NIÑO SICARIO, DEUDA DEL GOBIERNO

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

No importa si Edgar Jiménez Lugo, alias el "Ponchis", sabe o no que el Gobierno tiene una deuda contraída con él, es decir, una obligación moral, lo que es un hecho insoslayable para los que dirigen al país. Ellos son los responsables indirectos por herencia, improvisación, irresponsabilidad o iniciativa propia de las cosas que hoy asuelan al país. Sépase que en el Derecho Penal y en la Criminología la relación causal de los fenómenos delictivos se remonta hasta aquellos individuos que por omisión o dolo no quisieron, supieron o pudieron prever lo previsible y evitable. Lo cual comprende las malas acciones políticas con las que no se hace el menor esfuerzo en ir a las causas determinantes de los fenómenos y acaecimientos sociales. Lo único cierto en el drama del "Ponchis" es que ha sido carne de cañón de fechorías ajenas. No tuvo familia, no tuvo escuela, no tuvo formación moral, o si las tuvo fueron tan endebles que se hundieron en los miasmas del crimen. Lo que significa que el "Ponchis" es al mismo tiempo víctima y victimario de la impudicia oficial que todo lo acaba. Desde que se reformó en diciembre de 2005 el artículo 18 constitucional estableciendo un sistema integral de justicia para menores y adolescentes hubo un lamentable vacío por la falta de legislaciones adecuadas y correspondientes, tanto en el ámbito federal como en los locales del interior del país. Y sorpréndase, apenas el 2 de diciembre en curso el Senado de la República aprobó en lo general la llamada Ley Federal de Justicia para Adolescentes, faltando su aprobación en lo particular y su entrada en vigencia. ¿Qué sucedió en el ínter? Que cada Estado fue por el camino que mejor pudo y supo, a tropezones en perjuicio de los menores y adolescentes y obviamente de la sociedad agraviada, agraviadísima. Desde luego se cuenta con una Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para Toda la República en Materia Federal, la que es insuficiente sin la Ley Federal de Justicia para Adolescentes que es la que delinea atribuciones y competencias porque una cosa es el tratamiento y otra distinta la justicia. Por ejemplo, en ausencia de la Ley que ha aprobado el Senado en lo general y puesto que el "Ponchis" cometió sus delitos en el Estado de Morelos será internado hasta por tres años como máximo, según lo prescribe el artículo 109 de la Ley de Justicia para Adolescentes de ese Estado. No importa que haya incurrido en la comisión de delitos de la competencia federal ya que se lo acusa de degollar a los adversarios del cártel de los Beltrán Leyva en Morelos, de colusión con la delincuencia organizada, de tráfico de cocaína y de otros ilícitos, siendo parte de los aproximadamente veinticinco mil niños y adolescentes criminales que hay en México vinculados al narcotráfico. Consumidores de drogas desde la más tierna infancia, comenzando con la mariguana, son el espectro macabro, infernal, de una nación en deuda con la educación, la familia y la moral. Ahora bien, es muy fácil echarle la culpa al pasado sin que haya el menor asomo de rectificación de una estrategia política equivocada. ¿El caso del "Ponchis" ha sido inevitable? Piénsese por un momento qué sería de él sin la guerra contra la delincuencia. La respuesta es evidente y por eso el gobierno ha propiciado, favorecido, no de manera directa sino indirecta pero también causal, su participación en el crimen junto con la de miles de menores y adolescentes. Por otra parte la tragedia se acrecienta cuando sabemos que el Estado, y en concreto el gobierno, no tienen los medios suficientes -aparte del desorden legislativo al que me he referido- para el tratamiento de menores o adolescentes que han cometido delitos. Ya se trate del tiempo de internamiento que sea, de tres o de siete años, qué hacer con ellos. ¿Cómo regenerar, volver a la vida, digamos, a un muchacho que ha participado en las cosas más terribles y espantosas? ¿Cómo remediar los males en su salud espiritual, mental y física? Y ante tal deficiencia lo que hagan las autoridades correspondientes no será sino pérdida de tiempo sin ningún resultado. Hay quienes quisieran ver encerrado al "Ponchis" el resto de su vida y en condiciones infrahumanas. ¿Qué se ganaría? Sólo favorecer la venganza oficial y social (ésta última explicable pero no justificable). Hay quienes apenas se asoman, confundidos, a la idea de una posible regeneración sin saber cuál es el camino exacto para lograrla. Finalmente se trata de una utopía. ¿Se imagina usted al "Ponchis" totalmente transformado y para bien después de algún tiempo? Cuesta un enorme trabajo porque una cosa es determinar en las leyes lo que debe ser y otra realizarlo en el mundo de lo que es. Lo evidente es que este caso terrible ha puesto de relieve la insuficiencia de las disposiciones legales en su confrontación con la realidad. Es como si el gobierno con su estrategia política equivocada hubiera despertado fuerzas demoníacas de la naturaleza humana. Una de ellas es este adolescente. El aspecto mecánico, cuadriculado, de la mera aplicación de la ley que corresponda no resolverá el problema de fondo. La verdad es que no estamos preparados para enfrentar esto en su auténtico significado y sentido porque incluso la legislación más perfecta, si la tuviéramos, dejaría de lado lo esencial. En fin, es lo que se ha obtenido, lo que se está obteniendo, en una lucha sin cuartel (y con cuartel de por medio) contra el desbordamiento de las más bajas pasiones del ser humano, lo cual nos ha llevado al espacio dantesco de lo inhumano. ¿Será el reto enorme, gigantesco, volver humano lo inhumano? Ahora remédiese la creciente violencia, combátase con los instrumentos sociales, legales y jurídicos adecuados para que impere la justicia. ¿Dónde se hallan? ¿Dónde los tenemos? Por allí hay que empezar, desde la base y origen de la catástrofe, paso a paso, poco a poco y con eficacia, en vez de políticas equivocadas o reformas constitucionales malas y sin el complemento de leyes secundarias buenas.