lunes, 30 de abril de 2012

JORGE CARPIZO, UN PRÓCER SIN OCASO


DIEGO VALADÉS

El 30 de marzo falleció Jorge Carpizo, figura señera del pensamiento jurídico mexicano. En el sentido más estricto del término fue un auténtico prócer. El trayecto de su vida fue de una coherencia ejemplar; nunca transigió con sus principios ni perdió la claridad de sus objetivos. Nació en Campeche el 2 de abril de 1944, y con toda justicia se le considera uno de los campechanos más importantes del siglo; siempre se sintió orgulloso de su oriundez.
Su infatigable actividad lo mantuvo estudiando, escribiendo y enseñando a la largo de su vida. Su magisterio fue de tiempo completo. La alta calidad de sus trabajos y de su obra institucional no se puede mensurar con criterios numéricos, pero sí sirven para evaluarla algunas expresiones que entresaco de las múltiples vertidas con motivo de su deceso.
El sacudimiento que produjo su deceso fue generalizado. Voces muy representativas reflejaron el pesar dominante y la admiración y el respeto que Jorge Carpizo inspiraba. En el homenaje fúnebre que se le tributó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el 31 de marzo, el rector José Narro pronunció elocuentes y conmovedoras palabras con las que justificadamente calificó a su predecesor como “un gigante de nuestro país” y definió su perfil con toda exactitud: “Hombre de gran capacidad de análisis y de síntesis, constantemente rechazaba la retórica intrascendente. Todo el tiempo estuvo comprometido con la verdad y la justicia, con la ética y los valores laicos, con el trabajo y la defensa de la dignidad de las personas.”
El abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, lo reconoció como un “forjador de generaciones que lo tienen como fuente de inspiración”, y Miguel Carbonell demostró que fue “un puente entre generaciones” a las que trasmitió “su mística de amor al trabajo bien hecho, su pasión por la universidad, su ética intachable y su compromiso con los derechos humanos”.
Las manifestaciones de duelo procedentes de la comunidad jurídica internacional también fueron abundantes. “Eminente en todos los quehaceres de su vida pública y personalidad de notable calidad y dimensión humana”, dijo Jorge Reynaldo Vanossi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina. “Faro de cultura y de la ciencia constitucional” lo llamó el profesor Lucio Pegoraro, de Bolonia.
Entre los mensajes que llegaron de Brasil, los decanos de los constitucionalistas de ese país, Paulo Bonavides y José Afonso da Silva hicieron efusivos comentarios. El profesor Bonavides deploró la pérdida de: “um homem vocacionado para o bem, para o direito, para a justiça, para a liberdade e a democracia. Mas não é unicamente o México que perde um de seus melhores juristas senão por igual toda a América Latina”; a su vez el profesor Da Silva subrayó que Jorge Carpizo siempre desempeñó todas sus responsabilidades “com a mais notável visão de homem público, sempre imprimindo sua marca de competência e seriedade no seu exercício”; el director de la Facultad de Derecho de Sao Paulo, Marcelo Figueiredo, se refirió a la pérdida de “un jurista nato y de un hombre público mayúsculo”.
De Perú, Domingo García Belaunde hizo viaje a México para ofrecer su emocionado y elegante testimonio de reconocimiento: “Jorge Carpizo no solo fue para mí un puntal de apoyo imprescindible, sino que lo fue de todo el ámbito constitucional latinoamericano…” El profesor Álvaro Gil Robles, primer ombudsman de la Unión Europea, lamentó que “se marcha un hombre que lo ha dado todo por su Patria, asumiendo grandes riesgos personales y prestando servicios inestimables para consolidar la democracia mexicana.” La ausencia de Jorge Carpizo se produjo en un mal momento del país. Como bien dijo Manuel Camacho, “Jorge se va cuando más se le iba a necesitar”.
En cada cargo que ocupó dejó una huella memorable. Sólo para dar unas pinceladas puedo ejemplificar así: como Abogado General de la UNAM recuperó tres y media hectáreas que había sido ocupadas por particulares en la zona residencial del Pedregal; como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas organizó el primer sistema automatizado de información legislativa de América Latina; como rector construyó la Ciudad de la Investigación en Humanidades, creó el Premio Universidad Nacional, promovió la transformación de los Consejos Técnicos de la investigación e introdujo importantes innovaciones en los ámbitos académico, presupuestal, editorial e informático; la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue fundada y consolidada por él; en la Procuraduría General de la República dio una lucha frontal contra la delincuencia, memorable por su intensidad y por sus éxitos; en la Secretaría de Gobernación auspició la transformación democrática del sistema electoral.
No puedo ocultar la falta que me hará Jorge. Mi última reunión con él, pocos días antes de su muerte, fue en el Club del Académico con el maestro Héctor Fix-Zamudio, como solíamos hacer con regularidad; la semana anterior Patricia, mi esposa, mi hijo José Diego y yo habíamos disfrutado en su casa de una comida memorable, como todas las preparadas por Mary Quiterio. Y en el propio mes de marzo también estuve con él en compañía de dos amigos a quienes mucho quiso: Carlos Marín y Miguel Lerma. Hubo una charla alegre y cordial que los tres recordaremos siempre.
Una inteligencia privilegiada, una cultura excepcional, una voluntad inquebrantable y una honestidad insuperable, aunadas a sus firmes convicciones de justicia y democracia, hicieron de Jorge Carpizo una de esas personalidades que sólo se producen de tarde en tarde.
La curiosidad del científico estaba acompañada por un cosmopolitismo que lo llevó a explorar numerosos rincones del planeta movido por su avidez de conocimiento. Nunca practicó el turismo recreativo; el suyo era un viajar indagatorio, sistemático, serio. Su solaz era aprender. En 1997, cuando nos representaba como embajador en Francia, lo visité en compañía de mis hijas Jimena y Sofía. Nos alojó en la residencia oficial y uno de aquellos días me invitó a un desayuno informal con un grupo de diputados franceses. Cada legislador se presentó, señalando el distrito que representaba. Acto seguido nuestro embajador se dirigió a ellos de uno en uno, y con relación a sus respectivos lugares de origen mencionó monumentos, personajes y episodios históricos que en muchos casos los propios asambleístas desconocían.
El mejor resumen de su vida está en sus propias palabras, cuya publicación póstuma encargó a su hermano Carlos Carpizo, y que pueden considerarse el magno epitafio de un gran ser humano: “Traté de vivir lo mejor que pude dentro de mis circunstancias, y de servir con devoción a México y a su Universidad Nacional…. Me voy amando, con todas mis fuerzas, convicciones y emociones, a nuestro gran país y a su, y mía también, Universidad Nacional”.
Como hombre de convicciones, Jorge Carpizo no ocultaba afectos ni desafectos; así son todos los de su estirpe. De Jorge nos quedan una obra deslumbrante y la presencia imborrable de una personalidad que seguirá inspirando respeto y admiración. En la historia institucional de México, Jorge Carpizo figurará al lado de quienes dedicaron su vida a engrandecer el horizonte de las libertades, a mejorar la condición de los débiles y a ensanchar el mundo de las ideas. Pasarán los años y las décadas y Jorge continuará ilustrando con su pensamiento e iluminando con su ejemplo. De él se puede decir, con Manuel Gutiérrez Nájera, que no morirá del todo.
Jorge Carpizo alcanzó el cenit y allí se detuvo. Para la posteridad seguirá en ese lugar al que lo llevaron su inteligencia, su cultura, su pasión por la verdad y por la justicia, su amor por México y por la Universidad, su compromiso social, su forme carácter y su convicción humanitaria. Jorge dijo un adiós rápido y sereno; llegó a la noche sin pasar por el ocaso.

