LORENZO CÓRDOVA VIANELLODe nueva cuenta, en el 2011 habrá una gran intensidad electoral. A lo largo del año se realizarán comicios en siete estados, en cinco de los cuales se renovará el Ejecutivo local (salvo el caso de Hidalgo y de Nayarit, en donde se elegirán sólo alcaldes y diputados).
El partido que más cartas se está jugando es el PRD, pues tres de los cinco gobernadores que serán elegidos corresponden a entidades actualmente regidas por el perredismo (Guerrero, Baja California Sur y Michoacán) y todo parece indicar que, en las tres, la contienda será reñida y muy competida.
Por otra parte, el personaje cuya apuesta es más alta es el todavía gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, cuyo futuro político (léase sus aspiraciones presidenciales) depende en gran medida de que su partido conserve el poder en esa entidad sin sobresaltos ni cuestionamientos graves.
Finalmente, la elección en Coahuila parece ser un mero trámite, pues en ese estado las redes clientelares y de poder construidas por Humberto Moreira son muy sólidas y están perfectamente aceitadas, y a ellas se enfrenta una oposición débil y desorganizada.
Otra de las características de los comicios del año 2011 es su dispersión a lo largo de los meses. A pesar de que la reforma constitucional de 2007 dispuso la homologación de las elecciones estatales al primer domingo de julio del año que corresponda —siempre y cuando no se trate de años en los que se realizan elecciones federales—, estamos en la última etapa de ajustes a los calendarios electorales, por lo que en esta ocasión tendremos procesos electorales a lo largo de todo el año. El 30 de enero serán las elecciones en Guerrero, una semana después, el 6 de febrero, ocurrirán las elecciones de Baja California Sur. El 3 de julio se votará en Coahuila, estado de México, Nayarit y, finalmente, el 13 de noviembre acudirán a las urnas los ciudadanos de Michoacán.
Si además tomamos en cuenta que en la primera semana de octubre arrancará formalmente el proceso electoral federal en el que se renovará la Presidencia, el 2011 se presenta como un año plagado de actividad electoral de principio a fin. A lo largo de todos los meses se estarán sucediendo procesos internos de selección de candidatos, campañas electorales, jornadas electorales y etapas de impugnación de resultados, con toda la crispación, confrontación y roces que son consustanciales a las contiendas democráticas en sociedades plurales, complejas y diversas políticamente como la nuestra.
Eso abre un escenario muy complicado para la discusión y procesamiento político de muchos temas —algunos cruciales e impostergables— que están en la lista de pendientes. Se trata de asuntos que van desde la designación de altos funcionarios públicos (como las hasta hoy irresueltas designaciones de tres consejeros electorales y de un ministro de la SCJN), hasta la discusión y aprobación de modificaciones constitucionales y legales en ámbitos tales como la reforma laboral, la reforma política y los necesarios ajustes a las normas electorales de cara a los comicios del 2012, entre otros.
A partir de enero, los comicios locales, primero, y la cercanía e inminente inicio del proceso federal, después, tendrán un espacio prioritario en la lógica de todos los actores y serán, inevitablemente, un elemento disruptivo que enturbiará las negociaciones políticas. Ello puede abrir un delicado impasse en el que el periodo final del sexenio terminaría por ser un espacio en donde el gobierno se dedique simplemente a administrar la cosa pública y los partidos políticos sólo se preocupen por posicionarse de cara a los siguientes comicios. Si los problemas del país no fueran tantos y tan graves, el punto no dejaría de ser anecdótico, pero, ante las muchas crisis que enfrentamos, dos años de inmovilismo serían un tiempo precioso desperdiciado.
Asumir que los meses por venir van a ser naturalmente complejos para tomar decisiones y que la ventana de oportunidad para los acuerdos va a ir estrechándose conforme pase el tiempo debería ser un primer acto de responsabilidad de la clase política para, con una lógica de largo alcance, enfrentar los problemas más urgentes y relevantes cuanto antes y para, en todo caso, impedir que la actividad electoral “contamine” las decisiones de Estado. Pero desafortunadamente, nos lo enseña la realidad, la responsabilidad y la amplitud de miras son bienes muy escasos, lo que nos permite imaginar un futuro muy complicado y poco halagüeño.
