JESÚS CANTÚLa nueva decisión de la Corte vuelve a poner el tema en la agenda pública, pero los legisladores prefieren ignorarlo, porque no quieren lastimar los intereses de los actuales concesionario
Aunque las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son apegadas a Derecho y confirman su rechazo a cualquier tipo de presión del Ejecutivo Federal y/o el duopolio televisivo, en última instancia éste último resulta favorecido con las sentencias del máximo tribunal. En junio de 2007, en una sentencia histórica, la Corte dio muestras de su independencia al declarar la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la llamada Ley Televisa, que obviamente impidieron que los actuales concesionarios, y en particular el duopolio televisivo, ampliaran los ya de por sí generosos privilegios que les concede la legislación y que pretendía ensanchar la controvertida reforma. Sin embargo, entre las disposiciones declaradas inconstitucionales se encontraba la que establecía que el Senado de la República podía revisar, y eventualmente vetar, a los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones designados por el presidente de la República, con lo cual dejó totalmente en manos del titular del Ejecutivo esta facultad, lo cual en la práctica restó autonomía al organismo desconcentrado. Antes el ex Presidente Vicente Fox, había designado como comisionados a personas supuestamente vinculadas a Televisa. El 8 de enero del presente año, el Presidente Felipe Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que como se comentó en este mismo espacio, el domingo 11 de enero, pretendía reducir a la Cofetel a "...una dependencia decorativa, sin atribuciones propias, pues todas sus decisiones y resoluciones tienen que pasar por el filtro de la Secretaría." El entonces Secretario, Luis Téllez, se arrogaba para sí todas las atribuciones en materia de concesiones de radio y televisión. Afortunadamente, contrario a lo que señalé en dicha colaboración, la Cámara de Diputados sí interpuso una controversia constitucional en contra de dicha normatividad y, esta semana, la Corte resolvió favorablemente a los legisladores, con lo cual le regresó a la Cofetel todas sus atribuciones en materia de concesiones y permisos de radio y televisión. Así la Corte de alguna manera convalidó las críticas vertidas en el comentario ya citado. Lamentablemente, aunque las dos resoluciones de la Corte preservaron el orden constitucional e impidieron los abusos o intromisiones del presidente y el duopolio televisivo, las sentencias favorecen a éste último, pues ahora las decisiones recaen en un órgano sospechoso de estar bajo el control de Televisa. El periódico regiomontano, El Norte, que sigue de cerca la actuación de la Cofetel y, más particularmente, de su presidente Héctor Osuna, publica en su edición del sábado 28 de noviembre una información en la que muestra cómo el organismo desconcentrado utiliza los argumentos que le envió Cablevisión, filial de Televisa, para rechazar una solicitud de prórroga de las frecuencias de MVS Multivisión, empresa competidora en el ámbito de la televisión de paga. Así el diario pretende mostrar como la Cofetel somete sus acciones a los dictados de la principal televisora nacional, y así responde al reto que el mismo Osuna, lanzó esta semana de que le demostraran que representaba los intereses de Televisa. El mismo diario denunció el tratamiento diferenciado que la Cofetel otorga a MVS y a Cablevisión, a quien se dispone a prorrogarle ocho concesiones a pesar de que hizo las solicitudes extemporáneamente. El vicepresidente del Senado, Ricardo García Cervantes, señaló al respecto: "No puede, bajo ningún concepto, la autoridad, dejar de fundar. Si la norma no le permite considerar extemporáneamente solicitudes, ¿de dónde saca esta facultad? Y peor, si lo hace, ¿dónde está el razonamiento lógico o técnico que iguale en todos los casos su criterio? Es un trato discriminatorio, es decir, distinto. Se trata a unos de una manera y a otros de otra, frente al mismo derecho y frente a la misma lógica. Esto pone en entredicho no al Presidente, en lo personal, sino a la institución". Más allá de profundizar en la evaluación de la actuación de la Cofetel, los hechos de esta semana, demuestran que las resoluciones de la Corte pueden frenar los abusos e intromisiones inconstitucionales, pero no pueden establecer un orden justo, pues sus resoluciones tienen que limitarse a invalidar normas, pero no a establecer nuevas reglas. Finalmente, lo que la Corte hace es mantener el statu quo, no reformarlo y, en el caso mexicano, esto no es suficiente, pues la actual normatividad, particularmente en materia de medios electrónicos de comunicación es totalmente