JORGE ALCOCER VILLANUEVA"Transexenalidad, inamovilidad y decisiones colegiadas, con nombramientos pasados por el tamiz del legislativo, harían de nuestros reguladores órganos serios, profesionales e independientes en su actuación (...) Es por ello que resulta fundamental otorgarle a dicha Cámara (de Senadores) la facultad de ratificación de los nombramientos de los comisionados de los organismos reguladores realizados por el Ejecutivo Federal".
La cita no es de la autoría de algún izquierdista radical, o de un priista que pretenda debilitar al actual Presidente; fue escrita y firmada por el candidato Felipe Calderón Hinojosa en su texto "Convergencia tecnológica y órganos reguladores" (Política Digital, junio-julio 2006). Si la traigo a colación es para ubicar las visiones que subyacen en el debate de la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica.
Dos son las discrepancias fundamentales entre el PRI y el PAN- gobierno: una es por las nuevas facultades que la Cámara de Diputados decidió otorgar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) para que ésta pueda investigar, corregir y sancionar, de manera más oportuna y dura, prácticas contrarias a la competencia, que perjudican a los consumidores. El objetivo es aplaudible, pero, en opinión de expertos, a los diputados se les pasó la mano, lo que podría dar lugar a amparos que harían nugatorias esas nuevas facultades. Para evitar ese riesgo, diversos senadores propusieron modificar la minuta aprobada en San Lázaro.
La otra discrepancia es por el cambio que, a iniciativa del senador Beltrones, el dictamen del Senado propone en la definición jurídica de la Cofeco y al procedimiento para la designación de los comisionados. Se trata de convertir a esa Comisión en un organismo descentralizado -hoy es desconcentrado- y así establecer el fundamento legal para que el Senado ratifique las designaciones de comisionados que realice el titular del Ejecutivo, tal y como lo propuso el entonces candidato Felipe Calderón.
Dar al Senado esa facultad, tanto respecto de la Cofeco como para otros órganos reguladores, es un cambio a favor de su efectiva autonomía, así como a la construcción de nuevos equilibrios en la relación entre poderes, como afirmó Felipe Calderón en el texto antes citado: "Aclaro, esta facultad no implica invadir la esfera del Poder Ejecutivo federal ni adoptar un sistema parlamentario, sino por el contrario: es una modificación trascendental que pretende obtener un equilibrio".
La experiencia internacional muestra que la interacción entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en la designación de los comisionados de los órganos reguladores es un elemento positivo para asegurar el ejercicio pleno de sus facultades y así llevar a la práctica los principios de legalidad e independencia que deben guiar su desempeño.
La mejor forma de regular a los reguladores es garantizando la independencia e idoneidad profesional de sus comisionados, privilegiando los méritos por encima de cualquier otra consideración.
La experiencia en esta materia ha sido, en varios casos, negativa. Es el caso de la Cofetel, afectada durante varios años por la feroz pugna de dos secretarios de Comunicaciones y Transportes contra su presidente, que desembocó en la obligada renuncia de Héctor Osuna y la designación en su lugar de Mony de Swaan, quien ha mantenido una larga relación de subordinación hacia el actual secretario de la SCT. Casos similares se observan en otros órganos reguladores en los que el Ejecutivo goza de la facultad discrecional para designar comisionados.
Me pregunto cómo podría cumplir su tarea el gobernador del Banco de México si en su nombramiento por el Ejecutivo imperasen motivos de subordinación. La ratificación por el Senado de los comisionados de los órganos reguladores permite "blindar a estas agencias contra tentaciones de amiguismos o componendas para colocar gente incapaz o corrupta, y asegurar el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo de comisionados". La cita no es de la iniciativa del senador Manlio Fabio Beltrones, ni del dictamen del Senado, sino del mencionado texto de Felipe Calderón.
La autonomía de los órganos reguladores en materia económica ha sido uno de los grandes avances en la reforma del Estado. Hay que perseverar en esa ruta, con nuevas reformas.
La cita no es de la autoría de algún izquierdista radical, o de un priista que pretenda debilitar al actual Presidente; fue escrita y firmada por el candidato Felipe Calderón Hinojosa en su texto "Convergencia tecnológica y órganos reguladores" (Política Digital, junio-julio 2006). Si la traigo a colación es para ubicar las visiones que subyacen en el debate de la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica.
Dos son las discrepancias fundamentales entre el PRI y el PAN- gobierno: una es por las nuevas facultades que la Cámara de Diputados decidió otorgar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) para que ésta pueda investigar, corregir y sancionar, de manera más oportuna y dura, prácticas contrarias a la competencia, que perjudican a los consumidores. El objetivo es aplaudible, pero, en opinión de expertos, a los diputados se les pasó la mano, lo que podría dar lugar a amparos que harían nugatorias esas nuevas facultades. Para evitar ese riesgo, diversos senadores propusieron modificar la minuta aprobada en San Lázaro.
La otra discrepancia es por el cambio que, a iniciativa del senador Beltrones, el dictamen del Senado propone en la definición jurídica de la Cofeco y al procedimiento para la designación de los comisionados. Se trata de convertir a esa Comisión en un organismo descentralizado -hoy es desconcentrado- y así establecer el fundamento legal para que el Senado ratifique las designaciones de comisionados que realice el titular del Ejecutivo, tal y como lo propuso el entonces candidato Felipe Calderón.
Dar al Senado esa facultad, tanto respecto de la Cofeco como para otros órganos reguladores, es un cambio a favor de su efectiva autonomía, así como a la construcción de nuevos equilibrios en la relación entre poderes, como afirmó Felipe Calderón en el texto antes citado: "Aclaro, esta facultad no implica invadir la esfera del Poder Ejecutivo federal ni adoptar un sistema parlamentario, sino por el contrario: es una modificación trascendental que pretende obtener un equilibrio".
La experiencia internacional muestra que la interacción entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en la designación de los comisionados de los órganos reguladores es un elemento positivo para asegurar el ejercicio pleno de sus facultades y así llevar a la práctica los principios de legalidad e independencia que deben guiar su desempeño.
La mejor forma de regular a los reguladores es garantizando la independencia e idoneidad profesional de sus comisionados, privilegiando los méritos por encima de cualquier otra consideración.
La experiencia en esta materia ha sido, en varios casos, negativa. Es el caso de la Cofetel, afectada durante varios años por la feroz pugna de dos secretarios de Comunicaciones y Transportes contra su presidente, que desembocó en la obligada renuncia de Héctor Osuna y la designación en su lugar de Mony de Swaan, quien ha mantenido una larga relación de subordinación hacia el actual secretario de la SCT. Casos similares se observan en otros órganos reguladores en los que el Ejecutivo goza de la facultad discrecional para designar comisionados.
Me pregunto cómo podría cumplir su tarea el gobernador del Banco de México si en su nombramiento por el Ejecutivo imperasen motivos de subordinación. La ratificación por el Senado de los comisionados de los órganos reguladores permite "blindar a estas agencias contra tentaciones de amiguismos o componendas para colocar gente incapaz o corrupta, y asegurar el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo de comisionados". La cita no es de la iniciativa del senador Manlio Fabio Beltrones, ni del dictamen del Senado, sino del mencionado texto de Felipe Calderón.
La autonomía de los órganos reguladores en materia económica ha sido uno de los grandes avances en la reforma del Estado. Hay que perseverar en esa ruta, con nuevas reformas.
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