PETRÓLEO: ARGENTINA Y MÉXICO


ARNALDO CÓRDOVA

La intervención de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que realizó el gobierno de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, con iniciativa presentada al Senado de aquel país para efectuar la expropiación del 51 por ciento del capital social de la empresa, representó, ni duda cabe, un acto de soberanía esencial que mira, en todos los aspectos, al interés fundamental de la nación argentina. Se le ha equiparado, con razón, al acto expropiatorio del presidente Lázaro Cárdenas del 18 de marzo de 1938. En realidad, la del mandatario mexicano fue una expropiación total sujeta a resarcir, de acuerdo con la ley, las indemnizaciones del caso. La de Argentina es una expropiación parcial.
En lo general, ambas acciones reivindicativas del interés de las naciones es muy semejante; en la especie, los alegatos inmediatos son de diferente índole. El punto de partida en México fue el conflicto obrero patronal que enfrentaban las compañías extranjeras; en Argentina, se trata del malísimo y abusivo manejo que la empresa dueña de YPF, la española Repsol, venía haciendo de la industria nacional.
En ese país hermano, como se ha documentado hasta la saciedad, Repsol deprimió artificialmente las tareas de exploración y explotación de petróleo y gas, duplicando, ello no obstante, sus ganancias, a costa no sólo de no invertir lo que se necesitaba, sino llevando a cabo un plan deliberado de desinversión que repercutía directamente en la baja de la producción y en las tareas que le son aledañas. Entre 1998 y 2011, la producción de petróleo cayó 54 por ciento; mientras que la de gas se desplomó en 97 por ciento. Ello obligó al país a importar hidrocarburos año con año. Sólo en 2011 se trató de una merma de 9 mil 300 millones de dólares y en 2012 será de 12 mil millones.
Fundada en 1922, en el último año del primer gobierno Yrigoyen, YPF, como lo ha señalado José Blanco en su artículo del pasado 24 de abril, logró proporcionar la oferta de la producción de energía en todas sus formas (petróleo, gas natural, electricidad), hasta que la dictadura militar (1976-1983) la empezó a saquear y Carlos Menem la entregó en actos sucesivos (1993 y 1999) a la trasnacional española. Los resultados saltaron a la vista. Según datos del Instituto Argentino del Petróleo (La Jornada, 26.04.2012), la producción petrolera mostró un descenso sostenido desde 2001 (46 millones de metros cúbicos) que se agravó en 2008 (37 millones) y en 2011 (34 millones).
Argentina, según palabras de su mandataria, era la tercera potencia en reservas de gas, después de China y Estados Unidos. Ahora tiene que importar petróleo y gas porque Repsol-YPF ha sido incapaz de mantener la oferta y satisfacer las ingentes demandas del país conosureño. Corrieron rumores, bien fundados por lo demás, de que los directivos de la empresa española tenían en planes entregar el grueso de su inversión a compañías chinas en Argentina. Sea lo que fuere, el hecho es que no sólo no le preocupaba en absoluto el desabastecimiento energético del país, sino que su línea era malbaratar su subsidiaria y especular en el mercado.
Los recientes actos del gobierno argentino se cifraron en la defensa de la soberanía nacional y muy en relación con el futuro desarrollo de la Argentina en renglones que tienen que ver directamente con su abastecimiento de energía y el salvamento de sus finanzas públicas. A los gobiernos derechistas y a sus personeros esas cuestiones les tienen sin cuidado. El comportamiento del régimen calderonista en México es, por supuesto, diametralmente distinto. Para sus exponentes y sus aliados priístas, hablar de soberanía, de una oferta eficiente de servicios y bienes a la población y de saneamiento de las finanzas públicas está fuera de lugar, es obsoleto y un mero populismo trasnochado.
A un derechista reaccionario como el mandatario mexicano la medida argentina le pareció que no es un acto racional, porque el peor incentivo para un inversionista es invertir en un país así. Justificó la política desinversora, especulativa e improductiva de la empresa española diciendo algo que viene muy poco a cuento: en un mundo con el precio del petróleo que tenemos, si tú obligas a una empresa a poner precios más bajos del mercado, pues estás matando los incentivos para que una empresa produzca más. Menos mal, admitió que no conoce los detalles. Pero, encima, se atrevió a hacer votos porque Argentina pueda rectificar una medida que es poco responsable y muy poco racional, confiando en que Cristina Fernández rectifique esta lamentable medida (La Jornada, 17.04.2012).
Para los candidatos presidenciales de la derecha, Enrique Peña Nieto, del PRI, y Josefina Vázquez Mota, del PAN, casi en los mismos términos, el gobierno argentino cometió una equivocación, aunque ellos no supieron decir el porqué. Simplemente, reiteraron sus propuestas en torno a la cuestión petrolera. El primero sosteniendo que sólo abriendo Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada podrá reanimarse la industria y salir de su estancamiento. La segunda, remasticando su ñoña propuesta de bursatilizar Pemex, como lo hizo Brasil con Petrobras, evidentemente, sin saber siquiera lo que en realidad hicieron los brasileños con el derechista Fernando Henrique Cardoso y, menos aún, lo que ahora han hecho.
Muy oportunamente, el consejero profesional independiente de Pemex, Rogelio Gasca Neri, salió al paso de esos planteamientos simplistas y oportunistas. Cuando se habla de privatizar la empresa, así sea postulando una mayor inversión privada o convirtiendo a la empresa nacional en una sociedad por acciones, quién sabe por qué siempre se les olvida que, para hacer tal cosa, es forzoso cambiar la letra y los conceptos básicos de la Constitución mexicana. Gasca Neri se lo echa en cara, pues se les olvida que para realizar una eventual apertura a la inversión privada o la bursatilización se tienen que efectuar cambios constitucionales y convertir este organismo público descentralizado en una empresa.
El consejero profesional abundó en el asunto diciendo que para ello se debe restructurar financieramente a la petrolera, capitalizarla, absorber sus abultados pasivos laborales, obtener utilidades y posteriormente bursatilizarla para emitir los llamados bonos ciudadanos (invento de Calderón al que nadie hace caso). A la idiotez de Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, en el sentido de que los consejeros de Pemex están enchinchando al organismo, Gasca Neri le recordó que Pemex primero debería convertirse en empresa y posteriormente capitalizarse, colocar deuda y otorgar rendimiento (La Jornada, 23.04.2012). Eso sólo desenmascara la mala leche y las tonterías de los derechistas que quisieran que la empresa nacional siguiera como hasta ahora, sirviendo sólo de caparazón para la corrupción y el saqueo de los privados y de los malos gobernantes.
Qué diferente fue la actitud del candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador: él no sólo justificó la acción argentina como un legítimo acto de soberanía nacional, sino que, a la vez, condenó la injerencia de Calderón en un asunto que no le compete y a los candidatos derechistas por su falta de visión y de comprensión de los problemas nacionales.

¡ES LA SOBERANÍA!


ROLANDO CORDERA CAMPOS

En Europa se pone a prueba, con intrigante insistencia, una de las definiciones clásicas de locura: hacer la misma cosa una y otra vez y esperar que haya resultados diferentes. La imposición de la señora Merkel de una receta emanada de uno de los grandes mitos teutones contemporáneos, el del equilibrio fiscal, no puede sino resultar en más de lo mismo pero peor: la austeridad, entendida como contracción de la actividad económica, profundizada por el recorte fiscal, sólo puede arrojar más desempleo, menos consumo, menos recaudación e, inevitablemente, reproducción del déficit fiscal… para volver a empezar.
De eso sabemos bastante y, como dijeran en su momento Nathan Warman y Vladimiro Brailovsky, no puede sino aterrizar en una política económica del desperdicio. Trasladar el dogma del FMI a la Europa actual, acostumbrada al confort y a la seguridad, la democracia y la apertura pausada a los nuevos mundos de la tecnología y la producción puede llevar al viejo continente, y al resto del mundo, a un enorme desgaste social y político, sin que lleguen en su auxilio en el momento necesario las maravillas que promete la tercera revolución industrial recientemente anunciada por The Economist.
El mundo da vueltas y la política no cesa, como hemos atestiguado en la Francia de los extremos, pero sus componentes nacionales y regionales no giran a la misma velocidad dando cuenta de la tozuda vigencia de una de las pocas leyes de la historia humana: la del desarrollo desigual y combinado que, para Trotsky, era la clave de la revolución mundial y permanente.
Aprovechar las ventajas del atraso, para confrontar la intención de los países exitosos de evitar que los que les siguen suban a la cumbre, como lo muestra Ha Joon Chang en Pateando la escalera (Juan Pablos, México, 2010), se ha logrado con creces en Asia, en particular en el Reino del medio. Para México, sin embargo, este empeño se volvió en las últimas décadas una calamidad, una pesadilla del (sub)desarrollo, debido al imperio del más gastado e improductivo de los cánones económicos que pone por delante una estabilidad macroeconómica con pies de barro, sólo mantenida a costa de injustificables sacrificios en la inversión pública, la infraestructura física y humana, y en el desempeño mínimamente aceptable del Estado, que se nos presenta desnudo y famélico, sin poder cumplir con sus deberes históricos elementales.
La inseguridad pública imperante va de la mano con la insuficiencia estructural de la seguridad social, cercada férreamente por la informalidad laboral y la pobreza de masas, imposibles de exorcizar por el ridículo discurso de los descubridores de las clases medias mexicanas. Por años, los mexicanos vivimos la seguridad personal o comunitaria como algo azaroso, cuyo cumplimiento dependía en gran medida de la astucia o la destreza con que cada quien se las arreglara para no topar con la policía o los judiciales y, por encima de todo, para no llegar a la barandilla del Ministerio Público. Así pasó la vida, hasta hacernos creer que el país conseguiría un equilibrio virtuoso aunque informal, de usos y costumbres en los cuales sostener la modernización económica y unas relaciones sociales y políticas civilizadas.
Todo por servir se acaba y en los años setenta dicho equilibrio empezó a hacer agua. El presidente López Portillo pensó que necesitaba un amigo que le cuidara las espaldas y eligió al Negro Durazo, mientras la Brigada Blanca hacía de las suyas, mataba a diestra y siniestra, traficaba con vidas y bienes, contrabandeaba y liquidaba comunidades campesinas y juveniles, tratando de imponerle a la sociedad y sus capas más despiertas la idea de que el delito podía ser un bien público.
Las operaciones Cóndor, desatadas para quedar bien con Nixon y sucesores empeñados en su absurda guerra contra las drogas, trajeron consigo abusos de judiciales y soldados, pero también el tema crucial de los derechos humanos que floreció gracias a las ONG comprometidas con la cuestión y, desde luego, al compromiso de Jorge Carpizo y sus compañeros con una tarea que no puede ni podrá consumarse sin el concurso activo del Estado.
La infausta saga del cambio estructural para la globalización acelerada de México desembocó en una explosiva bifurcación de sus precarios mercados laborales, y los jóvenes urbanos, educados por encima del promedio educativo nacional, empezaron a vivir a partir de los años ochenta del siglo pasado la experiencia de la informalidad. Ésta, se desenvuelve en un contexto de empobrecimiento masivo en el campo y la ciudad y de desigualdad económica ostentosa, que pronto se volvió clasismo excluyente y dispendioso sin que el desempeño económico nacional, mediocre y medroso, pudiera servirle de justificación, como sí ocurrió, en alguna medida, en la era del primer despegue mexicano que inaugurara el alemanismo en los años iniciales de la segunda posguerra.
El contraste social y la globalización de la imagen configuran panoramas que incitan al riesgo sin considerar las consecuencias. Así, nuestra primera generación global despliega sus experiencias vitales en la siempre peligrosa emigración, la ocupación irregular y no siempre legal o, de plano, el reclutamiento criminal.
Aquel tristemente célebre arreglo de compra y venta de protección con el Estado y de éste con los criminales de entonces, estalló en mil pedazos y la inopia fiscal secular del Estado nos ofrece su cara brutal y depredadora: no hay seguridad para nadie, salvo la que cada quien pueda comprarse. Se impone un mercado salvaje de derechos y coberturas, precisamente cuando la sociedad empieza a cursar sus primeras asignaturas ciudadanas, la democracia se vuelve la lingua franca del intercambio político y el país se internacionaliza mediante el comercio, la emigración y la inversión trasnacional.
El Estado y su soberanía se pasean desnudos y sus fuerzas militares del orden, las únicas leales al régimen republicano que como realidad imperfecta y aspiración genuina de la mayoría vivimos todavía, experimentan un desgaste mayor y una conjetura aterradora: la de acabar por ser un ejército derrotado por quién sabe quien, en una guerra donde lo único que no es fantasmal son las víctimas y sus familias, entre las cuales deben contarse también soldados, oficiales y familiares.
Se acabó la simulación fiscal, y la legitimidad dudosa, crecientemente cuestionada, del Estado es una verdad nada silenciosa, mucho menos en los territorios del poder internacional donde el Presidente ha decidido lanzar sus penúltimas bravatas. Ésta es la situación del (des)orden estatal mexicano y no habrá elección tranquila y legal que pueda ocultarlo.
Sólo queda a la democracia y a sus actores constitucionales, recurrir a lo que Arnaldo Córdova y Gerardo Unzueta han propuesto como camino obligado para empezar a salir de este círculo infernal: la soberanía popular, cuyo concurso y despliegue reclama algo más que urnas transparentes.

