MUJERES, PGR Y CNDH

JENARO VILLAMIL

Los datos y los hechos recientes son escalofriantes. Según la procuraduría capitalina, en los últimos tres años se han incrementado 4% los homicidios en la Ciudad de México, 80% de los cuales se comete contra mujeres. Algunos los consideran "crímenes pasionales" cuando a todas luces se tratan de crímenes de odio por razones de género. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) calcula que casi un 60% de las mexicanas encuestadas han vivido algún tipo de violencia, sobre todo intrafamiliar y laboral. La agencia informativa Cimac ha documentado cómo la mayoría de los organismos estatales de derechos humanos y la CNDH se han negado a proteger los derechos sexuales y reproductivos en las 15 entidades federativas donde se han aprobado –con el voto de los diputados y diputadas locales del PRI y del PAN-- las iniciativas para aumentar la penalización del aborto y "proteger la vida" a nivel de constituciones locales. Este panorama se agudizó con el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como nuevo procurador general de la República. De nada sirvieron las airadas protestas de decenas de organismos civiles de Ciudad Juárez, de todo el país y de organismos internacionales contra éste abogado que siempre ha hecho gala de su negligencia frente a los delitos sexuales y los crímenes contra mujeres. El exprocurador de Chihuahua durante dos años del gobierno de Francisco Barrio y exdelegado de la PGR –en tiempos de Antonio Lozano Gracia como titular de la procuraduría zedillista--, ha sido señalado por la CNDH y por Amnistía Internacional por el incumplimiento a las recomendaciones sobre el caso de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez. Para documentar este signo ominoso, la llegada de Chávez Chávez a la PGR corre en paralelo con la oleada de antirreformas conservadoras en 15 entidades de la República y los brotes de misoginia y homofobia que se han extendido a los estados que consideran que hay que defender a nivel constitucional el modelo de la "familia heterosexual" como si fuera el estandarte contra las "perversiones". Ahora se ha abierto el proceso para relevar a José Luis Soberanes, presidente de la CNDH durante los últimos diez años. El desinterés de Soberanes y de la comisión nacional por los asuntos de género no sólo ha sido documentado, sino que ha adquirido rangos escandalosos. He aquí algunas "perlas" de la misoginia institucionalizada en la CNDH: el litigio de Soberanes en contra de las reformas para despenalizar el aborto en el Distrito Federal; su triste papel en el caso de Ernestina Ascencio, la anciana abusada sexualmente por militares que falleció por un mal gastrointestinal, según el peritaje del médico forense llamado Felipe Calderón; el silencio ominoso de la CNDH ante los abusos sexuales cometidos en la represión de Atenco –el acto inaugural de la mano dura de Enrique Peña Nieto, galán en la pantalla y misógino en los hechos--, y de la entrada de la PFP en Oaxaca para sofocar el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuando las mujeres fueron utilizadas como "botín de guerra". El relevo de Soberanes en la CNDH podría modificar este panorama. Sin embargo, desde un inicio el Senado decidió menospreciar no sólo a una mujer, sino a una luchadora de los derechos humanos y en contra de la represión política, doña Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a quien los intereses de Soberanes y de los grupos interesados en controlar la CNDH ven como "incómoda". Entre los candidatos que se han registrado esta semana destacan dos mujeres comprometidas a lo largo de su trayectoria en los asuntos de género: Patricia Olamendi, quien este martes presentó su registro formal en el Senado; y Guadalupe Morfín, excomisionada en Jalisco y en Ciudad Juárez, donde no tuvo ni recursos ni infraestructura para lograr el cometido de frenar el feminicidio. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que el continuismo en la CNDH se privilegiará por encima de los derechos de género. Dos grandes grupos se disputan el control de esta comisión con un presupuesto anual de casi mil millones de pesos: el mismo grupo de Soberanes, impulsor de tres visitadores del organismo, y el encabezado por el exrector y exprimer presidente de la CNDH, Jorge Carpizo, que acabó distanciado de Soberanes. En ninguno de los dos grupos se observa que alguno de los candidatos que apoyan se comprometa realmente en los derechos de género. Falta saber si el proceso en el Senado culmina realmente como una selección transparente o como una gran mascarada.