TV Y TELEFONÍA: LA NUEVA OPORTUNIDAD DE CALDERÓN

RAÚL TREJO DELARBRE

Varias circunstancias le dan ahora al presidente Felipe Calderón la extraordinaria oportunidad de enmendar la desastrosa política de telecomunicaciones que su gobierno ha impulsado en los meses recientes. La renuncia de Televisa a la alianza que había pactado con Nextel deja sin sustento la controvertida Licitación 21 merced a la cual, como tanto se ha dicho, el gobierno les otorgó a esas empresas una porción de espectro radioeléctrico por un enganche 28 veces menor a su precio real. Por otra parte la decisión de la ministra Olga Sánchez Cordero para suspender el decreto presidencial que acelera la televisión digital en respuesta a las denuncias de diputados y senadores, le permite al gobierno ajustar y aclarar las ambigüedades que contiene esa disposición anunciada el 2 de septiembre pasado. Y ya metido a resolver algunos de los entuertos propiciados por el secretario de Comunicaciones y Transportes, el presidente de la República podría requerir la renuncia de Juan Molinar Horcasitas. Para eso, haría falta que el presidente Calderón reconociera que el propósito central de la Licitación 21 tal y como fue diseñada, que era favorecer a Televisa como nuevo competidor en el mercado de la telefonía celular, fue un error de su gobierno. Quizá intimidado por el poder de Televisa –un poder que se debe a su influencia en la sociedad pero también abultado por el intenso fanfarroneo de las televisoras–, o creyendo que era pertinente apuntalar a la empresa de Emilio Azcárraga Jean para crear una opción fuerte delante del emporio de Carlos Slim, el presidente de la República avaló una licitación diseñada para que hubiera un solo ganador. Ahora, una decisión corporativa de Televisa deja al gobierno con la mesa puesta y sin el convidado principal que con tanto anhelo promovieron. Durante cada uno de los pasos de la Licitación 21, la Comisión Federal de Telecomunicaciones favoreció al “Grupo de inversionistas conformado por las empresas de comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V., Inversiones Nextel de México, S.A. de C.V. y Televisa, S.A. de C.V.” Si ese grupo ya no existe, los resultados de la Licitación pierden cualquier validez. Si el gobierno entregó esa concesión a una empresa diferente, propiedad solamente de Nextel, habría cometido una nueva falta porque en todo momento los beneficiarios de ese proceso fueron Televisa y Nextel. Una nueva licitación podría favorecer una verdadera competencia pero, además, servicios de calidad a los usuarios de telefonía móvil. Nada de eso resultaba de la Licitación 21, cuyas reglas no establecían parámetros para los precios ni los servicios que ofrecerían a la sociedad los beneficiarios de esas concesiones. La decisión de la ministra Sánchez Cordero, por otra parte, se debe a los juicios de controversia constitucional que promovieron el PRI y otros partidos en las cámaras de Senadores y Diputados. Ayer viernes en el noticiero de Carmen Aristegui el diputado priista Alfonso Navarrete, promotor de ese recurso legal, explicó que la inconformidad de los legisladores se debe principalmente a que, como parte de las acciones para transitar de la televisión analógica a la digital, el gobierno distribuirá decodificadores para que todos los televisores puedan sintonizar las señales ahora digitalizadas. Esos legisladores se oponen a que el gobierno federal haga clientelismo electoral con el reparto de los decodificadores. Para evitar esa explotación política, podría acordarse de que los adaptadores serán distribuidos después de las elecciones de julio de 2012. Más aún, podrían distribuirse no decodificadores sino aparatos televisores, para que no haya televidentes de primera (los que cuenten con televisor digital) y de segunda (aquellos que tengan pantalla analógica con un decodificador que permite recibir la señal pero que no mejora la calidad de la imagen). Aunque la motivación de los senadores y diputados sea impedir acciones de clientelismo político, la controversia constitucional que presentaron y la suspensión provisional acordada por la ministra Sánchez Cordero se sustentan en la invasión de atribuciones que el gobierno federal pudo haber tenido en detrimento de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El decreto del 2 de septiembre pasado, que acelera los plazos para el tránsito de la televisión analógica a la digital, fue expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aunque lo suscribe, antes que nadie, el presidente de la República. Cuando en 2006 fueron reformadas las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión aquellas modificaciones, conocidas como “Ley Televisa”, fueron hechas con tanta prisa y descuido que incluyeron contradicciones y ambigüedades en las funciones de la SCT y la COFETEL. A fines de 2009 la Suprema Corte derogó varios artículos del Reglamento de la SCT que no reconocía la prioridad de la Cofetel en la regulación de la radio y la televisión. Esas contradicciones se mantienen, porque el Poder Legislativo no ha sido capaz de aprobar una nueva ley que regule telecomunicaciones y radiodifusión. En ausencia de esa ley, por lo pronto las decisiones sobre esos temas son atribución del gobierno. Tanto la SCT como la Cofetel son dependencias del Ejecutivo Federal. La Cofetel no tiene autonomía alguna: debido a ello, como todos recordamos, al presidente de ese organismo colegiado lo designa el presidente de la República y esa atribución la ratificó hace pocas semanas la propia Suprema Corte de Justicia. Así que estamos ante un litigio artificial pero que puede tener consecuencias reales y además, costosas. Si el gobierno está dispuesto a propiciar la transición a la TV digital, podría expedir de nuevo las disposiciones para ello, ahora a través de la Cofetel. Pero a fin de que evitar las confusiones que suscitó el decreto del 2 de septiembre, tendría que aclararse de qué manera y quiénes utilizarán los nuevos canales que se transmitirán en las frecuencias en donde ahora solamente puede difundirse un solo canal de televisión, como explicamos hace menos de dos meses en este espacio. Y podrían señalarse candados y plazos no electorales para la entrega de aparatos receptores a las familias de menores recursos. La televisión digital puede ser un recurso para que haya más actores y, entonces sí, competencia en ese medio. Ese propósito requiere políticas sin equívocos. El estancamiento de ese proceso beneficia únicamente a quienes no quieren diversidad en la televisión; es decir, a las televisoras que hasta ahora han acaparado la mayoría de las frecuencias en este país. Por otra parte, este episodio reitera el costoso rezago que significa la indolencia de los legisladores. Si verdaderamente quieren que la regulación de las telecomunicaciones se encuentre a cargo de un organismo independiente, ya es tiempo de que se decidan a emprender la reforma constitucional que se necesita para que esas dejen de ser atribuciones del Poder Ejecutivo. La creación de un organismo verdaderamente autónomo tendría una ventaja adicional: implicaría la remoción de Mony de Swaan, hechizo presidente de la Cofetel. Con esos ajustes, el presidente Calderón podría suscitar una nueva política de telecomunicaciones y radiodifusión. Para ello, por supuesto, es necesario que destituya a Juan Molinar Horcasitas. Si faltaran motivos allí está la tragedia de Mexicana de Aviación.