lunes, 20 de diciembre de 2010

UN ESCÁNDALO QUE NO CESA

RAÚL TREJO DELARBRE

La licitación de frecuencias para telefonía celular se volvió escándalo público. Las acusaciones de favoritismo y la pérdida de miles de millones de dólares en detrimento de los intereses de la nación, puso en evidencia al partido en el gobierno. Un importante y valioso tramo del espectro radioeléctrico fue asignado con criterios convenencieros. La parcialidad del gobierno ha sido tan evidente que el ministro de telecomunicaciones ha tenido que renunciar.
No nos referimos a la Licitación 21 ni al desaseo de la Cofetel y la SCT en México, sino a
la crisis política suscitada por las irregularidades en la asignación de espectro radioeléctrico para telefonía en la India. Las situaciones no son idénticas, pero en ambos casos ha existido una utilización discrecional del espectro radioeléctrico para favorecer a las empresas preferidas por el gobierno en la asignación de frecuencias de telefonía celular. En México, todavía, las autoridades que le escamotearon al país por lo menos 5 mil millones de pesos en la pícara Licitación 21 intentan justificarse. Cada vez que lo hacen, incurren en más despropósitos.
El nuevo engaño de la Cofetel en torno a ese tema ha ocurrido con motivo de la publicación del informe que el organismo
Transparencia Mexicana, contratado para atestiguar la Licitación 21, presentó a la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones. Durante más de un año, esa empresa observó el desarrollo de la licitación de varios segmentos de espectro radioeléctrico.
Las conclusiones de tal escrutinio, señalan inequidades e irregularidades por parte de la Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, esas observaciones aparecen en dos documentos. Uno, entregado oficialmente a la Cofetel el 6 de diciembre pasado, hace una reseña de la licitación y refiere diversas omisiones administrativas. El otro documento, colocado en el sitio de Transparencia Mexicana, es más severo y subraya la anomalía más importante en la Licitación 21 que ha sido la existencia de una subasta prácticamente cerrada para el segmento de espectro radioeléctrico que adquirieron Nextel y Televisa por 180 millones de pesos, en tanto que para un tramo de las mismas dimensiones otras empresas –Telefónica y Telcel– tuvieron que pagar 5068 millones de pesos.
El
documento de Transparencia Mexicana (TM) colocado en el sitio de la Cofetel advierte, en un lenguaje sinuoso pero de todos modos crítico, que no hubo competencia auténtica en el tramo de la Licitación 21 que favoreció a Televisa y Nextel y que esa intencional omisión perjudicó al Estado: “Para futuras licitaciones de espectro radioeléctrico TM recomienda a la COFETEL estudiar, si en los casos en los que una licitación para la concesión de espectro radioeléctrico cuente con un solo participante, resultaría conveniente para el Estado, en estricto apego a lo establecido en los artículos 28 y 134 constitucionales, incorporar a la licitación a otros interesados con el propósito de ampliar la participación en ese proceso licitatorio. El resultado de la valoración que haga la COFETEL debe ser público”.
La COFETEL fue responsable de otras acciones de opacidad en dicho proceso, de acuerdo con las conclusiones de Transparencia Mexicana: “TM tuvo conocimiento de que fueron presentados diversos amparos en contra de la licitación y los actos posteriores. TM solicitó reiteradamente a la COFETEL el informe de la totalidad de los procesos y el estatus de cada uno de ellos a fin de reportarlos en este informe. Hasta este momento, TM no cuenta con la información solicitada”.
Esas puntualizaciones bastarían para considerar que, si bien se cumplieron las disposiciones establecidas en las bases de licitación, el ocultamiento de información y el diseño mismo de la convocatoria beneficiaron a las empresas que el gobierno había elegido para obtener los 30 MHz nacionales para telefonía celular. Pero son todavía más crudos los cuestionamientos que Transparencia Mexicana señala en el documento
“información relevante” sobre la Licitación 21 que se encuentra en el sitio de ese organismo.
Allí se registra, aunque no se explica, la irregular decisión del pleno de la Cofetel que tan solo con dos votos a favor, uno en contra y la ausencia de otros dos de sus integrantes, aprobó la Licitación 21: “TM observó que el Acta de Fallo fue firmada por dos de los cinco Comisionados que conforman el Pleno de la COFETEL”.