UNA NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES


NÉSTOR DE BUEN

Es, sin duda, una buena noticia. Porque hasta ahora las centrales de trabajadores lo único que han logrado ha sido hacerse cómplices de las maniobras del Estado para perjudicar a los trabajadores. No me extraña que haya sido el pleno del Sindicato Mexicano de Electricistas el que haya propuesto la idea bajo la influencia, sin la menor duda, de Pablo González Casanova, quien tanto ha hecho por el movimiento obrero.
Hay sindicatos muy importantes que al parecer se han unido a la idea, entre ellos los mineros, de Educación, la Alianza de Tranviarios, los sindicatos de trabajadores del transporte del Distrito Federal, los académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, e Independiente de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Consejo Nacional de Trabajadores y el Independiente del Metro entre otros, según leemos en La Jornada del viernes pasado. No faltarán, por supuesto otras agrupaciones que sigan los mismos pasos.
Es normal que esto suceda. Porque ante el fenómeno indeseable del desempleo, lo cierto es que las grandes centrales sindicales no han hecho nada positivo por impedir su desarrollo de acuerdo a su condición real de servidoras del Estado y por lo mismo del sector patronal.
Se vislumbra con ello la posibilidad de que se haga efectiva la solidaridad sindical como motivo de huelga hoy previsto en la fracción VI del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, que siempre ha sido visto con terror por el empresariado y, desde luego, por las autoridades, porque es evidente que constituye el antecedente fundamental de la huelga general, método de lucha social que en tiempos remotos fue defendido nada menos que por Rosa Luxemburgo, lideresa inolvidable del movimiento obrero alemán.
Y es que la huelga general no sólo tiene un propósito social sino, esencialmente, un objetivo político, porque puede ser el pretexto para un cambio en la estructura de gobierno de cualquier país, con fuerza suficiente para superar decisiones de inexistencia que hoy constituyen el arma fundamental de los empresarios y del Estado frente el movimiento obrero.
Me complace que haya sido Pablo González Casanova, de la mano de Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, hoy en lucha frontal contra el gobierno que, sin derecho alguno, deshizo la compañía Luz y Fuerza del Centro, despidiendo a miles de trabajadores que siguen combatiendo por su reinstalación. No hay que olvidar que el SME tiene una tradición histórica de lucha contra el gobierno, como ocurrió en 1916, siendo Jefe del Ejecutivo Venustiano Carranza, quien se atrevió a poner en vigor un decreto estableciendo la pena de muerte contra los trabajadores huelguistas, a quienes sometió a un jurado militar siendo civiles y violando con ello la Constitución de 1857, entonces vigente.
Finalmente, el 5 de febrero de 1917 firmó la promulgación de un decreto que puso en vigor la Constitución actual, que consideró al derecho de huelga como una garantía constitucional.
La nueva central tendrá sin duda alguna tareas muy importantes que llevar a cabo.

LAS DROGAS EN LA CUMBRE


OLGA PELLICER

La VI Cumbre de las Américas fue un acontecimiento singular por el tono de la reunión y los temas que se incorporaron en su agenda. Esta vez no hubo concesiones para evitar los problemas que enfrentan a diversos países latinoamericanos y a Estados Unidos. El hecho fue muy bien expresado por el presidente Santos, de Colombia –líder sobresaliente de este encuentro–, en su discurso de clausura, cuando señaló: “El diálogo implica hablar de los temas en los que coincidimos, pero también de aquellos donde hay posiciones distantes”. En otras palabras, fue una cumbre en la que se reafirmó la posibilidad de sentarse con Estados Unidos, pero también el derecho a disentir.
Eran varios los temas en los que había divergencias: la presencia de Cuba, las Malvinas y la urgencia de encontrar alternativas a la línea seguida en la lucha contra el narcotráfico. Esto último es, sin duda, el asunto de mayor interés para México, por el altísimo precio que se ha pagado por la estrategia que ha seguido el presidente Calderón.
La demanda para enfrentar de otra manera la lucha contra el narcotráfico no es nueva. Uno de sus elementos centrales, la despenalización de las drogas, en particular en el caso de la mariguana, ha sido propuesta desde hace años por conocidos intelectuales y, más recientemente, por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; Cesar Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México. A niveles internos, la demanda más conocida para cambiar de estrategia la enarbola el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia.
Lo nuevo en Cartagena fue la posición asumida desde las esferas oficiales por líderes cercanos a Estados Unidos, como el presidente de Guatemala, el presidente de Colombia o la presidenta de Costa Rica. Ha sido el primero quien más se ha empeñado en discutir la despenalización al convocar a la Conferencia Nuevas Rutas contra el Narcotráfico, celebrada el 24 de marzo en Antigua, Guatemala.
Fueron muy contundentes las declaraciones de la presidenta de Costa Rica a la revista Tiempo, de Colombia, al decir: “Para Costa Rica no es la guerra contra las drogas, porque no tenemos ejército y no estamos dispuestos a que nos enganchen a ese convoy de destrucción, de militarismo, de gasto exorbitante…”.
Como era de esperarse, la demanda de buscar alternativas a la actual manera de combatir el narcotráfico no fue unánime. El presidente Obama, en plena campaña electoral, se apresuró a deslindarse de cualquier alusión a la despenalización o de revisiones críticas de la línea que desde la época del presidente Nixon impone Estados Unidos. No obstante, llama la atención el anuncio, a pocos días de terminada la cumbre, de un giro sustancial en la política estadunidense de combate a las drogas que llama a privilegiar la prevención y el tratamiento sobre la persecución penal.
Tomando en cuenta la fuerza con que se expresó la necesidad de buscar nuevos enfoques, el comunicado final de la reunión de Cartagena fue muy escueto, y la propuesta de acción inmediata poco trascendente. En efecto, se decidió “implementar una entidad coordinadora para armonizar las estrategias y acciones de los Estados americanos contra la delincuencia organizada transnacional”; la entidad coordinadora será la OEA.
Es fácil prever que el organismo regional, debilitado por su poca eficiencia para incidir sobre situaciones críticas ocurridas en América Latina en los últimos tiempos, pondrá los escenarios para redactar documentos muy diluidos para obtener consenso y lo suficientemente generales para que el “esquema hemisférico” no vaya mucho más allá de compilaciones de datos.
El presidente Calderón, quien desde luego no formó parte de aquellos interesados en enjuiciar las estrategias actuales, se apresuró sin embargo en ofrecer a México como sede de la reunión de la OEA este mismo año, donde se conocerán los primeros resultados del esfuerzo para construir el mencionado esquema.
En realidad, corresponde a quien resulte triunfador en las elecciones del mes de julio tomar las riendas, pronunciarse por un cambio y formular ante el problema del narcotráfico una estrategia más eficiente y de menor costo en vidas humanas que la existente. Semejante tarea no es fácil ni puede ser de corto plazo.
Desde el ámbito internacional, la tarea comienza por delimitar los ámbitos específicos donde es más urgente la cooperación entre países de tránsito y destino que, en este caso, se ubican desde Panamá hasta Estados Unidos. Hay mucho por hacer con los países centroamericanos, y mucho por revisar en los acuerdos que se han establecido con el país del norte. ¿Se mantendrá la línea fijada en la Iniciativa Mérida?
Hasta ahora, los candidatos y las plataformas electorales de los partidos no dicen mucho. Se mantienen en las promesas generales, como es regresar al Ejército a sus cuarteles, o en señalar las características que debería tener una policía nacional; se necesita mucho más. Los nuevos enfoques requieren ser muy selectivos en los objetivos que se propongan; distinguir muy bien los que se refieren a problemas de salud, educación, seguridad ciudadana o administración de justicia; identificar las metas de corto y largo plazos; determinar cómo se realizarán el diálogo y los acuerdos con los países vecinos.
La cumbre de Cartagena fue una importante llamada de atención que arraiga la convicción sobre lo errado de las estrategias seguidas hasta ahora. La lucha contra el narcotráfico requiere de nuevos diagnósticos y nuevas propuestas. Construir un acuerdo nacional, regional e internacional en torno a ellos es un reto fundamental y, al mismo tiempo, uno de los más difíciles que se avecinan.

