FUEROS Y DESAFUEROS

MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ

Hay momentos en la historia de los países, como en la vida de las personas, en que se deben tomar decisiones para superar los límites e inercias que provienen del pasado. En días recientes hemos asistido a un debate que ya no debería de quitarnos ni un minuto más y que únicamente refleja las endebles bases jurídicas sobre las que se ha construido la transición democrática en México. Me refiero a la discusión sobre el alcance y significado del fuero constitucional que protege a los altos funcionarios del Estado, por una parte; y al ámbito de aplicación del llamado “fuero militar” (o jurisdicción castrense), por otro. Me explico. El caso del diputado Julio César Godoy Toscano, demuestra que hay dos varas de medir cuando se trata de perseguir penalmente a alguien: por un lado estamos los ciudadanos comunes, a quienes las autoridades pueden someter, exhibir, vejar y encarcelar casi sin cumplir con algún requisito. Cosa distinta es cuando se trata de exigir responsabilidades a altos funcionarios; en ese caso, la persecución penal debe enfrentarse a requisitos y disposiciones totalmente absurdas, las cuales, más parecen haber sido creadas para preservar la impunidad que para asegurar una efectiva rendición de cuentas. Esa diferencia de trato tan abismal es inaceptable en cualquier régimen democrático. Desde la UNAM hemos propuesto, hace ya varios años, que se modifique a cabalidad el fuero de los altos funcionarios, a fin de que podamos contar con un procedimiento más creíble y democrático. Se trataría de que la decisión de retirar del fuero, sobre la base de los elementos jurídicos que necesariamente deben aportar las procuradurías de Justicia, quede en manos de una sala constituida para tal efecto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que sean expertos en derecho los que de manera imparcial puedan valorar las pruebas ofrecidas. No se trata de una propuesta novedosa, pues en realidad es lo que sucede en muchos países democráticos alrededor del mundo. En todo caso, es una reforma que nos permitiría contar con un procedimiento de desafuero más creíble y robusto que el que tenemos ahora, que está en manos de los propios legisladores y que —precisamente por eso— levanta fuertes sospechas de parcialidad entre la ciudadanía. Ya hay varias iniciativas para modificar el fuero; una de las mejores fue presentada en el Senado de la República por legisladores del PRI, a comienzos del presente año. Ojalá se pueda aprobar muy pronto, dentro del proceso más amplio de discusión, sobre la reforma del Estado. Un análisis aparte merece el llamado fuero militar, que recientemente ha sido objeto de pronunciamientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la ONU y de distintas ONG internacionales de derechos humanos. El asunto es relativamente sencillo: el Código de Justicia Militar establece la posibilidad de que los delitos de militares cometidos contra civiles puedan ser juzgados por los propios militares. De nuevo salta la sospecha de la falta de parcialidad y de la no observancia de los principios básicos del debido proceso legal. El presidente Calderón ha presentado una iniciativa de reforma en esta materia que parece ir bien encaminada, pero que resulta insuficiente según los estándares internacionales. La regla debe ser que todo delito cometido por militares, en el que estén involucrados civiles, tiene que ser resuelto por autoridades civiles, sin excepción de ningún tipo. Como puede ver el lector, en el fondo, en los dos temas que hemos apuntado se trata de un mismo asunto: normalizar las reglas a partir de las cuales se rinden cuentas y se responde ante la justicia. Mientras esas reglas sigan presentando anormalidades y problemas, como sucede en la actualidad, no podremos tener una democracia consolidada en la que impere el muy elemental principio de igualdad de todos ante la ley. Si los legisladores y militares se juzgan a ellos mismos, la posibilidad real de hacer justicia seguirá siendo mínima y los ciudadanos nos seguiremos sintiendo defraudados e inseguros. El momento de quitarnos fueros de encima ha llegado; ojalá nuestros legisladores actúen pronto y estén a la altura del reto.