Más adelante, el documento que Transparencia Mexicana decidió publicitar en su propio sitio recoge el meollo de las irregularidades que siguen suscitando preocupación y escándalo por el favoritismo hacia Televisa y Nextel: “Si se considera el monto que van a pagar los concesionarios al final de la licitación, la disparidad es considerable, ya que los operadores existentes están pagando por MHz más de 10 veces, lo que van a pagar los operadores nuevos. Desde este enfoque, hubo analistas que afirmaron que habría daño al erario público, pues desde su punto de vista, se está dejando de recaudar dinero (ingresos) por concepto de derechos”.
Transparencia Mexicana recoge también las opiniones de quienes han señalado que la diferencia entre el dinero pagado por los dos tramos de espectro radioeléctrico que fueron subastados, se matizan cuando se suman a los impuestos que deberán cubrirse durante casi dos décadas: “Por otro lado, si se considera el monto a pagar por concepto de derechos que se pagarán durante toda la vida de la concesión, encontramos que la disparidad disminuye…”
Esa disparidad, en efecto, disminuye pero no desaparece. Y en ella se encuentra el abuso más importante en la muy discutida y todavía hoy en litigio Licitación 21.
Esos juicios deberían formar parte del informe que aparece en el sitio de la Cofetel. Transparencia Mexicana tiene que explicar públicamente por qué hay dos o quizá más documentos que recogen sus puntos de vista.
Enterados de la inminente publicación del informe de TM, diversos comentaristas alertaron la semana pasada sobre la posibilidad de que ese documento apareciera incompleto en el sitio de la Cofetel. Varios de esos columnistas son cercanos a Televisión Azteca, cuya filial Iusacell se ha inconformado judicialmente con la Licitación 21.
Otros personajes de la vida pública nacional también expresaron inquietudes sobre el manejo que la Cofetel podría hacer del informe de Transparencia Mexicana. El diputado Javier Corral Jurado alertó el miércoles pasado, 14 de diciembre,
en su cuenta de Twitter: “Exigimos que se haga público, de manera íntegra, el informe ejecutivo de Transparencia Mexicana sobre @licitacion21. No a la censura”.
El presidente de la Cofetel, Mony de Swaan,
respondió al día siguiente en su respectivo espacio de Twitter con una lectura retorcida del informe de Transparencia Mexicana y con un inopinado regaño al diputado Corral: “Debo corregirle y hacerle notar que valdría mucho la pena leer el contrato entre COFETEL y TM, así como la normatividad en la materia. Conforme a las cláusulas quinta y décima del contrato (que debe regir a la COFETEL), por ejemplo, se establece con toda claridad que COFETEL recibirá y publicará el Informe Final que TM le entregue. Seguramente no ha tenido tiempo de encontrarlo, así que le facilito la liga correspondiente. Podrá leerlo rápida o detenidamente, de cabeza o imprimirlo a colores; la conclusión será la misma: el proceso se ajustó a las bases y a la normatividad, como siempre argumentó COFETEL y como hoy corrobora TM”.
Sin embargo, como hemos señalado, el informe de Transparencia Mexicana no aprueba la Licitación 21. Y el documento adicional que TM publica en su sitio de Internet incluye fuertes cuestionamientos a la inequidad de esa Licitación y a la opacidad de la Cofetel.
Peor aún: en el sitio de la propia Cofetel, al cual De Swaan remitió de manera tan destemplada al diputado Corral, no se encuentra el contrato con Transparencia Mexicana. Ayer al medio día, también a través de Twitter, el
maestro Jorge Bravo Torres Coto, especialista en telecomunicaciones, le hizo notar a De Swaan que el contrato entre Cofetel y Transparencia no está en ese sitio. De Swaan le dijo que, entonces, lo pida con uno de los funcionarios de la misma Cofetel.
Se trata de un detalle menor, pero revela la improvisación con que trabaja el organismo regulador de las telecomunicaciones en este país. El presidente de la Cofetel quiso enmendarle la plana a un legislador crítico con un documento que no estaba en el sitio a donde lo había remitido.
La Licitación 21 ha sido irregular desde el principio. La decisión de Televisa, hace un par de meses, para retirarse de la sociedad con Nextel a la cual le fue otorgada la licitación, constituyó una anomalía más que ratifica la necesidad de que el gobierno anule esa concesión. Eso no lo quieren comprender De Swaan, ni el secretario Juan Molinar, por mucho que lo lean con prisa o despacito, en austero blanco y negro o en color digital. El desempeño de esos funcionarios no ha suscitado una crisis política como el fraude con las telecomunicaciones en la India, pero es y será uno de los baldones más notorios del gobierno.

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