IFE INDOLENTE


JOHN ACKERMAN

La reacción del IFE frente a las denuncias sobre el probable rebase del tope de campaña de Enrique Peña Nieto es una copia fiel de su comportamiento durante las elecciones presidenciales de 2006. Una vez más, en lugar de encontrar razones para actuar en favor de la equidad y el estado de derecho, el instituto recurre a pretextos para mantenerse pasivo e indolente. Tal como ocurrió hace seis años, la autoridad incumple con la neutralidad y facilita la imposición de un resultado electoral a las espaldas de la ciudadanía.
En 2006, el IFE dejó pasar una ofensiva campaña mediática calumniosa, los anuncios televisivos ilegales patrocinados por el sector privado y la intervención indebida del gobierno federal, entre otras conocidas violaciones. Todos recordamos cómo el instituto también se negó rotundamente a ordenar un amplio recuento de la votación presidencial.
En todos esos casos, Luis Carlos Ugalde y los otros consejeros pretextaron que la ley no les permitía hacer otra cosa. Como cualquier corrupto burócrata de ventanilla, pedían a los denunciantes darse otra vuelta el próximo día para formarse de nuevo en la fila.
El viernes pasado, la recientemente nombrada consejera electoral María Marván resucitó el fantasma de Ugalde. Indignada con la osadía de la coalición progresista y el PAN de denunciar los gastos de Peña, de manera tajante afirmó que en el IFE no podemos hacer absolutamente nada. De acuerdo con la consejera, quien se queja de irregularidades sabe perfectamente que el proceso de fiscalización de las campañas es hasta que acaban y el instituto electoral no puede hacer ni más ni menos de lo que le pone la ley.
El consejero presidente Leonardo Valdés ha cometido una pifia similar. En un artículo de prensa escribió que es imposible determinar ahora, durante el periodo de campañas, el rebase de topes de gastos de campaña de candidato alguno: el IFE no está facultado para auditar los gastos de partidos y candidatos antes de que termine la propia campaña.
No nos dejemos engañar. El Cofipe señala que en casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad [de Fiscalización] podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes (artículo 85). Asimismo, el artículo 84 de la misma norma ordena a todos los partidos presentar un informe preliminar de sus gastos de campaña antes del 15 de junio.
Y cuando se trata de irregularidades que ponen en riesgo la equidad y la legalidad del proceso electoral en su conjunto, ni siquiera es necesario recurrir a los burocráticos lineamientos del proceso fiscalizador. El Cofipe indica que cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral (artículo 362). Si la queja presenta indicios claros de que la ley pudo haber sido violada, el IFE está obligado a admitir, investigar y resolver el caso. El instituto debe proceder de manera inquisitiva y exhaustiva en estos procesos, de acuerdo con los criterios del TEPJF.
Es completamente falso entonces que la ley prohíba que el IFE revise antes de la elección los gastos de Peña. Esto queda aún más claro con la pantomima del acuerdo entre el PRI y el IFE para que la autoridad electoral envíe auditores para revisar los papeles del viejo partido de Estado. Ahora resulta que la autoridad siempre sí puede hacer algo, pero siempre y cuando el proceso sea dirigido y convocado por el mismo partido. Queda claro que no es la ley, sino la voluntad lo que limita la acción del instituto electoral.
Ahora bien, lo importante no es que el IFE vaya y revise los papeles que PRI le quiera mostrar, sino que la autoridad verifique de manera independiente los costos de la campaña de Peña Nieto. Solamente el observador más ingenuo podría creer que todo el derrochador gasto para el arranque de la campaña hubiera sido pagado y facturado en favor del PRI. Además de los papeles y los movimientos bancarios formales, evidentemente también fluyen vastas cantidades de dinero en efectivo que sirven para engrasar la campaña. Las donaciones en especie y los descuentos de parte de personas físicas y morales, algunos incluso de dudosa procedencia, también seguramente están a la orden del día.
El IFE se enorgullece de que se han seleccionado 50 distritos electorales al azar para ser monitoreados directamente a nivel de calle por auditores del instituto. Sin embargo, esta revisión no es permanente y el IFE dará previo aviso 48 horas antes de cada visita. Dos días es más que suficiente tiempo para inmediatamente retirar cualquier propaganda fuera de la ley y así esconder el despilfarro. Y una vez que se sepa cuáles son los 50 distritos que estarán bajo vigilancia especial, los partidos tendrán un cheque en blanco para gastar a manos llenas en los otros 250.
También habría que preguntarnos hasta qué punto estos auditores se limitarán a tomar fotos y pasear por las calles, o si fungirán como verdaderos detectives para descubrir la compra y coacción del voto durante las semanas previas a la elección, así como para perseguir el acarreo y las prácticas ominosas, como el carrusel, durante la jornada electoral. La sospecha es que una vez más en el IFE imperarán la desidia y el formalismo burocrático por encima de la exhaustividad y el compromiso con la investigación.
En cualquier democracia y de acuerdo con nuestra propia Constitución, no debe ganar quien acarrea, engaña y compra más votos y propaganda, sino quien recibe más sufragios libremente emitidos. Recordémosles a los consejeros del IFE que el presidente electo no lo determinarán ellos el próximo 1º de julio, sino el TEPJF posteriormente, una vez que haya podido evaluar la autenticidad del proceso electoral. Si el instituto no actúa ahora para defender la legalidad, no cabe duda de que una vez más se podría poner en duda la legitimidad y la validez de la elección presidencial.

Justicia ya para Regina Martínez, ni una muerte más. En solidaridad con los estudiantes de Michoacán

MACROECONOMÍA DE UNA TRAGEDIA

RICARDO BECERRA LAGUNA

Creo que Héctor Aguilar Camín tiene razón: el hecho es histórico y más: cambiará el curso de la historia.
Y lo hará –digo yo- porque pondrá frente a sus verdaderos límites y a sus verdaderos resultados, a nuestro modelo económico “estable y responsable”, cuyo cimiento real residió en una tragedia social: la enorme migración a los Estados Unidos.  

El dato radical es este: el flujo neto de personas entre México y Estados Unidos se ha reducido a cero por primera vez en cuatro décadas. Muchos se van, pero regresan otros, en la misma proporción. Cifras que emergen de un estudio publicado hace ocho días por el Centro Pew Hispanic y que suponen “el estancamiento de la oleada migratoria más importante en la historia de los Estados Unidos”.
Casi uno de cada tres inmigrantes que viven en Norteamérica (hoy alberga una población de 40 millones de personas nacidas en otro país) provienen de territorio azteca.
Esto hace que México tenga el dudoso honor histórico de haber protagonizado la mayor oleada migratoria a Estado Unidos en números absolutos, si bien Alemania e Irlanda habrían contribuido en proporciones algo mayores -en términos relativos- en el siglo XIX.
Todo eso empezó a ocurrir poco antes de los ochenta y hasta hace tres años: 12 millones de mexicanos se largaron a Norteamérica y más de la mitad lo hicieron de manera ilegal. Puede decirse, en conjunto, que el 10 por ciento de la población actual abandonó México, casi siempre en los mejores y más productivos años adultos (entre los veintes y los cuarentas).
¿Por qué se fueron? Por nuestra endémica falta de empleo y por el diferencial salarial. Dice el mismo estudio que las percepciones netas de los migrantes alcanzan los 380 dólares a la semana, lo que implica poco más de mil 600 dólares por mes (unos 19 mil pesos). Esta cifra es más de diez veces superior al salario mínimo en México y más de seis veces el promedio del ingreso medio (que ronda los dos mil 911 pesos mensuales por cabeza).
Lo que me importa subrayar, sin embargo, es que la magnitud del hecho entraña una de las más crueles paradojas de nuestra modernidad: los que tuvieron que irse, por los malos salarios y la falta de oportunidades, con su riesgo y su trabajo, sostuvieron al mismo modelo económico que los expulsó. Vean si no.
“La salida”, la ida al otro lado, se constituyó en una de las opciones vitales más importantes en nuestra época (sobre todo de los más pobres), justo en el periodo de implantación y expansión de las reformas económicas liberalizadoras en nuestro país. No es para nada casual que el periodo de implosión del viejo modelo económico y la implantación del nuevo (magros resultados incluidos), coincida con la gran masa de 12 millones de trabajadores que se fueron.
Es como si la población del Distrito Federal y de Nuevo León, juntas, se hubieran marchado de aquí. No obstante, el hecho despresurizó notablemente los otros ámbitos de manutención y subsistencia: el empleo formal y la informalidad. 
Recientemente, fue el propio Consejo Coordinador Empresarial, el organismo que lo recordó: en las últimas tres décadas, el PIB creció 2.4 por ciento promedio anual; lo cual, alcanzó para producir 7 millones de empleos formales (en cuatro sexenios). ¿Lo ven? Es difícil imaginar el perfil social, la moral, la intensidad de la frustración social y la fricción de clase, con 12 millones de mexicanos adicionales, hacinados, metidos aquí entre nosotros, compartiendo el estancamiento nacional.   
Pero no es todo y quizás no lo más importante. Los 12 millones de paisanos, casi todos en edad de trabajar, lograron erigirse en un pilar de la estabilidad macroeconómica, inundando de millones de billetes verdes a la economía mexicana durante muchos años, acaso décadas.
Los flujos de recursos enviados por los mexicanos en un mal año (el 2009), no obstante, alcanzó los 21 mil 181 millones de dólares. Antes, en 2008, había rozado los 24 mil 400. Desde mediados de los 90 las remesas ascendieron un año si y otro también, a ritmos de 18 por ciento promedio, desde 3 mil 143 en 1995, hasta llegar a los 22 mil 700 millones el año pasado.
Muchos billetes verdes cayendo en caja, religiosa y permanentemente: 62 millones diarios para financiar compras, importaciones, transacciones, reservas y los caprichos de las clases altas. 
Suele repetirse que los paisanos configuran la segunda fuente de divisas del país después del petróleo, pero no es cierto. Si bien las exportaciones de crudo alcanzan techos bastante superiores, debemos restar de ellos a las importaciones que Pemex también realiza por muchos conceptos. Si lo vemos así, las remesas son la parte más gruesa y más vital de “los equilibrios” con el exterior y especialmente es el componente que explica la relativa estabilidad del precio del dólar (el precio clave de nuestra economía abierta).
Sistemáticamente, en este tiempo, las remesas han sido más importantes que la inversión extranjera directa y cada año, representan un ingreso neto al país superior a todas las propuestas de reforma fiscal discutidas en el Congreso en las dos últimas décadas.
Solo la migración china y la hindú, inyectan más dólares a sus economías, pero con poblaciones 11 veces mas grandes y economías mucho más pujantes que la nuestra.
Y por si fuera poco, las encuestas del INEGI estiman que una tercera parte de las familias reciben dinero desde Estados Unidos, de tal suerte que cada dos meses, un hogar en México recibe 340 dólares en promedio, casi tres salarios mínimos. Dicho de otro modo: gracias a la expulsión demográfica y al riesgo legal y personal de los migrantes, unos 7 millones de hogares, que significan alrededor de 32 millones de personas, tienen un ingreso mensual de 1.5 salarios mínimos.
Para uno de cada tres mexicanos, este ingreso significa la diferencia entre subsistencia, pobreza y un poco de holgura (Luis de la Calle y Luis Rubio han llamado a esta condición el ser de “clase media”).
Dice el Informe (xww.pewhispanic.org/2012/04/23/net-migration-from-mexico-falls-to-zero-and-perhaps-less),“el estancamiento actual es algo más que una pausa temporal. El flujo neto de inmigrantes desde México a Estados Unidos se ha detenido y puede que se haya invertido”. Estamos ante el cambio de “un patrón histórico”, que le quitará todas esas ventajas que he reseñado y que han hecho parecer como “viable” y hasta exitosa, la política económica que nos gobierna.
Desde 1980 los envíos de los migrantes se habían duplicado cada cinco años; con ese ritmo y sin quererlo, se constituyeron en la base más firme de la presumida “estabilidad” macroeconómica.
Pero la crisis hipotecaria y financiera en Estados Unidos y su reacción racista, antiinmigrante en la frontera, han bloqueado nuestra gran válvula de escape.
Quizás ahora, debamos vernos al espejo y encarar la realidad que se pudo disimular por décadas, gracias a la tragedia social, a la expulsión neta de 12 millones de personas.

