EL HOMBRE DEL 'MONÓLOGO DEL SPOT'

RAÚL TREJO DELARBRE

La respuesta de Enrique Peña Nieto a los reclamos políticos de Alonso Lujambio fue aldeana y apocada: “hace más de 200 años que los temas nacionales no se resuelven desde España, sino es aquí donde hay que atenderlos”. De esa manera, el gobernador mexiquense trató de capotear la ironía del Secretario de Educación Pública que el martes, en Madrid, deploró la ausencia de Peña Nieto cuya presencia había sido anunciada en una mesa redonda organizada por la Fundación Marcelino Botín. Inicialmente se había dicho que en esa reunión, dentro del Foro “México entre Norte y Sur”, estaría Peña Nieto. Sin embargo el gobernador anunció varios días antes que no podría asistir, de tal suerte que su nombre no apareció en el programa de ese evento que se realizó en la Residencia de Estudiantes de la capital española. No fue esa la única modificación en el Foro. La sesión más llamativa estaría integrada por Alonso Lujambio, Marcelo Ebrard y Carlos Salinas de Gortari, moderados por José Woldenberg. Como se ha publicado, especialmente en la reseña que hizo Raymundo Riva Palacio, Ebrard no quiso encontrarse en público con el ex presidente, Salinas fue movido de la sesión del martes a la del lunes, Woldenberg aceptó ser ponente y no sólo moderador y tampoco llegó el diputado Francisco Rojas que había sido incorporado al programa. Los organizadores de ese evento experimentaron, en pocas horas, un curso intensivo acerca de los titubeos y enredos que siguen distinguiendo a la clase política mexicana. Lujambio aprovechó las ausencias de Peña Nieto y Ebrard para recriminarles su resistencia al debate. Fue especialmente cáustico cuando dijo que el gobernador del Estado de México se ha convertido en “el prototipo de la acción comunicativa unilateral, del monólogo del spot o de la noticia pagada”. A Peña Nieto, insistió Lujambio, sólo le gusta aparecer “públicamente en ambientes controlados, encapsulado para la sonrisa y para la foto”. En su respuesta, al día siguiente, Peña Nieto eludió el cuestionamiento central de Lujambio. El secretario de Educación le reprochó su perseverante reticencia a la deliberación abierta, más allá de los monólogos que Peña Nieto suele leer en el telepromter y que sus asesores le preparan con un estilo sintomáticamente aséptico. Prácticamente no hay un solo tema de la agenda nacional respecto del cual Peña Nieto se haya comprometido con propuestas originales y precisas. Sus alocuciones en los abundantes actos a los que asiste suelen estar repletas de lugares comunes, determinados por una oratoria rescatada de la retórica priista de hace medio siglo. Si además de ambiciones tiene ideas políticas, el gobernador del Estado de México se ha cuidado mucho de hacerlas públicas. Por eso el cuestionamiento de Lujambio dio en el blanco al subrayar la que seguramente constituye la debilidad más importante, al menos en el terreno personal, de Enrique Peña Nieto. Quienes lo conocen suelen decir que es un operador político hábil, que llega a ser un conversador amable, que se comporta con estudiada aunque rígida cordialidad. Pero nadie ha hecho el elogio de las ideas del gobernador del Estado de México y los ciudadanos no han tenido ocasión de conocer su aptitud para el intercambio de razonamientos porque, como subrayó Lujambio, no discute en público y no se aparta del libreto que le preparan para cada ocasión. Peña Nieto pudo haber dicho simplemente que había cancelado semanas antes su asistencia al evento en Madrid. Pero la ganaron las ganas para replicarle a Lujambio y aludió a la ahora confirmada intención del secretario de Educación para competir por la candidatura presidencial del PAN. “Yo no voy a caer en esa impaciencia ni voy a entrar a otros terrenos; yo estoy ocupado con mi prioridad, que es gobernar el estado de México”, aseguró. Si, cómo no. De ser así, el gobernador mexiquense no estaría gastando toneladas de dinero público en la producción y contratación de spots que evidentemente van mucho más allá de la información sobre sus obras de gobierno para los ciudadanos mexiquenses. Cuando Peña Nieto dice que los temas nacionales no se resuelven en España, rescata una de las vertientes del acartonado discurso priista de los años 60 que le hacen decir sus asesores. Ese síndrome presuntamente nacionalista –pero en realidad autárquico y aislacionista– que supone que los asuntos de México nada más competen a los mexicanos, pudo haber tenido eficacia en un país cuya economía, pero también sus ideas y en buena medida su sociedad, estaban encerrados y distanciados del resto del mundo. Pero en esta época de comunicaciones digitales que nos hacen habitantes de una compleja pero interactuante aldea global y sobre todo de ideas e intercambios que circulan por todos los intersticios de nuestras sociedades, decir que los temas nacionales nada más se discuten dentro de nuestras fronteras es un subterfugio desmañado y provinciano.

LOS PENÚLTIMOS DÍAS DEL PRESIDENTE MADERO (III)

HERMILIO SÁNCHEZ BASSOLS

En esta serie de colaboraciones que en número de diez, publico semanalmente, en este mes y el próximo, que son fragmentos de una obra: "Política Exterior de México", de pronta aparición, me he referido tanto a los vacilantes pasos de Francisco I. Madero desde la publicación del Plan de San Luis hasta su instalación en la Presidencia. Desafortunadamente, son muy escasas las definiciones que tuvo el prócer con relación a su política exterior. Sin embargo, destacan el temor manifiesto que tuvo respecto a la toma de Ciudad Juárez, donde se había concentrado el Ejército federal, temiendo que en la lucha pudieren las balas llegar al otro lado del río y generar un incidente de serias consecuencias con el gobierno del presidente Taft. Por otra parte, también fue cuidadoso en conservar la maquinaria porfirista y por tanto las gentes que instrumentaron la política exterior del dictador. De allí que cuando León de la Barra, exembajador de Díaz en Estados Unidos se encarga del gobierno antes de las elecciones de 1911, se encarga el Ministerio de Relaciones Exteriores a un hombre que no era de afiliación maderista, Victoriano Salado, y luego otro de la misma insignia, Bartolomé Carbajal.
Realizadas las elecciones, Madero coloca en la Cancillería a Manuel Calero, veracruzano que formó parte del gabinete de Don Porfirio y también del de León de la Barra, y que se declaraba no ser un porfirista "servil" ni un "científico". Pronto entró en desacuerdo con Madero, quien, dijo, "no tardó en exhibir su incapacidad para resolver los problemas de la administración y de la política", y todavía más cáustico: "el Caudillo de la Revolución no vislumbró siquiera las hondas necesidades nacionales". Esto explica la brevedad de su mandato, debido también a su oposición al vicepresidente Pino Suárez. El asunto se resolvió en abril de 1912 enviando a Calero como embajador de México en Estados Unidos. Allí tampoco cubrió un buen papel porque subrayaba que los problemas que se encaraban eran esencialmente políticos y que estaban ligados al caos de la política interior. Pino Suárez aprovechó la oportunidad para identificarlo como magonista, es decir enemigo del gobierno. Al efecto, fue nombrado secretario de Relaciones Pedro Lascurain, que tuvo la muy mala fortuna de ser el comodín que se utilizó para que Victoriano Huerta asumiera la presidencia al traicionar a Madero.
Ante tal escenario, es difícil encontrar hechos concretos, más allá de los mencionados en materia de política exterior por parte de Madero. Lascurain pretendió ser mediador entre los revolucionarios y el antiguo régimen, pero muy pronto se convirtió en participante indirecto de los acontecimientos de la Decena Trágica.
En el limitado tiempo de poco más de un año, varias fricciones se generaron con el gobierno de Estados Unidos, una, el respeto a los límites y las incursiones del Ejército estadunidense con el pretexto de combatir a los indios; dos, la presencia en el exilio de Ricardo Flores Magón, quien con su periódico Regeneración despertó al pueblo hacia una lucha donde estaban perfectamente delimitados sus preclaros propósitos (Jacinto Barrera Bassols prepara la primera gran biografía del oaxaqueño, abanderado de la educación liberal, la honradez política y el respeto a la ley, pero ayuno lamentablemente, de tesis sobre política exterior). Conforme fue ascendiendo Madero, políticamente, se fue deteriorando su relación con Estados Unidos y obligadamente el punto de inflexión decisivo fue el petróleo. En 1911 los empresarios norteamericanos ofrecieron a los maderistas un préstamo para verse favorecidos; algunos señalan que la Standard Oil Co. proporcionó asistencia económica al movimiento. En los tenues lazos que tendió Madero, buscó infructuosamente alianzas con la burguesía política y subestimó los intereses económicos norteamericanos en relación con su propio gobierno. Aquí encuéntrase la partida de la lucha mortal que se dio entre Madero y su búsqueda de sus relaciones con la presidencia norteamericana y el embajador norteamericano en México, Henry Lane Wilson, quien de hecho, en forma casi independiente de su relación con su gobierno, aplicó una política personal y de intereses comerciales enfrentándose a Madero. En 1912, el gobierno mexicano decretó el cobro de un pequeño impuesto a las compañías, las empresas protestaron y sólo El Águila pagó. El gobierno exigió que las empresas se inscribieran en un registro y los petroleros se negaron. Henry Lane Wilson, sin pudor alguno, no vaciló en emitir los más graves juicios contra el gobierno maderista al que acusó de arruinar a los petroleros yanquis. Inútil fue también la explicación que Lascurain dio en Washington. Es así que Madero, al terminar 1912 pierde dos apoyos, los orozquistas que se levantan con el Pacto de la Empacadora, acusándolo de ser un gobierno pro-yanqui, y Lane Wilson que lo acusaba de ir contra los intereses de sus conciudadanos. Sin embargo, el presidente Taft que había convocado a un Consejo extraordinario de Ministros en febrero de 1913, acordó que lo que sucedía en México no justificaba una intervención armada, sino solamente medidas preventivas. Este hecho se examinará en la siguiente colaboración.

