DISCRECIONALIDAD CON RECURSOS PÚBLICOS

ERNESTO VILLANUEVA VILLANUEVA

En entregas anteriores me he referido a este tema y he criticado y propuesto reformas respecto a los donativos gubernamentales (edición 1758) y los fideicomisos con recursos públicos (1767). La situación, sin embargo, sigue empeorando trimestre tras trimestre. Veamos. Primero. Es importante recordar que, por la propia naturaleza jurídica del fideicomiso, se necesita un esfuerzo mayor para ejercer escrutinio social y exigir rendición de cuentas sobre el gasto público que ejercen directamente los poderes del Estado y sus organismos autónomos. Este asunto no es menor. Hasta el 30 de septiembre pasado existían 367 fideicomisos o análogos en el ámbito federal con fondos que ascendían a 384 mil 129 millones de pesos. El destino de esa cifra multimillonaria no requiere de mucha explicación: 121 mil millones 240 millones de pesos eran para el pago de pensiones, distintas a las otorgadas por el IMSS, el ISSSTE y otros sistemas de seguridad social; 22 mil 551 millones correspondían a “prestaciones laborales” de los servidores públicos, adicionales a los sueldos previstos en el Presupuesto de Egresos; 28 mil 808 millones se hallaban reservados para “subsidios y apoyos” (rubro en el que todo cabe) y 70 mil 293 millones de pesos eran para “apoyos financieros”. De la misma manera, se han generado mecanismos para evitar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones en Materia de Seguridad. El Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y Aeronaves tiene fondos que llegan a 4 mil millones de pesos. ¿Usted creería como acto de fe que el secretario Genaro García Luna invertirá esos recursos con toda pulcritud pensando en el bienestar de México? ¿No será razonable pensar que haya alguna posibilidad –así sea muy remota– de que la opacidad puede permitir corrupción e impunidad al amparo de la “seguridad”? Segundo. En materia de donativos que se otorgan con recursos públicos, la discrecionalidad prevista en la ley permite asignar parte del erario sin ningún mecanismo de evaluación, pertinencia y oportunidad. Esta circunstancia coadyuva a desnaturalizar la función del Estado. Un análisis del tercer informe trimestral del gasto público de 2010 permite, de entrada, observar que organizaciones sociales y grupos de interés reciben donativos y ayudas millonarias. Así, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social subsidia a la Asociación de Apoyo a Jubilados y Pensionados del MUNJP, A.C., a la cual le donó en el tercer trimestre de este año 5 millones 210 mil pesos para “apoyar las funciones propias de la asociación”; en tanto que el ISSSTE sigue manteniendo relaciones inadecuadas con su sindicato, al cual le donó durante el mismo periodo 4 millones de pesos para “apoyar actividades de seguridad social”, además de otorgar un donativo de 3 millones 500 mil pesos a la Asociación Nacional de Servicio Voluntario, A.C., que preside la esposa del director general del propio ISSSTE. ¿No existe aquí en principio un conflicto de interés? Por su parte, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) mantiene su política de apoyar a quienes tienen muchas otras formas de financiar sus actividades. En 2009 asignó un donativo de 24 millones de pesos a Radiodifusoras y Televisoras de Occidente, A.C. (agrupación que organiza a los industriales de la radio y televisión de Jalisco), y en este 2010 dicho apoyo ascendió a 35 millones de pesos. Asimismo, Conaculta ha donado este año 10 millones de pesos a Sumando Amor, A.C., con el aparente fin de emplearlos en la remodelación de la antigua Basílica de Guadalupe. “Sumando Amor es una asociación civil legal y transparente que busca recaudar fondos en dinero, ayuda en especie y esfuerzo por parte de la sociedad mexicana”, expresó en un boletín fechado el 12 de octubre de 2007 el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México. ¿Por qué debe Conaculta regalar dinero que no es suyo a empresarios y a la Iglesia católica? ¿Dónde quedó la separación de la Iglesia y el Estado consagrada en la Constitución? Tercero. La falta de un adecuado control de donativos y fideicomisos propicia tráfico de influencias, conflictos de interés y muchas otras formas de corrupción. De ahí, por tanto, la urgencia de que se reforme la ley para que en materia de donativos se establezcan comisiones dictaminadoras y criterios de asignación, seguimiento y evaluación de proyectos. Además, en materia de fideicomisos con recursos públicos debe eliminarse el secreto fiduciario, de tal suerte que más temprano que tarde esta figura legal pierda su sentido cuando estén en juego recursos de la sociedad. Sólo así se podrían dar, en este campo, pasos efectivos en materia de transparencia que ahora no existen.