viernes, 27 de abril de 2012

MEXICANOS INERMES


ERNESTO VILLANUEVA VILLANUEVA

El 20 de abril de 2009 el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, reglamentaria del artículo 10 de la Constitución, que reconoce el derecho humano de poseer armas de fuego para la seguridad y la legítima defensa de toda persona. Esa iniciativa ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y se prevé que sea discutida en el Senado en este periodo ordinario de sesiones para su eventual aprobación. Dicho proceso se desarrolla en un marco de ignorancia y ausencia de participación ciudadana, y la única perdedora es la sociedad mexicana. Veamos por qué.
Primero. La iniciativa del presidente Calderón, de entrada, confunde eficacia con validez jurídica, es decir, la “existencia” de leyes –lo que se denomina “validez”–, con su efectivo cumplimiento –lo que se llama “eficacia”–. En la exposición de motivos dice, por ejemplo, que “es ineludible que para combatir con mayor eficiencia los altos índices de violencia debe erradicarse la proliferación de la compra-venta ilícita de armas de fuego, mediante el establecimiento de controles efectivos y sanciones adecuadas a quienes participen de dichas operaciones”.
Se ha dicho hasta el cansancio que la proliferación de leyes no genera, de ninguna manera, mayor cumplimiento de la ley. Antes bien, en muchos casos dificulta el cumplimiento de la norma jurídica. Esta confusión del presidente y sus asesores es uno de los hilos conductores que dan cuenta de cómo se ha perdido tiempo, dinero y esfuerzo en el combate al crimen organizado por falta de método y proyecto lógico racional.
Segundo. La iniciativa del presidente Calderón abona el mito que tiene todavía carta de naturalización en el grueso de la población al asociar el concepto “armas de fuego” con “crimen y violencia”. Evidentemente, en la iniciativa de referencia no hay datos duros que fundamenten su aseveración. Se trata sólo de conjeturas y ocurrencias puras y simples. La iniciativa agrega, entre otras cosas, tres nuevas restricciones: a) reducir los calibres permitidos formalmente para posesión y portación de armas de fuego; b) incrementar las penas privativas de libertad al poseer o portar armas de fuego no autorizadas por la ley, y c) sancionar el empleo de municiones modificadas para el uso “ordinario” de armas de fuego. Las tres innovaciones presidenciales son, además de absurdas, violatorias del derecho humano a poseer y, por consiguiente, portar armas de fuego para la legítima defensa y seguridad de los gobernados.
Hasta el día de hoy algunos calibres 9 milímetros son permitidos en la Ley de Armas de Fuego; ahora se excluyen, además de éste, el .38 Especial y el .37 Magnum, entre otros, de modo que, en este mundo al revés, pareciera que la ley busca proteger a los delincuentes de las personas de a pie. Otro elemento peligroso es el relativo al transporte de armas de fuego y sus calibres, por el desconocimiento de la sociedad, de las autoridades y de las fuerzas del orden. Así pues, en caso de que se apruebe esta insensatez, a los problemas existentes se sumarán mayores extorsiones, “siembras” e interpretaciones ajenas al espíritu de la Constitución, en perjuicio, como siempre, de los que menos tienen.
Tercero. Por otro lado, la iniciativa de Calderón y el PAN de ninguna manera podría mejorar la seguridad de las personas. Seamos lógicos, por favor: ¿Alguien con un dedo de frente se imagina que una persona que forme parte del crimen, organizado o común, desea registrar su arma y/o conseguir una licencia de portación? Por supuesto que no, por dos razones obvias: a) Lo que menos quieren los delincuentes es ser detectados o seguidos por las autoridades, y b) Las armas que utilizan son de calibres mayores a los que la Ley Federal de Armas –tanto la actual como la que podría aprobarse– permite poseer y/o portar.
Así, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República debe hacer el esfuerzo de pensar (sé que no es fácil, pero puedo asegurar que no duele y sí es posible) qué beneficios concretos para la sociedad tendría la aprobación de esa reforma. Espero que lleguen a la misma conclusión que yo: la de que si se aprueba en sus términos dicha iniciativa, se inscribiría en las acciones para acorralar todavía más a las personas de buena fe (alrededor de un 99% de los ciudadanos), que no cuentan con escolta y que, por ende, no tienen poder ni dinero para defenderse del crimen, con placa o sin ella.
Es ese 99% el que quiere estar dentro de la ley, el que quiere registrar su arma de fuego y obtener su licencia de portación para su legítima defensa, la protección de su integridad y de su patrimonio, así como para la práctica del deporte cinegético. Paradójicamente, el gobierno de Calderón se empeña en dejar a casi todos fuera de la ley, por buenas o malas razones.

SIETE POSTALES CIUDADANAS


PEDRO SALAZAR UGARTE

Un grupo de activistas presiona al Congreso durante meses para que apruebe la reforma política. Su baraja de peticiones es amplia y controvertida: desde candidaturas independientes hasta reelección legislativa. Twitteros, abogadas, estudiantes, profesionistas se organizan para promover ideas, acudir a los recintos legislativos, debatir en los medios de comunicación, presionar a diputados, dirigentes, jueces, consejeros y demás autoridades que, en sus nichos, pudieran adoptar decisiones favorables a su agenda. Poco a poco, aunque exhaustos e insatisfechos, van logrando resultados.
Durante décadas un conjunto de mujeres organizadas impulsa una agenda progresista a la que se suman académicos, políticos y líderes sociales. Su misión principal es lograr la despenalización del aborto; su preocupación amplia son los derechos sexuales y reproductivos de todos. La gesta es larga y sinuosa, pero, por lo pronto, en el DF da resultados. Se precisaron manifestaciones, artículos, desplegados, gestión política y acción jurídica ante legisladores y jueces para que las cosas se movieran. GIRE y sus cómplices están de aniversario y, a pesar del PAN y de Beatriz Paredes, la lucha sigue en pie. 
La dirigencia del SNTE ha fermentado un contubernio con los gobiernos en turno en agravio de la sociedad mexicana. Desde hace algún tiempo, esa componenda impresentable es vigilada por la oposición activa de una red de ciudadanos indignados. En estos días se está librando otra batalla en ese frente: el sindicato pretende evadir las evaluaciones y el gobierno hace mutis al respecto, pero desde la sociedad se promueve un desplegado que impide evadir el tema. No conocemos el desenlace, pero es probable que la evaluación se imponga.
Los medios de comunicación, amañados con actores políticos, han cercado al interés general con su interés particulares. Son la punta de lanza de la reacción. Desde la sociedad se resiste: se redactan iniciativas, se desenmascara a los legisladores, se litiga ante la Corte, se vigila al Tribunal Electoral. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y sus aliados son el David que enfrenta a ese poderoso Goliat. La lucha es desigual, pero por fortuna no hay esponja ni toalla en el cuadrilátero.
Cansados de presenciar la danza de las sillas en cada elección, ciudadanas de Nuevo León acuden a los juzgados para impedir el salto de los llamados políticos chapulines. Contra todo pronóstico, echando mano de argumentos jurídicos y de alegatos políticos, logran poner en jaque las candidaturas de Fernando Larrazabal y de Ivonne Álvarez. Nunca los quisieron como presidentes municipales, pero menos los quieren como legisladores. Con un valor cívico admirable y tesis discutibles pero legales, están dando su batalla.
Cohesionados por las gestas cívicas que dieron forma a la agenda de la transparencia y del derecho de acceso a la información, un grupo de ciudadanos y de académicos crean una Red por la Rendición de Cuentas que agrupa a personas e instituciones. De manera desinteresada y convencida organizan foros redactan documentos, interpelan a los políticos, convocan a la sociedad. Combaten la corrupción y la impunidad exigiendo cuentas a quienes deben rendirlas.
Hermanados por el dolor de perder a sus seres queridos o de padecer los estragos de otras formas de violencia, empresarios, poetas, activistas, universitarios y ciudadanos adoptan la causa de la seguridad. Reuniones, marchas, debates, desplegados —no siempre compatibles, pero sí sintonizados— expresan el hartazgo y la preocupación de una sociedad lastimada.
Son siete postales de una sociedad civil que existe y que cuenta. Movimientos con agendas diferenciadas que, más allá de las adhesiones o reservas que provoquen, merecen reconocimiento. Al marcarle el paso al Estado, a los actores poderosos y a la política institucional, esos ciudadanos son el cimiento de la consolidación democrática.