ATRIBUCIONES RELEVANTES DE LOS MUNICIPIOS

CARLOS ARELLANO GARCÍA

En materia tributaria, conforme al artículo 115 de nuestra Carta Magna, los municipios, a través de sus respectivos Ayuntamientos, tienen facultades tributarias de trascendencia. Les corresponde administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas de los estados establezcan a su favor. De esa manera, percibirán las contribuciones, con inclusión de tasas adicionales, que establezcan los estados, sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los municipios podrán celebrar convenios con el estado para que se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. Asimismo, los municipios obtendrán las participaciones federales, que le serán cubiertas por la Federación, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los estados. Además, les corresponderán a los Municipios los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones mencionadas en primer y tercer lugar, ni considerarán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los municipios salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas estatales, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las Legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen, conforme a la ley.
De conformidad con leyes federales y estatales relativas, los municipios tienen importantes facultades, para: formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; participar en la formulación de planes de desarrollo regional, las cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional, deberán asegurar la participación de los municipios; autorizar, controlar vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y programas de ordenamiento de esta materia; intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. De conformidad con los fines señalados por el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, expedirán reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.
La Policía Preventiva Municipal estará al mando del presidente municipal, conforme al reglamento correspondiente y aquella acatará las órdenes que le trasmita el gobernador del estado en casos de fuerza mayor y alteración grave el orden público.
Dado que hay tan numerosos municipios en los estados de la República, resulta conveniente destacar las amplias facultades que la Constitución otorga a las entidades municipales.

FUERO MILITAR E IMPUNIDAD

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Pese a los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Felipe Calderón persiste en su intento de impedir que los militares sean juzgados por tribunales civiles. En este sentido, la iniciativa de ley que recién envió al Senado es incompleta e insuficiente, pues sólo excluye tres delitos de la jurisdicción de los tribunales castrenses, aunque faculta al Ministerio Público Militar para que envíe a la justicia civil los casos que considere pertinentes. Entre los altos mandos del Ejército y los mismos soldados existe preocupación porque en la “guerra contra el narcotráfico” han aumentado los crímenes contra civiles inocentes perpetrados por militares, y éstos temen ser condenados en los tribunales civiles. Como muestra de lo antedicho, en Nuevo León cayeron abatidos en sólo seis meses –entre el 19 de marzo y el 5 de septiembre de este año– cinco civiles, presuntamente a manos de militares, pero éstos sólo han reconocido su responsabilidad en un caso que implicó la muerte de dos personas. La reforma al Código de Justicia Militar no incluye el homicidio entre los delitos que serían sometidos a la jurisdicción civil y, por lo tanto, ninguno de estos ilícitos –ni siquiera aquellos en los que el Ejército reconoce su responsabilidad– sería juzgado por tribunales civiles. Durante la noche del jueves 18 y la madrugada del viernes 19 de marzo de este año ocurrió un enfrentamiento entre sicarios y el Ejército en el campus del Tecnológico de Monterrey. En la balacera quedaron muertos los estudiantes de posgrado Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes inicialmente fueron identificados como sicarios. La recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documenta que los militares participantes en el enfrentamiento cometieron los siguientes delitos: “alterar la escena del crimen –todo indica que para encubrir su responsabilidad en los hechos–; sembrar evidencias para involucrar a las víctimas como miembros de las organizaciones criminales o, al menos, modificar el rumbo de las investigaciones y entorpecer las investigaciones del ómbudsman nacional”. (Proceso 1764.) La CNDH no pudo determinar el calibre de las balas que hirieron de muerte a los estudiantes y, por lo mismo, tampoco le fue posible establecer con precisión si éstas fueron disparadas por los militares o por los sicarios; sin embargo, todas las evidencias recabadas indican que el personal castrense que intervino en la balacera no puede ser declarado inocente, tal y como en un principio pretendieron hacerlo las autoridades. Esa misma noche y en otro rumbo de la ciudad, Colinas de San Jerónimo, efectivos militares abatieron a Sandra de la Garza en lo que el Ejército pretendió hacer pasar como otro enfrentamiento. En realidad se trató de la persecución de una camioneta en la que viajaban la ahora occisa y su esposo, quienes de manera inadvertida invadieron una zona en donde las Fuerzas Armadas realizaban un operativo para catear una casa de seguridad de presuntos secuestradores. La pareja era ajena a los hechos, y el asesinato de Sandra no tuvo gran resonancia en los medios debido al escándalo que se produjo por la muerte de los universitarios. En este caso fue evidente que las balas disparadas por los integrantes del Ejército fueron las que privaron de la vida a De la Garza; a pesar de ello, hasta la fecha las Fuerzas Armadas no han emitido un comunicado en el que reconozcan su culpabilidad. El pasado 5 de septiembre, Vicente León Ramírez y su hijo Alejandro Gabriel León Castellanos, de 15 años, fueron baleados por efectivos militares, quienes alegaron que no se detuvieron en un retén. Familiares de las víctimas señalaron que no había ningún retén, y que su único delito fue haber rebasado a un convoy militar. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Escobedo, sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Al día siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de los León, reconoció que fueron abatidos por los militares y anunció el inicio de una investigación. Así, aunque en Nuevo León se atribuyen cinco muertes a las fuerzas castrenses en el último medio año, éstas sólo han reconocido oficialmente dos –la de los León–, no han hecho otro tanto con la de Sandra, y por el caso de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, existen evidencias suficientes para iniciarles una averiguación previa. Estos son precisamente los riesgos de involucrar al Ejército en el combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Al iniciarse esa lucha, el presidente de la República y las Fuerzas Armadas contaban con que los militares serían juzgados por tribunales castrenses. A ello se debe que ahora se resistan a las reformas legales. Fuentes cercanas a la VII Zona Militar que opera en Nuevo León aseguran que los altos mandos están satisfechos con la administración del gobernador Rodrigo Medina, pues en cuanto asumió la gubernatura les dio luz verde para que actuaran con toda libertad en el combate al crimen organizado en esa entidad. Los militares le tomaron la palabra y 12 meses después el saldo no puede ser más negativo: se incrementó la violencia en el estado, el número de víctimas civiles crece, y los inocentes muertos por balas de militares también. En los cinco casos referidos hay evidencia incontrovertible de abusos por parte de militares en contra de civiles; sin embargo, es muy probable que muchos otros no han salido a la luz pública. Incluso cuando la culpabilidad de los militares ha sido incuestionable, no hay evidencia de que se hayan castigado los abusos. Esta impunidad es posible por la inexistencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, aunque tales controles son indispensables en un régimen democrático. Cualquier delito perpetrado por elementos de las Fuerzas Armadas en contra de civiles debe ser juzgado por tribunales civiles y no resguardarse en el fuero militar. La iniciativa presidencial desatiende este principio, porque conoce la existencia de estos delitos y no quiere desproteger a los militares.

RENOVACIÓN DEL IFE: CONSENSO O TEMPESTAD

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

Sin duda, el IFE es la joya de la corona de nuestra transición a la democracia. Fue creado hace 20 años para enfrentar la falta de credibilidad y confianza que caracterizaba a las elecciones y sin las cuales resultaba imposible la convivencia pacífica y democrática.
Pero para ese fin no bastó crear una institución autónoma y especializada, dotada de estructura profesional que hoy sigue construyendo elecciones con enorme calidad técnica, el establecimiento de procedimientos ciertos y precisos para organizar comicios, así como condiciones de equidad en la competencia. Además fue indispensable asumir como premisa la base de consenso político con el que se fueron delineando las reglas del juego electoral, y con el que se nombraron árbitros electorales.
La gran enseñanza de la década pasada es que cuando el consenso, entendido como el acuerdo amplio e incluyente, ha prevalecido el expediente electoral suele desarrollarse sin mayores contratiempos. El consenso que revistió la designación de los seis consejeros ciudadanos en 1994 y de los ocho consejeros electorales y al consejero presidente del IFE en 1996, fue la premisa que inyectó entre los actores políticos las condiciones de confianza que son indispensables para que, con independencia de que los favorezcan, haya una aceptación generalizada de las decisiones que tome la autoridad electoral, así como, al final del día, de los resultados. Lo contrario ocurrió en 2003 y el lamentable desenlace de esa historia es bien conocida.
Cuando no prevalece el consenso sino los árbitros son impuestos por una parte, incluso mayoritaria, de los jugadores, el juego democrático es dañado de nacimiento y se sientan las bases para que los excluidos —o autoexcluidos— tarde o temprano pateen la mesa y acusen —con razón o sin ella— al proceso de estar viciado de origen, y al resultado las cartas trucadas con las que se realizó el juego.
El actual procedimiento de renovación de tres consejeros ha sido abierto, transparente e incluyente. El desafío en adelante es mantener en la etapas por venir el mismo carácter, particularmente porque el tiempo aprieta y porque la tentación de imposición y “agandalle” están siempre latentes.
La moraleja no es otra que la absoluta necesidad de que la designación de los árbitros de las contiendas electorales sea decisión compartida, más allá del requisito numérico de los dos tercios de los legisladores, por todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados. La ruta electoral como la vía para la coexistencia pacífica del puralismo político requiere un consenso subyacente, fundacional, en torno al procedimiento mismo para acceder al poder. Se requiere, pues, compromiso compartido con el sistema democrático y con las elecciones como única vía legítima para obtener poder político. Ese compromiso es lo que se renueva en la designación de los consejeros electorales. Hay que insistir en el punto: o prevalece el más amplio consenso posible en torno a los tres consejeros que lleguen, y su nombramiento ocurre en medio del desvanecimiento de toda sospecha y de toda acusación de imposición o exclusión, o estaremos creando el peor escenario para el futuro inmediato y para la reconsolidación del IFE como institución creíble, confiable e imparcial.
A nadie le conviene un IFE parcial. Pensar que un árbitro que favorece los propios intereses es el escenario más conveniente supone olvidar que la legitimidad de los gobiernos democráticos pasa por emanar de una elección confiable, cierta y transparente. Y eso depende de que exista una confianza generalizada en torno a la imparcialidad del árbitro, de que los dados no están cargados.
El IFE debe ser asidero de confianza sin la cual las elecciones no pueden llegar a buen puerto, no la fuente de problemas y de acusaciones, pero eso depende del consenso básico que supone la inclusión de todas las fuerzas políticas en su conformación.
Ojalá que en los días por venir, prevalezca esta altitud de miras, si no, estaremos nuevamente construyéndonos, desde el nombramiento mismo del árbitro, el peor de los escenarios para una elección que ya desde ahora se vislumbra como complicada, intensa y competida.

