MARÍA DEL CARMEN ALANÍS FIGUEROALa justicia electoral mexicana pasa por un momento de nuevas definiciones y proyecciones. Su marco normativo, tanto como su propia institución rectora y el entorno en que se imparte, experimentan transformaciones fundamentales.
El curso de los procesos electorales sigue siendo central en la consolidación de la normalidad democrática del país: las elecciones son la fuente de legitimidad para integrar los poderes públicos y dar cauce a los diferendos políticos propios de toda sociedad diversa y, más aún, desigual como la nuestra.
Pero esa vía electoral no ha estado ajena a las mutaciones que ha experimentado el proceso de cambio político. Cuando fue necesario abrir paso a la pluralidad y sus gobiernos compartidos, la norma electoral dispuso condiciones para la competencia y un entramado institucional que la hiciera posible. Hoy, ese centro de gravedad se desplaza desde la organización hacia la validación de las elecciones: el ámbito de la justicia electoral.
De ello han dado cuenta las sucesivas reformas electorales de las últimas dos décadas. La del 2007-2008 no fue la excepción. En el ámbito de la justicia electoral, por ejemplo, están las facultades que son reconocidas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para el control de constitucionalidad de leyes electorales en casos concretos, así como otros de apariencia más administrativa, como la permanencia de sus Salas Regionales y la adopción de la carrera judicial.
Paralelamente, el Tribunal ha generado una importante producción jurisprudencial que ha permitido dar profundidad y detalle a la aplicación de la norma reformada. Tan sólo durante el último año, la Sala Superior emitió 24 tesis y 50 criterios de jurisprudencia, el registro más alto de los últimos cuatro años.
Para contribuir de mejor manera al nuevo entorno, la administración del Tribunal se ha modernizado para alinear sus programas, presupuestos y acciones en torno a objetivos estratégicos de largo aliento: a) fortalecer la función jurisdiccional, b) consolidar la confianza ciudadana y c) asegurar la calidad de los procesos sustantivos y de apoyo. Ello, aunado a una estrategia de racionalidad en el uso de los recursos, ha permitido que nuevamente presente requerimientos presupuestales similares a los del año previo, no obstante las crecientes cargas jurisdiccionales.
Dicha visión estratégica hizo posible que este año se resolvieran 2.5 más asuntos que en el 2004, año equivalente por ser el posterior al de elecciones federales intermedias, y hacerlo sin perder celeridad en la resolución de asuntos (en promedio se resuelven en 17 días), ni profundidad en su valoración pues se estudia el fondo de todas aquellas demandas que cubren los requisitos que exige la ley.
Pero también ha permitido enfrentar el desafío que puede calificarse como tendencia nacional de la justicia federal. Tan sólo durante el último año el Tribunal conoció impugnaciones provenientes de 30 estados de la República, aun cuando solamente hubo elecciones en 16.
El Tribunal Federal ya no sólo resuelve medios de impugnación cuando hay elecciones, sino en todo momento y de todo el país, con un grado de complejidad que se advierte en su grado de impugnabilidad: por cada 10 cargos electos se recibieron siete impugnaciones. Más específicamente: se recibieron cinco impugnaciones por cada 10 ayuntamientos; tres por cada 10 diputaciones, y 240 por cada 10 gubernaturas.
Esta intensificación del entorno se traduce también en una mayor calidad y complejidad de los temas a resolver: la vigencia de los derechos político electorales de los ciudadanos sometidos a juicio penal o el equilibrio entre las restricciones electorales y las libertades individuales de los funcionarios públicos, por citar sólo dos de los muchos ejemplos pertinentes.
En ese cada vez más complejo y complicado entorno de exigencias, el Tribunal se transforma haciendo uso de nuevos recursos tecnológicos como los estrados electrónicos, notificaciones vía correo electrónico y la oferta pública de centros de documentación en línea y programas capacitación a distancia, así como de innovadoras prácticas en su función jurisdiccional, como la incorporación de la perspectiva de género y la adopción del lenguaje ciudadano o claro, por traer a la memoria sólo algunos de los rubros que compila su Informe Anual de Labores 2009-2010 (véase: www.te.org.mx)
De esta forma, el Tribunal contribuye a que se sigan realizando todas y cada una de las elecciones previstas en los respectivos calendarios federal y locales; todos los cargos sean electos y se dispongan las condiciones para que todos y cada uno de ellos tomen posesión de las funciones que el Estado mexicano les tiene encomendadas. Por eso también todas las impugnaciones están siendo juzgadas y todas las resoluciones han sido acatadas.
Si la justicia electoral mexicana pasa por un momento de nuevas definiciones y proyecciones, su máximo órgano jurisdiccional procura asumirlas y encararlas convencido de que el éxito de su esfuerzo resulta fundamental no sólo para su desempeño presente e inmediato, sino también para la forma en cómo la democracia transite adecuadamente entre los desafíos que supone estabilizar la democracia al tiempo que se vigoriza la política y se diversifica la sociedad.