El partido que más cartas se está jugando es el PRD, pues tres de los cinco gobernadores que serán elegidos corresponden a entidades actualmente regidas por el perredismo (Guerrero, Baja California Sur y Michoacán) y todo parece indicar que, en las tres, la contienda será reñida y muy competida.
Por otra parte, el personaje cuya apuesta es más alta es el todavía gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, cuyo futuro político (léase sus aspiraciones presidenciales) depende en gran medida de que su partido conserve el poder en esa entidad sin sobresaltos ni cuestionamientos graves.
Finalmente, la elección en Coahuila parece ser un mero trámite, pues en ese estado las redes clientelares y de poder construidas por Humberto Moreira son muy sólidas y están perfectamente aceitadas, y a ellas se enfrenta una oposición débil y desorganizada.
Otra de las características de los comicios del año 2011 es su dispersión a lo largo de los meses. A pesar de que la reforma constitucional de 2007 dispuso la homologación de las elecciones estatales al primer domingo de julio del año que corresponda —siempre y cuando no se trate de años en los que se realizan elecciones federales—, estamos en la última etapa de ajustes a los calendarios electorales, por lo que en esta ocasión tendremos procesos electorales a lo largo de todo el año. El 30 de enero serán las elecciones en Guerrero, una semana después, el 6 de febrero, ocurrirán las elecciones de Baja California Sur. El 3 de julio se votará en Coahuila, estado de México, Nayarit y, finalmente, el 13 de noviembre acudirán a las urnas los ciudadanos de Michoacán.
Si además tomamos en cuenta que en la primera semana de octubre arrancará formalmente el proceso electoral federal en el que se renovará la Presidencia, el 2011 se presenta como un año plagado de actividad electoral de principio a fin. A lo largo de todos los meses se estarán sucediendo procesos internos de selección de candidatos, campañas electorales, jornadas electorales y etapas de impugnación de resultados, con toda la crispación, confrontación y roces que son consustanciales a las contiendas democráticas en sociedades plurales, complejas y diversas políticamente como la nuestra.
Eso abre un escenario muy complicado para la discusión y procesamiento político de muchos temas —algunos cruciales e impostergables— que están en la lista de pendientes. Se trata de asuntos que van desde la designación de altos funcionarios públicos (como las hasta hoy irresueltas designaciones de tres consejeros electorales y de un ministro de la SCJN), hasta la discusión y aprobación de modificaciones constitucionales y legales en ámbitos tales como la reforma laboral, la reforma política y los necesarios ajustes a las normas electorales de cara a los comicios del 2012, entre otros.
A partir de enero, los comicios locales, primero, y la cercanía e inminente inicio del proceso federal, después, tendrán un espacio prioritario en la lógica de todos los actores y serán, inevitablemente, un elemento disruptivo que enturbiará las negociaciones políticas. Ello puede abrir un delicado impasse en el que el periodo final del sexenio terminaría por ser un espacio en donde el gobierno se dedique simplemente a administrar la cosa pública y los partidos políticos sólo se preocupen por posicionarse de cara a los siguientes comicios. Si los problemas del país no fueran tantos y tan graves, el punto no dejaría de ser anecdótico, pero, ante las muchas crisis que enfrentamos, dos años de inmovilismo serían un tiempo precioso desperdiciado.
Asumir que los meses por venir van a ser naturalmente complejos para tomar decisiones y que la ventana de oportunidad para los acuerdos va a ir estrechándose conforme pase el tiempo debería ser un primer acto de responsabilidad de la clase política para, con una lógica de largo alcance, enfrentar los problemas más urgentes y relevantes cuanto antes y para, en todo caso, impedir que la actividad electoral “contamine” las decisiones de Estado. Pero desafortunadamente, nos lo enseña la realidad, la responsabilidad y la amplitud de miras son bienes muy escasos, lo que nos permite imaginar un futuro muy complicado y poco halagüeño.
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