REPONER LA LICITACIÓN 21

JAVIER CORRAL JURADO

Cuando el 18 de octubre Televisa y Nextel anunciaron que terminaban el acuerdo de inversión “bajo el cual Televisa adquiriría una participación en el capital de Nextel México”, y que los había llevado a conformar el consorcio mercantil que obtuvo la ganga en la licitación 21, varias de las voces que impugnaron ese proceso consideraron que la batalla política, jurídica y social había terminado. La conclusión era razonable, pues al ya no existir la figura jurídica con la que habían concursado y a la que —a pesar de la creciente y extendida protesta social— se le había otorgado el título de concesión, quedaba también sin validez esa adjudicación de espectro y volvería a reponerse el proceso licitatorio en el bloque nacional de 30 Mhz.
Otros consideraron que con la salida de Televisa de la sociedad, la causa impugnada se había satisfecho, pero no es así, porque la oposición esencial ha consistido en denunciar la condonación inicial por dos años en el pago de derechos por explotación del espectro, el diseño a modo de las bases de la licitación, la decisión de la CFC de autorizar una alianza Televisa-Nextel ya puesta en marcha la licitación, la votación ilegal de la Cofetel donde falló a favor de ese consorcio, así como por el pago irrisorio que hicieron en la “subasta”, como pago inicial, con una diferencia de 28 veces menos el valor que otros competidores, lo que representa un daño al patrimonio de la nación de cerca de 7 mil millones de pesos.
Más allá de si permanecen juntos Televisa y Nextel, o sólo continúa esta última, la causa de la impugnación es la misma. Y esa injusticia, fruto de la prevaricación de esos órganos de gobierno encabezados por el titular de la SCT, persistirá mientras no se reponga la licitación, al menos en esa franja de la banda de frecuencia 1.7 Ghz, que es una de las más cotizadas, pues permite la prestación de servicios de cuarta generación.
Pero lo que se preveía como una consecuencia lógica y jurídica, la cancelación de la concesión y la reposición del procedimiento, no sólo no pasó, sino que el secretario Molinar Horcasitas de inmediato declaró que la concesión se mantendría en manos de Nextel, e incluso dejó entrever que la salida de Televisa no era definitiva. Y en efecto, todo indica que el supuesto rompimiento es una simulación más en la larga historia de mentiras con las que absurdamente se ha empeñado la SCT en mantener su decisión. Una maniobra para reducir el nivel de cuestionamiento e indignación que provocó este acto de favoritismo.
De ahí, por ejemplo, que Molinar haya callado sobre varios requerimientos de información que le hice en mi calidad de presidente de la Comisión de la Gobernación, desde el pasado 19 de octubre, y que reiteré el 8 de noviembre, con fundamento tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Congreso para que manifestara, entre otros temas, “los efectos de las acciones derivadas de la ruptura de la alianza de las empresas Televisa y Nextel, particularmente en lo que corresponde al beneficiario del título de concesión, en virtud de la composición accionaria de la empresa creada ex profeso para operar la concesión derivada de la licitación 21”, así como remitirnos “copia del título de concesión de la referida adjudicación y de los anexos que en su caso lo integren”.
Molinar no respondió y con el tiempo nos enteramos de que la decisión de mantener el privilegio indebido era invariable, así se hablara directamente con los magistrados que revisaran las sentencias que distintos jueces de la federación en materia administrativa y civil han resuelto en contra de la licitación. Pues se aguarda el tiempo de que, al bajar la marea de la crítica, regrese de nuevo al consorcio la empresa que en realidad consiguió los descuentos y la ganga: Televisa.
Legisladores de todos los partidos hemos vuelto a exigir que se revierta esta licitación o, en su caso, se sancione a los responsables. El 16 de noviembre, en la Cámara de Senadores, y el 21 de octubre, en la de Diputados, se presentaron propuestas para que sea revocado el título de concesión a Nextel. En un paso decisivo del primer acuerdo que logramos entre cámaras en esta materia, la de Diputados ya aprobó el jueves pasado, mediante una amplia mayoría de legisladores de todos los partidos y bajo el procedimiento de urgente resolución, el punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a reponer la licitación 21.
Va a ser muy difícil que el gobierno nuevamente desatienda un llamado de esta dimensión. Como lo ha expresado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que preside el doctor Raúl Trejo: “El punto de acuerdo constituye una clara exigencia al gobierno federal. Si ya no existe la figura jurídica que participó en la licitación... la concesión es ilegal”. La AMEDI respalda la exigencia de los legisladores: “La licitación 21 debe ser restituida, con nuevas reglas que impidan favoritismos y propicien la competencia con criterios de calidad en el manejo de la telefonía en nuestro país. La experiencia... de la licitación 21 debe servir para que la Cofetel y la SCT se abstengan de traficar, con criterios facciosos, con el espectro radioeléctrico que —no hay que olvidarlo— es patrimonio de la nación”.