"BEBESAURISMO" QUERETANO

JAVIER CORRAL JURADO

Al haber sido Querétaro sede del Constituyente de 1917 que promulgó nuestra Carta Magna, uno pudiera suponer que las autoridades locales tienen orgullo por esa cuna y, por ende, algo de respeto por el régimen constitucional que de ahí emergió. Pero da la penosa casualidad de no ser así; por estos días se ha realizado allá uno de los atropellos más descarados a la misma Constitución que los queretanos tienen para su régimen interior. El Congreso del estado llevó a cabo la madrugada del 1 de diciembre pasado, con cinismo y descaro, una ilegal elección para renovar los consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) para el periodo 2010-2017, haciendo a un lado el requisito constitucional de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura local, que en el caso que nos ocupa se compone de 25 diputados, por lo que el número necesario para cumplir la taxativa constitucional es de 17 votos, y no de 15, como fue la votación por la que el PRI pretende hacerse del órgano electoral. Además de lo burdo de la decisión, el proceso estuvo lleno de irregularidades: violando el orden del día que retrasó la sesión por horas, sin dictamen de comisión u órgano competente, y la confección de una boleta electoral que ya la hubiera querido imaginar Gonzalo N. Santos, en el que nunca apareció espacio para señalar otra opción o votar en contra, por lo que la única alternativa era anular el voto, lo que, de acuerdo con la legislación del Congreso, significaba computar los votos nulos sumándolos con los votos a favor. Ello originó que los diputados del PAN abandonaran la sesión el 30 de noviembre y no convalidaran una elección amañada y el claro agandalle del organismo electoral por parte del PRI que, para contar con la complicidad de las fracciones parlamentarias pequeñas, “cedió” un consejero de los siete propietarios que componen el IEQ. Con la salida del PAN no se perdió el quórum para seguir con la sesión, por lo que la continuaron hasta la madrugada, aunque dejaron de contar con las dos terceras partes. En ese ambiente de nocturnidad decidieron asaltar al IEQ y atropellar la Constitución. Más allá de que la decisión del Congreso ha sido ya impugnada y previsiblemente pueda ser nulificada por el TEPJF —que ya tiene antecedentes en este tipo de casos—, el hecho es muy significativo de la regresión autoritaria que está puesta en marcha en varias entidades del país, aun en aquellas donde la presencia de jóvenes mandatarios priístas quiere ser traducida como signo de renovación y modernidad política en ese partido. Nada más lejos de la realidad, pues esas jóvenes figuras han resultado más premodernas, atrabiliarias y con enormes dosis de cinismo. De esa especie de bebesaurismo priísta es fiel representante el gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada, envuelto hace apenas un año en un discurso por el cambio y que en los hechos ha restaurado el control político personal, no sólo en el Congreso del estado, sino en muchos de los medios de comunicación que han minimizado este hecho. Para darnos cuenta de lo que pasa en Querétaro en materia de ese silenciamiento mediático, sólo habría que imaginarnos la reacción que provocaría en el país que la Cámara de Diputados, pendiente de elegir a tres nuevos consejeros del IFE, decidiera violar la Constitución en el requisito de las dos terceras partes que señala el artículo 41, fracción V. Ardería Troya. Pues en Querétaro el tema mismo es sofocado. El ambiente en esa entidad se ha enrarecido; regresó el tufo faccioso, el revanchismo y la intolerancia. El 22 de noviembre, en el Teatro de la República, aconteció un hecho frente al que Calzada permaneció impasible y guardó silencio cómplice, pues no son pocos los que aseguran que su mano estuvo presente: un grupo de porros con camisetas del PRI agredieron y trataron de intimidar a los asistentes e invitados especiales que acudieron al informe de actividades legislativas de la diputada Marcela Torres, entre éstos, la coordinadora de los diputados del PAN, Josefina Vázquez Mota. “El hecho hace constar —expresaron los legisladores federales del PAN en un desplegado— una escalada de intolerancia y polarización animada, o por lo menos, solapada desde la autoridad estatal misma”. Ahora, Calzada amenaza a los alcaldes panistas en Querétaro de no participarles recursos y apoyos si se suman a la denuncia por la violación constitucional y promueve, entre algunos legisladores y munícipes de Acción Nacional, la destitución del presidente del comité directivo estatal, Ricardo Anaya, quien hasta ahora no se pliega, ni se deja cooptar por el gobernador. Este asunto es otro botón de muestra del “nuevo” PRI que amenaza con regresar a Los Pinos. El de Peña Nieto, que da un albazo legislativo para suprimir las candidaturas comunes a unas semanas de que se iniciara el proceso electoral en el Edomex y que reduce el tiempo de campaña a la gubernatura a 45 días. El PRI de Calzada Rovirosa, que no tiene empacho en secuestrar al órgano electoral para lo que se necesite en el futuro, y seguro no será para una actuación imparcial.