El curso de los procesos electorales sigue siendo central en la consolidación de la normalidad democrática del país: las elecciones son la fuente de legitimidad para integrar los poderes públicos y dar cauce a los diferendos políticos propios de toda sociedad diversa y, más aún, desigual como la nuestra.
Pero esa vía electoral no ha estado ajena a las mutaciones que ha experimentado el proceso de cambio político. Cuando fue necesario abrir paso a la pluralidad y sus gobiernos compartidos, la norma electoral dispuso condiciones para la competencia y un entramado institucional que la hiciera posible. Hoy, ese centro de gravedad se desplaza desde la organización hacia la validación de las elecciones: el ámbito de la justicia electoral.
De ello han dado cuenta las sucesivas reformas electorales de las últimas dos décadas. La del 2007-2008 no fue la excepción. En el ámbito de la justicia electoral, por ejemplo, están las facultades que son reconocidas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para el control de constitucionalidad de leyes electorales en casos concretos, así como otros de apariencia más administrativa, como la permanencia de sus Salas Regionales y la adopción de la carrera judicial.
Paralelamente, el Tribunal ha generado una importante producción jurisprudencial que ha permitido dar profundidad y detalle a la aplicación de la norma reformada. Tan sólo durante el último año, la Sala Superior emitió 24 tesis y 50 criterios de jurisprudencia, el registro más alto de los últimos cuatro años.
Para contribuir de mejor manera al nuevo entorno, la administración del Tribunal se ha modernizado para alinear sus programas, presupuestos y acciones en torno a objetivos estratégicos de largo aliento: a) fortalecer la función jurisdiccional, b) consolidar la confianza ciudadana y c) asegurar la calidad de los procesos sustantivos y de apoyo. Ello, aunado a una estrategia de racionalidad en el uso de los recursos, ha permitido que nuevamente presente requerimientos presupuestales similares a los del año previo, no obstante las crecientes cargas jurisdiccionales.
Dicha visión estratégica hizo posible que este año se resolvieran 2.5 más asuntos que en el 2004, año equivalente por ser el posterior al de elecciones federales intermedias, y hacerlo sin perder celeridad en la resolución de asuntos (en promedio se resuelven en 17 días), ni profundidad en su valoración pues se estudia el fondo de todas aquellas demandas que cubren los requisitos que exige la ley.
Pero también ha permitido enfrentar el desafío que puede calificarse como tendencia nacional de la justicia federal. Tan sólo durante el último año el Tribunal conoció impugnaciones provenientes de 30 estados de la República, aun cuando solamente hubo elecciones en 16.
El Tribunal Federal ya no sólo resuelve medios de impugnación cuando hay elecciones, sino en todo momento y de todo el país, con un grado de complejidad que se advierte en su grado de impugnabilidad: por cada 10 cargos electos se recibieron siete impugnaciones. Más específicamente: se recibieron cinco impugnaciones por cada 10 ayuntamientos; tres por cada 10 diputaciones, y 240 por cada 10 gubernaturas.
Esta intensificación del entorno se traduce también en una mayor calidad y complejidad de los temas a resolver: la vigencia de los derechos político electorales de los ciudadanos sometidos a juicio penal o el equilibrio entre las restricciones electorales y las libertades individuales de los funcionarios públicos, por citar sólo dos de los muchos ejemplos pertinentes.
En ese cada vez más complejo y complicado entorno de exigencias, el Tribunal se transforma haciendo uso de nuevos recursos tecnológicos como los estrados electrónicos, notificaciones vía correo electrónico y la oferta pública de centros de documentación en línea y programas capacitación a distancia, así como de innovadoras prácticas en su función jurisdiccional, como la incorporación de la perspectiva de género y la adopción del lenguaje ciudadano o claro, por traer a la memoria sólo algunos de los rubros que compila su Informe Anual de Labores 2009-2010 (véase: www.te.org.mx)
De esta forma, el Tribunal contribuye a que se sigan realizando todas y cada una de las elecciones previstas en los respectivos calendarios federal y locales; todos los cargos sean electos y se dispongan las condiciones para que todos y cada uno de ellos tomen posesión de las funciones que el Estado mexicano les tiene encomendadas. Por eso también todas las impugnaciones están siendo juzgadas y todas las resoluciones han sido acatadas.
Si la justicia electoral mexicana pasa por un momento de nuevas definiciones y proyecciones, su máximo órgano jurisdiccional procura asumirlas y encararlas convencido de que el éxito de su esfuerzo resulta fundamental no sólo para su desempeño presente e inmediato, sino también para la forma en cómo la democracia transite adecuadamente entre los desafíos que supone estabilizar la democracia al tiempo que se vigoriza la política y se diversifica la sociedad.
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