favorable al duopolio televisivo. La resolución de la Corte a mediados del 2007, fue reconfortante y auguraba un futuro promisorio, porque la invalidez de las diversas disposiciones prácticamente obligaba al Congreso de la Unión a revisar la legislación vigente, sin embargo, 17 meses después todavía es fecha que los legisladores prefieren ignorar el tema y permanecer impasibles, a pesar de la obsolescencia e inoperancia de la legislación vigente. La nueva decisión de la Corte vuelve a poner el tema en la agenda pública, pero los legisladores prefieren ignorarlo, porque no quieren lastimar los intereses de los actuales concesionarios. El Senador panista García Cervantes reconoció que el Congreso de la Unión tiene pendientes reformas en materia de telecomunicaciones, particularmente a partir de las resoluciones de la Corte, que en dos ocasiones ha dado marcha atrás a la normatividad vigente. En la materia se tiene que plantear una reforma integral que incorpore los vertiginosos cambios que ha habido en este ámbito. No puede seguir reformándose una Ley Federal de Radio y Televisión, que data de 1960, cuando las posibilidades ya no digamos en materia de telecomunciaciones, sino de televisión eran totalmente distintas. La nueva legislación tiene que aprovechar la transición de lo analógico a lo digital para acabar con la actual concentración de concesiones, pero también para colocar en el centro de la misma al ciudadano. Sin embargo, a pesar de las resoluciones de la Corte y la inmejorable oportunidad, producto de la transición tecnológica, los legisladores prefieren mantener una legislación obsoleta, que finalmente permite a los actuales concesionarios disfrutar de sus privilegios; incluso ampliarlos. Mientras el duopolio televisivo cuente con el apoyo del ejecutivo y el legislativo, de nada servirán los esfuerzos de la Corte por detener sus excesos, pues la actual normatividad preserva los privilegios de los actuales concesionarios en detrimento del interés público y la ciudadanía. Lo que se requieren son cambios legislativos o acciones administrativas encaminadas a modificar la actual concentración reinante en radio y televisión; pero la mayoría de los legisladores, al igual que el presidente, sus secretarios y hasta muchos gobernadores, prefieren mejor ganar espacios en las pantallas de televisión y los noticieros radiofónicos a cambio de preservar las prerrogativas de los actuales concesionarios.
Aunque las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son apegadas a Derecho y confirman su rechazo a cualquier tipo de presión del Ejecutivo Federal y/o el duopolio televisivo, en última instancia éste último resulta favorecido con las sentencias del máximo tribunal. En junio de 2007, en una sentencia histórica, la Corte dio muestras de su independencia al declarar la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la llamada Ley Televisa, que obviamente impidieron que los actuales concesionarios, y en particular el duopolio televisivo, ampliaran los ya de por sí generosos privilegios que les concede la legislación y que pretendía ensanchar la controvertida reforma. Sin embargo, entre las disposiciones declaradas inconstitucionales se encontraba la que establecía que el Senado de la República podía revisar, y eventualmente vetar, a los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones designados por el presidente de la República, con lo cual dejó totalmente en manos del titular del Ejecutivo esta facultad, lo cual en la práctica restó autonomía al organismo desconcentrado. Antes el ex Presidente Vicente Fox, había designado como comisionados a personas supuestamente vinculadas a Televisa. El 8 de enero del presente año, el Presidente Felipe Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que como se comentó en este mismo espacio, el domingo 11 de enero, pretendía reducir a la Cofetel a "...una dependencia decorativa, sin atribuciones propias, pues todas sus decisiones y resoluciones tienen que pasar por el filtro de la Secretaría." El entonces Secretario, Luis Téllez, se arrogaba para sí todas las atribuciones en materia de concesiones de radio y televisión. Afortunadamente, contrario a lo que señalé en dicha colaboración, la Cámara de Diputados sí interpuso una controversia constitucional en contra de dicha normatividad y, esta semana, la Corte resolvió favorablemente a los legisladores, con lo cual le regresó a la Cofetel todas sus atribuciones en materia de concesiones y permisos de radio y televisión. Así la Corte de alguna manera convalidó las críticas vertidas en el comentario ya citado. Lamentablemente, aunque las dos resoluciones de la Corte preservaron el orden constitucional e impidieron los abusos o intromisiones