AL CONSEJO RECTOR DE TRANSPARENCIA MEXICANA

JAVIER CORRAL JURADO

Estimados Manuel Arango, Sergio García Ramírez, David Ibarra M., Humberto Murrieta, Olga Pellicer, Felipe Pérez Cervantes, Ricardo Pozas Horcasitas, Federico Reyes Heroles, Luis Rubio, José Sarukhán, Ulises Schmill, Bernardo Sepúlveda, Alberto Tiburcio: Como deben saber, diversos sectores sociales, organizaciones académicas, legisladores y operadores de servicios de telecomunicaciones hemos cuestionado la asignación de frecuencias en la banda 1.7 ghz para telefonía móvil, mejor conocida como licitación 21. Esa multiplicidad de voces obligó a que el Congreso se pronunciara primero por declarar desierta la licitación y, luego de que se otorgó el título de concesión, para que fuera revocado y se repusiera el procedimiento. En ambas decisiones se incluyeron legisladores de casi todos los partidos (a excepción del PVEM). He catalogado al proceso como uno de los actos de corrupción política más impúdicos que se hayan realizado en el sector, después de la ley Televisa, avalado y operado por los mismos actores que contribuyeron a aquella nefasta reforma legislativa, anulada por la SCJN. Sin que suene a presunción, debo decir que fui el primero en anunciar a los ganadores de ese concurso, meses antes de que se publicara la convocatoria y las bases de la licitación. No soy experto, pero con el simple conocimiento del proyecto de las bases se podía determinar que las reglas fueron diseñadas para favorecer a Televisa y luego a quien sería su socio en el camino, Nextel, para que se quedaran con el principal segmento del espectro en esa banda, a precio de ganga. Por esos días, y sin que iniciara el proceso, Televisa ya cabildeaba en el Congreso y con el Ejecutivo la condonación fiscal del pago de derechos por dos años a los que resultaran ganadores de la licitación en esa banda. Adelanté a los ganadores y denuncié lo que se fraguaba, pero nada ni nadie detuvo el proceso. Y parece que nada lo hará, se apuesta a que el tiempo entierre el asunto y que la desmemoria social deje impune el daño al Estado por más de 6 mil millones de pesos. De ahí que la opinión de Transparencia Mexicana (TM), como “testigo social” en esa licitación, era importante porque, como ésta se define, “se trata de una ONG que enfrenta el problema de la corrupción desde una perspectiva integral... para generar cambios concretos en el marco institucional y en la cultura de la legalidad en México”. Al conocer el informe que TM presentó sobre la licitación 21, el 6 de diciembre, no puedo evitar llamar la atención de ustedes porque me preocupa que un organismo de su naturaleza pueda ser arrastrado al desaseo que ha significado este proceso. Sería terrible y autodestructivo para la sociedad que sus pocos instrumentos en la tarea de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción terminen siendo parte de una estrategia política. Lo expreso tanto por la forma en que se dio a conocer la información —bajo la manipulación del titular de la Cofetel, Mony de Swaan—, pero más por el contenido de los documentos que, aunque expresan algunos cuestionamientos, éstos se realizan en forma muy comedida y no sobre los aspectos esenciales, lo que ha permitido a las autoridades decir que TM avala en general la licitación. La crítica es lánguida y deficiente, fruto de una incomprensible autodelimitación del campo de observación en su monitoreo que da la razón a quienes afirman que a este organismo el gobierno lo contrata para que certifique si, en un proceso de licitación, se cumplen las reglas que el gobierno establece. Más delicado aún es que, dentro de ese mismo campo de observación limitado, se haya dejado de mencionar lo que constituyó la principal omisión de la autoridad: declarar desierta la licitación cuando estaba claro que se quedaría un solo participante en el segmento nacional, y por ello no habría puja, como sí se estaba dando en los otros segmentos regionales, además de que ello era posible porque así lo permitía la misma licitación. No se trata de descalificar a un organismo como TM, sino de solicitar que haga bien su trabajo, encomiable desde la participación ciudadana, pero también exigible desde el momento en que por ello recibe dinero público. Ésta es una invitación a que discutamos, en el seno de TM o en el foro público, si se quiere ese informe y el rol que el organismo privado —referente de la lucha anticorrupción— quiere jugar en relación con las licitaciones de espectro que conjuntan todo tipo de intereses y presiones porque representan multimillonarios negocios para unos cuantos y otro caudal igual o superior de valor político electoral. Particularmente, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información ha mantenido un papel relevante en el cuestionamiento de este proceso; sería deseable que ambas asociaciones intercambiaran puntos de vista, para que los miembros del consejo rector en el que se deposita la credibilidad y prestigio de TM tengan noción de la relevancia de su desempeño en la parte final de este escándalo, con el que precisamente la SCT quiere cerrar el capítulo público, aunque haya más de 70 demandas pendientes de resolver. No sería bueno que el moño del regalo con el que se quiere terminar de envolver el cochinero sea a cargo de TM. No nos lo merecemos.