EL PÚBLICO EN LOS ESTADIOS

JOSE WOLDENBERG KARAKOSKY

Me gusta ir a los estadios. Los gritos y colores, las expectativas del respetable, las ocurrencias, las banderas ondeando, las cervezas corriendo, la tensión dramática generan un clima especial, cargado de pasión y exacerbado en su elocuencia. Como si las inhibiciones del día a día se dejaran en las puertas de esos monumentales recintos. No pueden compararse las trasmisiones televisivas con la contemplación "en vivo y a todo color" de las competencias beisboleras, futboleras o de cualquier otro deporte. Ahí uno aprende algo que merece no ser olvidado: cada quien ve lo que quiere ver. Ante una misma jugada, una misma falta, una misma pifia, los aficionados reaccionan de forma no solamente distinta sino en ocasiones antagónica, porque sus respectivas pasiones los hacen ver, insisto, lo que quieren ver.El espectáculo transcurre en la cancha, en el diamante o en la duela, pero la fiesta se encuentra también en las tribunas. Y a veces, cuando el encuentro resulta insípido, rutinario, el espectáculo se desarrolla sólo en las tribunas.Observar a los espectadores resulta fascinante. Los hay solitarios que miran hipnotizados el encuentro ajenos al "mundanal ruido" y en el otro extremo las porras para las cuales lo que sucede en la cancha importa poco, ya que sus brincos y gritos, arengas y gestos están dedicados a sí mismos, a lograr su cohesión, a generar un sentimiento de pertenencia. A veces el azar coloca a una pareja de despistados en medio de sus enemigos y el pronóstico suele ser reservado. Pueden darse la coexistencia pacífica o las burlas hirientes, generarse un espacio de tolerancia o un teatro de agresiones verbales y hasta físicas.Los públicos tienen un comportamiento diverso. Y hablo de ellos en plural porque la masa que invade las tribunas se encuentra fracturada por distintas fidelidades. Sus expectativas son antagónicas e incluso polarizadas. La adhesión a un equipo incluye el desprecio por el otro, la identificación es al mismo tiempo un elemento de diferenciación del antagonista. Es el motor de la pasión, el carburante de la tensión. Sin esa carga eléctrica la contienda se vuelve anodina.Los resultados en los estadios nunca resultan intrascendentes. Son el sello más importante que deja la disputa. Las barras perdonan a su equipo si jugó mal pero ganó, lo contrario es raro, y se requiere tener desarrollado el gusto por el espectáculo, el aprecio por el juego y mantener una cierta distancia anímica con relación a los equipos. Observar el comportamiento del respetable en la adversidad y en la victoria es también parte del show. Los resortes se disparan dependiendo de lo que se encuentra en disputa. No es lo mismo un encuentro a media temporada que el choque definitivo por el campeonato. ¿Quién no ha visto rostros tristes y llorosos, como si se tratara de un velorio, luego de la derrota en el último minuto? ¿Quién no ha quedado petrificado ante los gritos de júbilo y las expresiones de compadrazgo y gozo que sólo desencadena el triunfo, el gol, el home run, la canasta definitiva? Las máscaras que producen la victoria y el fracaso han sido inmortalizadas por fotógrafos alevosos que sólo tienen que disparar sus cámaras en los momentos precisos.Acompañan a las tribus en las tribunas (tri, tri, diría Gil Gamés) las leyendas y mitos, los héroes y los villanos que como una estela intangible flotan durante la contienda. Los "aficionados de hueso colorado", "los auténticos", "los comprometidos" conocen no sólo los antecedentes generales, sino las minucias que se han convertido en fábulas: el día que el árbitro no marcó aquella mano, el batazo definitivo que resolvió un juego en extra innings, el touchdown que no fue y se dio por bueno. Y están ahí, aunque hayan muerto, los nombres de los ídolos del pasado, los colosos de antaño, a los que hay que rendir pleitesía, admiración, respeto. Y en contraparte, nunca faltan los miserables que en el ayer remoto hicieron daño. Unos y otros son intercambiables y dependen de la camiseta puesta. Esa playera que resume identidad, sentido de adscripción.Quizá el comportamiento de los fanáticos sería otro si los jugadores no fueran ellos mismos unos fanáticos, capaces de mentir, fingir, reclamar, actuar, con tal de ganar la contienda. ¿Qué sería del deporte si ante el infortunio los afectados reaccionaran como el pitcher venezolano Armando Galarraga? En junio, el lanzador de los Tigres de Detroit, luego de 26 outs consecutivos, perdió el juego perfecto por un claro error del umpire. No reclamó, sólo emitió una enigmática sonrisa, y al final del encuentro, luego de que el "ampayita" Jim Joyce se disculpara con él, Galarraga declaró: "Nadie es perfecto...todos cometemos errores...lo entiendo...". Y hablando de su encuentro con Joyce apuntó: "Él no dijo mucho...su lenguaje corporal dijo más que muchas palabras...sus ojos estaban llorosos...sólo nos dimos un abrazo".Por cierto, ya se acercan las próximas elecciones federales.

OTRA INTERPRETACIÓN

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

"(...) este proyecto intenta definir una especie de axiología, de lo que se vale y lo que no se vale en la larga temporada que nos separa de octubre del año 2011, fecha en la que dará comienzo legal el proceso electoral por venir." Así presentó el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, el proyecto, aprobado por 8 votos a favor y 1 en contra, que exonera a Andrés Manuel López Obrador, denunciado por realizar actos anticipados de precampaña.Según la Real Academia, "Axiología: Teoría de los valores".De lo que se desprende que el IFE aprobó "una especie de teoría de los valores" tutelados por el Cofipe, en lo relativo al tema. Para tal efecto, "ofrece una interpretación más racional de conceptos electorales que con frecuencia han sido mal entendidos y mal explicados". El proyecto se basa en dos sentencias del TEPJF, que señalaron tres criterios para considerar la existencia de actos anticipados de precampaña; uno de ellos es el temporal: "Acontecen antes del procedimiento interno de selección respectivo y previamente al registro interno ante los institutos políticos". No leo cómo desprender, de esa cita, que los actos anticipados de precampaña sólo pueden ocurrir, como se concluye en el proyecto, "dentro del proceso electoral". Eso no dijo la Sala Superior; es lo que ahora dice el interpretador del intérprete, que así le corrige la plana no sólo al legislador, sino también al Tribunal.Otra interpretación, plausible, lleva a una conclusión diametralmente opuesta.Dice el artículo 344 del Cofipe: "1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al presente Código: a). La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso." El inciso c, párrafo 1, del artículo 354, determina las sanciones aplicables a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: amonestación pública; multa pecuniaria, y pérdida del derecho a ser registrado como candidato, o la cancelación de dicho registro.El Cofipe considera entre los sujetos regulados a los aspirantes, condición que antecede a la de precandidato (El TEPJF incluyó en sus criterios a los "militantes" de partidos); cuando el legislador estableció las infracciones en esta materia, no distinguió el tiempo en que pueden ser cometidas (tampoco lo hizo el Tribunal), y donde la ley no distingue, quien la aplica no debe hacerlo. Más aún, en la exposición de motivos del Cofipe (Senado) se lee lo siguiente: "Se han presentado casos de precampaña con duración de más de un año (...) En otras ocasiones, no pocas, las precampañas han sido convertidas, para todo fin práctico, en actos anticipados de campaña lo que también afecta negativamente la equidad en la contienda".¿En qué estaban pensando los legisladores? Entre otros, en el caso de Vicente Fox, que arrancó precampaña con más de dos años de anticipación, mucho antes de que iniciara el proceso electoral del año 2000. Si hubiesen querido circunscribir la prohibición de los actos anticipados de precampaña al periodo electoral, así lo habrían escrito en la norma y justificado en la exposición de motivos. No lo hicieron, justo porque los antecedentes probaban que los actos anticipados de precampaña pueden ocurrir antes del inicio del proceso electoral; eso fue lo que buscaron evitar, y en su caso sancionar. La interpretación del IFE no sólo hace nugatoria la ley, sino que provocará una flagrante inequidad en la competencia.Es un hecho notorio que Andrés Manuel López Obrador aspira a ser candidato presidencial en 2012, su activismo, declaraciones, entrevistas, mensajes en TV y radio -utilizando el tiempo de que dispone el PT- así lo acredita. Por ello, por las circunstancias de modo y tiempo en que se difundieron sus mensajes de propaganda, y por los tres criterios del TEPJF, es de toda evidencia que realiza actos anticipados de precampaña.Permitir a todo aspirante, militante o no de un partido, las mismas conductas es una salida en falso. Abre la puerta a la inequidad, pues corresponde a los partidos decidir el uso del tiempo de que disponen en TV y radio. Los servidores públicos no podrán ampararse en la interpretación del IFE, salvo que se separen del cargo.Si la ley no sirve, hay que cambiarla, pero esa facultad es del Congreso, no del IFE.