del presidente y el duopolio televisivo, las sentencias favorecen a éste último, pues ahora las decisiones recaen en un órgano sospechoso de estar bajo el control de Televisa. El periódico regiomontano, El Norte, que sigue de cerca la actuación de la Cofetel y, más particularmente, de su presidente Héctor Osuna, publica en su edición del sábado 28 de noviembre una información en la que muestra cómo el organismo desconcentrado utiliza los argumentos que le envió Cablevisión, filial de Televisa, para rechazar una solicitud de prórroga de las frecuencias de MVS Multivisión, empresa competidora en el ámbito de la televisión de paga. Así el diario pretende mostrar como la Cofetel somete sus acciones a los dictados de la principal televisora nacional, y así responde al reto que el mismo Osuna, lanzó esta semana de que le demostraran que representaba los intereses de Televisa. El mismo diario denunció el tratamiento diferenciado que la Cofetel otorga a MVS y a Cablevisión, a quien se dispone a prorrogarle ocho concesiones a pesar de que hizo las solicitudes extemporáneamente. El vicepresidente del Senado, Ricardo García Cervantes, señaló al respecto: "No puede, bajo ningún concepto, la autoridad, dejar de fundar. Si la norma no le permite considerar extemporáneamente solicitudes, ¿de dónde saca esta facultad? Y peor, si lo hace, ¿dónde está el razonamiento lógico o técnico que iguale en todos los casos su criterio? Es un trato discriminatorio, es decir, distinto. Se trata a unos de una manera y a otros de otra, frente al mismo derecho y frente a la misma lógica. Esto pone en entredicho no al Presidente, en lo personal, sino a la institución". Más allá de profundizar en la evaluación de la actuación de la Cofetel, los hechos de esta semana, demuestran que las resoluciones de la Corte pueden frenar los abusos e intromisiones inconstitucionales, pero no pueden establecer un orden justo, pues sus resoluciones tienen que limitarse a invalidar normas, pero no a establecer nuevas reglas. Finalmente, lo que la Corte hace es mantener el statu quo, no reformarlo y, en el caso mexicano, esto no es suficiente, pues la actual normatividad, particularmente en materia de medios electrónicos de comunicación es totalmente favorable al duopolio televisivo. La resolución de la Corte a mediados del 2007, fue reconfortante y auguraba un futuro promisorio, porque la invalidez de las diversas disposiciones prácticamente obligaba al Congreso de la Unión a revisar la legislación vigente, sin embargo, 17 meses después todavía es fecha que los legisladores prefieren ignorar el tema y permanecer impasibles, a pesar de la obsolescencia e inoperancia de la legislación vigente. La nueva decisión de la Corte vuelve a poner el tema en la agenda pública, pero los legisladores prefieren ignorarlo, porque no quieren lastimar los intereses de los actuales concesionarios. El Senador panista García Cervantes reconoció que el Congreso de la Unión tiene pendientes reformas en materia de telecomunicaciones, particularmente a partir de las resoluciones de la Corte, que en dos ocasiones ha dado marcha atrás a la normatividad vigente. En la materia se tiene que plantear una reforma integral que incorpore los vertiginosos cambios que ha habido en este ámbito. No puede seguir reformándose una Ley Federal de Radio y Televisión, que data de 1960, cuando las posibilidades ya no digamos en materia de telecomunciaciones, sino de televisión eran totalmente distintas. La nueva legislación tiene que aprovechar la transición de lo analógico a lo digital para acabar con la actual concentración de concesiones, pero también para colocar en el centro de la misma al ciudadano. Sin embargo, a pesar de las resoluciones de la Corte y la inmejorable oportunidad, producto de la transición tecnológica, los legisladores prefieren mantener una legislación obsoleta, que finalmente permite a los actuales concesionarios disfrutar de sus privilegios; incluso ampliarlos. Mientras el duopolio televisivo cuente con el apoyo del ejecutivo y el legislativo, de nada servirán los esfuerzos de la Corte por detener sus excesos, pues la actual normatividad preserva los privilegios de los actuales concesionarios en detrimento del interés público y la ciudadanía. Lo que se requieren son cambios legislativos o acciones administrativas encaminadas a modificar la actual concentración reinante en radio y televisión; pero la mayoría de los legisladores, al igual que el presidente, sus secretarios y hasta muchos gobernadores, prefieren mejor ganar espacios en las pantallas de televisión y los noticieros radiofónicos a cambio de preservar las prerrogativas de los actuales concesionarios.
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