ANA LAURA MAGALONIYo hubiese pensado que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y todos los miembros de la judicatura local se iban a llevar las manos a la cabeza ante los hallazgos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. No puedo creer que no haya sido un escándalo mayúsculo para quienes imparten justicia la noticia de que un grupo de funcionarios judiciales están falsificando oficios y recibiendo dinero para que pueda operar una red de prostitución al interior de los reclusorios del DF. La lenta y burocrática reacción del presidente del Tribunal del DF es muy desconcertante. Parece que nuestros jueces no han asumido a cabalidad que la legitimidad y confianza sociales son los asideros más importantes de su poder y de su fortaleza. Hasta ahora el presidente del Tribunal no ha dicho si va a acatar o no la recomendación 04/2010 de la CDHDF. Ya se le hizo tarde. Esperemos que no se equivoque también en el sentido de su decisión.
Según el espléndido trabajo de investigación, la CDHDF, funcionarios judiciales y personal de seguridad han montado una red de prostitución en las cárceles del DF. El negocio funciona de la siguiente manera: los secretarios de los juzgados giran oficios a los reclusorios solicitando que determinadas internas sean llevadas a un juzgado en específico para desahogar alguna diligencia. Todo es un montaje. El oficio es falso al igual que la diligencia. De lo que se trata es de una red de prostitución: internas, previamente seleccionadas por algún custodio o un interno, son trasladadas al lugar del encuentro. Éste se produce en los túneles obscuros y sucios que unen a los juzgados con los reclusorios. Los secretarios de juzgado cobran hasta 2 mil pesos por "diligencia fantasma"; las jefas de seguridad y custodias reciben hasta 800 pesos por contactar la cita y las internas se quedan con sumas que van entre 100 y 400 pesos. La Comisión argumenta con razón que las condiciones que se viven en las cárceles hacen que la decisión de las internas de prostituirse difícilmente pueda ser una decisión libre y autónoma. Todo lo contrario, por definición la cárcel reduce de forma importante espacios de libertad de decisión. La red de prostitución es una forma más de abuso de poder de funcionarios judiciales y custodias en contra de algunas de las mujeres que habitan las cárceles del DF.
La recomendación de la Comisión está muy bien documentada. Cuenta con muchos testimonios de todos los involucrados. También cuenta con datos duros como las averiguaciones previas que las propias internas habían iniciado en contra de los encargados de la seguridad de los penales por los delitos de abuso sexual y abuso de autoridad. Existe también la relación de dos averiguaciones previas que jueces penales habían iniciado contra secretarios de sus juzgados por falsificación de documentos. Se encuentra, a su vez, la relación de una averiguación previa que inició el director jurídico y de Derechos Humanos del Sistema Penitenciario, pues ya se había percatado de la existencia de una red de prostitución. Cuenta, asimismo, con una larga lista de oficios falsificados y con la relación de internas que fueron llamadas a declarar a juzgados distintos de los que se encontraba su proceso. En fin, el exhaustivo trabajo de investigación de la Comisión indica que ya había claros indicios de que algo así estaba pasando. La Procuraduría del DF no hizo su trabajo y por ello tuvo que intervenir la Comisión.
La recomendación 04/2010 va dirigida al secretario de Gobierno, al procurador y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, todos del DF. Los primeros dos ya aceptaron dicha recomendación; el último aún no. La Comisión le pide al presidente del Tribunal Superior de Justicia tres cosas muy razonables: que instruya a los jueces a que tengan un control más estricto de los oficios, que exista un encargado de verificar la legalidad de los traslados a juzgados de internos e internas y, finalmente, que inicie procedimientos administrativos en contra de los involucrados en estos hechos.
El presidente del Tribunal optó por burocratizar el proceso: el día 30 de septiembre se le notificó la recomendación y será hasta el día 12 de octubre cuando, en la sesión del Consejo de la Judicatura que convocó, se decida en forma colegiada si se acepta o rechaza la recomendación. El presidente de la Comisión estima que ello es profundamente irregular.
Una de las características que distingue a la administración de justicia propia de un sistema político autoritario es su extremada reverencia por las formas como estrategia para eludir la responsabilidad de decidir el contenido. Asimismo, uno de los síntomas que distingue a una judicatura que ha podido insertarse adecuadamente en un régimen democrático es precisamente su capacidad para colocar en primer plano las consecuencias de sus decisiones y el impacto de las mismas en la sociedad. Creo que, ante los hallazgos de la CDHDF, la cabeza del Poder Judicial local tendría que estar intentando minimizar el impacto negativo que éstos pueden tener en la percepción ciudadana sobre sus jueces. ¿Por qué el presidente del Tribunal ha optado por los rituales formalistas y burocráticos? Sinceramente no lo entiendo, pero ojalá recapacite. Ya no puede seguir siendo sostenible un sistema de justicia penal que está repleto de mafias, trampas, abusos y simulaciones del calibre de los que describe la CDHDF.