RENOVACIÓN EN EL IFE

RODRIGO MORALES MANZANARES

La Cámara de Diputados tiene frente a sí la oportunidad de ofrecer una clara señal de lo que los partidos políticos esperan que ocurra en 2012. En efecto, esta semana deberá ocurrir el nombramiento de tres nuevos consejeros electorales del IFE y, para fortuna de todos, en la lista de aspirantes hay personajes con trayectoria honorable y capacidad probada para ejercer el cargo con plena independencia. Sin embargo, ello no es garantía de que serán considerados. La tentación que deberán vencer los partidos políticos consiste en nombrar a personajes con claras referencias partidarias.
En abono al optimismo, hay que decir que el proceso de entrevistas ha sido más pulcro que otras veces, no ha habido agresiones y, en general, se ha mantenido un tono de respeto para con los aspirantes. Insisto, la lista de éstos ofrece la posibilidad de seleccionar a personalidades con capacidad probada, no probable.
Como no hay certeza respecto a que sea posible procesar una nueva reforma electoral que se ocupe de hacer ajustes a la normatividad vigente, me parece que los diputados debieran partir de la base de que es con esta ley con la que iremos a la contienda presidencial de 2012 y que justamente por eso habría que apuntalar la capacidad deliberativa del Consejo General y dotarlo, con los nombramientos por venir, de una mayor autoridad política. Los nombramientos por afinidad política solamente producirán votaciones congeladas en bloques; en cambio, la designación por trayectorias seguramente oxigenará el debate, va a incrementar la capacidad de arbitraje del IFE.
En la medida en que el libre intercambio de puntos de vista supla a las votaciones previsibles, la autoridad del Instituto crecerá frente a los actores políticos. Hay quien sostiene que la suma de parcialidades genera la imparcialidad. Discrepo de tal afirmación, me parece que las épocas en que el arbitraje del IFE ha sido mayor coinciden justamente con la capacidad de deliberación de sus integrantes, deliberación que no en pocas ocasiones los llevó a privilegiar la unanimidad como objetivo, por encima de diferencias particulares.
No hay duda de que una votación unánime emite una señal más robusta políticamente que las sistemáticamente divididas. La compleja relación que últimamente se ha entablado entre el IFE y el TEPJF, sin duda se vería beneficiada si quienes acceden al Consejo General lo hacen por méritos propios y se destierra la sospecha de que la referencia partidista haya sido el criterio para la nombrarlos.
He ahí una señal que los partidos habrán de emitir con la designación de los nuevos consejeros electorales: 2012 está a la vuelta de la esquina, la agenda del IFE está llena de asuntos estratégicos para avanzar en la preparación de los próximos comicios. El ánimo de los jugadores se encuentra, sin duda, caldeado. Sin embargo, reitero, la oportunidad de procesar nombramientos que eleven el nivel de exigencia del Consejo General y coloquen la deliberación informada en el centro de la agenda, eso no se debe desaprovechar.
A todos conviene contar con un árbitro fuerte y respetado: al que gana, por la autoridad moral y política de quien le alza la mano; a los que pierden, por haberse sometido a un arbitraje justo.
Ojalá que todos tengamos motivos para celebrar las designaciones que en esta semana habrán de hacer en la Cámara de Diputados.

MEMORIA DE TROTSKY

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

Uno de los sentimientos cuya huella desaparece con mayor rapidez es el miedo. Olvidar, no lo que nos atemoriza, sino las peculiaridades del sentimiento, es un mecanismo de defensa que nos permite vivir sin que nos quedemos paralizados ante el quehacer cotidiano. Hay dos rutas por las que los grandes temores colectivos se disuelven y olvidan. Una, la más extraña, cuando las consecuencias de lo que nos atemoriza se difuminan y se convierten en una masa amorfa de sentimientos terrible pero imposible de explicar: los que nacieron después de 1985 o eran muy pequeños en aquel fatídico septiembre, temen a los terremotos de manera muy distinta a la forma en que lo hacemos quienes testificamos aquellas tardes de terror y desolación. La otra consiste en que esas consecuencias se olvidan y los hechos temibles quedan como retratos que ya no pueden hacer daño: ningún joven tiene miedo de un holocausto nuclear como lo sentimos quienes vivimos la Guerra Fría.
Hoy, cuando el macartismo o la revolución cultural son pálidos reflejos de un ayer tan lejano como la Edad Media, pensados en dimensiones históricas, hechos de apenas ayer parecen situados en una especie de pleistoceno político ubicado en la tierra de nunca jamás. En realidad hace apenas un par de generaciones la humanidad protagonizó y testificó los peores actos de barbarie y hace tan sólo una contemplaba en todos los continentes una guerra sin fin y sin cuartel porque se erigía contra ideas y contra los sujetos que las creían y las practicaban.
En este tiempo de aniversarios clave, resalta el del asesinato de León Trotsky. Parte de nuestra memoria histórica y de nuestro imaginario colectivo. Trotsky atraviesa medio mundo por una persecución que toca los límites épicos y literarios. Enemigo de Stalin, recorrió países y continentes, con una pequeña corte de leales, para encontrar, ya no un foco de influencia, sino apenas un lugar seguro para seguir viviendo. México, mediante la ya legendaria persona de Diego Rivera, le ofrece asilo político y al hacerlo enfrenta la revolución social encabezada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas al dogmatismo del estalinismo mundial. Las luchas en el Partido Comunista Mexicano y el atentado en el que se vio implicado David Alfaro Siqueiros, constituyen una manifestación del arte comprometido y políticamente activo. El asesinato de Trotsky es la muestra histórica de aquel mundo que no ha desaparecido del todo, de un mundo donde se sumaban lo mejor del ser humano: solidaridad, apertura, diálogo, y también lo peor de sus inclinaciones: traición, dogmatismo, violencia.
Hoy, décadas después, la suma de nuestros temores se mediatiza y con la profusión de imágenes parece menos tangible y más espectacular. Hoy, la memoria es una advertencia para quienes quieren acotar los derechos humanos, incluido el asilo; es una estela en el tiempo para los que pretenden imponer visiones homogéneas a sociedades complejas como la nuestra.
Ahí está la memoria de Trotsky, para advertirnos, enseñarnos y para enorgullecernos de este país nuestro, siempre abierto y siempre solidario.

PROPAGANDA Y ENCUESTAS

RAÚL CARRANCA Y RIVAS

El país se hunde, es el cuento de nunca acabar. La reciente masacre de jóvenes en Ciudad Juárez -14 personas muertas y 15 mal heridas- llevada a cabo por individuos de 16 a 21 años de edad pone de relieve la tragedia nacional. Y esto a pocas semanas de la toma de posesión del nuevo gobernador de Chihuahua quien pide el auxilio del gobierno federal. Es un reto enorme, otro más, que no se puede tapar con el dedo del discurso oficial. Sólo un necio creería que está dando resultados la política del gobierno en materia de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Lo único que se dice desde "allá arriba" es que no hay otro camino, que no se cejará en el empeño de acabar con aquél mal y que aunque ello cueste muchas vidas se vencerá finalmente. Es un camino equivocado que se impondrá o heredará a los futuros gobernantes del país, si es que lo aceptan. Es una pésima estrategia sostenida por la necedad y la inercia política.Ahora bien, ya estamos en tiempos preelectorales, no importa que en pleno desastre. Pero lo terrible es que los precandidatos o sus simpatizantes, apoyados por ciertos medios de comunicación, en vez de actuar con la prudencia y seriedad que ameritan las circunstancias lo hacen movidos por una especie de interés canibalesco. Me explico. Cada quien busca lo que le conviene en el tablero de un ajedrez caótico. Lo inteligente y patriótico sería comparar propuestas, planes y proyectos, o sea, de un lado la política del gobierno y del otro la de los aspirantes a sucederlo. En otros términos, que la opinión pública, los ciudadanos, los gobernados, nos fuéramos enterando poco a poco de los que piensan los candidatos y sus respectivos partidos. Pero no sucede así y lo que leemos a diario en los periódicos, lo que oímos en la radio y vemos en la televisión es lo contrario, es decir, una serie de marcajes igual que en el deporte, de supuestas preferencias, de encuestas -averiguaciones, pesquisas- que en rigor no son muestras representativas de los estados de opinión. ¿Qué son, entonces? Propaganda simulada, indirecta, a favor o en contra de una determinada persona o de un partido. Y esto junto a la incredulidad generalizada en el gobierno, salvo en los cuadros oficiales, con una crisis que es un verdadero torbellino de violencia y fuego. He dicho propaganda simulada. No la deberíamos tolerar. Algunos medios "maquillan" a sus personajes preferidos. Es que son sus candidatos o precandidatos. Nos enteramos de lo que hicieron, de a dónde van, de dónde vienen. Pero nunca aparece lo que piensan, lo que proponen. Conocemos sus ideas a través de versiones tendenciosas que anuncian solemnemente comentaristas tan "maquillados" como ellos. Palabras a la mitad, ideas a la mitad, conceptos a la mitad, que nos llegan de apenas susurros de esos elegidos de los grandes consorcios que dominan la comunicación. ¿Y qué hacen las encuestas? Manipular, influir tendenciosamente. Sólo un ciego no lo ve. ¿Y qué hace al respecto el IFE (Instituto Federal Electoral)? La fracción V del artículo 41 de la Constitución prescribe que: "La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través" de ese Instituto. Y añade: "En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores". Y no creo que sea de pensar mucho el saber que las elecciones, en una fase previa, comienzan desde que aparecen los precandidatos. Además, con una elemental idea que se tenga de los llamados mensajes subliminales, y por supuesto de la psicología, se verá con claridad meridiana que por debajo del umbral de la conciencia colectiva va apareciendo lo que las encuestas quieren, o sea, la preferencia hacia un determinado precanditato o puntero.Y en el ínter el país trepida. A diario, cotidianamente, las noticias de sangre nos hunden en el asombro, el miedo y la inconformidad con la política que se maneja. Se informa que el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, James Steinberg, visitará la semana entrante México y Colombia, en gira oficial, "para reforzar el trabajo conjunto por la democracia, seguridad y prosperidad en la región". Steinberg tratará asuntos relacionados con la lucha antidrogas, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la reforma judicial. Me pregunto si leerá, estudiará y analizará los fundamentos del gobierno para esa reforma, que es a su vez la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública. Ojalá la lea y tenga igualmente una idea del Derecho, o la tengan sus asesores, para que se enteren de las barbaridades que hay en ella. ¿Pero qué señal percibimos en el fondo de la visita del subsecretario de Estado, brazo derecho de Hillary Clinton, una más de alto nivel? México trepida. ¿Lo pueden ellos, los norteamericanos, permitir al borde de su frontera? Trepida la nación en medio de un alboroto político en que abundan los acuerdos y desacuerdos, las posiciones y oposiciones, las alianzas y desalianzas. Evidentemente no les conviene. Tarde o temprano intervendrán, directa o indirectamente, a lo descarado o por un camino subrepticio. El "destino manifiesto", aunque lo nieguen, sigue vigente. Pero lo trágico -no encuentro otra palabra que substituya a ésta- es que gran parte de nuestro proceso preelectoral, dirigido hacia el 2012, es disonante con la crisis política, moral y jurídica de la República. ¿Por qué? Porque los actuales momentos requieren seriedad y sobriedad políticas. El pueblo debe hablar, sin presiones ni manipulaciones odiosas y muy a menudo perversas. Sin conteos ni cuentos. Requiere hablar y no que "lo hagan hablar" por medio de encuestas manejadas aunque, sin conceder, reflejen la verdad de la que se aprovechan las encuestadores para hacerlas crecer e ir creando conciencia. En suma, lo ideal y necesario sería que los medios, impulsados por el IFE, fueran tribuna de exposición de planes, proyectos y programas de gobierno. Las precampañas son parte de las campañas.

MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

"Hay violación a la autonomía cuando el Estado por cualquier medio coarta la independencia académica de la Universidad". Tal fue la posición central expresada y defendida gallardamente por el rector de la UNAM Javier Barros Sierra en el conflicto suscitado en la UNAM en 1968. Como ya registra la historia, resulta incontestable la contribución de este personaje -en un momento crítico de la vida del país- a la construcción de la autonomía universitaria. Por ello el Senado de la República le confiere el alto honor republicano de recibir la medalla Belisario Domínguez.Hace unos días, al recibir Mario Vargas Llosa la noticia sobre la decisión de otorgarle el premio Nobel de Literatura, señaló que lo entendía también como un reconocimiento a la lengua española. No me es difícil pensar que don Javier Barros Sierra hubiese dicho algo similar sobre el significado de la imposición de la medalla Belisario Domínguez como un premio, sí, para él, pero también para su Universidad y especialmente para refrendar el compromiso con la autonomía universitaria como bien cultural instrumental para beneficio de la nación.Gracias en no poca medida a la defensa que de ella hace Barros Sierra, hoy ésta cuenta con protección jurídica reforzada, formada sobre todo a partir del 68 que adquiere los rasgos de lo que los teóricos del derecho suelen denominar garantía institucional -cuya defensa es equiparable a la protección de un derecho humano. La autonomía universitaria se construye frente a los poderes del Estado pero también tiene una vertiente intrauniversitaria. Recordemos que la libertad de investigación y cátedra de los universitarios es oponible a las autoridades del Estado, pero también a las autoridades universitarias.La bibliografía sobre el 68 es muy extensa. Buena parte de quienes participaron de un lado o del otro viven, lo que explicó la diferencia de opinión sobre lo que sucedió en aquellos días. Es lo propio de los estudios sociales. Pero nadie parece estar en desacuerdo que la autonomía universitaria es un valor cultural, y los muchos méritos del ingeniero Barros Sierra para protegerla.Muchos de los Senadores que votaron por premiar el mérito al Ingeniero Barros Sierra eran estudiantes en el 68 -estaban, por así decirlo, en el mismo equipo- y, hoy conviven en la vieja Casona de Xicoténcatl representando diferentes partidos políticos en uno de los poderes del Estado mexicano. Son todos ellos herederos y constructores del pluralismo político que a partir del 68 no cesará en la búsqueda de protección constitucional efectiva y de asentarse como práctica entre los mexicanos.Al tiempo que los Senadores de la LXI Legislatura refrendan un compromiso con la autonomía universitaria en la persona de Javier Barros Sierra, me parece que también decidieron reiterar su compromiso con otro valor de la sociedad mexicana, el pluralismo político, al decidir otorgarle la medalla Belisario Domínguez a don Luis H. Álvarez. Autonomía universitaria y pluralismo político tienen como denominador común la libertad -lo que une la trayectoria vital de dos de sus defensores, Javier Barros Sierra y Luis H. Álvarez.Desde que fuera candidato al Gobierno de Chihuahua y posteriormente a la presidencia de la República en 1958 -compitiendo contra Adolfo López Mateos- Luis H. Álvarez se ha distinguido por reivindicar el respeto a la ley y a la democracia. Fue electo presidente municipal de Chihuahua en 1983, y fue Senador de la República en 1994-2000; en este cargo de representación forma parte de la COCOPA que negocia la pacificación del EZLN en Chiapas, estado de origen del Dr. Belisario Domínguez. Funge como presidente del PAN entre 1987 y 1993 cuando su partido político obtiene el primer triunfo en las elecciones para gobernador de un estado de la República en el año de 1989, Baja California, coronando una larga lucha del PAN por impulsar el cambio político en México desde la ley.Por todo ello creo que fue un acierto de los Senadores de la presente LXI Legislatura del Congreso de la Unión, otorgar ambos premios simultáneamente a hombres de nuestra vida pública que personifican con tanta dignidad los valores de la autonomía universitaria y el pluralismo político.

FUERO MILITAR E IMPUNIDAD

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Pese a los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Felipe Calderón persiste en su intento de impedir que los militares sean juzgados por tribunales civiles. En este sentido, la iniciativa de ley que recién envió al Senado es incompleta e insuficiente, pues sólo excluye tres delitos de la jurisdicción de los tribunales castrenses, aunque faculta al Ministerio Público Militar para que envíe a la justicia civil los casos que considere pertinentes.
Entre los altos mandos del Ejército y los mismos soldados existe preocupación porque en la “guerra contra el narcotráfico” han aumentado los crímenes contra civiles inocentes perpetrados por militares, y éstos temen ser condenados en los tribunales civiles.
Como muestra de lo antedicho, en Nuevo León cayeron abatidos en sólo seis meses –entre el 19 de marzo y el 5 de septiembre de este año– cinco civiles, presuntamente a manos de militares, pero éstos sólo han reconocido su responsabilidad en un caso que implicó la muerte de dos personas.
La reforma al Código de Justicia Militar no incluye el homicidio entre los delitos que serían sometidos a la jurisdicción civil y, por lo tanto, ninguno de estos ilícitos –ni siquiera aquellos en los que el Ejército reconoce su responsabilidad– sería juzgado por tribunales civiles.
Durante la noche del jueves 18 y la madrugada del viernes 19 de marzo de este año ocurrió un enfrentamiento entre sicarios y el Ejército en el campus del Tecnológico de Monterrey. En la balacera quedaron muertos los estudiantes de posgrado Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes inicialmente fueron identificados como sicarios.
La recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documenta que los militares participantes en el enfrentamiento cometieron los siguientes delitos: “alterar la escena del crimen –todo indica que para encubrir su responsabilidad en los hechos–; sembrar evidencias para involucrar a las víctimas como miembros de las organizaciones criminales o, al menos, modificar el rumbo de las investigaciones y entorpecer las investigaciones del ómbudsman nacional”. (Proceso 1764.)
La CNDH no pudo determinar el calibre de las balas que hirieron de muerte a los estudiantes y, por lo mismo, tampoco le fue posible establecer con precisión si éstas fueron disparadas por los militares o por los sicarios; sin embargo, todas las evidencias recabadas indican que el personal castrense que intervino en la balacera no puede ser declarado inocente, tal y como en un principio pretendieron hacerlo las autoridades.
Esa misma noche y en otro rumbo de la ciudad, Colinas de San Jerónimo, efectivos militares abatieron a Sandra de la Garza en lo que el Ejército pretendió hacer pasar como otro enfrentamiento. En realidad se trató de la persecución de una camioneta en la que viajaban la ahora occisa y su esposo, quienes de manera inadvertida invadieron una zona en donde las Fuerzas Armadas realizaban un operativo para catear una casa de seguridad de presuntos secuestradores.
La pareja era ajena a los hechos, y el asesinato de Sandra no tuvo gran resonancia en los medios debido al escándalo que se produjo por la muerte de los universitarios. En este caso fue evidente que las balas disparadas por los integrantes del Ejército fueron las que privaron de la vida a De la Garza; a pesar de ello, hasta la fecha las Fuerzas Armadas no han emitido un comunicado en el que reconozcan su culpabilidad.
El pasado 5 de septiembre, Vicente León Ramírez y su hijo Alejandro Gabriel León Castellanos, de 15 años, fueron baleados por efectivos militares, quienes alegaron que no se detuvieron en un retén. Familiares de las víctimas señalaron que no había ningún retén, y que su único delito fue haber rebasado a un convoy militar.
Estos hechos ocurrieron en el municipio de Escobedo, sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Al día siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de los León, reconoció que fueron abatidos por los militares y anunció el inicio de una investigación.
Así, aunque en Nuevo León se atribuyen cinco muertes a las fuerzas castrenses en el último medio año, éstas sólo han reconocido oficialmente dos –la de los León–, no han hecho otro tanto con la de Sandra, y por el caso de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, existen evidencias suficientes para iniciarles una averiguación previa.
Estos son precisamente los riesgos de involucrar al Ejército en el combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Al iniciarse esa lucha, el presidente de la República y las Fuerzas Armadas contaban con que los militares serían juzgados por tribunales castrenses. A ello se debe que ahora se resistan a las reformas legales.
Fuentes cercanas a la VII Zona Militar que opera en Nuevo León aseguran que los altos mandos están satisfechos con la administración del gobernador Rodrigo Medina, pues en cuanto asumió la gubernatura les dio luz verde para que actuaran con toda libertad en el combate al crimen organizado en esa entidad. Los militares le tomaron la palabra y 12 meses después el saldo no puede ser más negativo: se incrementó la violencia en el estado, el número de víctimas civiles crece, y los inocentes muertos por balas de militares también.
En los cinco casos referidos hay evidencia incontrovertible de abusos por parte de militares en contra de civiles; sin embargo, es muy probable que muchos otros no han salido a la luz pública.
Incluso cuando la culpabilidad de los militares ha sido incuestionable, no hay evidencia de que se hayan castigado los abusos. Esta impunidad es posible por la inexistencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, aunque tales controles son indispensables en un régimen democrático.
Cualquier delito perpetrado por elementos de las Fuerzas Armadas en contra de civiles debe ser juzgado por tribunales civiles y no resguardarse en el fuero militar. La iniciativa presidencial desatiende este principio, porque conoce la existencia de estos delitos y no quiere desproteger a los militares.

