EL IFE. LAS TELEVISORAS Y EL TRIBUNAL ELECTORAL

RICARDO BECERRA LAGUNA

¿Qué estaciones de radio y qué canales de televisión están obligados a cumplir la ley electoral (y la ley a secas)? Todos (respuesta obvia). Pero en nuestro caso no ha sido así. Desde los orígenes de la reforma electoral (2008), el asunto de las excepciones se asoma como la principal fuente de tensión y pleito entre el Instituto Federal Electoral y una muy importante rama de los concesionarios de la televisión abierta en México. Veamos. De acuerdo con la Constitución, cuando inicia un proceso electoral cualquiera, el IFE debe confeccionar un “catálogo de emisoras”, o sea, qué frecuencias de radio y de televisión transmitirán para la ciudadanía los mensajes políticos de partidos y de autoridades electorales. A pesar de sus críticos, esto es lo que ha abaratado las contiendas políticas en México: no se eroga un centavo de nadie, porque esos mensajes son transmitidos en los “tiempos del Estado”, es decir, en los tiempos que, concesionarios y permisionarios, de todos modos están obligados a ceder (con reforma electoral o sin ella). La lógica jurídica indicaría que cada concesión y cada señal individual está comprometida a las mismas obligaciones que el resto: si se le cedió un título para el uso de un espacio en el espectro, entonces adquiere ciertos compromisos frente al Estado. El problema es que allá, en los primeros pasos de la reforma, algunos concesionarios (Televisa y Televisión Azteca al frente) adujeron que su histórico formato operativo y tecnológico —pensado desde siempre, para afirmarse como una televisión nacional— no permitía la inserción de mensajes locales en 173 de las frecuencias de su propiedad. Sólo pueden “repetir” lo que envía la señal madre. Por lo tanto, debía generarse un listado de emisoras de excepción que quedarían fuera de la obligación electoral. Y es que durante los debates constitucionales se planteó, explícitamente, que la reforma electoral “no implicaba en modo alguno una carga adicional a los concesionarios ni permisionarios” y que, por tanto, no estaban obligados a realizar inversiones que modificaran su tradicional modo de operar. En esos años novatos, el Comité de Radio y Televisión del IFE dio por bueno el argumento y así cursaron las elecciones federales del 2009 y otras 34 elecciones locales hasta octubre de este año. Pero, algo no encajaba en el esquema. Muchas de las emisoras exceptuadas resultaron ser las más importantes en estados completos. Luego, en plenas campañas, el tráfico de propaganda política emitida desde otros puntos se presta a estrategias de intromisión indebida en contiendas ajenas. Además, la propaganda del gobierno federal debe ser congelada por meses, precisamente porque está prohibida en las campañas y, como los consorcios no pueden evitarlo, entonces optan por no emitir los mensajes del gobierno. Y, resulta paradójico, que permisionarias locales, con pocos recursos, hagan esfuerzos por cumplir la ley, mientras que las boyantes empresas son exceptuadas, criterio técnico mediante. No es casual que en esta maraña (producida por la excepción concedida y no por la reforma electoral) hayan crecido como hongos centenas de denuncias, un permanente todos contra todos, que hace aparecer a la operación de la reforma como un galimatías soviético, imposible e inadministrable. Luego vino la gota que derramó el vaso: el sistema de monitoreo del IFE descubrió que en no pocos casos habían mentido. Que donde habían declarado no poder “bloquear” lo hacían tan campantes, porque se creían no vistas. En un sencillo ejercicio, el IFE pudo demostrar, con testigos, grabaciones, canales y horarios precisos, que podían hacer cotidianamente lo que decían no poder. Y cuando surgieron los cuestionamientos de partidos y de consejeros, los balconeados arguyeron algo aún más asombroso: lo que vemos son decisiones de mercado, se trata de capacidades itinerantes, bloqueos nómadas, amparados en la “libertad de empresa”. Como no podía esperarse otra cosa, las sanciones llegaron y crecieron, especialmente a TV Azteca, cuya cuenta litigiosa ya alcanza los 300 millones de pesos. Por eso, las televisoras llevaron el caso al Tribunal Electoral Federal para defender sus inveterados intereses. Así las cosas, esta semana la Sala Superior tomará una determinación jurídica y técnica de la mayor relevancia porque pavimentará (o no) el principal problema con el que el IFE ha lidiado en la administración de los tiempos del Estado. La decisión del Tribunal ocurrirá pronto. De su buen juicio depende que el 2012 sea lo que debe ser: una contienda entre candidatos y partidos, y no, como a veces parece, el pleito estrafalario entre el IFE y las televisoras.