COLUSIÓN EN CHIAPAS

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Uno de los temas menos estudiados de la reforma electoral es el relativo a la unificación de la fecha de la jornada comicial en elecciones locales que tienen lugar en años distintos al de realización de las federales. Por décadas el calendario electoral se ha distinguido por la proliferación y dispersión de las elecciones locales; hay estados que en seis años tenían cinco procesos electorales.Para simplificar la agenda de los ciudadanos, autoridades y partidos, el Constituyente Permanente estableció, en 2007, que las jornadas electorales locales deben tener lugar el primer domingo de julio del año que les corresponda. Así quedó establecido en el artículo 116 constitucional; con una salvedad: los estados que previo a la reforma tenían elecciones locales en el mismo año de la federal, pero con fecha de jornada comicial diferente, podrían mantenerla. El caso más significativo era el estado de México, que elegía diputados locales y ayuntamientos en marzo del año de la elección federal. En 2008 el Congreso de ese estado decidió unificar la fecha, a partir de 2009. No fue así en Coahuila y Tabasco, que por ese motivo están ahora mismo en proceso local.Aunque la mayoría de las legislaturas locales han acatado la reforma, otras quisieron brincarse las trancas, postergando el ajuste de fechas; en esos casos, ante las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos, o por el procurador general de la República, la SCJN ha resuelto, de manera reiterada, que los estados deben acatar la norma constitucional, y que no es válido prolongar el mandato de funcionarios electos mediante el voto popular. Pese a la sentencia de la Corte, en Guerrero persiste el problema. Hay estados que no han realizado el ajuste; otros, como Hidalgo, han decidido anticipar la elección de gobernador a julio de 2010.Caso aparte es el de Chiapas, en donde por una reforma a su Constitución, promovida y aprobada casi en secreto, se pretende prolongar por 20 meses el mandato de los actuales diputados locales y de los integrantes de los 118 ayuntamientos.La iniciativa, presentada por el gobernador el 8 de septiembre pasado, no fue publicada en el Diario de los Debates del Congreso estatal, tampoco el dictamen que la aprobó. En el colmo, según fuentes confiables, a los diputados locales no les dieron copia ni de una y del otro, para evitar filtraciones a la prensa; la sesión extraordinaria del 10 de septiembre, en que, por unanimidad, los diputados aprobaron la iniciativa, fue "secreta", sin asistencia de periodistas. Los cabildos municipales fueron objeto de igual trato, pese a lo cual aprobaron, a ciegas, en tan sólo cuatro días, la reforma que les permitirá continuar en funciones 20 meses más del mandato original.El 15 de septiembre el Congreso de Chiapas declaró aprobada la reforma de marras y turnó el Decreto al gobernador Sabines para que lo publicara en el periódico oficial del estado; pero el sobrino del poeta decidió guardarla bajo llave; mientras tanto, su secretario de Gobierno, Noé Castañón, ha negado la existencia de la iniciativa y de los hechos antes descritos. Del secreto se pasó al misterio.Quienes conocen la iniciativa dicen que Juan Sabines argumentó a su favor el ahorro que permitirá la suspensión de las elecciones locales de 2010, al unificarlas con las federales de julio de 2012. Con tal argumento, de prosperar el atentado en contra de los chiapanecos, otros gobernadores podrían seguir el ejemplo para darle la vuelta a la Constitución.La SCJN no puede intervenir de oficio, requiere que alguno de los facultados para presentar la acción de inconstitucionalidad ejerza ese derecho, una vez que el gobernador publique el Decreto respectivo. Ante la colusión de la clase política chiapaneca, y el silencio de los dirigentes partidistas nacionales, sólo queda exigir al procurador federal, Arturo Chávez, que, llegado el caso, interponga demanda ante la SCJN para que ésta obligue a los poderes estatales y ayuntamientos de Chiapas a respetar la Constitución federal.