Es de conocimiento público la iniciativa presidencial para aumentar los impuestos. E inclusive se han transmitido mensajes publicitarios, con cargo al erario, no tanto para informar, sino para persuadir a la sociedad de la nobleza de las medidas propuestas, apelando a la “solidaridad” colectiva. Es muy difícil que ese tipo de iniciativas sean bien acogidas, particularmente en México, a la luz de las siguientes razones. Primera. Las leyes donde se establecen impuestos son complejas y los contribuyentes no suelen entenderlas. Por tal motivo, a diferencia de lo que sucede en las democracias, en México se requiere contratar los servicios de contadores públicos para que decodifiquen el contenido de las leyes y permitan cumplir con el pago de las obligaciones fiscales. El hecho es que, entre más comprensibles son las normas fiscales, hay una mayor transparencia; y por el contrario, cuanto más sofisticadas son, mayor opacidad se observa. No se trata de buscar la transparencia como un fin en sí mismo, sino como un instrumento del contribuyente para saber quiénes, cuánto y por qué deben pagar impuestos. En la opacidad, el contribuyente no puede evaluar la racionalidad de los mismos y los considera injustos. Peor todavía, la opacidad propicia la discrecionalidad en la recaudación y la evasión fiscal del contribuyente que, para cumplir puntualmente con la ley, tiene mayores costos por los gastos indirectos que implica atender sus obligaciones.Segundo. La brecha que existe entre los mensajes publicitarios del gobierno que apelan a las fibras sentimentales del pueblo para que acepte el incremento de los impuestos, y los gastos suntuosos de servidores públicos, así como los altísimos sueldos de los mandos medios y superiores del gobierno, causan molestia, enojo y decepción en la sociedad, pues de inmediato brotan las preguntas: ¿Por qué los mexicanos deben pagar más impuestos con los raquíticos salarios que existen, mientras los servidores públicos tienen asignados sueldos que no corresponden a las posibilidades presupuestarias del país? ¿Por qué se mantienen, por ejemplo en el Poder Judicial, salarios superiores a los que se perciben en Estados Unidos, Canadá y Alemania en cargos equivalentes, mientras se elevan impuestos que afectan sobre todo a las clases medias y a los que menos tienen? Tercero. Si hay opacidad en la recaudación fiscal, ésta es aún mayor cuando se trata del destino de la misma. La sociedad no sabe a ciencia cierta adónde va a parar el dinero que se recauda ni tampoco percibe algún beneficio o retribución precisa por sus pagos. Es verdad que en países como Alemania y Bélgica los impuestos promedio rebasan el 50% de los ingresos de los contribuyentes, en tanto que en México no superan el 20% promedio, según datos de la OCDE, pero también lo es que en esas naciones las personas cuentan con servicios públicos infinitamente superiores a los que se brindan en nuestro país, particularmente por lo que se refiere a seguridad pública, áreas verdes, espacios de esparcimiento y calidad educativa y ambiental. Los mexicanos consideran, por lo general, que las cifras impositivas recaudadas se manejan con criterios políticos asociados a actos de corrupción que permanecen impunes. La sociedad juega aquí un papel esencial. En Estados Unidos y Canadá existen asociaciones municipales de contribuyentes que ejercen un amplio escrutinio sobre la aplicación de lo recaudado, pero entre nosotros no hay ninguna iniciativa ciudadana en esa dirección. Y ante la ausencia de argumentos y de información específica sobre el destino de los impuestos, el gobierno apela a valores abstractos que no satisfacen el menor análisis de verificación. Mientras no se resuelva este grave problema, la duda, la desconfianza y la resistencia de la sociedad a pagar impuestos será una variable permanente.
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