MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZNo cabe duda de que el sistema federal es una forma de organización de los poderes públicos esencial para países tan grandes como México, con sus casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. El federalismo fue una conquista del constitucionalismo mexicano del siglo XIX y ha sido desde entonces uno de sus emblemas. Sin embargo, hay elementos para creer que el modelo federal que tenemos ha entrado en una etapa de obsolescencia, a partir de la cual solamente le queda reformarse en profundidad o seguir siendo una fachada inservible detrás de la que se esconden las peores formas de despotismo gubernamental y de ineficacia institucional.
Hay tres ejemplos recientes que ilustran a la perfección la necesidad de un cambio radical de nuestro federalismo:
1. El incendio de la guardería ABC en Hermosillo. Fue todo un espectáculo ver a las autoridades federales, estatales y municipales rehuyendo cualquier responsabilidad por la muerte de casi 50 niños, con la peregrina excusa de la distribución de competencias. El uso de suelo le tocaba al municipio, protección civil es una materia compartida entre Federación y estados, el régimen de subrogración está a cargo del IMSS, y así por el estilo. El resultado está a la vista de todos: la impunidad más clamorosa para los verdaderos responsables y unos cuantos chivos expiatorios detenidos para acallar a la opinión pública.
2. La detención de funcionarios públicos del estado de Michoacán es el segundo ejemplo. En ese caso vimos al gobernador lanzarse a defender la soberanía del estado, como si no fuera claro que la persecución de delitos federales debe hacerse a todo lo largo y ancho del territorio nacional. El problema está en que muchas personas efectivamente pensaron que la PGR no puede actuar en esos casos sin pedir “permiso” al gobierno local. En medio de ese debate se diluyeron las responsabilidades políticas más obvias: ¿quién había nombrado a esos funcionarios? ¿Qué filtros existen para evitar que el crimen organizado compre “plazas” en el gobierno? ¿Qué tipo de información debería tener la ciudadanía frente a los candidatos a presidentes municipales? Y el fondo: ¿qué deben hacer los poderes de los tres niveles de gobierno para evitar que una cosa así vuelva a pasar?
3. La disputa por la nueva refinería de Pemex. En ese caso la Federación, que tiene la competencia exclusiva en materia de petróleo, pone a competir a dos entidades federativas para obtener el codiciado botín, en una decisión que es por lo menos insensata y torpe. Las autoridades locales entran en una carrera contra el tiempo en la que se ven involucrados ejidatarios, núcleos agrícolas, presidentes municipales, funcionarios del Registro Agrario Nacional, entre otros. Al final las reglas fijadas por Pemex no se respetaron de forma muy escrupulosa que digamos, pero el costo político y financiero creo que no será menor tanto para Hidalgo como para Guanajuato. ¿Para qué sirve en un caso como el de la refinería la distribución de competencias? ¿Los estados deben hacerle el trabajo sucio a la Federación y conseguirle las facilidades para que ejerza sus atribuciones exclusivas? A lo mejor es que algunos funcionarios tomaron nota del fracaso que la Federación tuvo en el caso del aeropuerto que se quería construir en Atenco y decidieron no repetir la dosis en este caso.
En medio de todo eso salta la pregunta importante: ¿dónde está el ciudadano? ¿Qué ganamos nosotros con que exista una maraña tan compleja de distribución de competencias, que más parece servir para la evasión de responsabilidades que para prestar un servicio público de calidad? Los reformadores del Estado deberían ponerse a pensar de inmediato en un nuevo modelo de federalismo, que en serio sirva a la gente y no sólo reproduzca hasta el infinito la negligencia institucional y la cantidad de funcionarios que supuestamente están al servicio de la ciudadanía.
Hay tres ejemplos recientes que ilustran a la perfección la necesidad de un cambio radical de nuestro federalismo:
1. El incendio de la guardería ABC en Hermosillo. Fue todo un espectáculo ver a las autoridades federales, estatales y municipales rehuyendo cualquier responsabilidad por la muerte de casi 50 niños, con la peregrina excusa de la distribución de competencias. El uso de suelo le tocaba al municipio, protección civil es una materia compartida entre Federación y estados, el régimen de subrogración está a cargo del IMSS, y así por el estilo. El resultado está a la vista de todos: la impunidad más clamorosa para los verdaderos responsables y unos cuantos chivos expiatorios detenidos para acallar a la opinión pública.
2. La detención de funcionarios públicos del estado de Michoacán es el segundo ejemplo. En ese caso vimos al gobernador lanzarse a defender la soberanía del estado, como si no fuera claro que la persecución de delitos federales debe hacerse a todo lo largo y ancho del territorio nacional. El problema está en que muchas personas efectivamente pensaron que la PGR no puede actuar en esos casos sin pedir “permiso” al gobierno local. En medio de ese debate se diluyeron las responsabilidades políticas más obvias: ¿quién había nombrado a esos funcionarios? ¿Qué filtros existen para evitar que el crimen organizado compre “plazas” en el gobierno? ¿Qué tipo de información debería tener la ciudadanía frente a los candidatos a presidentes municipales? Y el fondo: ¿qué deben hacer los poderes de los tres niveles de gobierno para evitar que una cosa así vuelva a pasar?
3. La disputa por la nueva refinería de Pemex. En ese caso la Federación, que tiene la competencia exclusiva en materia de petróleo, pone a competir a dos entidades federativas para obtener el codiciado botín, en una decisión que es por lo menos insensata y torpe. Las autoridades locales entran en una carrera contra el tiempo en la que se ven involucrados ejidatarios, núcleos agrícolas, presidentes municipales, funcionarios del Registro Agrario Nacional, entre otros. Al final las reglas fijadas por Pemex no se respetaron de forma muy escrupulosa que digamos, pero el costo político y financiero creo que no será menor tanto para Hidalgo como para Guanajuato. ¿Para qué sirve en un caso como el de la refinería la distribución de competencias? ¿Los estados deben hacerle el trabajo sucio a la Federación y conseguirle las facilidades para que ejerza sus atribuciones exclusivas? A lo mejor es que algunos funcionarios tomaron nota del fracaso que la Federación tuvo en el caso del aeropuerto que se quería construir en Atenco y decidieron no repetir la dosis en este caso.
En medio de todo eso salta la pregunta importante: ¿dónde está el ciudadano? ¿Qué ganamos nosotros con que exista una maraña tan compleja de distribución de competencias, que más parece servir para la evasión de responsabilidades que para prestar un servicio público de calidad? Los reformadores del Estado deberían ponerse a pensar de inmediato en un nuevo modelo de federalismo, que en serio sirva a la gente y no sólo reproduzca hasta el infinito la negligencia institucional y la cantidad de funcionarios que supuestamente están al servicio de la ciudadanía.
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