jueves, 26 de abril de 2012

EL TÚNEL DEL TIEMPO


JOSÉ WOLDENBERG

La historia reciente de la Cámara de Diputados puede sintetizarse en una oración: de un poder estatal en el que un solo partido podía hacer su voluntad a uno habitado por una pluralidad política equilibrada. Bien vista, esa cara expresa de manera inmejorable el proceso democratizador mexicano. Veamos un repaso a vuelo de pájaro.
1976-1985. Los años postreros del partido hegemónico. De 1976 a 1979 el PRI contó con 195 diputados de un total de 237, es decir, el 82.3 por ciento del total. El PAN tuvo 20 escaños y el 8.4 por ciento, el PPS 12 diputados y el PARM 10. Con esas cifras, no fue extraño que Giovanni Sartori pusiera como ejemplo de sistema de partido hegemónico pragmático a México. Fue esa legislatura la que aprobó la reforma política que permitió la entrada de nuevos partidos a la contienda y que modificó la fórmula de integración de la Cámara de Diputados. No obstante, en las primeras tres elecciones federales que se llevaron a cabo bajo el nuevo formato, el PRI mantuvo no sólo una mayoría absoluta de escaños, sino una mayoría calificada, lo que le permitía modificar, con sus propios votos, incluso la Constitución. En 1979 logró 294 curules de 400, el 74 por ciento del total. En 1982, 299, lo que representaba el 74.8 por ciento, y en 1985, 292, el 73 por ciento. En ese entonces el PRI, de hecho, sólo competía en la pista uninominal y como puede observarse de 300 distritos perdía, en su "peor" momento, ocho. El PAN era el segundo partido en la Cámara, muy lejos del PRI y sus números eran: 1979, 41 diputados y el 10.8 por ciento del total; 1982, 51 y 12.8 y 1985, 38 y 9.5. La izquierda, dispersa, en conjunto alcanzaba cifras similares a las del PAN. En 1979, el PCM, PPS y PST lograron 39 diputados; tres años después el PSUM, PPS y PST, 38; y en 1985, PSUM, PST, PPS, PRT y PMT, 47.
1988-1994. Se quiebra la hegemonía. Las elecciones de 1988 representan un punto de ruptura. Se inicia la construcción de un auténtico sistema de partidos. Los comicios dejan de ser un ritual previsible e insípido y dan cuenta de un país que no cabe ni quiere hacerlo bajo el manto de una sola organización partidista. Ese año la Cámara de Diputados sufre una auténtica mutación. Las fuerzas se equilibran: el PRI obtiene 260 escaños y el conjunto de los otros partidos 240 (en 1986 se había elevado de 400 a 500 el número de diputados). Por primera vez, el PRI no tiene los votos suficientes para hacer su voluntad en materia de reformas constitucionales. Pero en 1991, la recuperación del tricolor parecía apuntar a que 1988 había sido un año "anómalo". En 91 el PRI alcanzó 320 diputados, el 64 por ciento de la representación. Cierto, no le alcanzaban para cambiar la Constitución por sí mismo -se requiere de dos terceras partes- pero se encontraba muy cerca. El resto de los partidos lograron los siguientes escaños: PAN 89, PRD 41, PFCRN 23, PARM 15 y PPS 12. Pero en 1994 pareció que quizá lo "anómalo" habían sido los resultados de 1991. En 94 el PRI volvió a bajar, pero logró el 60 por ciento de la representación, 300 escaños. Los otros 200 se dividieron de la siguiente forma: PAN 119, PRD 71 y PT 10.
1997-2009. Se instala el pluralismo equilibrado. Las elecciones de 1997 marcan un nuevo quiebre. En esos comicios ningún partido logró tener la mayoría absoluta de las diputaciones. A partir de ese momento se impuso la necesidad, entre los grupos parlamentarios, de dialogar, negociar, pactar. Una sola voz, una sola voluntad, era incapaz de sacar adelante cualquier iniciativa. La aritmética democrática resultó elocuente: PRI, 239 diputados, 47.8 por ciento; PRD 125 -25 por ciento-; PAN 121 -24.2-; PVEM 8 -1.6-; PT 7 -1.4-. Y en el 2000, el año de la alternancia en la Presidencia, los números resultaron aún más apretados: PRI 211 -42.2-; PAN 206 -41.2-; PRD 50 -10.0-; PVEM 17 -3.4-; PT 7 -1.4-; Convergencia 4 -0.8-; PSN 3 -0.6-; PAS 2 -0.4-. Una nueva realidad emergía con fuerza. Un país diverso, masivo, contradictorio, en el que coexisten distintos intereses, ideologías, sensibilidades, daba pie a un sistema de partidos plural en el que ninguna fuerza podía arrogarse la representación de la nación. En 2003 el PRI llegó a 224 diputados, el PAN a 151, el PRD a 97, el PVEM a 17, el PT a 6 y Convergencia a 5. Y en 2006, las elecciones más competidas y polarizadas volvieron a refrendar una Cámara sin mayoría absoluta: PAN 206 (41.2 por ciento), PRD 126, PRI 104, PVEM 19, Convergencia 16, PT 16, Nueva Alianza 9 y Alternativa Socialdemócrata 4. Los resultados del 2009 refrendaron ese equilibrio que obliga a negociar en la Cámara: PRI 238, PAN 142, PRD 70, PVEM 23, PT 14, Nueva Alianza 7, Convergencia 6.
Hay quienes añoran los viejos tiempos. Se desesperan con el equilibrio de fuerzas. Quisieran que un solo partido pudiera hacer su voluntad. Yo no. El pluralismo equilibrado en el Congreso es el mejor candado contra los caprichos presidenciales. Y muchos esfuerzos fueron necesarios para abrirle paso. Creo que no conviene olvidarlo.

EL PRESIDENTE Y LA CONSTITUCIÓN


RAÚL CARRANCÁ

El pasado 18 del mes en curso el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), organismo público autónomo encargado de la función estatal de organizar las elecciones federales bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, en los términos de la fracción V del artículo 41 de la Constitución, determinó que el Presidente de la República violó la Constitución en el proceso electoral en curso. Cabe señalar que ésta es la segunda ocasión -la otra fue en 2009-2010, en las llamadas elecciones intermedias- en que el IFE considera que el Presidente Calderón vulnera la Ley Suprema. La resolución a la que aludo se motiva en el hecho de que Calderón envió una carta a través del sistema de correos electrónicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la que agradecía el pago de impuestos recordando que con ellos se realizaban las obras del gobierno, lo cual es una clara intromisión en el espacio de la voluntad popular pretendiendo manipularla a favor del partido, el PAN, al cual él pertenece. Al respecto el IFE manifiesta que el Presidente utilizó recursos públicos para difundir propaganda personalizada con los logros del gobierno, afectando la equidad de la contienda electoral (cf. artículo 41 de la Constitución) al causar confusión e influencia indebida con el envío de la carta de referencia; con lo que así mismo se violó otro precepto de la Carta Magna, el del artículo 134 que ordena que la propaganda oficial no incluirá nombres, imágenes o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Ahora bien, al ser dos los artículos constitucionales que transgredió el Presidente, el 41 y el 134, es absurdo, incongruente y por supuesto contrario al sistema normativo de la Ley Suprema suponer siquiera que no sea merecedor de una sanción, sino de un simple señalamiento o extrañamiento. Al efecto el propio IFE reconoce que conforme a la letra del párrafo segundo del artículo 108 de la Constitución, "El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común". El anterior es a mi juicio un desatino mayúsculo de la Carta Magna y que de ninguna manera corresponde con su espíritu normativo. Me explico. Un gobernador, un diputado local, un presidente municipal, es responsable por los "actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho". ¿Pero no el Presidente de la República, nada menos que el Presidente de la República? ¡Es el colmo! Y lo es con mayor razón porque resulta inconcebible que el artículo 110 no incluya al Presidente como sujeto de juicio político (sí a ministros de la Suprema Corte, senadores, diputados, secretarios de despacho, etcétera), siendo que el artículo 108 en su párrafo primero determina que para los efectos de las responsabilidades constitucionales "se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular". ¿Y no lo es acaso el Presidente de la República? ¿Cómo resolver tal absurdo? Yo sostengo y he sostenido en esta misma página que la Constitución es una unidad y que, por ende, hay que atender a su espíritu unitario, o sea, a la que denominamos su "ratio legis", que es su esencia comprendida en ella su finalidad. Por lo tanto, ¿habrá querido el creador de la Constitución, por no decir que la Constitución misma, que servidores públicos de menor representación y calidad que el Presidente respondan por sus actos u omisiones, y el Presidente no? Sería una incongruencia inaceptable. En tal virtud y mediante una interpretación lógica, razonable y finalista, es imprescindible que para todo a lo que haya lugar se considere al Presidente de la República sujeto de juicio político. En este sentido se ha hablado de reformar el Título Cuarto de la Carta Magna, pero no obstante yo creo que basta y sobra con aplicar el artículo 110 en su auténtico contenido y substancia jurídica. Lo demás se llama impunidad.

LA "RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL" Y LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES A CUMPLIR CON LOS MANDATOS DE LA SUPREMA CORTE


SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

Como he venido comentando en este espacio, en la reciente resolución de la Suprema Corte en torno a la consignación por desacato de un alto servidor público de Jalisco -recurso de queja 8/2011-, el Tribunal Constitucional ha dado pasos firmes para construir un "derecho constitucional sancionador", como lo definió el Ministro Presidente, Juan Silva Meza.

Esta definición se refiere tanto a los procedimientos aplicables en supuestos de desobediencia a los mandamientos que emite el Tribunal Constitucional en el curso de la resolución de controversias y acciones de inconstitucionalidad, como a las consecuencias por "responsabilidad constitucional" y/o "responsabilidad penal" a las que se hacen acreedores los altos funcionarios públicos cuando sus acciones encajan en dichos supuestos.

Derivado de la interpretación del texto constitucional, en el Pleno de la Suprema Corte determinamos que la primera consecuencia por desobedecer un mandamiento emitido por el custodio de la Constitución trae consigo la remoción del cargo.

Una vez aplicada dicha sanción por "responsabilidad constitucional", significa que el funcionario responsable -en el caso concreto que nos ocupa, un diputado local- ha dejado de gozar del fuero constitucional, pues éste solo protege al parlamentario cuando es diputado en funciones por lo que, al dejar de serlo, cesa al mismo tiempo el fuero constitucional.