EL BONO QUE PERDEMOS

CIRO MURAYAMA RENDÓN

La discusión sobre la política económica que es pertinente para el desarrollo del país, que debería verse reflejada en las decisiones sobre los ingresos y gastos que apruebe el Congreso, no puede ocurrir en una suerte de vacío histórico y espacial, sino que debe de hacerse cargo de las necesidades actuales de la sociedad mexicana. Uno de los datos duros de esa realidad es la abrumadora población joven en edad de acceder a la educación media superior y superior, para la que hay escasos lugares y la cual, al ser excluida de la escuela a edad temprana, puede sufrir una marginación permanente.
Tomo algunos datos que pueden encontrarse en el artículo “Juventud y crisis: ¿hacia una generación perdida?”, de mi autoría, que aparece en el número 20, el más reciente, de la revista Economía UNAM.
De acuerdo con las proyecciones demográficas que realiza el Consejo Nacional de Población (Conapo), entre 2010 y 2019 en México llegarán a cumplir 18 años veinte millones y medio de personas. Si se considera el universo de adultos jóvenes que habrá cada año en el país durante esta década, se obtiene un promedio de 23.15 millones de personas entre los 18 y los 29 años. El devenir de la década en curso, así como el tipo de economía y sociedad que se labren para las décadas ulteriores va a depender, críticamente, del tipo de experiencia juvenil que vivan estos millones de mexicanos que conformarán a buena parte de los ciudadanos de que disponga el país en la primera mitad del siglo XXI.
Una pregunta pertinente para conocer cómo llegan los mexicanos a la edad de ciudadanía consiste en indagar su ubicación —o la exclusión— en la educación superior. Por cada cien niños que iniciaron la educación primaria en el ciclo escolar 1990-1991, la terminaron 80.04 en 1995-96; 69.38 ingresaron a la secundaria (1996-97) y la culminaron 52.81 (en 1998-99); a la educación media superior entraron 49.12 (en 1999-2000) y egresaron de ella 28.15 (en 2001-2002), y nada más 21.64 por cada 100 que iniciaron la primaria doce años antes consiguieron acceder a estudios superiores, lo que representa 547 191 alumnos de primer ingreso a la licenciatura universitaria y normal en el ciclo escolar 2002-2003.
Como se aprecia, existe un filtro a lo largo del sistema educativo mexicano que hace que el porcentaje de personas de entre 25 y 34 años que han acudido a la educación media superior sea de 38%, mientras que el promedio en los países de la OCDE resulte de más del doble, de 78%; aunque el rezago también es significativo frente a países de desarrollo similar al nuestro, como Chile, donde 64 de cada cien habitantes de entre 25 y 34 años han asistido a educación media superior.
Para 2008, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) dio cuenta de un acceso a licenciaturas universitarias y tecnológicas de 580 mil alumnos de nuevo ingreso. Es decir, un aumento frente a 2002 de 6%, lo que implica que la oferta de licenciatura de primer ingreso se expande a un ritmo de uno por ciento al año.
Un ejercicio a partir de los datos anteriores, suponiendo una mejoría de la eficiencia terminal en los diferentes niveles educativos que permitiese que 30% de los integrantes de una cohorte de 18 años haya culminado el bachillerato, arroja cifras preocupantes, de casi un millón y medio de jóvenes que, cada año, llegarán a la edad adulta sin haber permanecido hasta ese momento en las instituciones educativas. Lo anterior implica que sólo en esta década podrá haber 14 millones 375 mil muchachos que lleguen a la edad de cursar estudios universitarios sin ninguna posibilidad de hacerlo porque carecerán del grado académico previo que se requiere para el ingreso a la formación profesional.
Los datos de la Encuesta Nacional de Juventud de 2005, indican que de los jóvenes que no acuden a la escuela, 42% lo hace porque tuvo que ponerse a trabajar, mientras que 30% dejó la escuela por falta de interés. Este dato expresa dos tipos de problemas que se sobreponen: las dificultades económicas de las familias mexicanas para mantener a sus hijos en el sistema educativo cuando pueden contribuir a incrementar el número de perceptores de ingreso en el hogar (la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2008 evidenció un aumento en el número de perceptores por hogar respecto a 2006), así como un deterioro en la valoración que los alumnos hacen hacia su formación educativa. La educación media superior es, así, por diversos factores, el gran cernidor educativo de México. La deserción escolar en este nivel es cercana a 43%, de tal manera que de mantenerse ese patrón la exclusión educativa de los jóvenes se mantendrá como un rasgo característico de la ausencia de oportunidades de desarrollo en el país.
En la educación hay un problema de abandono temprano. Ello se debe a las dificultades económicas de los hogares de los adolescentes para costearles estudios, así como a su necesidad de trabajar y, también, a la pérdida de legitimidad de la escuela como vía de movilidad social a los ojos de los jóvenes. Para muchos de ellos, la escuela representa sólo “aburrimiento”, como se desprende de distintas encuestas a la juventud. Es decir, la escuela no despierta expectativas sobre el futuro, tampoco ganas de aprender o sentido de pertenencia. A los problemas económicos de las familias mexicanas se superponen las deficiencias del propio sistema educativo, que arroja un saldo de deserción temprana que es la antesala a la vulnerabilidad de los jóvenes y de su exclusión permanente.
Requerimos una política de gasto, urgente, para la retención de los alumnos en el bachillerato y de ampliación de sus oportunidades educativas. Cada uno de esos muchachos que suman un millón y medio al año de jóvenes que dejan la escuela representa, también, una pérdida para un mejor futuro compartido.

