PUBLICIDAD OFICIAL

ERNESTO VILLANUEVA

El debate sobre la libertad de expresión no se ha quedado sólo en la protección de los mecanismos para difundir ideas y hechos de interés públicos. En el hemisferio en general y en México, en particular, se ha llamado la atención sobre un mecanismo indirecto, pero efectivo, para moldear la libertad de expresión. Se trata de las asignaciones de publicidad estatal a los medios de comunicación. La ausencia de criterios específicos en la normatividad habilita para que el ejercicio de la discreción de la autoridad llene este vacío normativo. Este fenómeno puede maximizar o minimizar la recepción de publicidad con base en consideraciones generalmente de orden político, aprovechando la falta de reglas claras y transparentes. Ya ha habido algunas iniciativas de ley en el ámbito federal y en el Distrito Federal que han buscado resolver este dilema para la libertad de expresión.
En los distintos casos, empero, se puede advertir un hilo conductor: abrevan de los lineamientos de gastos en comunicación social expedidos por la Secretaría de Gobernación y de manera muy genérica previstos en el Presupuesto de Egresos año con año. Tanto los lineamientos como las referencias presupuestales regulan el procedimiento administrativo para la asignación de pautas publicitarias, pero son omisos en cuanto a los criterios, al contenido y/o finalidades de los criterios para asignar presupuestos en esa materia.
De ahí, por tanto, mi interés en elaborar una obra sobre este aspecto muchas veces comentado, pero casi nunca analizado de manera exhaustiva. El estudio de la experiencia comparada en los criterios de asignación publicitaria por parte de organismos que viven con cargo al erario, las razones que justifican la existencia de la publicidad oficial, el contenido que deben contener estos mensajes publicitarios para que operen como un servicio público son algunos de los principales apartados de este volumen que he preparado y que será presentado en la capital del país y en varios estados, cuyo objetivo es lograr reformas legales de suerte que el gasto del dinero público en publicidad en medios de comunicación tenga como única finalidad satisfacer el interés de la colectividad. Nada más, pero nada menos.