Por tanto, como antes dije, una vez aplicada la "responsabilidad constitucional" por la Suprema Corte queda abierta la vía para exigir la "responsabilidad penal" sin necesidad de solicitar al Congreso del estado que suspenda la inmunidad procesal penal del sujeto responsable de violación del mandamiento del máximo tribunal del país.

Inmediatamente después de haber llegado a la conclusión anterior, se debió definir otras importantes cuestiones concernientes al procedimiento penal a seguir, y todo ello a partir de la interpretación sistemática de la letra de la Ley Fundamental, del texto de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución federal, así como del Código Penal.

El resultado de este arduo ejercicio de argumentación jurídica ha sido la confección de un procedimiento penal peculiar en varios aspectos si se le compara con los procedimientos penales ordinarios. Una primera diferencia del procedimiento penal del "derecho constitucional sancionador", es que es la Suprema Corte la que directamente hace la consignación ante el juez del responsable de la falta constitucional, y no ante el ministerio público -que es lo usual; sin embargo, cabe decir que este inicio del proceso directamente ante el juez y no ante el MP, lo encontramos en el derecho positivo también para el caso de la inejecución de las sentencias de amparo.

Una segunda diferencia del procedimiento penal del derecho constitucional sancionador con respecto al ordinario, es que el juez de Distrito no tiene un margen tan amplio como en un juicio ordinario para determinar, primero, que efectivamente ha habido un quebranto al orden jurídico y para determinar, en consecuencia, el presunto responsable del mismo.

Estas dos operaciones ya vienen realizadas por la Suprema Corte sin posibilidad de que el juez de Distrito las pueda modificar. La explicación de ello estriba en el hecho de que, por determinación de la propia Ley Fundamental, es a la Suprema Corte a la que compete en exclusiva sustanciar acciones y controversias constitucionales, lo que desde luego incluye dictar los incidentes que en ellos se produzcan -como la determinación de la suspensión del acto reclamado-, y por tanto la declaración de cuándo tal suspensión ha sido inobservada y quién es el responsable.

Sin embargo, es necesario subrayar que las diferencias del procedimiento penal del derecho constitucional sancionador que he identificado, son perfectamente congruentes con el objeto que persiguen -preservar el orden constitucional-, lo que necesariamente implica el más absoluto respeto a los derechos humanos en materia penal.

Por esta razón, de la más elemental congruencia entre fines y medios, el máximo Tribunal de México ha cuidado, al construir el "derecho constitucional sancionador", que los derechos en materia penal reconocidos en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos sean observados escrupulosamente al exigir la responsabilidad penal derivada del recurso de queja 8/2011, para lo cual el sujeto responsable deberá enfrentar un proceso penal en toda regla ante un juez de Distrito, donde se le garantizará el derecho al debido proceso para que en éste se defienda con los argumentos y pruebas que estime apropiados.

Paralelamente, subrayó que la resolución de este asunto, también, abona a la construcción de la  doctrina de la controversia constitucional en el derecho positivo mexicano y ratifica la máxima jerarquía de la Suprema Corte como el Tribunal Constitucional de México.

Y MIENTRAS TANTO, UN LOGRO PARA LOS CONSUMIDORES

ISSA LUNA PLA

Nada, ni las peores campañas presidenciales que nos ha tocado ver, se puede usar de pretexto para distraerse de los avances relevantes que se están haciendo desde el gobierno y los tribunales en materia de derechos humanos. ¿Sabías que tus derechos como consumidor son considerados derechos humanos y que cuando un proveedor no cumple con los servicios que promete, viola tus derechos humanos?

Esta nueva perspectiva es el resultado de una suma de factores. Por un lado, una reforma a nuestra Constitución que desde el 2011 ha cambiado la labor de los tribunales cuando defienden derechos humanos y sus garantías. Pero también la labor de los óranos de gobierno que se tomen en serio la reforma y apliquen su contenido.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en su papel de defensor de los derechos de los consumidores, acaba de anotar un punto a favor de los consumidores y de sus derechos en un caso que es importante comentar.
Se trata de la defensa de los consumidores perjudicados por el cierre de la compañía aérea Mexicana de Aviación. Esta batalla la libró la Profeco representando a pasajeros que se quedaron desprotegidos y que otorgaron su poder a la Profeco para que los representara.  La Profeco reclamó el reembolso de sus boletos y exigió resarcir el daño patrimonial de los consumidores causado por Mexicana.
Al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito le tocó resolver la apelación de Profeco y aprovechó la ocasión para pronunciarse sobre los derechos de los consumidores aplicando la nueva reforma de derechos humanos. Gracias a esta interpretación, los consumidores tenemos derechos humanos cuando realizamos transacciones comerciales.
El Tribunal consideró que el derecho de los consumidores comprende el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un recurso judicial sencillo y rápido que la proteja de la infracción a los derechos fundamentales. Además, el Tribunal interpretó diversos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos sobre las garantías jurisdiccionales de las personas equiparadas a los consumidores. Incluso, el Tribunal aludió a las Directrices para la Protección del Consumidor de la Organización de las Naciones Unidas del 1985, donde se establecen los derechos básicos de los consumidores.
Porque la mayoría de los consumidores afectados compraron sus boletos por internet, y usaron el comprobante de sus transacciones como prueba para exigir su dinero, el Tribunal dijo que la garantía de los derechos comprende una protección de los consumidores en sus transacciones electrónicas. Sin esta protección, el consumidor que compra por internet se quedaría sólo frente al proveedor para exigir reembolsos o cancelaciones. 
El Tribunal también resolvió que por encima de los pagos y reembolsos que establece la Ley de Concursos Mercantiles, los derechos de los consumidores se interpretan conforme al artículo 1 de la reformada Constitución: “en términos de la protección más amplia como sector frágil de la sociedad frente a la concursada y de acuerdo con el método de interpretación de los derechos fundamentales o humanos reconocidos constitucionalmente, que coincide con el previsto en los Tratados Internacionales de los que México es parte.”
También dijo que los derechos de los acreedores frente a la Ley Mercantil, son los más desprotegidos por ésta y que, como un derecho humano, el tribunal debe garantizar la “igualdad ante la ley” en la protección judicial a los derechos colectivos de los afectados.
En suma, el Tribunal favoreció en todo momento a los consumidores afectados con la protección más amplia. El Tribunal reconoció que “los consumidores afrontan a menudo desequilibrios en cuanto a capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación; y teniendo en cuenta (...) la importancia de promover un desarrollo económico y social justo, equitativo y sostenido (...)”
Los consumidores que se vieron afectados con el cierre de Mexicana, y que acudieron a la Profeco para que los representara, finalmente verán la justicia en sus monederos. Pero todos los consumidores nos beneficiamos, porque con este logro de la Profeco, tenemos más seguridad frente a las empresas que buscan incumplir sus obligaciones y librarse de sus responsabilidades.

miércoles, 25 de abril de 2012

EL WAL MART GATE


JENARO VILLAMIL

Pedro Aspe, artífice de la neoliberalización económica en el salinismo, compartió ante la Academia Mexicana de Auditoría Integral su optimismo sobre el futuro económico del país: “vamos a ver una explosión de consumo en los próximos diez años”
En su conferencia del 18 de abril puso como ejemplo los planes de expansión de la multinacional Wal Mart para abrir más supermercados en todo el territorio nacional. Tan sólo entre 2000 y 2011 esta empresa creció 474%, con presencia en 384 ciudades y 2 mil 277 establecimientos.
Wal Mart es el modelo ideal de inversión extranjera no sólo para Aspe sino para Calderón. Precariza el trabajo de miles de jóvenes desempleados. Paga bajos salarios por hora. Se da el lujo de discriminar por razones de embarazo u orientación sexual. Tiene sindicatos blancos que firman los llamados contratos colectivos de “protección” que no le rinden cuentas a nadie, como señala la reportera Patricia Muñoz en La Jornada. Promueve no sólo el consumo sino la falsa idea de que formamos parte del primer mundo.
Cuatro días después del pronóstico optimista de Aspe y una semana después que Felipe Calderón se tomó la foto con el directivo internacional de Wal Mart, Mike Duke, en la Cumbre de las Américas, el periódico The New York Times publicó una serie de testimonios sobre los métodos de soborno de esta multinacional para expandirse en México y Centroamérica. Habría pagado hasta 24 millones de dólares. Los hechos se basaban en sucesos del 2006.
Desde el 21 de abril el escándalo ha crecido como bola de nieve, a pesar de la indolencia de las autoridades ministeriales y bursátiles mexicanas. El mismo día que las acciones de Wal Mart se derrumbaban 16 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores, el inefable Luis Téllez, presidente de la institución bursátil, se deshizo en elogios:
“Es una gran empresa, muy apreciada por el público inversionista mexicano; es la empresa que más ha crecido en nuestro país en los últimos años; es la empresa privada que más empleo da en nuestro país y es una empresa que sin lugar a dudas ha generado riqueza en el sentido amplio de la palabra”. (La Jornada, 24 de abril 2012, p. 3).
¿De qué riqueza habla Téllez? Sin duda, la que ha generado esta maquinaria de sobornos a autoridades delegacionales, municipales, estatales y federales que el consorcio norteamericano sabe muy bien utilizar en nuestro país. No es para menos, México le ha representado a Wal Mart ganancias netas por 11 mil millones de dólares en una década. Es el segundo país, después de Estados Unidos, en mayor número de establecimientos. Su valor de capitalización pasó de 255 mil millones de pesos en 2005 a 678 mil 500 millones en 2011, según destaca Carlos Fernández Vega en su columna “México SA”.
Mientras la procuradora general de la República, Marisela Morales, no sabe cómo debe actuar el ministerio público frente a los hechos denunciados en el reportaje de The New York Times, el otro periódico de referencia en Estados Unidos, The Washington Post informó en su edición online que el Departamento de Justicia norteamericano abrió una investigación por presunta práctica de “soborno sistemático” en México.
Los ejecutivos de Wal Mart se justificaron ante la Comisión de Valores del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalando que el soborno denunciado hasta por 24 millones de dólares ocurrió en 2006 –año electoral mexicano- y que, presuntamente, ya habían prescrito.
Y en medio de este escándalo, el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto se dejó querer y fotografiar al lado de Blanca Treviño de la Vega, integrante del Consejo de Administración de Wal-Mart México, quien forma parte de un grupo de 24 empresarios e industriales que integran el nuevo Consejo Consultivo Empresarial que promoverá el voto a favor del ex gobernador mexiquense. Se reunieron en el último piso de la Torre Mayor de la Ciudad de México para comprometerse en la campaña del priista.
En su entrevista en CNN México, el mismo lunes 23 de abril, Andrés Manuel López Obrador llamó a investigar a Wal-Mart. Este caso “debía seguirse de oficio en México, pero no, allá se dan a conocer estos escándalos de corrupción”, afirmó. El exjefe de Gobierno capitalino consideró que “el cohecho es un cáncer para el país”.
Algo similar dijo hace unos días el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien citó las encuestas de este organismo cúpula de la iniciativa privada para afirmar que hasta el 10% de muchos negocios en México son destinados a la corrupción. Y no se refería al “pago de piso” al crimen organizado sino al soborno de autoridades.
La columna “Capitanes”, del periódico Reforma lanzó hoy una pista incómoda en medio del escándalo:
“Nos dicen que Oscar Rocha es el director de prevención de fraudes y pérdidas de Wal-Mart desde hace unos 3 años.
“Hablamos de un buen amigo de Gerardo Ruiz Mateos, quien lleva la Oficina de la Presidencia”.
Ruiz Mateos, el personaje también implicado en el caso Mexicana o en el ISSSTE, entre otros muchos casos de presunta corrupción y presiones dentro del entorno calderonista.
¿Debemos esperar a otro reportaje de la prensa estadunidense para que aquí se ventilen estas redes?