Según el espléndido trabajo de investigación, la CDHDF, funcionarios judiciales y personal de seguridad han montado una red de prostitución en las cárceles del DF. El negocio funciona de la siguiente manera: los secretarios de los juzgados giran oficios a los reclusorios solicitando que determinadas internas sean llevadas a un juzgado en específico para desahogar alguna diligencia. Todo es un montaje. El oficio es falso al igual que la diligencia. De lo que se trata es de una red de prostitución: internas, previamente seleccionadas por algún custodio o un interno, son trasladadas al lugar del encuentro. Éste se produce en los túneles obscuros y sucios que unen a los juzgados con los reclusorios. Los secretarios de juzgado cobran hasta 2 mil pesos por "diligencia fantasma"; las jefas de seguridad y custodias reciben hasta 800 pesos por contactar la cita y las internas se quedan con sumas que van entre 100 y 400 pesos. La Comisión argumenta con razón que las condiciones que se viven en las cárceles hacen que la decisión de las internas de prostituirse difícilmente pueda ser una decisión libre y autónoma. Todo lo contrario, por definición la cárcel reduce de forma importante espacios de libertad de decisión. La red de prostitución es una forma más de abuso de poder de funcionarios judiciales y custodias en contra de algunas de las mujeres que habitan las cárceles del DF.
La recomendación de la Comisión está muy bien documentada. Cuenta con muchos testimonios de todos los involucrados. También cuenta con datos duros como las averiguaciones previas que las propias internas habían iniciado en contra de los encargados de la seguridad de los penales por los delitos de abuso sexual y abuso de autoridad. Existe también la relación de dos averiguaciones previas que jueces penales habían iniciado contra secretarios de sus juzgados por falsificación de documentos. Se encuentra, a su vez, la relación de una averiguación previa que inició el director jurídico y de Derechos Humanos del Sistema Penitenciario, pues ya se había percatado de la existencia de una red de prostitución. Cuenta, asimismo, con una larga lista de oficios falsificados y con la relación de internas que fueron llamadas a declarar a juzgados distintos de los que se encontraba su proceso. En fin, el exhaustivo trabajo de investigación de la Comisión indica que ya había claros indicios de que algo así estaba pasando. La Procuraduría del DF no hizo su trabajo y por ello tuvo que intervenir la Comisión.
La recomendación 04/2010 va dirigida al secretario de Gobierno, al procurador y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, todos del DF. Los primeros dos ya aceptaron dicha recomendación; el último aún no. La Comisión le pide al presidente del Tribunal Superior de Justicia tres cosas muy razonables: que instruya a los jueces a que tengan un control más estricto de los oficios, que exista un encargado de verificar la legalidad de los traslados a juzgados de internos e internas y, finalmente, que inicie procedimientos administrativos en contra de los involucrados en estos hechos.
El presidente del Tribunal optó por burocratizar el proceso: el día 30 de septiembre se le notificó la recomendación y será hasta el día 12 de octubre cuando, en la sesión del Consejo de la Judicatura que convocó, se decida en forma colegiada si se acepta o rechaza la recomendación. El presidente de la Comisión estima que ello es profundamente irregular.
Una de las características que distingue a la administración de justicia propia de un sistema político autoritario es su extremada reverencia por las formas como estrategia para eludir la responsabilidad de decidir el contenido. Asimismo, uno de los síntomas que distingue a una judicatura que ha podido insertarse adecuadamente en un régimen democrático es precisamente su capacidad para colocar en primer plano las consecuencias de sus decisiones y el impacto de las mismas en la sociedad. Creo que, ante los hallazgos de la CDHDF, la cabeza del Poder Judicial local tendría que estar intentando minimizar el impacto negativo que éstos pueden tener en la percepción ciudadana sobre sus jueces. ¿Por qué el presidente del Tribunal ha optado por los rituales formalistas y burocráticos? Sinceramente no lo entiendo, pero ojalá recapacite. Ya no puede seguir siendo sostenible un sistema de justicia penal que está repleto de mafias, trampas, abusos y simulaciones del calibre de los que describe la CDHDF.
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