunales castrenses. A ello se debe que ahora se resistan a las reformas legales. Fuentes cercanas a la VII Zona Militar que opera en Nuevo León aseguran que los altos mandos están satisfechos con la administración del gobernador Rodrigo Medina, pues en cuanto asumió la gubernatura les dio luz verde para que actuaran con toda libertad en el combate al crimen organizado en esa entidad. Los militares le tomaron la palabra y 12 meses después el saldo no puede ser más negativo: se incrementó la violencia en el estado, el número de víctimas civiles crece, y los inocentes muertos por balas de militares también. En los cinco casos referidos hay evidencia incontrovertible de abusos por parte de militares en contra de civiles; sin embargo, es muy probable que muchos otros no han salido a la luz pública. Incluso cuando la culpabilidad de los militares ha sido incuestionable, no hay evidencia de que se hayan castigado los abusos. Esta impunidad es posible por la inexistencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, aunque tales controles son indispensables en un régimen democrático. Cualquier delito perpetrado por elementos de las Fuerzas Armadas en contra de civiles debe ser juzgado por tribunales civiles y no resguardarse en el fuero militar. La iniciativa presidencial desatiende este principio, porque conoce la existencia de estos delitos y no quiere desproteger a los militares.