CASI IMPUNES, EXCESOS DE CAMPAÑA


JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Durante el proceso de reforma electoral de 2008, la Cámara de Diputados introdujo en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral dos causales de nulidad de la elección de diputados y senadores: la violación de los topes de gastos de campaña y el uso de recursos públicos a favor o en contra de un partido político o candidato; los senadores rechazaron la modificación, arguyendo errores en la técnica legislativa, por lo que se comprometieron reiteradamente a introducir dichas causales antes de la elección presidencial del 2012.
Todos los oradores en la sesión del 20 de junio de 2008 en el Senado de la República se manifestaron a favor de que dichas causales fuesen incluidas en la legislación, pero dicha unanimidad no sirvió para incentivarlos a realizar la reforma y colocar un dique al dispendio de los candidatos. Hoy, casi cuatro años después, y más allá de que dichas disposiciones no hubiesen sido aplicables para la elección presidencial, éstas no aparecen en ninguna norma de la citada ley.
La sanción máxima para un partido político por exceder los topes de gastos de campaña –y sólo en el caso de que la violación sea grave y reiterada– es la pérdida de su registro. Y por lo que se refiere a los candidatos, se dispone una multa de hasta 5 mil días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal, lo cual equivale a 311 mil 650 pesos.
Así que seguramente a Enrique Peña Nieto y a su equipo de campaña los tiene muy sin cuidado la queja que interpuso en su contra el PAN. Esto, a pesar de que una de las reformas que se concretó en dicha ocasión faculta a la Unidad de Fiscalización del IFE a que: “En casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes a los establecidos en el artículo anterior”.
Sin embargo, ya hubo consejeros electorales que se apresuraron a declarar que sí fiscalizarán los gastos de campaña de todos los candidatos presidenciales, pero después de la elección, porque son los términos que establece la ley; es decir, seguramente sin conocer directamente la queja interpuesta, y adelantándose a lo que determine la autoridad facultada, en primera instancia, para tramitar la queja, ya negaron la posibilidad de aplicar la excepción establecida en el artículo 85 del Cofipe.
Pero aun en el remoto y muy poco probable caso de que la Unidad de Fiscalización considerase que, dados los elementos de convicción que aporta la queja, es procedente recurrir a la excepción señalada en el párrafo anterior; que la mayoría de los integrantes del Consejo General con derecho a voto se atrevieran a conceder dicha solicitud, y que finalmente, tras realizar la investigación, determinaran que se violaron los topes de gastos de campaña, Peña Nieto, en caso de resultar ganador de la elección presidencial, rendiría protesta el próximo 1 de diciembre y, en el peor de los casos, pagaría la multa ya señalada, en tanto que el PRI y el PVEM perderían su registro como partidos políticos.
La sanción para el candidato presidencial sería deleznable, la correspondiente al partido político, muy tolerable, ya que seguramente desde Los Pinos no tendrán ninguna dificultad para conseguir un nuevo registro. Por ello, y a pesar de las reiteradas denuncias del dispendio en el que está incurriendo Peña Nieto, él continúa imperturbable con su mismo ritmo de campaña.
Las contundentes evidencias de las violaciones que se cometieron en la elección del 2000, precisamente en esos dos rubros, no fueron suficientes para motivar a los legisladores a reformar las normas con el fin de evitar la recurrencia de dichas violaciones. Las sanciones que la autoridad electoral impuso en el 2003 al PAN y al PVEM, por las irregularidades cometidas a través de los Amigos de Fox, fueron, entre otras cosas, por la violación de los topes de gastos de campaña; y la multa que tuvo que pagar el PRI tras el llamado Pemexgate, por desviar recursos públicos. Precisamente las dos causales de nulidad que se pretendía introducir en la reforma del 2008.
En cambio, dichas multas sí sirvieron para evitar que cualesquiera de los integrantes de aquel consejo electoral pudiese permanecer o regresar a dicho órgano, así como para limitar la actuación de la autoridad electoral en la materia, pues ahora ya no es una comisión del consejo la que se hace directamente responsable de la labor de fiscalización ni de la integración de los expedientes de las quejas administrativas.
Hoy se demuestra plenamente el gran error que cometieron panistas y perredistas al acompañar las propuestas priistas para neutralizar a la autoridad electoral y evitar que se les volvieran a imponer sanciones ejemplares. Si se hubiesen negado a respaldar a los tricolores, hoy tendrían la posibilidad de frenar los excesos de su candidato Peña Nieto, pero en cambio se encuentran inermes.
Así, quienes ahora interponen las quejas son los que ensancharon a los priistas las vías para burlar impunemente la normatividad electoral. Las quejas y las eventuales sanciones de las autoridades electorales son acciones mediáticas que, cuando mucho, terminarán en castigos meramente políticos, pero sin consecuencias reales en el desenlace de la elección.

2012, PRIMER RETO: ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y CONFIABILIDAD DE LAS LISTAS NOMINALES


LEONARDO VALDÉS ZURITA

La universalización del sufragio es una característica indispensable de cualquier democracia. Por ello, garantizar el derecho constitucional al voto es una de las más importantes responsabilidades del Instituto Federal Electoral (IFE). En un país como México, con 85 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, la universalización del voto es un reto que reclama compromiso, creatividad y constancia. Más aun si se considera que en 2007 uno de cada cuatro mexicanos inscritos en el padrón electoral contaba con una credencial que no podría ser utilizada el domingo 1 de julio de 2012.

Ante el reto que implicaba la desactualización del padrón electoral, los representantes de los partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) impulsaron un programa especial para la renovación de la credencial con terminación 03.
El Consejo General respaldó la iniciativa y las fracciones parlamentarias, sensibles a dicha problemática, incluyeron en 2007-2008 modificaciones al Cofipe que contribuyen a mantener permanentemente actualizado el padrón y a depurar las bases de datos correspondientes.

Dichas reformas incluyen disposiciones que coadyuvan a una actitud más comprometida de los ciudadanos con sus instrumentos electorales y establecen medidas para que la credencial sea más segura. Así, a partir de la reforma electoral de 2007-2008, la actualización del padrón electoral y la credencial para votar no sólo es una responsabilidad de la autoridad electoral y de los partidos políticos, sino un compromiso compartido con la ciudadanía.

El que la credencial pierda su vigencia como medio de identificación oficial estimula el interés por su renovación. Si bien la medida fue radical, se consideró que sería más drástico que estos ciudadanos no estuvieran en la lista nominal y no pudieran participar en el proceso electoral en marcha. De este modo, de los 21.2 millones de credenciales 03 que se tenían cuando inició el programa de renovación, en agosto de 2007, para marzo de 2012 únicamente quedaban 4.7 millones; esto es, ocho de cada 10 ciudadanos en esa situación acudieron a renovar sus datos.

La trascendencia de este intenso trabajo de renovación de credenciales permitió que de los 79.6 millones de ciudadanos que integran las listas nominales de electores 87.7% cuente con credenciales emitidas a partir de 2006. Estas credenciales cuentan con datos de identificación multibiométricos, microtexto y Clave Única del Registro de
Población (CURP), entre otros mecanismos de seguridad. Tales innovaciones contribuyen decididamente a la confiabilidad de las listas nominales.

La renovación de credenciales ha tenido, asimismo, un efecto significativo en las observaciones de los partidos en torno al padrón. Por cada observación en 2012 se presentaron tres en 2006. Sin lugar a dudas, haber logrado tan amplia renovación de los registros 03 es un hecho trascendente para las autoridades electorales y para quienes creemos en la universalización del sufragio como signo distintivo de la democracia.

Los cambios institucionales propiciados en 2007-2008, así como las decisiones tomadas por el IFE, avanzan en ese sentido y abonan al cumplimiento de uno de los principios centrales de las democracias modernas, la igualdad del voto bajo la premisa “un ciudadano, un voto”.

La aplicación de las disposiciones legales logrará, periódicamente, actualizaciones masivas de los registros de aquellos ciudadanos que fallecieron o cambiaron de domicilio y no lo reportaron al IFE. Para contribuir a estos principios democráticos es necesario que ciudadanos, partidos políticos e instituciones hagan lo que les corresponde. Por ello, la actualización del padrón electoral ha sido un gran reto para el proceso electoral federal 2011-2012.