144 CANDIDATOS AL IFE

JAVIER CORRAL JURADO

Una crítica a la convocatoria de la Cámara de Diputados para seleccionar a 3 nuevos consejeros del IFE, en la que coinciden los analistas de este proceso, es que reproduce prácticamente los mismos términos de la anterior y, por tanto, arrojará los mismos resultados del proceso que se verificó en el 2007, para ellos no satisfactorios y fallidos. Dicen que finalmente el proceso es una simulación, en el que reglas y criterios para la selección se hacen a un lado para dejar un criterio de afinidad partidista. Entre esas críticas está la de Mauricio Merino, publicada en EL UNIVERSAL. El ex consejero electoral que intentó volver a serlo —dueño no sólo de su experiencia en el IFE, sino también de un acreditado prestigio— se duele de que en la vez anterior “hicieron caso omiso de las cartas y los apoyos públicos que cientos de personas hicieron llegar a la Cámara de Diputados para respaldar candidaturas de la sociedad civil y la academia, pues lo único que contó fue el respaldo partidario ganado durante las negociaciones de último minuto, apremiadas tras la ruptura de los plazos constitucionales y realizadas en medio de un oleaje infame de descalificaciones”. Aunque Merino comete generalizaciones sobre la conducta de los diputados e incluso descalifica los resultados y propósitos del proceso, no le falta razón a su cuestionamiento mayor. Por eso envié su artículo a los miembros de la Comisión de Gobernación, para que esos señalamientos sean referentes en el trabajo que marcará a este órgano en su actuación. De ahí que sostenga que ésta será una de las más importantes decisiones que tomen los actuales diputados. Y el deber constitucional, ético y político obliga a los legisladores a cumplir esta tarea apartándose de la dinámica de distribución de cuotas partidistas y de la misma presión de los grupos de poder fáctico que, sin dudarlo, buscarán tener de nueva cuenta a un representante directo de sus intereses, particularmente la TV, que aún resiste el cumplimiento de la reforma electoral 2007-2008. Bajo las actuales bases legales, la convocatoria es parecida a la anterior, pero incorporó cambios importantes que fortalecieron el papel de la Comisión de Gobernación para decantar aún más la lista de los candidatos que reunan las mejores cualidades e incorporar en su dictamen ante la Junta de Coordinación Política los criterios de esa selección y sus recomendaciones. El requisito constitucional de que esos nombramientos sean aprobados por dos terceras partes de los diputados obliga a buscar no sólo un amplio consenso, sino a tomar un camino que privilegie el perfil y la imparcialidad como atributos principales de los candidatos a elegir. En mi caso así lo haré. Como presidente de la Comisión me he comprometido a privilegiar la transparencia, equidad y el principio de publicidad de los actos que desarrollen el proceso de evaluación y selección, toda vez que, como lo señala la cláusula sexta de la convocatoria, “al término de las entrevistas... la Comisión de Gobernación aprobará un dictamen que integre la lista de candidatos y candidatas que hayan reunido las mejores cualidades en términos de experiencia y formación electoral, así como el perfil académico, y lo remitirá a través de su presidente a la Junta de Coordinación Política. “Los Grupos Parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política, determinarán por el más amplio consenso posible y atendiendo las consideraciones y recomendaciones que establezca el Dictamen de la Comisión de Gobernación, la propuesta de los nombres de los tres candidatos a Consejeros...”. Era importante que un proceso en el que están inscritos 144 candidatos, la Comisión hiciera un trabajo real de selección, toda vez que, a diferencia de la Junta de Coordinación Política, sus métodos y sesiones son absolutamente públicas. El procedimiento establecido en la Ley Orgánica deposita en el órgano o comisión encargado de la recepción de documentos y la realización de las entrevistas la facultad de evaluar a los candidatos y jerarquizarlos de acuerdo con esa evaluación. Lejos de un papel protocolario, la Comisión tiene, según la Ley Orgánica, el mandato de sujetar a los candidatos a una evaluación exhaustiva, técnica y consagrar los resultados en un documento que sirva de fundamento a la decisión. Por ello, la Comisión no sólo recibirá documentos y hará entrevistas, también juzga, evalúa, define parámetros y estima las aptitudes de los candidatos. Es decir, hay un claro anclaje legal al papel de la Comisión como un verdadero filtro de candidaturas. En este sentido, he remitido a todos los miembros de la comisión un proyecto de procedimiento y criterios para efectuar la calificación de las aptitudes. Esa evaluación será crucial y deberá privilegiar la imparcialidad, experiencia y formación electoral, así como el perfil académico. Es además la única forma de atajar la dinámica de vetos y descalificaciones partidistas a excelentes perfiles, sin duda, la mezquindad mayor que ha hecho desconfiar así del proceso.