TV Y TELEFONÍA: LA NUEVA OPORTUNIDAD DE CALDERÓN

RAÚL TREJO DELARBRE

Varias circunstancias le dan ahora al presidente Felipe Calderón la extraordinaria oportunidad de enmendar la desastrosa política de telecomunicaciones que su gobierno ha impulsado en los meses recientes. La renuncia de Televisa a la alianza que había pactado con Nextel deja sin sustento la controvertida Licitación 21 merced a la cual, como tanto se ha dicho, el gobierno les otorgó a esas empresas una porción de espectro radioeléctrico por un enganche 28 veces menor a su precio real. Por otra parte la decisión de la ministra Olga Sánchez Cordero para suspender el decreto presidencial que acelera la televisión digital en respuesta a las denuncias de diputados y senadores, le permite al gobierno ajustar y aclarar las ambigüedades que contiene esa disposición anunciada el 2 de septiembre pasado. Y ya metido a resolver algunos de los entuertos propiciados por el secretario de Comunicaciones y Transportes, el presidente de la República podría requerir la renuncia de Juan Molinar Horcasitas. Para eso, haría falta que el presidente Calderón reconociera que el propósito central de la Licitación 21 tal y como fue diseñada, que era favorecer a Televisa como nuevo competidor en el mercado de la telefonía celular, fue un error de su gobierno. Quizá intimidado por el poder de Televisa –un poder que se debe a su influencia en la sociedad pero también abultado por el intenso fanfarroneo de las televisoras–, o creyendo que era pertinente apuntalar a la empresa de Emilio Azcárraga Jean para crear una opción fuerte delante del emporio de Carlos Slim, el presidente de la República avaló una licitación diseñada para que hubiera un solo ganador. Ahora, una decisión corporativa de Televisa deja al gobierno con la mesa puesta y sin el convidado principal que con tanto anhelo promovieron. Durante cada uno de los pasos de la Licitación 21, la Comisión Federal de Telecomunicaciones favoreció al “Grupo de inversionistas conformado por las empresas de comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V., Inversiones Nextel de México, S.A. de C.V. y Televisa, S.A. de C.V.” Si ese grupo ya no existe, los resultados de la Licitación pierden cualquier validez. Si el gobierno entregó esa concesión a una empresa diferente, propiedad solamente de Nextel, habría cometido una nueva falta porque en todo momento los beneficiarios de ese proceso fueron Televisa y Nextel. Una nueva licitación podría favorecer una verdadera competencia pero, además, servicios de calidad a los usuarios de telefonía móvil. Nada de eso resultaba de la Licitación 21, cuyas reglas no establecían parámetros para los precios ni los servicios que ofrecerían a la sociedad los beneficiarios de esas concesiones. La decisión de la ministra Sánchez Cordero, por otra parte, se debe a los juicios de controversia constitucional que promovieron el PRI y otros partidos en las cámaras de Senadores y Diputados. Ayer viernes en el noticiero de Carmen Aristegui el diputado priista Alfonso Navarrete, promotor de ese recurso legal, explicó que la inconformidad de los legisladores se debe principalmente a que, como parte de las acciones para transitar de la televisión analógica a la digital, el gobierno distribuirá decodificadores para que todos los televisores puedan sintonizar las señales ahora digitalizadas. Esos legisladores se oponen a que el gobierno federal haga clientelismo electoral con el reparto de los decodificadores. Para evitar esa explotación política, podría acordarse de que los adaptadores serán distribuidos después de las elecciones de julio de 2012. Más aún, podrían distribuirse no decodificadores sino aparatos televisores, para que no haya televidentes de primera (los que cuenten con televisor digital) y de segunda (aquellos que tengan pantalla analógica con un decodificador que permite recibir la señal pero que no mejora la calidad de la imagen). Aunque la motivación de los senadores y diputados sea impedir acciones de clientelismo político, la controversia constitucional que presentaron y la suspensión provisional acordada por la ministra Sánchez Cordero se sustentan en la invasión de atribuciones que el gobierno federal pudo haber tenido en detrimento de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El decreto del 2 de septiembre pasado, que acelera los plazos para el tránsito de la televisión analógica a la digital, fue expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aunque lo suscribe, antes que nadie, el presidente de la República. Cuando en 2006 fueron reformadas las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión aquellas modificaciones, conocidas como “Ley Televisa”, fueron hechas con tanta prisa y descuido que incluyeron contradicciones y ambigüedades en las funciones de la SCT y la COFETEL. A fines de 2009 la Suprema Corte derogó varios artículos del Reglamento de la SCT que no reconocía la prioridad de la Cofetel en la regulación de la radio y la televisión. Esas contradicciones se mantienen, porque el Poder Legislativo no ha sido capaz de aprobar una nueva ley que regule telecomunicaciones y radiodifusión. En ausencia de esa ley, por lo pronto las decisiones sobre esos temas son atribución del gobierno. Tanto la SCT como la Cofetel son dependencias del Ejecutivo Federal. La Cofetel no tiene autonomía alguna: debido a ello, como todos recordamos, al presidente de ese organismo colegiado lo designa el presidente de la República y esa atribución la ratificó hace pocas semanas la propia Suprema Corte de Justicia. Así que estamos ante un litigio artificial pero que puede tener consecuencias reales y además, costosas. Si el gobierno está dispuesto a propiciar la transición a la TV digital, podría expedir de nuevo las disposiciones para ello, ahora a través de la Cofetel. Pero a fin de que evitar las confusiones que suscitó el decreto del 2 de septiembre, tendría que aclararse de qué manera y quiénes utilizarán los nuevos canales que se transmitirán en las frecuencias en donde ahora solamente puede difundirse un solo canal de televisión, como explicamos hace menos de dos meses en este espacio. Y podrían señalarse candados y plazos no electorales para la entrega de aparatos receptores a las familias de menores recursos. La televisión digital puede ser un recurso para que haya más actores y, entonces sí, competencia en ese medio. Ese propósito requiere políticas sin equívocos. El estancamiento de ese proceso beneficia únicamente a quienes no quieren diversidad en la televisión; es decir, a las televisoras que hasta ahora han acaparado la mayoría de las frecuencias en este país. Por otra parte, este episodio reitera el costoso rezago que significa la indolencia de los legisladores. Si verdaderamente quieren que la regulación de las telecomunicaciones se encuentre a cargo de un organismo independiente, ya es tiempo de que se decidan a emprender la reforma constitucional que se necesita para que esas dejen de ser atribuciones del Poder Ejecutivo. La creación de un organismo verdaderamente autónomo tendría una ventaja adicional: implicaría la remoción de Mony de Swaan, hechizo presidente de la Cofetel. Con esos ajustes, el presidente Calderón podría suscitar una nueva política de telecomunicaciones y radiodifusión. Para ello, por supuesto, es necesario que destituya a Juan Molinar Horcasitas. Si faltaran motivos allí está la tragedia de Mexicana de Aviación.

LOS DERECHOS HUMANOS AL LIMBO

ARNALDO CÓRDOVA

Nadie lo entiende ni ha habido intento alguno por explicarlo, pero es un hecho que los derechos humanos, cuyo régimen jurídico internacional fue uno de los mayores afanes de la Organización de Naciones Unidas desde su fundación, siempre han sido para todos los gobiernos mexicanos, incluidos los priístas, una especie de adorno o algo así como una materia que no les concierne directamente. La actitud de verdad miserable del gobierno panista de enviar una iniciativa de reforma del Código de Justicia Militar al Legislativo en la que, ante los reclamos de muchos de los actores en la política mexicana en el sentido de atender a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y limitar mediante la ley la acción de las fuerzas armadas, decide escoger qué rubros atiende y cuáles no. Fue notable de verdad que algún ministro de la Corte –aunque luego se desdijera– y algunos legisladores abogaran porque se obedecieran las resoluciones de la Corte Interamericana, razonando con toda propiedad que nuestro país no puede seguir ajeno al régimen jurídico internacional en materia de derechos humanos. Es también relevante el hecho de que ahora esa Corte se está ocupando más puntualmente de las demandas de justicia por parte de ciudadanos y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Antes era usual que ni siquiera se diera por enterada y menos resolviera en algún sentido. Hoy parece que todos están empezando a darse cuenta de que existe esa Corte Interamericana y que vale la pena acudir a ella en busca de justicia. Es de imaginarse que Calderón discutió y acordó con los altos mandos militares y, sobre todo, con sus procuradores y jueces, el contenido de su iniciativa. De manera que puede entenderse que fueron los militares los que decidieron en cuáles de las observaciones de la Corte se podía ceder y en cuáles no. Todo ello como si las cortes internacionales fueran un monigote de lujo al que se le puede o no hacer caso y decidir qué decisiones suyas son aceptables. La majestad del derecho internacional no vale nada para nuestros gobernantes reaccionarios ni para los miembros de las fuerzas armadas que son abogados. Pero, después de la exigencia del general Galván de que se deje mano libre a los militares para combatir el crimen organizado no nos puede extrañar lo absurdo de la iniciativa. El general Guillermo Galván Galván ha dado muestras de ser un verdadero profesional de la carrera militar y un responsable exponente de su gremio, pero es evidente que no entiende la función de las fuerzas armadas en un Estado democrático e institucional y tiende muy a menudo a ver en ellas a una corporación encerrada en sí misma, con intereses muy propios y con autonomía para decidir qué es lo que deben hacer. Que no le había gustado la iniciativa de Calderón, con todo y lo obsequiosa que era, lo mostró un documento suyo ante el Congreso haciendo propuestas de modificación a 22 de sus artículos y planteando una monstruosidad: que la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado no fuera en auxilio de las autoridades civiles (como están obligadas a hacer), sino como coordinadores responsables de los operativos. En el seno de las fuerzas armadas, evidentemente, no se estudia y menos se aprende el derecho ni la teoría constitucional del Estado. Cuando la Constitución define al presidente de la República como el comandante nato de las fuerzas armadas, al mismo tiempo está definiendo al instituto armado como un organismo dependiente del Ejecutivo y sometido a sus determinaciones. En varios lugares de su texto la Carta Magna asigna las funciones que deben tener las fuerzas armadas: defender al país de agresiones exteriores o de amenazas a la paz interior, o bien en auxilio de las autoridades civiles en casos de desastre, pero todo ello en estricta dependencia de su jefe nato que es el presidente y, en todo caso, sujetas a lo dispuesto por la Constitución y sus leyes. El Ejército no tiene intereses exclusivos, sino sólo los que son propios del Estado y de la sociedad que él representa. Atribuir al Ejército intereses que se oponen a los que tiene constitucionalmente el Estado y, además, alegar exclusividad en sus funciones sólo se tipifica en los ejércitos de casta que han sido tradicionales en América Latina y que, entre nosotros, destruyó la Revolución Mexicana. Nuestros militares deberían no sólo estudiar derecho y teoría constitucional del Estado, sino también historia. Lo menos en lo que nuestros comandantes militares deberían pensar es en que son un poder autónomo e independiente en nuestra sociedad. La iniciativa de Calderón es una auténtica vacilada. En sus resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige al gobierno mexicano que promueva ante el Legislativo la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar para que todos los delitos del orden civil que cometan los militares en sus operativos sean juzgados por los jueces naturales, vale decir, civiles, y dejen de ser materia de juicio por los tribunales militares, porque eso los convierte en jueces y partes y el resultado es que esos delitos quedan impunes o mal juzgados y pésimamente penalizados. El énfasis en una urgente reforma del artículo 57 hizo, como apuntamos, que varias voces en la Corte y en el Legislativo se pronunciaran a favor. Calderón decidió anticonstitucionalmente que esos resolutivos no le obligaban. En sus sentencias, la Corte formuló un extenso catálogo de agravios de las víctimas de violaciones de sus derechos humanos por parte del Ejército y solicitó la reforma de la legislación vigente para evitar que esas violaciones siguieran cometiéndose. Como si le ofrecieran una mercancía, el presidente panista escogió los rubros en los que aceptaba las recomendaciones y excluyó a todos los demás. Sólo aceptó tres: desaparición forzada de personas, tortura y violación (exclusivamente, dice el texto). Las ejecuciones extrajudiciales, los malos tratos, las detenciones arbitrarias y hasta el genocidio que había señalado la Corte quedaron fuera y seguirán rigiéndose por el sentido del artículo 57, vale decir, como faltas a la disciplina militar. En los códigos penales están tipificados y definidos todos los delitos posibles y todos ellos pueden ser cometidos por los militares en servicio activo. Nada justifica que sean juzgados por ellos exclusivamente por sus pares. Deben responder ante la sociedad y ser juzgados debidamente y penalizados por los mismos. Eso haría que nuestros militares fueran, por lo menos, un poco más responsables de sus actos. La mayoría de ellos poseen una educación muy deficiente, a veces menos que elemental, y siendo personas sumamente ignorantes tienden a ser determinados por el machismo militar que los lleva a cometer toda clase de excesos. Eso deberá terminar y todo dependerá de nuestros legisladores. Ya veremos cómo deciden acerca de la iniciativa de Calderón.

