UNA VOZ DE AUXILIO

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Un hombre de la calidad académica de José Luis Prado Maillard, Director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dio una impresionante señal de alerta que debería preocupar muchísimo al gobierno. Dijo que en virtud de la violencia desencadenada por el que se llama crimen organizado la población de Nuevo León se encuentra bajo el terror y la psicosis, siendo que las actividades sociales se han reducido por el miedo a las balaceras. A lo que se agrega el desafío político como resultado del asesinato de varios presidentes municipales. En consecuencia, comenta Prado Maillard, la sociedad se ha autoimpuesto una especie de estado de sitio y salir de la casa sólo cuando haya una emergencia o necesidad imperiosa. Restoranes, comercios y centros nocturnos han tenido que cerrar mermándose la actividad normal de la ciudad. Es una situación terrible, las familias se resguardan en sus domicilios por la presencia de los "narcobloqueos", los secuestros y las extorsiones. No lo dice un hombre común y corriente, influido por la histeria colectiva, ni tampoco un político con rencores que lo impulsen a mal hablar. No, lo dice un destacado jurista y universitario de alto nivel. Ahora bien, hay un discurso oficial, manido, que ya no satisface a la opinión pública: que los delincuentes sólo arreglan cuentas entre ellos, que es lo único que les importa. Esto es relativo porque han dado un paso más, o varios, en su acción criminal que han desplazado hasta zonas de convivencia de la sociedad civil. Han atacado, por ejemplo, sedes policiales en Monterrey. ¿Exclusivamente para asustar a la autoridad? No, el ataque va más allá del susto y ya es una agresión directa y retadora. El desafío es alarmante, rebasando las fronteras de Monterrey y Nuevo León. Sin duda por eso y por lo que significa es que el Presidente de la República se acaba de reunir con los gobernadores electos el pasado 6 de julio para firmar el Acuerdo de Chihuahua, en el que respondiendo a su convocatoria los nuevos servidores públicos se comprometen a promover el mando único en la policía y a impulsar la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública. Allí pidió el Presidente que la ciudadanía participe de manera más directa en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. ¿Participar cómo? Desde luego cada quien en su esfera de acción o en su trabajo. Y por lo mismo muchos abogados y académicos hemos resuelto seguir señalando hasta el límite de nuestra capacidad los gravísimos errores de la reforma constitucional de 2008, porque no es con una ley mala, incluso pésima, con la que se pueda y deba enfrentar, siempre a posteriori del delito, la criminalidad que acosa al país. Es cierto que de alguna manera hay una corresponsabilidad entre gobierno y gobernados en la búsqueda de la solución anhelada para salvar a México de la ola de violencia que lo golpea brutalmente. Sin embargo es una corresponsabilidad acotada por la indiscutible responsabilidad mayor del gobierno. Para eso es gobierno. No obstante el ciudadano puede y debe señalar los errores y defectos en que el gobernante incurra. Nos debemos cuidar a nosotros mismos, es cierto, con prudencia y cautela, pero no tenemos por qué asumir lo que le toca hacer al gobernante. Ni tampoco quedarnos callados y viendo impasibles el avance de un desastre. La corresponsabilidad democrática, si bien se la entiende y no se la manipula, es la de opinar -libertad de expresión-, sugerir, reclamar, exigir y proponer. En tal virtud proponemos que por lo menos se revise con el mayor cuidado la reforma constitucional de 2008 (que se aprobó por el constituyente permanente con una celeridad digna de mejor causa), nunca exenta de modificaciones salvo que se la considere una especie de "diosa". A pesar de lo cual el gobierno sigue solicitando que se la impulse. Pero fijémonos en lo siguiente. Hay reformas de toda clase fácilmente inteligibles por los gobernados, que no es el caso de las técnicas y especializadas si cabe el término. Y de este género son las que se le hicieron a la Constitución en 2008. No se niega que el sentido común -alguien dijo con ironía que es el menos común de los sentidos- nos guíe en la crítica. Pero hay aspectos sobresalientes de la reforma en los que sólo el conocimiento especializado puede hacer luz. Por eso, entre paréntesis, estaremos en la Cámara de Diputados en San Lázaro el próximo lunes 18 para presentar nuestros puntos de vista en la materia. Y que se discutan, que se analicen, pero que no se pida impulsar algo que carece de solidez jurídica. Al efecto la idea es crear conciencia para que los futuros legisladores -me refiero a los que sean electos en 2012-, y en especial los futuros senadores, vean con claridad las insuficiencias de un instrumento legal que altera la normatividad constitucional y deja a un lado las garantías esenciales de un justo proceso.
En suma, lo que pasa en Monterrey y en Nuevo León pasa en México entero. De allí la importancia del señalamiento que hizo José Luis Prado Maillard. Y uno debe preguntarse si las reformas constitucionales y legales, por más buenas que fueran, que no es el caso, son los instrumentos adecuados para enfrenar la violencia creciente en México, ya dramática y aterradora. Se ha perdido de vista que la ley siempre se aplica a posteriori de la comisión del delito. Y lo que hay que hacer, ¡por Dios!, es evitar que se cometa. Que se castigue a los delincuentes con justicia, siempre de acuerdo con los Constitución -no manipulada, maltratada ni alterada- y por supuesto respetando sus garantías. Esto no favorece la impunidad sino que, al contrario, reafirma el imperio del Derecho. Lo que la favorece en cambio es la ley ineficaz, injusta y cargada de errores garrafales. La voz de auxilio que nos llega desde Monterrey, ciudad que está siendo sacrificada por la iniquidad criminal, obliga a pensar si no es el momento de aplicar allí lo que dispone el artículo 29 de la Constitución -en vez de planes, proyectos y acuerdos- y que cito en lo conducente: "En los casos de perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo". ¿Y qué es preferible, hacer esto que permite la Constitución o violarla con reformas que la alteran y evadirla así mismo con medidas que no han dado ningún resultado positivo?