LOS LEGIONARIOS

CARMEN ARISTEGUI

Los Legionarios deben estar de plácemes. Por lo menos sus más altas autoridades. El delegado pontificio Velasio de Paolis les envió una carta a ellos y a los miembros del Regnum Christi. Con fecha 19 de octubre, De Paolis emite un mensaje tranquilizador para los temerosos de que el Vaticano pudiera intervenir o provocar cambios draconianos en los ejes de existencia o funcionamiento de esta organización religiosa y empresarial o, peor aún, llamar a cuentas a alguien por solapamiento o complicidad. Tranquilos. De Paolis aclara que no es un interventor. Que no es un comisario. Tampoco un visitador. Que es sólo un delegado pontificio. Es decir, que nadie tiemble. Afirma, para tranquilidad de los herederos de Maciel, que desde el Decreto emitido por Benedicto XVI, mediante el cual se le nombra a él, se establece el reconocimiento y confirmación de los superiores actuales. Los superiores, por tanto, se quedan en sus cargos según las constituciones y, en consecuencia, empiezan a respirar más tranquilos. De Paolis invita, para aclarar paradas, a aquellos que tengan algo que plantear sobre los problemas de la Legión a que acudan, precisamente, con esa cúpula que acompañó, solapó e hizo posible a Maciel durante años, y les invita a que acudan con ellos como la primera instancia.
Con esto, se van disipando dudas y desinflando expectativas.
Una de las principales interrogantes abiertas sobre lo que haría el Vaticano con la estructura de control y gobierno, creada por Maciel, se ha despejado. No desaparecen. No son destituidos. No son ni siquiera reconvenidos. Los herederos de Maciel y su estructura de gobierno han quedado ratificados. Cinco meses atrás, el Vaticano abrió expectativas al publicar un informe sobre las visitas apostólicas a los Legionarios. Llamó, por fin, a las cosas por su nombre. Calificó a Maciel como un hombre sin escrúpulos, autor de conductas delictivas y carente de un auténtico sentimiento religioso. Se antojaba una intervención para desmontar ese sistema opresivo y de control ideado por Maciel, con el reto de no desaparecer, claro, la estructura generadora de recursos económicos que representa la Legión.
El comunicado de mayo -que significó la defenestración post mortem de Marcial Maciel- era trascendente no sólo porque reconocía las conductas execrables del fundador, sino porque se reconocía, de cierta manera, la existencia de una red de silencio y complicidad que lo protegía: "Los comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales del P. Maciel, confirmados por testimonios incontestables, representan a veces auténticos delitos y revelan una vida carente de escrúpulos y de verdadero sentimiento religioso. Dicha vida era desconocida por gran parte de los Legionarios, sobre todo por el sistema de relaciones construido por el P. Maciel, que había sabido hábilmente crearse coartadas, ganarse la confianza, familiaridad y silencio de los que lo rodeaban y fortalecer su propio papel de fundador carismático". El Vaticano tocaba el asunto central de un contexto permisivo, negligente y cómplice que hizo a Maciel y a sus conductas posibles. Se daba, sin embargo, un balazo en el pie. Jalar el hilo de las complicidades conduciría, necesariamente, al propio Vaticano.
En el caso Maciel -y en otros tantos- Joseph Ratzinger se encuentra, ahora que es Papa y cruzando como cruza una crisis mundial por escándalos masivos de pederastia clerical, en el inmanejable papel de juez y parte. Ratzinger, como responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe, desechó para no contrariar a Juan Pablo II las acusaciones en contra de Maciel que le fueron notificadas. Ahí está Alberto Athié para contarlo. En la carta De Paolis les dice a los Legionarios que Benedicto XVI ha renovado su confianza en los Legionarios. Lo que sigue es la reconstrucción y mantener la maquinaria vigente. Les ofrece para ello un hermoso puente de plata. En la carta se lee: "Una dificultad resulta recurrente... según la cual los actuales superiores no podían no conocer las culpas del Fundador. Al callarlas habrían mentido. Pero se sabe que el problema no es tan simple..." y desarrolla, a continuación, una tesis exculpatoria de la cúpula legionaria. Quién lo dijera, Marcial Maciel murió, pero vive. Logró construir esa red de intereses eclesiásticos, políticos y mediáticos que sigue ahí, después de su muerte. Manejada por sus herederos. Los superiores. Los intocados.

ARDE EL NORTE Y CON ÉL NOSOTROS

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Hace unos días, Jeffrey Sachs, del Centro de la Tierra de la Universidad de Columbia, registraba el agravamiento de la crisis moral en su país y advertía: El mundo debe tener cuidado. A no ser que se acabe con las horribles tendencias de los adinerados en política y el consumismo desenfrenado, corremos el riesgo de conseguir la productividad económica a costa de nuestra humanidad (Reforma, Negocios, p.6, 20/10/10). Por su parte, Joseph Stiglitz, Nóbel de Economía, en el epílogo a la segunda edición de su libro más reciente (Freefall: free markets and the sinking of the global economy, Londres, octubre 2010, Penguin), describe una crisis enquistada y escribe: “Las verdaderas novedades de los últimos ocho meses han sido la paulatina aceptación por economistas y gobernantes de la triste imagen del futuro contra la que yo previne: una nueva normalidad con elevadas tasas de desempleo, menor crecimiento y menos servicios públicos en los países industriales avanzados. La prosperidad ha sido sustituida por un malestar a la japonesa sin final divisable. Pero al menos en la década perdida japonesa, a despecho del bajo crecimiento, el desempleo se mantuvo bajo y la cohesión social, alta. En Europa y en Norteamérica, en cambio, algunos economistas hablan ya de una tasa de desempleo de 7.5 por ciento, muy por encima de la de 4.2 por ciento que disfrutamos en los 90. La crisis financiera, en efecto, ha generado daños duraderos a nuestra economía, de los que tardaremos en recuperarnos. Y agrega: “A falta de recuperación global, cualquier recorte en el gasto o incremento en la recaudación llevarán con toda seguridad a un crecimiento aún más lento, lo que tal vez empujará a las economías a una segunda zambullida en la recesión… Todo eso resulta tanto más perturbador si se recuerda que, en el punto culminante de la crisis, hubo un momento de unidad nacional e internacional, cuando los países se enfrentaron de consuno a la calamidad económica. Por vez primera, el G-20 juntó a las naciones desarrolladas con las de mercados emergentes para buscar soluciones al problema global. Hubo un momento en que todo el mundo era keynesiano y quedó desacreditada la malhadada idea de que los mercados desembridados eran estables y eficientes… “Esas esperanzas alimentadas en los primeros meses de la crisis pronto quedaron sofocadas. “Lo que ahora domina es un humor desesperanzado: el camino a la recuperación puede llegar a ser todavía más lento de lo que yo sugería hace ocho meses, y las tensiones sociales, mucho más graves. Los altos ejecutivos bancarios han vuelto a los bonos de siete dígitos, mientras los ciudadanos de a pie no sólo se enfrentan a un desempleo desapoderado, sino a unas tasas de cobertura del mismo que distan por mucho de estar a la altura de los desafíos de la Gran Recesión. La crisis ha empujado al mundo hacia una terra incognita preñada de incertidumbres. Pero hay una cosa de la que podemos estar absolutamente seguros: si los países industriales avanzados siguen por el camino que parecen haber emprendido hoy, la probabilidad de que algún día no lejano volvamos a tener una economía robusta es nula (Tomado de Sin Permiso, 17/10/10) Poco espacio dejan estos estudiosos para la hipótesis maestra del gobierno mexicano sobre una recuperación amarrada al país del norte. Menos aún para una visión tipo Walt Disney sobre México, preñado de violencia subterránea y a flor de piel, y cruzado por un carnaval de desafane de sus principales actores políticos penosamente coreado por la retracción de sus más conspicuos actores sociales. Carlos Slim habló en Tijuana de filantropía, pero reiteró sus tesis sobre la centralidad del empleo y el ingreso para superar la pobreza, a las que adosó un reconocimiento de la importancia de una mejora distributiva. Sus conceptos y los vertidos por otros capitanes del dinero y la empresa que se dieron cita en la frontera de cristal para echarle porras a la sufrida sociedad fronteriza, no impiden que el grito de alarma lanzado por Lorenzo Zambrano en la Sultana del Norte se vea opacado por la más ominosa tormenta de violencia y prepotencia criminal de que tengamos memoria, sobre la ciudad que venció al desierto. Más allá de la significación trágica que tiene lo que ocurre en la frontera, el espejo de México y los mexicanos es Monterrey, donde se superó la adversidad geográfica y económica y hasta se pretendió marcar la pauta de un desarrollo nacional distinto. Ahí se resume el norte que arde y nuestro presente que sangra. Pero desde el Norte, con mayúsculas, también se nos habla de fuego. Desde estos miradores, no puede sino preocupar, hasta el escándalo, el bochorno o la ira, la levedad de nuestro ser político y, en especial, la del ser priísta. Formar filas con una iniciativa ignominiosa como la presentada por el partido franquicia, el innombrable, sobre las medicinas del IMSS, no implica tratar de proteger a los más débiles de las inclemencias de una burocracia infame, como parece ser la del Seguro Social, sino acompañar a una banda de negociantes con la miseria humana, la de la salud, para abrir la puerta a la privatización de lo que nos queda de sistema público de salud. Si tanto preocupa a los priístas el desamparo de los enfermos del IMSS, que se aseguren en la ley y el presupuesto de que las medicinas no falten ni por un día y establezcan penas mayores para quienes desde dentro del instituto lucran con la penuria. (Pudieron hacerlo con la guardería ABC, pero les temblaron las corvas). Para apagar la quemazón que nos viene del Norte, no hay sino la construcción de un Estado social y una democracia constitucional. Pero para hacerlo hay que atreverse a pensar por uno mismo y así hacer honor a la herencia que nos legó el general presidente Cárdenas, cuyas últimas palabras escritas publicara anteayer Cuauhtémoc Cárdenas. Lo demás es liviandad y sólo eso.